A fines de mayo del 2021 aparecieron en algunos sectores de Lima unos afiches con mensajes de odio que se han convertido en la evidencia más extrema del discurso de la xenofobia en el país. Las láminas de papel llevaban como titular: ‘Bicentenario sin venecos’, en referencia ofensiva a los migrantes venezolanos. A eso se sumaban frases de rechazo a una supuesta invasión e incluso abiertas amenazas de muerte contra los migrantes, a quienes se acusaba de una serie de delitos. “No al robo de nuestros empleos”, “Soberanía e identidad nacional”, eran algunas de las expresiones colocadas en hilera. 

Los mensajes iban acompañados de dos imágenes: a un lado y en posición preponderante, el retrato del héroe nacional Andrés A. Cáceres; al costado, y algo más abajo, la foto de Silvano Cántaro, un joven músico peruano que murió tras ser arrojado de un puente en Colombia por supuestos venezolanos, un crimen que conmocionó a la opinión pública peruana en febrero de este año. 

Estos y otros notorios episodios de discriminación han estado detonando el debate sobre la migración en el contexto de las elecciones generales en el Perú, el mayor receptor de solicitudes de asilo y el tercer destino de migrantes y refugiados venezolanos entre los países de la región. Una muestra es la aguda reacción en  las redes sociales, donde la agenda migratoria produjo 83 mil mensajes solo en el primer trimestre del año, de acuerdo a los reportes de la plataforma ‘Barómetro de la Xenofobia’, que OjoPúblico empezará a publicar periódicamente desde hoy. 
 

XENOFOBIA. De acuerdo a los datos del Barómetro, en abril de este año, Cusco registró la mayor cantidad de discursos discriminatorios hacia los migrantes en redes sociales y páginas web.
 

Con base a ello, se pudo identificar que, durante el proceso electoral, los dos picos de discusión sobre la migración venezolana estuvieron relacionados con actos xenofóbicos o discriminatorios, en buena medida vinculados al problema de la seguridad ciudadana. De hecho, un tercio del discurso sobre migración estuvo motivado por versiones que trataron de vincular a los migrantes venezolanos con hechos delictivos o de seguridad nacional.  

En detalle, los datos del ‘Barómetro de la Xenofobia’ -una plataforma que sistematiza y analiza las conversaciones en Twitter, páginas web y medios de comunicación sobre la población migrante venezolana- dan cuenta de que el 11 de marzo fue la fecha en que se produjo el mayor volumen de mensajes de odio hacia los migrantes venezolanos, un aumento de 975% con respecto al promedio diario.
 

EVENTO. El Barómetro de la Xenofobia recolectará y analizará las conversaciones en Twitter, páginas web y medios de comunicación sobre la población migrante venezolana en el Perú. 

Este hito se produjo tras la difusión de un video que mostró el enfrentamiento entre el entonces candidato presidencial Daniel Salaverry y un inmigrante venezolano. Salaverry amenazó al joven extranjero con sacarlo del Perú bajo el argumento de que este este no es su país. El hecho, difundido en distintas plataformas y medios de comunicación, ocasionó un respaldo mayoritario al político en redes sociales, con alusiones xenofóbicas, bajo premisas del tipo “por fin alguien se enfrenta a los venezolanos”.

Días antes, el 21 de febrero, el debate en redes sociales ya había alcanzado un pico que se ubica hasta hoy como el segundo más alto en el periodo, de acuerdo a la medición del Barómetro, cuando un peruano disparó a un ciudadano venezolano que trabajaba como repartidor en el distrito de Miraflores. Ese mismo día se realizó una marcha de protesta en el Centro de Lima tras la difusión de un video en que un joven peruano es arrojado de un puente en Colombia por dos personas, supuestamente, de nacionalidad venezolana. Ello a pesar de que la identidad y nacionalidad de los agresores no había sido identificada para entonces.  

Los mensajes con contenido de xenofobia se elevaron en 864% a raíz de ambos episodios. Esta tendencia también ha sido documentada en otros estudios recientes. 
 

ESTIGMATIZACIÓN. Un tercio del discurso sobre migración estuvo motivado por versiones que trataron de vincular a los migrantes venezolanos con hechos delictivos o de seguridad nacional. 
 

De acuerdo a la Encuesta de Percepción sobre el rol de las y los líderes de opinión y la migración venezolana en el Perú, realizada por el Instituto de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (Idehpucp) entre marzo y abril del 2021, 7 de cada 10 encuestados peruanos consideró que las personas venezolanas en el Perú se dedican a acciones delictivas.  

