Por: Natalie Kitroeff y Óscar López

Cuando la Suprema Corte de Justicia de México emitió una decisión histórica esta semana en la que declaraba que abortar no era un delito, activistas de todo el país lo celebraron. El miércoles, regresaron a trabajar, para comenzar con el largo y arduo proceso de asegurar que el cambio legal se aplique en todo el país.

Una de sus prioridades es ayudar a las mujeres que más lo necesitan: las que se enfrentan a sanciones penales, en muchas ocasiones después de haber sido denunciadas ante las autoridades por intentar provocarse ellas mismas un aborto en condiciones de riesgo.

“Una mujer que decide abortar ya es vulnerable, y además tenemos que enfrentarnos a la terrible situación de creer que nos vamos a enfrentar a un castigo”, afirmó Yetlanezi Pech, que fue llevada de urgencia a un hospital, sangrando tras un intento de aborto, solo para que un médico de urgencias le negara la ayuda y la denunciara a las autoridades. “Sentí mucho miedo, me sentí muy insegura, me sentí muy muy mal”, dijo. “Y también me sentí sola”.

Pech es una de las miles de mujeres que han sido investigadas por obtener un aborto ilegal en los últimos años. Tan solo en los primeros siete meses de este año, se abrieron 432 investigaciones en todo México por casos de aborto ilegal, según el gobierno mexicano.

La sentencia del martes 7 de setiembre sienta un precedente legal en el país y contrasta con la tendencia de Estados Unidos, donde, en fechas recientes, Texas y otros estados han restringido el aborto. La decisión del tribunal también planteó la posibilidad de que México se convierta con el tiempo en un destino para las mujeres estadounidenses que buscan interrumpir sus embarazos, dijeron quienes defienden esta práctica, aunque eso requeriría la eliminación de los muchos obstáculos que hacen que el aborto sea difícil de obtener en gran parte del país.

Hasta julio de este año se abrieron 432 investigaciones contra mujeres por aborto ilegal".

La decisión de la Corte solo aplica al estado fronterizo de Coahuila, y para ponerla en práctica en todo el país es necesario que se presenten recursos legales en cada uno de los 28 estados de México que aún penalizan el procedimiento o que las legislaturas estatales modifiquen la ley. Los ministros no especificaron en qué momento del embarazo una mujer puede abortar de manera legal, lo que significa que quizá esos términos se determinen a nivel estatal.

El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), que encabeza la batalla para lograr el derecho al aborto en México, explicó que presionaría para que el aborto sea legal en Coahuila hasta las 12 semanas después de la concepción como mínimo; un límite de tiempo establecido en la ley que hizo el aborto legal en Ciudad de México y que antes fue validado por la Suprema Corte.

Si ese fuera el caso, Coahuila tendría normas para el aborto más permisivas que el cercano estado estadounidense de Texas, donde hace poco la legislatura estatal implementó una ley que prohíbe la mayoría de los abortos después de las seis semanas de gestación. Esta ley podría motivar a las mujeres de Texas a cruzar la frontera para abortar, pero por ahora no habría suficiente infraestructura para satisfacer la necesidad, dijeron los activistas.

“Hay más que hacer antes de que las mujeres y las personas que pueden quedar embarazadas en Texas puedan obtener el servicio en Coahuila”, dijo Melissa Ayala García, coordinadora de litigios de GIRE. “Todavía tenemos un camino que recorrer para asegurar que se preste el servicio”.

La ley de Texas prohíbe los abortos una vez que se puede detectar actividad cardiaca en el embrión. En esta etapa del desarrollo no hay corazón, solo actividad eléctrica en las células en desarrollo que comienza alrededor de las seis semanas, antes de que muchas mujeres sepan siquiera que están embarazadas.

Los activistas de México ya han empezado a trabajar en una estrategia para obligar a los estados a acatar la sentencia del tribunal, aunque su lucha para que el aborto sea legal y seguro en todo el país podría ser larga. Antes del fallo del martes, solo Ciudad de México y tres estados permitían este procedimiento.

“Ya estamos organizados y listos para aprovechar la oportunidad que ofrece la nueva decisión de la corte”, dijo Arely Torres Miranda, defensora de los derechos reproductivos en el estado de San Luis Potosí. “Necesitamos que se cambie la ley”.

Antes del último fallo de Suprema Corte solo Ciudad de México y tres estados más contemplaban el aborto en su legislación".

Es probable que ese plan encuentre resistencia. El conservador Partido Acción Nacional (PAN), uno de los principales partidos de oposición en México, ha combatido los esfuerzos para legalizar el procedimiento. “Tanto en la plataforma como en los principios del partido está claro el derecho a la vida desde la concepción”, dijo Damián Zepeda Vidales, senador del PAN y exlíder del partido.

Zepeda, quien dijo que en lo personal se opondría a los esfuerzos de legalización en el Senado, agregó que el partido estaba esperando a que la Suprema Corte publicara la decisión que sustenta el fallo del martes para determinar su estrategia nacional.

Desde que Ciudad de México legalizó el aborto en 2007, una red de activistas radicada en esa ciudad ha trabajado para ofrecer a las mujeres que desean abortar una vía segura, ya sea transportándolas a la capital o proporcionándoles misoprostol, un fármaco que suele utilizarse para inducir el aborto.

Pero muchas mujeres están demasiado asustadas para acudir a esos grupos y optan por obtener abortos clandestinos. “Hemos visto casos terribles en los que utilizan ganchos de ropa, en los que se golpean el vientre”, dijo Torres Miranda. “Ponen en riesgo su vida”.

Cuando esos métodos salen mal o provocan un sangrado excesivo, las mujeres suelen acudir al hospital. Pero la ley federal exige a los proveedores de servicios médicos que notifiquen a las autoridades cuando una paciente presenta signos de haber estado involucrada en una actividad delictiva, como, por ejemplo, haber abortado.

“El fallo también nos permitirá, cuando modifiquemos la ley, eliminar la obligación del sector salud de informar cuando descubran un aborto”, dijo Torres Miranda. Por lo general, las mujeres más marginadas, que suelen ser pobres y viven en zonas rurales, son las que se enfrentan a sanciones penales por abortar, dijo Torres Miranda.

No se sabe con certeza la cantidad total de mujeres que enfrentan en este momento un proceso judicial o están en prisión por haber abortado, dijeron los activistas, porque ha sido difícil reunir datos exhaustivos de los estados.

Esta decisión histórica es el primero de varios casos sobre el derecho al aborto que abordará la Suprema Corte este mes. Dadas las recientes sentencias del tribunal a favor del acceso al aborto, los analistas dicen que es muy probable que los ministros decidan anular la ley.

Pero entre la población en general, el tema sigue siendo polémico: México es un país en su mayoría conservador desde el punto de vista social, en el que la Iglesia católica tiene una gran influencia. La mayoría de los mexicanos sigue oponiéndose al aborto legal, según las encuestas.

Pero las actitudes han cambiado con el tiempo. En 2005, solo el 12 por ciento del país estaba a favor de la legalización del aborto en todos los casos, según una encuesta de la firma de investigación Parametría. Una encuesta de 2019 realizada por el periódico El Financiero encontró que casi un tercio de los mexicanos dijo estar a favor de la legalización total.

@2021 The New York Times Company