Actualizado 10 de setiembre de 2021

Poco antes del inicio de la pandemia, el 23 de enero de 2020, la deflagración provocada por un camión que transportaba Gas Licuado de Petróleo (GLP) enlutó al distrito de Villa el Salvador, y al país, dejando 34 muertos, decenas de heridos y casas destruidas. Aunque el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) ratificó que la fuga del gas se debió al impacto del vehículo con un desnivel de la pista, y a que este circulaba con la válvula del tanque abierta, el hecho derivó en un debate sobre la informalidad en la que se comercializa este combustible. 

Meses después, el 21 de abril de 2020, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) excluyó al GLP envasado [balón de gas, conocido también como gas doméstico] de la lista de productos afectos al Fondo de Estabilización de Precios de Combustible (FEPC), un sistema regulado por el Estado para evitar caídas o alzas abruptas en su cotización. 

Las razones expuestas por el sector fueron que su permanencia estaba impidiendo que los consumidores se beneficien con la reducción del precio internacional del combustible, y que la ayuda estatal estaba distorsionando el mercado e incentivando la informalidad. En el Decreto Supremo N°007-2020-EM, el Gobierno expone con claridad estas consecuencias:

“La existencia del GLP envasado en el ámbito del Fondo de Estabilización no estaría trasladando de manera adecuada los efectos esperados de estabilización al precio del balón de GLP a los usuarios finales. La existencia en el país de un precio diferenciado para el GLP envasado y a granel ha generado distorsiones en los precios, así como problemas a lo largo de la cadena de comercialización, lo que dificulta su fiscalización”, se lee en la norma.

FISCALIZACIÓN. El relleno de balones con gas a granel es una de las modalidades practicadas en el sector informal. Osinergmin es la entidad que debe fiscalizarlos.

Foto: Andina.

Casi un año y cuatro meses después, el Gobierno ha vuelto a incluir este combustible en el Fondo de Estabilización con el objetivo contrario: controlar la volatilidad de los precios internacionales para reducir el precio del gas doméstico. Según el último reporte de la plataforma Facilito de Osinergmin, el balón de 10 kg se vende entre S/40 y S/65, en Lima; y en el distrito cusqueño de Megantoni, que alberga el gas de Camisea, cuesta S/ 69,5. 

El Minem espera que con esta medida su precio se reduzca en S/11. Sin embargo, el Decreto Supremo 023-2021, promulgado el pasado 6 de setiembre por dicho sector, no hace mención al riesgo de contrabando e informalidad que se generaba alrededor del Fondo de Estabilización de Precios de Combustible (FEPC).

Este Fondo de Estabilización existe desde 2004 y funciona con dos bandas de precios fijadas por Osinergmin, como tope máximo y mínimo, para su comercialización al público. De esta manera, cuando el precio internacional del combustible sube en exceso, el Estado aporta la diferencia para no afectar a los importadores y productores; pero cuando el precio desciende más allá del margen establecido, el Estado recibe la diferencia para recuperar el dinero.

En en el distrito cusqueño de Megantoni, donde opera el Consorcio Camisea, el balón cuesta S/ 69,5".

Pero esto último no siempre sucede. Carlos Casas Tragodara, decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico, explica que por coyuntura, demagogia o decisiones políticas el Gobierno rebaja aún más el precio de venta y deja de percibir lo que le corresponde. Es allí cuando la ayuda se convierte en subsidio.

Casas Tragodara explica que, cuando los precios internacionales estaban por debajo del tope establecido, los comerciantes informales aprovechaban la protección del GLP envasado y compraban GLP a granel —que no está dentro del Fondo de Estabilización— con el fin de rellenar balones y revenderlos a un margen más conveniente. Esto deriva en evasión de impuestos y un potencial riesgo de accidentes, por una inadecuada cadena de distribución y almacenamiento.

“Los informales aprovechan cuando los precios están al alza o a la baja para revender sus productos a precios seguros. Osinergmin es la entidad que debería evitar que este aprovechamiento suceda, pero en la cadena de comercialización del combustible hay muchos pequeños agentes que hacen difícil su fiscalización. Antes no se pudo impedir, nada garantiza que ahora suceda”, señala.

Los proveedores informales también actúan a la inversa, cuando los precios internacionales están al alza. Compran GLP envasado porque en ese contexto su precio es más conveniente por la protección del Fondo, y lo revenden a granel. No solo negocian con los distribuidores de balones de gas, sino también con restaurantes y grifos. 

Las proyecciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y los organismos internacionales no muestran una reducción del costo del petróleo, principalmente debido a la demanda internacional. Samuel Vásquez Wong, presidente de la Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL), señala que el panorama previsto es que el combustible siga al alza, por lo el regreso del GLP envasado al Fondo de Estabilización acentuará el contrabando y la informalidad en el sector. 

“Los informales se acercan a los grifos y les ofrecen GLP barato. Así sea un sol menos por galón, estos grifos venden unos 2 mil galones diarios, por eso les va a resultar muy tentador. Las empresas que quieran contrabandear manipularán sus cifras y documentación para no ser detectados, pues todas las compras y ventas de GLP deben ser declaradas [ante Osinergmin]”, señaló.

Promotores de la norma

El regreso del GLP al Fondo de Estabilización de Precios de Combustible (FEPC) fue impulsado ante el Ejecutivo por los principales gremios empresariales del sector, la Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL) y  la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH). Sin embargo, ellos buscaban que se hiciera lo mismo con el combustible envasado y el a granel, para que ambos productos tengan la protección del Estado.

“Nuestra propuesta también pedía que el reembolso del Estado no se realice a los productores ni importadores de gas, sino a las plantas envasadoras, las cuales estarían encargadas de registrar cada compra y venta. El proceso de adaptación iba a ser tedioso, pero es una forma de evitar la infiltración del contrabando e informalidad”, señala Vásquez Wong.

Su gremio, la SPGL representa a las empresas distribuidoras de GLP envasado y a granel Costagas, Llamagas, Limagas, Primax/Pecsa, del Grupo Romero; y Solgas, del Grupo Angelini, de Chile. A nivel jerárquico este colectivo depende de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), que agrupa a las principales importadoras y productoras del recurso, como Pluspetrol, la empresa argentina que opera el Consorcio Camisea.

Los otros miembros de esta sociedad con TGP, a cargo del sistema de transporte por ductos del gas de Camisea; la anglofrancesa Perenco y la petrolera Savia Perú. También la compañía de gas natural Cálidda, la refinadora estatal Petroperú, Aguaytia Energy, la británica Tullow; la canadiense PetroTal y las empresas HPO Corp, Anadarko y Schlumberger.

EMPRESAS. Pluspetrol, Petroperú y Primax son algunos de los principales mayoristas y distribuidores de GLP, e integran los gremios que impulsaron el regreso al Fondo de Estabilización.

Composición: OjoPúblico.

El anterior ministro de Energía y Minas, Waldo Mendoza, se había manifestado en contra de volver a poner el GLP en el Fondo de Estabilización, por el riesgo de que la ayuda se convierta en un subsidio para las empresas y porque “el gobierno nunca recupera lo que ha perdido”. Sin embargo, las gestiones de estos dos gremios avanzaron con fluidez en el nuevo Minem.

Los voceros empresariales enviaron sus propuestas al Minem y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y se reunieron con el titular de Energía y Minas, Iván Merino. El 19 de agosto el ministro adelantó a Bloomberg que su despacho ya había aprobado el proyecto y solo estaban a la espera de que el MEF defina el presupuesto. Desde entonces, y hasta su promulgación, este anuncio no tuvo en cuenta la postura de Osinergmin. 

“El Minem está decidiendo ir por el Fondo de Estabilización, pero si este no tiene la posibilidad de obligar a que las empresas se peguen a la banda de precios no tiene sentido y vamos a subsidiar ciegamente, y el costo va a ser más alto”, indicó el presidente del consejo directivo de Osinergmin, Jaime Mendoza Gacon, el pasado 24 de agosto ante la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso.

Osinergmin alertó al Minem que el retorno al Fondo de Estabilización es un subsidio ciego para el sector".

En su exposición, el funcionario señaló que Petroperú era una de las empresas que no respetaba las bandas de precios fijadas y vendía a mayor precio, y aún así recibía la compensación del Estado. "Esta medida va a funcionar si el ministerio se asegura que los mayoristas se apeguen y respeten la banda (...). Hemos presentado propuestas al Ejecutivo y Legislativo para mejorar el mercado del GLP en el Perú", añadió.