Sin embargo, esta percepción negativa sobre los migrantes venezolanos no se condice con los datos, de acuerdo a expertos en el tema. Por ejemplo, el índice de victimización, es decir el número de personas que manifestó haber sido víctima de actos delictivos durante un periodo específico, no ha presentado un incremento con la llegada masiva de los migrantes venezolanos a partir del 2018. Al contrario, desde el 2013 al 2020 se registró una reducción permanente de casi 15% del nivel de victimización. 

“Esta desinformación [casos no confirmados o noticias sesgadas] genera diversas percepciones e imaginarios sobre la población migrante, como atribuirle responsabilidad por un supuesto aumento del crimen o esta idea que se tiene de ellos como población conflictiva”, explica Víctor Quinteros, especialista en seguridad y gerente de Participación Vecinal de la Municipalidad de Lima.

“Si hablamos de crimen violento, hay que señalar que las cifras de victimización de delitos con arma no aumentan a partir del 2018 o 2019 -cuando existe el aumento de la población venezolana en nuestro país- sino que, hay un incremento lento desde 2014”, indicó Quinteros, quien días atrás participó en la presentación de los primeros resultados del monitoreo del Barómetro de la Xenofobia en el Perú.  

Estas asociaciones contribuyen a precarizar la situación de las personas inmigrantes, que tienen mayor dificultad para acceder a un empleo.
 

SEGURIDAD. El número de personas que manifestó haber sido víctima de algún hecho delictivo no aumentó con la llegada de migrantes y refugiados venezolanos. El índice presentó un disminución de 15% desde el 2013 al 2020. 

Foto: Andina. 

“Podemos ver que las principales preocupaciones de la población peruana sobre población venezolana [son] sobre inseguridad y competencia laboral”, señala Paula Rossiasco, especialista en desplazamiento forzoso del Banco Mundial, quien lleva varios años analizando el impacto de la migración venezolana en la región.

Un reciente informe de este ente multinacional arrojó que la tasa de pobreza en migrantes y refugiados venezolanos en el Perú se ha incrementado de un 18 a 59% debido a la crisis sanitaria.

Según datos recogidos para el Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Emigrantes -coordinado por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas (OIM)-, durante la pandemia, el 70% de venezolanos habría perdido su trabajo en Lima, ciudad que concentra al 80% de esta población.

Además, el 72% manifestó haber sido víctima de discriminación. El 42% de los casos se produjo en el espacio de trabajo. Por otro lado, la falta de trabajo es una de las principales preocupaciones de los inmigrantes venezolanos, incluso más que la xenofobia u otros problemas.  
 

Autoridades políticas y medios de comunicación frente a la migración

Durante las elecciones congresales y presidenciales, la mayoría de agrupaciones políticas no consideró medidas que puedan atender la crisis que vive esta población durante la pandemia. Un análisis de los planes de gobierno, realizado por el Idehpucp, determinó que, de los programas presentados por los primeros 14 partidos con mayor intención de voto en la primera vuelta, solo 8 incluyeron propuestas sobre sistemas de refugio, procedimientos migratorios y tráfico ilícito de migrantes. 

De ese total, la mayoría (5) no incluyó normas o propuestas con un enfoque de derechos humanos. Tampoco tuvieron propuestas que promovieran la integración de la población migrante al contexto nacional. Y solo 2 de los 8 partidos fueron específicos respecto a la política migratoria que aplicarían de llegar al gobierno.   

Irene Palla, autora del reporte del Idehpucp, explicó a OjoPúblico que la representación de los ciudadanos venezolanos durante la campaña electoral volvió a victimizar a este grupo humano. “Existe un uso político de migrantes venezolanos, lo que puede generar más estigma”.  

Este cruce de omisión de iniciativas con mensajes discriminatorios se produjo a pesar de que 6 de cada 10 peruanos consideraron que las propuestas de gobierno sobre el tema migratorio eran importantes o muy importantes. No obstante, la mitad de los encuestados esperaba que los candidatos tuvieran propuestas para hacer más estrictos los requisitos migratorios para permitir el ingreso al país. 

Solo el 15% manifestó que los postulantes al Congreso o la presidencia de la República debieron mostrar una postura más integradora y a favor de la migración.

CRISIS. La tasa de pobreza en migrantes y refugiados venezolanos en el Perú se ha incrementado de un 18 a 59% debido a la pandemia por la Covid-19. 

Foto: Andina. 

Cabe señalar que, en la misma encuesta, 8 de cada 10 ciudadanos señalaron que el tema principal transmitido por los medios de comunicación con respecto a los migrantes fue la delincuencia. 

Los participantes del sondeo dijeron que los mensajes más recordados sobre el tema de la migración provinieron de periodistas o conductores de programas en medios de comunicación, y, en segundo lugar, de los candidatos a la presidencia y al Congreso. 

