El apu Ángel Pedro Valerio, de las Central Asháninka del Río Ene (CARE), viajó durante 12 horas en transporte fluvial y carretera desde la comunidad Potsoteni, en el distrito de Mazamari (Junín), para llegar al Congreso de la República y reunirse, el 13 de agosto, con la presidenta del Legislativo, María del Carmen Alva Prieto, de Acción Popular. En el encuentro, explica el líder, pidió el apoyo del Congreso para darle prioridad a la defensa del territorio indígena y sus protectores. 

Un día antes de aquella cita, la Junta de Portavoces había aprobado la conformación de las comisiones ordinarias. En el caso de la comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología la presidencia recae en Margoth Palacios Huamán, del partido Perú Libre. El líder asháninka, sin embargo, no logró reunirse con este grupo parlamentario porque este se instaló recién el 18 de agosto.

La comisión está conformada por 16 miembros titulares y siete suplentes. Además de Palacios Huamán, la junta directiva está integrada por Ruth Luque Ibarra (vicepresidenta), de Juntos por el Perú, y Janet Milagros Rivas Chacara (secretaría), de Perú Libre. OjoPúblico elaboró un perfil de los integrantes de esta comisión, que estará a cargo de la discusión en temas vinculados a los pueblos indígenas y afroperuanos. 

Pueblos indígenas y hoja de coca

La presidencia de la comisión está a cargo de la congresista ayacuchana Margot Palacios Huamán. Es comunicadora social, estuvo afiliada al partido Acción Popular hasta febrero del 2019 y, en setiembre del año pasado, pasó a las filas de Perú Libre. Fue directora del Archivo Regional de Ayacucho durante el 2016, en la gestión del exgobernador regional Julio Sevilla.

Durante su campaña electoral declaró a un medio local que estaba en contra de la erradicación de la hoja de coca. “Más del 95% de nuestros hermanos del Vraem viven de este cultivo: educan sus hijos, viven del día a día. Esta hoja se debe industrializar”, dijo. Sin embargo, para el líder indígena de la selva central, Ángel Pedro Valerio, las declaraciones de la congresista pueden afectar algunos de sus derechos, pues dan "respaldo a las invasiones de terrenos en el territorio indígena y la criminalidad contra los defensores ambientales que se oponen a esos cultivos ilegales".

“Solicitamos al Congreso mostrar su posición en contra del narcotráfico, en contra el cultivo ilegal, que solo genera muerte y terror en nuestros territorios”, señaló el apu asháninka. El narcotráfico y el tráfico de tierras que genera la especulación de los territorios ha incrementado la violencia en la Amazonía, como ha reportado OjoPúblico. En un año y cinco meses de emergencia sanitaria nueve defensores ambientales fueron asesinados y, en el 2020, el cultivo de hoja de coca alcanzó las 88.200 hectáreas en el Perú, según el informe de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca (Ondcp, por sus siglas en inglés). Una cifra que representa un incremento de 22,5 % respecto al 2019. 

Otra integrante titular de esta comisión es María de los Milagros Jáuregui Martínez de Aguayo, de Renovación Popular, quien en un evento público declaró que “ninguna mujer tiene que socavar la autoridad que Dios entregó al varón”. La congresista es parte del movimiento “Con mis hijos no te metas”. Asimismo, en su hoja de vida señaló que trabaja en la organización religiosa “La Casa del Padre”, en el distrito limeño de La Molina.

La lideresa de comunidades amazónicas Zoila Ochoa explicó que el perfil de la congresista Jáuregui Martínez de Aguayo va en contra del empoderamiento de la mujer indígena, quien suele estar abocada a las labores de la casa y el cuidado de los hijos. “Apenas el 10 % de los líderes en la Amazonía son mujeres. Esto porque, si una mujer quiere salir, primero debe ocuparse de los quehaceres”, señaló. 

La indígena huitoto dijo a OjoPúblico que la agenda del bicentenario de Aidesep está enfocada precisamente en la formación de las mujeres para superar los embarazos adolescentes y, a la vez, puedan asumir cargos de liderazgo. Según un informe de la Defensoría del Pueblo del 2019, el 37,4 % de las mujeres indígenas de la Amazonía y el 16,4 % de las quechuas de entre 15 y 19 años han estado alguna vez embarazadas, lo que pone en riesgo la salud y desarrollo de las adolescentes indígenas que tienen embarazos o uniones de pareja a temprana edad.

Otra integrante de la comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología es la congresista Elizabeth Medina Hermosilla (Perú Libre), quien –según la policía– estuvo vinculada al Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) durante la huelga magisterial del 2017. En una entrevista con OjoPúblico, previa a la conformación de la comisión, la parlamentaria rechazó estos vínculos y dijo que trabajaría de la mano con las rondas campesinas. 

En referencia a este caso, Ruth Buendía Mestoquiari, defensora ambiental y víctima del terrorismo en el Perú, remarcó la importancia de que los parlamentarios muestren una posición clara sobre la época de violencia terrorista en el Perú. 
 