Además, Mendoza sostuvo que la medida no era conveniente en un contexto de alza internacional del combustible y del tipo de cambio, y que para llegar a una reducción de S/10 en el costo del balón de gas el Gobierno tendría que cubrir entre S/2 millones y S/4 millones diarios. El impacto económico de esta medida aún es incierto, pero esta semana el ministro de Economía, Pedro Francke, indicó que le costará al Estado unos S/ 200 millones en compensaciones, solo en lo que resta del año.

Este medio buscó contactarse con el Ministerio de Energía y Minas y Osinergmin, pero hasta el cierre de edición no hubo respuesta. OjoPúblico también solicitó una entrevista con la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), pues entre sus miembros están las empresas productoras e importadores que recibirán el reembolso del Estado. Por ejemplo, la principal productora de GLP para el mercado local es Pluspetrol, mientras que los importadores mayoritarios son Repsol y Petroperú.

Sin embargo, este gremio respondió que el mismo Vásquez Wong es el vocero en este tema. Al respecto, él indicó que dichas compañías también afrontarán un perjuicio en el corto plazo porque tienen un stock de combustible adquirido a un costo mayor, el cual deberán liquidar bajo las nuevas condiciones. “Con el alza del dólar, a los importadores tampoco les será muy ventajoso traer combustible para comercializarlo a un precio regulado”, añadió.

Precio para el consumidor final

Una de las propuestas en las que sí coinciden Osinergmin y los gremios empresariales es ampliar el vale del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), que consiste en la entrega directa de S/20 a los hogares vulnerables para la compra de balones de gas. Entre enero y junio de este año se emitieron 771.189 de estos bonos, según la data del organismo supervisor.

Para el exministro de Economía, David Tuesta Cárdenas, este tipo de subsidio llega a las familias vulnerables de forma directa, y es el que debió promoverse para lograr una reducción efectiva del balón de gas. “A diferencia de éste, el mecanismo de estabilización tiene un efecto simbólico para mostrar que se está decidiendo y actuando sobre los precios, cuando en la práctica esto no es seguro”.

"El principal beneficio se queda en las empresas a lo largo de la cadena de distribución y venta. Este mecanismo termina siendo un subsidio ciego porque beneficia a todos, incluso a los que tienen más recursos y consumen más GLP en equipos, aire acondicionado, vehículos y otros. Las experiencias pasadas muestran que el impacto en el precio final es mínimo porque se queda en partes en la red de distribución y venta del producto”, añadió.

Según los precios de referencia internacional, el costo del petróleo se elevó en un 43 % en lo que va del año. El BCRP ha explicado que su aumento se sostiene por que hay una mayor demanda en Europa y en Estados Unidos, debido a sus políticas de reactivaciónn económica -que incrementan los pedidos de fábricas que dependen del insumo petrolero-, y por las tensiones en el Medio Oriente.

En promedio, de acuerdo con los datos de Osinergmin, el 20% del gas que consumimos es importado y lo restante es producido por Camisea. Si bien la producción local es mayor, se carece de infraestructura suficiente (ductos, conexiones, etc) para trasladar el gas a todo el país o siquiera masificar su distribución en zonas urbanas. El GLP proviene de la refinación del petróleo o de la destilación del gas natural, pero los costos de importación de sus insumos están afectados por la variación del dólar.

Esta semana Osinergmin estableció que la banda de precios del GLP envasado iniciará con un límite superior a S/1,95 por kilo y un límite inferior de S/1,89 por kilo, siempre que el Precio de Paridad de Importación (PPI) escape de los topes fijados por el Fondo de Estabilización. Para ello, la entidad actualizará este valor el último jueves de cada mes.

De acuerdo al plazo establecido por la norma, el miércoles 15 las familias ya podrán exigir que se le venda el balón de gas a un menor precio porque las principales productoras y envasadoras se han comprometido a hacerlo efectivo. El problema a superar es que la mayor parte de la compensación que otorgará el Gobierno no se termine diluyendo en la larga cadena de distribución y comercialización minorista, antes de llegar al consumidor final.