Luego del autogolpe de Estado de 1992, el Congreso –bajo el dominio del régimen de Alberto Fujimori– quebró el orden constitucional al destituir a los jueces del Tribunal Constitucional en 1997, en represalia por haber declarado ilegal a la ley que le permitía postularse por tercera vez en el 2000. Veintiséis años después, el Parlamento, con el impulso del fujimorismo y sus aliados en partidos de extrema derecha e izquierda, busca remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), una entidad de diferente naturaleza y funciones al TC, pero igual de estratégica para el sistema de justicia.

La última ofensiva de este tipo ocurrió entre octubre y noviembre, cuando el Congreso intentó aprobar un informe exprés de la Comisión de Justicia para destituir a los miembros de la JNJ, proceso finalmente paralizado por una medida cautelar judicial. Hoy, el Parlamento vuelve al ataque para lograr el mismo objetivo, casi en simultáneo a la suspensión de la exfiscal de la nación, Patricia Benavides, por parte de la JNJ, luego de ser involucrada en un grupo criminal que buscaba copar la Defensoría del Pueblo, la Junta de Fiscales Supremos y barrer con la JNJ para librarse de las investigaciones en su contra.

La historia actual, la amenaza del Congreso sobre la JNJ, permite recordar lo ocurrido en 1997 cuando un Legislativo de mayoría fujimorista atacó al TC. Entonces, el Parlamento –presidido por Víctor Joy Way, quien fue parte del gabinete del golpe de Estado de 1992– promulgó la ley de interpretación auténtica 26657 que habilitó a Fujimori a postularse por tercera vez a la presidencia, pese a que la Constitución solo permitía una reelección. Bajo esta ley, el Legislativo abrió las puertas para que permaneciera en el poder a través de un tercer período después de las elecciones del 2000. Para entonces, Fujimori ya había sido elegido en las urnas en 1990 y 1995.

ALIADO. Víctor Joy Way fue el presidente del Congreso durante la destitución de los jueces del TC. Tras la caída del régimen, del cual fue premier y ministro de Economía e Industria, recibió condena por corrupción.

Foto: Andina.

La ley de interpretación auténtica fue considerada ilegal por diversos sectores, entre ellos el Colegio de Abogados de Lima, que llevó el caso al TC en 1996. En esa época, gran parte de las entidades del Estado estaban bajo el control de Fujimori: el Congreso presidido por Joy Way, y la fiscalía de la nación por Blanca Nélida Colán, bajo el respaldo del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) de Vladimiro Montesinos y las Fuerzas Armadas del general EP Nicolás Hermoza Ríos. A pesar de todo, cuando el caso llegó al TC, la ley 26657 fue declarada inaplicable con los votos de tres jueces: Delia Revoredo, Guillermo Rey Terry y Manuel Aguirre Roca. El fallo se hizo público en enero de 1997.

La represalia por estos votos del TC, que dejaban a Fujimori sin opción de una tercera reelección en el 2000, fue lo que provocó la ofensiva del Congreso, tal como hoy ocurre con el Legislativo en su afán por destituir a toda la JNJ. Para mayo de 1997 la suerte ya estaba echada. La Comisión Permanente de Parlamento presentó una denuncia constitucional bajo los supuestos argumentos de irregularidades en la elaboración del fallo contra la ley 26657. Con este pretexto legal, el 28 de mayo de 1997, los tres jueces del TC, Revoredo, Rey Terry y Aguirre Roca, acabaron siendo destituidos por el pleno de mayoría fujimorista en apenas tres meses.

Los tres jueces del TC fueron destituidos por el Congreso por no aceptar la ley que permitía la tercera reelección de Fujimori

Finalmente, la consecuencia de la destitución de los tres jueces del TC, por parte del Congreso, permitió que Fujimori se presentara a su tercera reelección del 2000, proceso que ganó de manera irregular con el apoyo del SIN y las FF.AA. En paralelo, el fuero judicial nacional, desde la Corte Superior de Lima hasta el TC, ya influenciado por el fujimorismo, rechazó anular la destitución de los magistrados. Sin embargo, diferente fue el destino que tuvo el caso cuando llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Dicha instancia le pidió a Fujimori la restitución de los jueces en 1998, por violar sus garantías constitucionales, pero el régimen se negó de plano.