Regiones con población indígena

La comisión también está conformada por congresistas que provienen de las regiones con poblaciones indígenas. De los 23 integrantes, considerando a los miembros suplentes, seis son de las regiones amazónicas (Ucayali, Loreto, San Martín, Amazonas) y siete de los Andes (Ayacucho, Huánuco, Áncash, Apurímac, Cajamarca, Pasco y Cusco).

La vicepresidenta de la comisión es la abogada cusqueña Ruth Luque Ibarra. Ella trabajó como asesora de la dirección ejecutiva de la ONG Derechos Humanos sin Fronteras (2013-2016), dedicada a la protección de los defensores de derechos humanos, y en el Congreso de la República, como asesora (2016-2020) del parlamentario Oracio Pacori, de Nuevo Perú.

REPRESENTANTE POR AYACUCHO. La presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, y Ambiente es la parlamentaria Margot Palacios.

Foto: Congreso de la República

En conversación con OjoPúblico indicó que, entre las principales propuestas legislativas que espera impulsar, está el reconocimiento de los monitores ambientales, la protección a los defensores indígenas y la ley de consulta de inversiones en territorios indígenas. 

La comisión también está integrada por el congresista Freddy Roland Díaz Monago (Alianza Para el Progreso), natural de Pasco. Sobre su agenda, en diálogo con OjoPúblico señaló que “las inversiones en minería e hidrocarburos no deben detenerse en la Amazonía, pero sí se debe informar adecuadamente a la población indígena para que conozcan los beneficios”. 

Díaz Monago indicó, además, que la comisión debe proponer una ley que implemente curules para población indígena en el Congreso. Esta propuesta va en sintonía con el pedido de Jorge Pérez Rubio, el electo presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep). “Buscamos la representación indígena en el parlamento a través de un proyecto de ley que nos permita una elección de acuerdo a las tradición indígena”, dijo a OjoPúblico.

Otra integrante de la comisión es la congresista Mery Eliana Infantes Castañeda, de Fuerza Popular. Nació en Amazonas y milita en este partido desde setiembre del 2020. Es obstetra de profesión, gerenta de la empresa Botica Mery S. A, y postuló sin éxito como accesitaria a consejera del Gobierno Regional de Amazonas en 2002.

Sobre los problemas que piensa abordar desde esta comisión del Congreso, dijo que “en Amazonas las comunidades indígenas tienen problemas de contaminación de los ríos por el petróleo, hay problemas con la extracción maderable, y falta de acceso en telecomunicaciones”. Otro de los problemas que destacó fueron los índices de pobreza en la población indígena. El último censo de pobreza del INEI indica que el 38,4 % de la población con lengua indígena —como el quechua, aimara, shipibo, awajún, entre otras— vive con menos de S/ 360 al mes.
 

Acuerdo de Escazú

Un tema fundamental para los gremios indígenas de la Amazonía es que el Perú ratifique el Acuerdo de Escazú, pues permitiría implementar mecanismos internacionales en defensa del ambiente y protección de los defensores ambientales. Sin embargo, al ser un tratado internacional entre distintos países de Latinoamérica, el grupo parlamentario encargado de evaluarlo es la Comisión de Relaciones Exteriores. 

César Ipenza, abogado en derecho ambiental, explicó a OjoPúblico que, para que la ratificación vuelva a ser tratada en el Pleno —la misma fue rechazada por el Legislativo, en octubre de 2020—, existen dos caminos: que el Ejecutivo presente una moción al Congreso para volver al Acuerdo de Escazú con argumentos técnicos favorables; o que la misma comisión de Relaciones Exteriores plantee el tema. Sin embargo, en el 2020, “el fujimorismo impidió su aprobación con discursos falsos. Ahora parece que será igual porque la comisión volverá a ser dirigida por Fuerza Popular”, opinó Ipenza.

Ratificar el Acuerdo de Escazú es un tema importante para las comunidades indígenas del Perú".

La comisión de Relaciones Exteriores está conformada por 16 parlamentarios y 10 accesitarios. La junta directiva la lidera Fuerza Popular: Ernesto Bustamante Donayre (presidente), Jorge Zeballos Aponte (vicepresidente), de la bancada Renovación Popular, e Ilich Fredy López Ureña (secretario), de Acción Popular 

Bustamante Donayre es biólogo e integró el equipo técnico de la excandidata presidencial Keiko Fujimori. Durante la campaña electoral y en pleno proceso de vacunación, el actual congresista desinformó sobre la eficacia de la vacuna contra la Covid-19 de Sinopharm.

La presencia de Óscar Maúrtua en el ministerio de Relaciones Exteriores deja abierta la posibilidad de volver a tratar el tema de la ratificación del Acuerdo de Escazú, pues –según César Ipenza– al haber sido presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, una institución que se ha pronunciado a favor de este tratado, "deberíamos entender que la nueva cancillería tiene una posición favorable al Acuerdo de Escazú”, señaló. Sin embargo, es el Congreso el que debe decidir si ratifica o no este acuerdo.