El 28 de agosto pasado, luego de la publicación del informe Denuncia al interior de Energía y Minas expone presuntos nexos con minería ilegal, los trabajadores del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Alberto Rojas Cortegana; experto legal de Formalización Minera; y Daniel Herrera Bazán, coordinador de la oficina de Planeamiento y Presupuesto, enviaron una carta notarial a la redacción de OjoPúblico. 

El reporte, publicado el 25 de agosto último, señala que la oficina de Integridad Institucional del Minem recibió una denuncia por parte de un funcionario de la misma institución que señala la existencia de “actos ilícitos” al interior de la dirección de Formalización Minera.

El documento, al que accedió OjoPúblico, acusa al exdirector de este despacho, Alberto Rojas Cortegana y también mencionó a Daniel Herrera Bazán en los presuntos hechos irregulares. En su comunicación, los funcionarios sostienen que tienen “más de un década” desempeñándose en el sector y que siempre han tenido una “conducta intachable”.

Rojas Cortegana, también exdirector de Formalización Minera; y Herrera Bazán cuestionan que no se les consultó o entrevistó sobre el tema publicado. Sin embargo, desde el 22 de agosto pasado, este medio se comunicó con Gónzalo Aguilar, coordinador del área de prensa del sector y le envió un cuestionario referente a la denuncia detallada en el artículo. Entre las consultas enviadas al Ministerio de Energía y Minas, el autor del reportaje preguntó sobre el avance en la investigación, pero en ningún momento recibió las respuestas del ministerio ni de las personas aludidas. 

En un artículo previo, también relacionado a la minería ilegal y cifras oficiales del sector, OjoPúblico tampoco tuvo respuesta del ministerio a pesar de la insistencia en recoger la información de su parte. 

Los funcionarios también exigieron que se identificara al denunciante sobre el que se publicó el informe periodístico, debido a que se trata de una “denuncia malintencionada e iniciar las acciones legales pertinentes”. En el artículo, este medio, para garantizar la confidencialidad y represalias a la fuente, no especificó el nombre del denunciante. La denuncia, como se señala en el informe, se encuentra en manos de la Oficina de Integridad Institucional del sector, encargada de luchar contra la corrupción.

Las políticas sobre el Secreto profesional y periodístico de OjoPúblico establecen claramente que la ley nos garantiza la protección de nuestras fuentes. “Nuestra profesión está amparada bajo del derecho al secreto profesional reconocido en la Constitución Política del Perú, protegido por el Tribunal Constitucional y consignado como uno de los principios fundamentales de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.

Este derecho “según el supremo intérprete de la Constitución y la relatoría de la CIDH, es una garantía para el ejercicio de la labor periodística de tal forma que ninguna autoridad o poder público, en general, puede obligar a entregar información reservada solo para usos propios de la profesión. Así, son dos los ámbitos que protege el derecho al secreto profesional”.

En otro momento de la carta, los trabajadores del Minem indican que es falsa la denuncia del funcionario en la carta donde indica la  “alteración de los datos de mineros formalizados” y que eso se puede constatar la información en el portal del Minem. En este punto no hay referencia a los 11.000 mineros formalizados que, como parte de la denuncia, se mencionan en el informe periodístico. Y si uno revisa el enlace compartido por los funcionarios, la cifra supera apenas los 2.000 registros, cantidad por debajo de los 11.000 que el sector afirma públicamente y mencionado en la denuncia.
 
En la parte final de su comunicación, los funcionarios negaron tener participación en la autorización de un pago brindado por una empresa para la formalización de 1.500 mineros de Madre de Dios debido a que no tenían el cargo para realizar esta acción. También agregaron que en dicho contrato se pagó solo por lo que el proveedor entregó y fue un monto “bastante inferior” al total del contrato que era de más de S/ 1’200.000.  

A continuación, la carta enviada por los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas.