Parece que el riesgo legal del expresidente Donald Trump aumentó mucho cuando agentes federales emitieron una orden de allanamiento para su casa y club de Florida como parte de una investigación sobre el manejo que hizo de material confidencial.

Pero esta investigación activa es una de las muchas investigaciones sobre las transacciones empresariales y actividades políticas del expresidente.

A continuación, algunos de los procesos más destacados:

La investigación sobre documentos confidenciales

El FBI allanó la residencia que tiene Trump en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, como parte de la investigación del Departamento de Justicia sobre los materiales que el expresidente presuntamente sustrajo de manera ilegal cuando dejó la presidencia en enero de 2021, entre ellos algunos documentos clasificados.

La orden de allanamiento, misma que fue revelada y hecha pública como respuesta a una moción del Departamento de Justicia, especificó tres leyes penales como base de la investigación, incluyendo una posible violación de la Ley de Espionaje.

Dicha ley, que data de la época de la Primera Guerra Mundial, considera un delito la retención o revelación de información no autorizada relacionada con la defensa nacional que podría ser usada para perjudicar a Estados Unidos o ayudar a algún enemigo extranjero.

La declaración jurada usada para justificar el allanamiento no se había publicado. El Departamento de Justicia se ha rehusado a hacerlo porque su publicación “afectaría las futuras etapas de la investigación” y “tal vez desaliente” la cooperación de los testigos.

En enero, Trump regresó a la Administración Nacional de Archivos y Registros quince cajas de materiales. Cuando los archivistas los analizaron, descubrieron muchas páginas de los documentos etiquetadas como confidenciales y remitieron el asunto al Departamento de Justicia, el cual inició una investigación.

En la primavera, el Departamento de Justicia envió un citatorio a Trump para buscar más documentos que la agencia creía que tal vez él tenía. Asimismo, un pequeño grupo de agentes federales hicieron una visita a Mar-a-Lago para rastrear más información relacionada con documentos clasificados que podrían estar guardados ahí.

La investigación sobre su injerencia en las elecciones de Georgia

Fani Willis, la fiscal de distrito del área de Atlanta, ha estado encabezando una investigación de gran envergadura sobre los intentos de Trump y sus aliados de anular las elecciones de 2020 en Georgia, donde este fue derrotado.

Trump y sus colaboradores tuvieron mucho contacto con los funcionarios de Georgia después de las elecciones, como, por ejemplo, una llamada telefónica en la que Trump exhortó al secretario de estado, Brad Raffensperger, para que “encontrara 11.780 votos”. Willis también se ha centrado en un plan de los aliados de Trump para enviar a Washington listas de electores falsos de Georgia y en la información distorsionada de los resultados electorales que presentó ante la legislatura estatal Rudy Giuliani, quien dirigió, como su abogado personal, los empeños para mantener a Trump en el poder.

Trump exhortó al secretario de estado, Brad Raffensperger, para que “encontrara 11.780 votos”.

Parece que la investigación está dirigida contra múltiples acusados por cargos de conspiración para cometer fraude electoral o cargos relacionados con asociación delictiva por participar en un plan coordinado para desvirtuar las elecciones.

A Giuliani le han dicho que es objeto de investigación. La oficina de Willis también les ha comunicado a algunos funcionarios del estado y “electores suplentes” partidarios de Trump que tal vez sean inculpados.

Las investigaciones del 6 de enero

El comité de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 ha recurrido a ocho audiencias públicas para preparar una descripción detallada de los intentos de Trump por anular las elecciones de 2020.

Este panel, el cual pretende tener más pruebas y audiencias en otoño, no cuenta con facultades para interponer acciones judiciales, pero está considerando la medida tan simbólica de remitir una acusación penal al Departamento de Justicia.

El Departamento de Justicia también está realizando su propia investigación penal sobre el asalto del 6 de enero y los abogados están interrogando ante un gran jurado de manera directa a los testigos acerca de los movimientos de Trump y de algunos de sus asesores principales. Los fiscales federales han interrogado a los testigos sobre la participación de Trump en los intentos de revertir su derrota en las elecciones.

Los fiscales federales han interrogado a los testigos sobre los intentos de Trump para revertir su derrota en las elecciones.

A los fiscales les ha interesado, sobre todo, el plan de los llamados electores falsos urdido por Trump y sus aliados, en el cual sus partidarios de los estados disputados más importantes se presentaban como electores suplentes con la esperanza de retrasar o impedir la certificación del triunfo de Joe Biden por parte del Colegio Electoral.

La investigación civil del estado de Nueva York

Letitia James, la procuradora general de Nueva York, ha estado llevando a cabo una investigación civil sobre si Trump y su empresa familiar, The Trump Organization, inflaron de manera fraudulenta el valor de sus hoteles, campos de golf y otros activos con el propósito de obtener préstamos ventajosos.

Como parte de esta investigación, Trump fue citado a declarar por los abogados del despacho de James, pero él se negó a contestar sus preguntas haciendo alusión a su derecho contra la autoincriminación de la Quinta Enmienda. También los hijos adultos del expresidente —Ivanka, Donald hijo y Eric— han sido citados a declarar en el proceso.

Debido a que la investigación de James es de naturaleza civil, puede demandar a Donald Trump, pero no puede formular acusaciones penales. También podría optar por entablar negociaciones con la esperanza de obtener una retribución económica más rápida en vez de interponer una demanda que, sin duda, tardaría años en resolverse.

Las acusaciones penales en Manhattan

Alvin Bragg, el fiscal de distrito de Manhattan, ha estado llevando a cabo una investigación penal sobre si Trump o su empresa familiar de manera intencional presentaron valores inmobiliarios falsos a los posibles prestadores.

La investigación desapareció de la vista después de que surgieron señales que indicaban que era poco probable que Trump fuera imputado. Pero, en abril, Bragg mencionó que la investigación, la cual inició su predecesor Cyrus Vance, seguía en marcha, pese a que no ofreció ningún sentido claro de su orientación.

Los comentarios de Bragg llegaron después de que salieron del despacho dos fiscales que habían estado encabezando la investigación. Uno de ellos, Mark Pomerantz, mencionó en una carta de renuncia publicada por The New York Times que creía que el despacho tenía suficientes pruebas como para acusar a Trump de “muchos” delitos graves. Pomerantz señaló que la decisión de Bragg iba “en contra de los intereses del pueblo”.

Esta investigación ha arrojado acusaciones penales contra The Trump Organization y su director de finanzas, Allen Weisselberg, quien fue acusado de delitos fiscales y está por llegar a un acuerdo con la fiscalía, pero no se espera que coopere en una investigación de Trump más amplia.

@2022 The New York Times Company