“La cobertura crea una percepción xenófoba en el migrante”, dice Feline Freier, investigadora de la Universidad del Pacífico, sobre el efecto que tienen los medios de comunicación en la percepción negativa hacia ciertos grupos de migrantes, especialmente el de los venezolanos. “La xenofobia solo es un espejo de la falta de confianza que existe en el Perú hacia el Estado, hacia los vecinos, hacia los otros”, señala.
 

Respuestas del Estado 
 

Aunque se han implementado normas y campañas para combatir cualquier forma de discriminación en el país, la Defensoría del Pueblo ha intervenido en los dos últimos años hasta en cinco actos en que autoridades municipales locales o regionales ejercieron discriminación hacia migrantes venezolanos.

El caso más reciente sucedió en Parachique, comunidad de Sechura (Piura), donde una autoridad municipal pidió a los ciudadanos venezolanos que salieran de la jurisdicción en 48 horas y además dirigió una movilización en su contra. Esta acción se dio después de que un menor de edad de la comunidad fuera atacado presuntamente por ciudadanos venezolanos para robarle una moto. 

En marzo del 2021, la Municipalidad Distrital de Marcona, en Ica, anunció a través de sus redes sociales un empadronamiento solo a personas extranjeras residentes en el distrito. La medida fue promocionada por entonces con imágenes de personas que llevaban banderas venezolanas. En este caso, la Defensoría del Pueblo señaló en un comunicado que los gobiernos locales no son competentes para realizar empadronamientos de personas extranjeras y solicitó al municipio de Marcona que disponga el cese inmediato de la medida por ser discriminatoria.

En 2019, el alcalde provincial de Huancayo, Henry Fernando López Cantorín, declaró que quería su jurisdicción “libre de venezolanos” y que su gestión alistaba una ordenanza para registrar a los extranjeros de esta nacionalidad. El anuncio motivó que la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancayo abriera una investigación preliminar contra la autoridad por el delito de “discriminación en agravio de los inmigrantes venezolanos”. 

López Cantorín desistió de emitir la norma ante el amplio rechazo que despertó en la población de esa ciudad.

Al respecto, Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, explicó a OjoPúblico que este tipo de medidas están fuera del alcance de las autoridades que han tratado de imponerlas.  

“Por un lado, es ilegal; y, por otro lado, tampoco hay necesidad de llevar esas acciones. Por el contrario, envían un mensaje negativo hacia el resto de la sociedad”, dijo el funcionario. 

A pesar de las recomendaciones de la Defensoría, algunos gobiernos locales o regionales han seguido adelante con disposiciones de carácter xenofóbico. 
 

DESEMPLEO. El 70% de migrantes y refugiados venezolanos habría perdido su trabajo en Lima, ciudad que concentra al 80% de esta población. 

Foto: Andina. 
 

En 2019, el Consejo Regional del Cusco emitió la Ordenanza Regional N° 163-2019-CR  para declarar de “necesidad pública la  priorización  de  la  contratación  de  mano de obra regional  local”. La norma también señaló como falta muy grave al despido de trabajadores peruanos para contratar de inmediato a extranjeros, en condiciones de subempleo.

Por entonces, el viceministro de Trabajo, Augusto Eguiguren, anunció que presentaría una demanda de inconstitucionalidad contra dicha ordenanza ante el Tribunal Constitucional.

El caso es relevante porque, de acuerdo al último análisis del ‘Barómetro de la Xenofobia’, Cusco fue la ciudad donde se registró la mayor cantidad de mensajes discriminatorios hacia los migrantes en abril del 2021, con 18% del total en el país. Eso representa 18 mensajes de cada 100 emitidos en las redes sociales.

En contraposición a esos casos, la Superintendencia de Migraciones inició un preregistro para regularizar la situación migratoria de extranjeros que radican en el país, un proceso que permitirá sincerar las dimensiones de este grupo de población con el fin de adecuar las políticas públicas en diversos campos. A fines de mayo del 2021 se habían inscrito en ese padrón más de 368 mil ciudadanos de diversas nacionalidades. De ese total, 360 mil eran de nacionalidad venezolana.

El problema de la xenofobia hacia los migrantes venezolanos es un fenómeno que se ha extendido a varios países de la región, con episodios y debates similares, como evidencian los análisis del ‘Barómetro de la Xenofobia, una iniciativa que OjoPúblico difundirá desde hoy en alianza con el proyecto El derecho a no obedecer, de la organización colombiana Corporación Otra Parte; el Observatorio de Migraciones de la Universidad Externado de Colombia; y el Observatorio sobre Racismo, Xenofobia y Odio, de la Fundación Interpreta, de Chile.