Los integrantes de 13 reconocidas firmas legales de la capital brindaron asesoría jurídica a Fuerza Popular y su candidata Keiko Fujimori Higuchi en la segunda vuelta, en el marco de la estrategia de este partido y aliados políticos para denunciar, sin pruebas, un presunto fraude electoral y evitar así la proclamación de Pedro Castillo. Estos servicios fueron valorizados en más de S/68 mil, según la información del último reporte financiero que declaró el partido fujimorista ante la Oficina Nacional de Proceso Electorales (ONPE).

Dichos abogados, que declararon sus aportes en calidad de asesorías, revisión de actas y hasta búsqueda en el sistema del Reniec pertenecen a los estudios Olaechea; Miranda & Amado; Torres y Torres Lara; Rodríguez Angobaldo; y Rebaza, Alcázar & de las Casas. La lista también incluye a integrantes del Payet, Rey, Cauvi y Pérez; CLR Abogados Corporativos; Rubio, Leguía, Normand; Dentons; y Rodrigo, Elías & Medrano. El recuento culmina con De Bracamonte, Haaker & Castellares y los estudios Gogin y Muñiz.

Además de estos servicios, la estrategia jurídica de Fuerza Popular incluyó el pago de S/1,2 millones por más de 900 pedidos de nulidad contra las mesas donde ganó Perú Libre, ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Entre los aportantes de ese monto están Ruben Awa e Iván Katekaru, dueños de cadenas de casinos, y que ya han sido citados por el Ministerio Público. El fiscal José Domingo Pérez está a cargo de una indagación por presunto lavado de dinero en la última campaña electoral de Fujimori Higuchi.

El reporte financiero de Fuerza Popular también registró las acciones de la defensa legal del supuesto fraude electoral que realizaron, de manera voluntaria, los abogados Gino Romero (S/60.000), Virgilio Hurtado (S/20.000), Lourdes Flores Nano (S/10.744) y Julio Castiglioni (S/10.000), durante las audiencias públicas del JNE. Los servicios de estos abogados han sido reportados como aportes de campaña en especies para el fujimorismo, de acuerdo al informe de ingresos.

La estrategia del supuesto fraude ─que incluyó los servicios de los 42 abogados, el financiamiento de las nulidades por diversos empresarios y ciudadanos, y la defensa legal ante el JNE─ ha sido valorizada en S/1.5 millones. Este monto representa el 75% del total de ingresos declarados por el fujimorismo en la primera y segunda vuelta, según los reportes entregados por esta agrupación política a la ONPE. El 25% restante incluye aportes de campaña a través de pancartas, polos, calendarios y servicios de movilidad, entre otros.

Firmas legales, en tanto personas jurídicas, están prohibidas de aportar a la campaña electoral.

OjoPúblico analizó los reportes de Fuerza Popular ante la ONPE y detectó decenas de abogados que reportaron aportes en especies a esta agrupación. Según el informe, estos participaron en la “revisión de actas”, que luego fueron impugnadas ante el JNE; brindaron “asesoría legal externa”; y realizaron “búsquedas” en la base de datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Estas actividades, que son consideras aportes de campaña, se realizaron entre el 7 de junio y el 19 de julio.

Durante la segunda vuelta, nuestro medio confirmó una primera lista de cinco abogados que brindaban servicios a Fuerza Popular, en su esfuerzo legal por encontrar pruebas del supuesto fraude electoral. En dicho momento, algunos confirmaron su participación, aunque a “título personal”, dado que las personas jurídicas ─en este caso los estudios legales─ están prohibidas de realizar aportes en efectivo o especie a una campaña electoral. Hoy, la lista de abogados que prestaron sus servicios, de manera voluntaria, se eleva a 42 integrantes.

La lista de aportantes incluye, en primer lugar, a seis integrantes del Estudio Olaechea, que prestaron servicios por S/13.491 a Fuerza Popular. Los abogados Licy Benzaquen Gonzalo (S/3.120,80) y César Castrejon Cisneros (S/3.120,80) declararon una asesoría legal a Fuerza Popular, el 8 y 9 de junio. Los abogados Joanna Dawson Pendavis (S/1.170), Diego Abeo Sabogal (S/1.560), Carlos Martinez Ebell (S/1.400), y Carlo Viacava Bahamonde (S/3.120), por su parte, declararon haber revisado actas electorales entre el 8 y 11 de junio.

En segundo lugar se encuentran cuatro integrantes de la firma Miranda & Amado, quienes revisaron actas electorales y realizaron, incluso, una búsqueda de información en el sistema del Reniec. Dicho servicios fueron valorizados en S/12.550, como aportes de campaña. Los abogados de este estudio legal que aparecen en el reporte financiero de Fuerza Popular son Nathalie Paredes Freiinvon (S/1.100), Juan Avendaño Cisneros (S/7.450), Bruno Amiel Rodríguez (S/3.000) y Álvaro del Valle Roeder (S/1.000).

