En principio, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) se formó en el año 2001 para evaluar los sucesos de violencia política ocurridos entre los años 1980 y 2000 en el Perú. Luego de dos años, esta comisión presentó su informe final al Estado peruano el 28 de agosto del 2003, y recientemente se han cumplido 20 años desde su publicación. 

Es en este contexto, empezaron a circular desinformaciones (puedes verlas aquí: 1, 2, 3, 4) sobre los hallazgos y conclusiones de la CVR. Entre ellas, se ha señalado que la comisión equiparó las responsabilidades de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y la organización terrorista Sendero Luminoso (SL) respecto a las muertes causadas en el periodo de violencia política. 

Esto no es cierto. 

Por el contrario, el informe de la CVR señala de manera específica que SL fue el principal responsable de la violencia desatada durante el conflicto armado interno. 

En ninguna sección del documento final, pronunciamientos posteriores o declaraciones de sus miembros se ha dicho que las responsabilidades son equivalentes. 

Sendero Luminoso como principal responsable

En el capítulo 3 llamado “Rostros y Perfiles de la Violencia” del Informe Final de la CVR, se menciona que esta comisión recibió reportes de 23.969 víctimas, entre personas muertas y desaparecidas. Sin embargo, sus estimaciones finales, que tuvieron en cuenta otras cinco bases de datos, como la de la Defensoría del Pueblo y de organizaciones no gubernamentales, arrojaron que la cifra de víctimas alcanzó las 69.280 personas.

Según el Informe Final de la CVR, Sendero Luminoso es responsable del 54% de víctimas reportadas, y del 46% del total de víctimas estimadas. En ese sentido, la comisión concluyó que este grupo terrorista fue “el principal perpetrador de crímenes y violaciones de los derechos humanos tomando como medida de ello la cantidad de personas muertas y desaparecidas”.

RESPONSABLES. La CVR concluyó que el grupo terrorista Sendero Luminoso fue el principal responsable de las víctimas de la violencia.

Con base en estas cifras, el caso peruano se diferencia de otros conflictos armados internos en América Latina, donde la mayor cantidad de víctimas se atribuyen a los agentes del Estado. 

El documento Hatun Willakuy, la versión abreviada del Informe Final de la CVR, publicado en el 2008, también señala que Sendero Luminoso “provocó el mayor número de víctimas fatales, sobre todo entre la población civil”.

Esto se debió a que SL aplicó “el uso sistemático y masivo de métodos de extrema violencia y terror, y desconoció deliberadamente las normas básicas de la guerra y los principios de los derechos humanos”.

Además, la CVR concluye que “la causa inmediata y fundamental del desencadenamiento del conflicto armado interno fue la decisión del PCP-SL [siglas que identifican al grupo terrorista] de iniciar la lucha armada contra el Estado Peruano […]”. Es decir, se le atribuye la responsabilidad de ser el iniciador de la violencia en el país.

Asimismo, se señala que las acciones de SL estaban cubiertas de un discurso racista y de superioridad respecto de los pueblos indígenas. Según esta comisión investigadora, dichas consignas contenían un potencial genocida que posiciona a la muerte de ciudadanos como un medio para sus fines contra el Estado.

Lo que dijo la CVR sobre las Fuerzas Armadas

En el primer capítulo del Tomo I del Informe Final de la CVR, llamado “Los periodos de la violencia”, se menciona que la responsabilidad por el 37.26% de muertos y desaparecidos reportados a la CVR recae en agentes del Estado, comités de autodefensa y grupos paramilitares que operaron en las dos décadas que duró el conflicto armado interno. 

De manera específica, la CVR atribuye a miembros de las FF. AA. la responsabilidad por el 28.73% de las víctimas. 

La comisión identificó que las violaciones a los derechos humanos perpetradas por los agentes militares fueron: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas de personas, torturas, entre otros. 

Es importante mencionar que la comisión reconoce el deber asumido por las FF. AA. mediante acciones antisubversivas, las cuales se iniciaron en 1982 por mandato del gobierno. No obstante, también señala que en ocasiones estas acciones siguieron una estrategia poco planificada, especialmente entre 1983 y 1985, que “no distinguía entre miembros de las organizaciones subversivas y población ajena a ellas”, según se indica en el apartado 1.3 del Informe Final referente a las Fuerzas Armadas.

La investigación de la CVR indica que en 1989 las FF. AA. construyeron una estrategia que tenía como objetivo la eliminación de las Organizaciones Político-Administrativas (OPA), también llamadas comités populares senderistas. Debido a esta planificación, la violación a los derechos humanos descendió, pero fue más deliberada y obedeció a un comportamiento sistemático del Estado. 

Esto significa “que no se trata de un hecho aislado, sino que hay un sistema en el que se daban indicaciones para llevar a cabo ciertos comportamientos, o bien se hacía omisión del conocimiento de estos hechos y, por lo tanto, se generaba un contexto de impunidad”, según precisó Elizabeth Salmón, la directora del Instituto de Democracia y Derechos Humanos (IDEHPUCP), a una consulta de OjoPúblico para este explicador. 

Pese a ello, la CVR sostiene que las FF. AA. lograron obtener un aprendizaje que se vio reflejado “en el descenso de víctimas por acción de agentes del Estado en los años más intensos del conflicto armado interno (1989-1993)”.

En resumen, la versión de que la CVR equiparó las responsabilidades de las Fuerzas Armadas y Sendero Luminoso sobre las víctimas del conflicto armado interno no es cierta. 

Por el contrario, dicha comisión investigadora concluyó que el grupo terrorista fue el principal responsable del periodo de violencia política y le atribuyó la mayor cantidad de víctimas fatales, además de los crímenes y violaciones a los derechos humanos. Si bien señaló responsabilidades de las Fuerzas Armadas sobre el número de víctimas, nunca ha establecido que estas sean equivalentes.