Tuvieron que transcurrir dos años y medio para que se anulara el fallo del Congreso de Joy Way. Esto ocurrió cuando el régimen colapsó, en septiembre del 2000, después de la aparición del primer video del exasesor de Fujimori sobornando a un congresista de oposición en el SIN. Entonces, la oposición retomó el control del Legislativo con Valentín Paniagua como presidente, luego de una década bajo la dominación fujimorista. Aquel cambio en el Parlamento permitió que el 17 de noviembre del 2000, se restituyera en el cargo a los tres miembros del TC, dos días antes de que Fujimori renunciara al cargo por fax desde el extranjero. 

AMENAZA. La Junta Nacional de la Justicia está en la mira del Congreso, como en 1997 le pasó a los miembros del Tribunal Constitucional, en el gobierno de Fujimori.

Foto: Andina.

El resto de la historia es conocida. Luego de un largo proceso a nivel supranacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) confirmó en 2001 que el régimen de Fujimori y el Legislativo violaron las garantías judiciales de los tres miembros del TC que el Estado había jurado defender al firmar la Convención Americana de Derechos Humanos. Para cuando esto ocurrió, el gobierno de Paniagua ya se había allanado al fallo de la Corte IDH, mientras toda la maquinaría de corrupción fujimorista se encontraba rumbo a la justicia y se venían alistando las primeras elecciones en democracia para ese mismo año.

Personajes claves del Legislativo en la destitución de los miembros del TC fueron: Víctor Joy Way como titular del Congreso –luego condenado a ocho años de prisión por corrupción– y su mesa directiva integrada por Carlos Torres y Torres Lara (padre de Miguel Torres, hoy miembro de Fuerza Popular y cercano a Keiko Fujimori), Martha Hildebrandt y Luz Salgado, de Cambio 90-Nueva Mayoría. De igual forma, el legislador que hizo la acusación final contra los jueces del TC, Enrique Chirinos Soto (padre de la hoy congresista Patricia Chirinos), y quien luego apareció en un video con Montesinos en el SIN pidiéndole un cupo en la lista al Parlamento del fujimorismo en el 2000.

La Corte IDH estableció que el gobierno de Fujimori había actuado irregularmente al destituir a los jueces del TC y dispuso su reposición

Un personaje menos conocido fue el miembro del entonces TC, José García Marcelo, quien votó en abstención sobre la ley de interpretación auténtica 26657 y permaneció en el cargo. Tras la caída del régimen, la Fiscalía lo acusó de recibir dinero de Montesinos (3,500 dólares mensuales) entre los años 1999 y 2000. De acuerdo a las investigaciones de la época, García Marcelo había sido un operador del SIN, en el interior del supremo intérprete de la Carta Magna, y en la misma época en que se destituyó a los jueces Revoredo Marsano, Aguirre Roca y Rey Terry. En 2005, la Corte Suprema lo condenó a cinco años de prisión por corrupción.

En aquella época, principalmente en junio de 1997, la destitución de los tres magistrados del TC provocó una ola masiva de protestas procedentes de diversos partidos políticos y colectivos gremiales y sociales a nivel nacional, siendo quizá uno de los más visibles el sector de los jóvenes estudiantes de las universidades públicas y privadas. Por este motivo, dichas manifestaciones en respaldo al TC actualmente son consideradas como el antecedente más importante a la llamada Marcha de los Cuatro Suyos de julio del 2000, a cuatro meses de que el régimen de Fujimori finalmente se derrumbara.

Hoy se espera que el Congreso debata la moción contra la JNJ, luego de una jornada previa en la que aprobó una serie de medidas que deterioran la institucionalidad democrática. Entre ellas, el expeditivo nombramiento de un miembro del TC, así como la ley que socava la reforma electoral, elimina la obligatoriedad de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), y eleva la valla electoral que obstaculizará la participación de partidos y movimientos regionales en futuros comicios. De igual forma, se aprobaron proyectos que limitan la colaboración eficaz en el ámbito penal; que amplían el bachillerato automático hasta el 31 de marzo del 2024, en el rubro educativo; o que acabarán impulsando la deforestación en la Amazonía, en el tema medioambiental.