El tercer lugar lo ocupa el estudio Torres y Torres Lara, firma donde trabajó el excongresista fujimorista Miguel Ángel Torres. Los hermanos del exlegislador, precisamente, figuran como asesores legales de Fuerza Popular en el reporte financiero: Rafael Torres Morales (S/4.000) y Carlos Torres Morales (S/1.400) son socios principales de dicho estudio. También ocupa este cargo Alonso Morales Acosta, quien registró un aporte de S/1.200 por asesoría jurídica a Fuerza Popular durante la segunda vuelta electoral.

La lista continúa con el estudio Rodríguez Angobaldo. De acuerdo al reporte, cuatro integrantes de este estudio aportaron, de manera individual, al fujimorismo a través de la revisión de actas electorales: el socio Fernando Rodriguez Angobaldo (S/1.560) y los asociados Juan Aguilar León (S/1.440) Luis Cancho Lengua (S/1.320) y Claudia Daniela García Bustamante (S/1.200). Estas actividades de campaña fueron realizadas entre el 7 y 9 de junio, luego de la segunda vuelta.

RELACIONADO. Los hermanos del excongresista fujimorista Miguel Ángel Torres son integrantes del estudio Torres y Torres Lara, y han brindado asesorías a Fuerza Popular.

Foto: OjoPúblico / Óscar Rosario

El quinto lugar lo ocupan cuatro miembros de la firma Rebaza, Alcázar & de las Casas, cuya oficina fue allanada en 2017, en el marco del caso Lava Jato. En este caso, el reporte detalla que Roger Zavaleta Rodríguez (S/2.000) brindó asesoría legal a Fuerza Popular entre el 7 y 9 de junio. Por su parte, los asociados Diego Price Pimentel (S/1.100), Stefano Amprimo Abusada (S/1.000) y Pablo Leon Puccio (S/1.000) revisaron actas, entre los días 7 y 10 del mismo mes.

El reporte financiero de Fuerza Popular también incluye a cuatro miembros de la firma Payet, Rey, Cauvi, Pérez. Entre ellos destaca el socio Juan Jose Cauvi Abadia (S/5.427,04), quien figura como revisor de las actas electorales y pagó una “acta notarial de constancia de datos” del Reniec. A él se suman el socio Julio Perez Vargas (S/1.000), el asociado principal Alan Garcia Nores (S/1.000), hijo del expresidente Alan García, y la asociada Xaviera Brandon Velasco (S/1.000) en la “revisión de actas y cotejo de firma”, entre el 7 y 8 de junio.

La lista prosigue con tres integrantes de la firma CLR Abogados Corporativos. El primero de ellos es el socio Diego La Rosa Gonzales del Riego, quien evitó declarar sobre la estrategia legal de Fuerza Popular cuando fue preguntado en junio último. Hoy, sin embargo, aparece con un aporte de S/1.500 por la revisión de actas. Los asociados Roberto Delgado Mendoza (S/1.200) y José Rodriguez Montoya (S/1.800) también fueron parte del equipo que revisó las actas impugnadas por Fuerza Popular durante la segunda vuelta.

En junio se conoció apoyo de cinco abogados a estrategia de Fuerza Popular. Hoy son 42 confirmados.

El estudio Rubio, Leguía, Normand continúa en el recuento con cinco integrantes entre los aportantes de Fuerza Popular. El asociado Giacomo Bacigalupo Loayza (S/969,13) figura como asesor legal del fujimorismo para el 9 de junio, mientras que Germán Gomez Gallegos (S/1.351,95) realizó dos búsquedas en el sistema del Reniec. Los socios Diego Grisolle Fontana (S/560) y Claudia Chong García (S/560), junto con el asociado José Iturrizaga Montoya (S/500) se dedicaron a revisar actas electorales entre el 7 y 9 de junio.

La lista de aportantes de Fuerza Popular durante la segunda vuelta también registra cuatro miembros del estudio Rodrigo, Elías & Medrano. El socio Fabrizio Castellano Brunello (S/1.047,5) y los asociados Francisco Baldeon Vellon (S/600), Andres Hundskopf Wendt (S/400) y Nicolas Bellido Clavijo (S/180) revisaron actas electorales para apoyar a Fuerza Popular, entre las fechas 7 y 9 de junio. En esta última fecha, Baldeón Vellón confirmó su participación “a título personal” en conversación con nuestro medio.

La declaración financiera del fujimorismo, por último, incluye a Pamela Duffy Baraybar (S/1.500) y Lorena Galvez Santos (S/1.500) de la firma internacional Dentons; la abogada Tabata Arteta Pinto (S/1.200), del estudio De Bracamonte, Haaker & Castellares; Jose Gogin Fernandez (S/1.000) del Estudio Gogin; y James Linares Cabanillas (S/500), gerente general del Estudio Muñiz. Estos abogados, de acuerdo al reporte de Fuerza Popular, fueron parte del equipo de voluntarios que revisaron las actas electorales durante la segunda vuelta, con el objetivo de revertir la elección de Castillo Terrones.