Actualización 18 de julio a las 7:30 pm

La organización internacional de derechos humanos Amnistía Internacional presentó un nuevo informe en el que concluyen que la presidenta Dina Boluarte debe ser investigada por autoría mediata en el proceso penal que investiga la muerte de 50 personas durante las protestas entre diciembre del 2022 y marzo del 2023.

“La determinación final de si existe o no responsabilidad penal siempre corresponderá a los tribunales de justicia en un debido proceso. Lo que podemos afirmar es que existe evidencia suficiente para que Dina Boluarte sea investigada por su responsabilidad penal individual como autora mediata de las muertes y lesiones ocurridas en el contexto de las protestas de 2022 y 2023”, explicó a OjoPúblico, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

El nuevo informe ¿Quién disparó la orden?, señala que Dina Boluarte pudo frenar la represión que policías y militares contra manifestantes que protestaban contra el Congreso y la presidenta, pero no lo hizo.

Existe evidencia suficiente para que Dina Boluarte sea investigada como autora mediata de las muertes en las protestas"

Entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, la violenta represión policial y militar ocasionó la muerte de 50 civiles y un policía, y más de mil heridos de gravedad.

Como muestra de la desmedida represión contra los manifestantes, el nuevo informe de Amnistía Internacional señala que en solo una tarde —el 15 de diciembre de 2022— en el aeropuerto de Ayacucho y sus alrededores, los efectivos militares dispararon por lo menos 1.200 balas.

Las acciones militares estuvieron a cargo de la Segunda Brigada de Infantería, su comandante era el general EP Jesús Amarildo Vera Ipenza, quien respondía directamente al Comando Operacional del Este, que estaba por debajo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Amnistía Internacional sostiene que la presidenta Dina Boluarte, en todo el periodo de las protestas —cuatro meses— solo envió dos cartas al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa, ambas del 19 de diciembre y en las que se pide a los ministros "informes urgente" sobre lo reportado por la prensa respecto de la muerte de una persona en las protestas en la localidad de Chala, Arequipa.

De otro lado, en 29 reuniones del Consejo de Ministros, que tuvieron lugar entre el 12 de diciembre de 2022 y el 1 de febrero de 2023, la presidenta en ningún momento “aprovechó la oportunidad para condenar los actos de violencia cometidos por la policía y las fuerzas armadas.”

APORTE. Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, presentó nuevo informe sobre las muertes en las protestas 2022-2023. 

Foto: Amnistía Internacional 

La autoría mediata 

“En concreto, estamos señalando en el informe que Dina Boluarte podría ser considerada como autora mediata de los hechos cometidos en las protestas que serían graves violaciones de derechos humanos, y, algunos de ellos, crímenes bajo el derecho internacional”, afirmó por su parte Madeleine Penman, investigadora regional de Amnistía Internacional a OjoPúblico.

En mayo de 2023, la presidenta Dina Boluarte aseguró no tener “mando ni comando” sobre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, como un modo de tomar distancia de las muertes ocurridas durante las protestas en diversas ciudades del país.

En referencia a ello, Amnistía cita el concepto de autoría mediata, cuyos criterios aparecen desarrollados en la sentencia de abril de 2009 en contra del expresidente Alberto Fujimori “por los crímenes de asesinato, lesiones y secuestro en relación con graves violaciones de derechos humanos cometidos a escala generalizada durante su regimen”.

Madeleine Penman sostiene que en dicha sentencia se exponen elementos que son aplicables a la forma cómo el actual gobierno actuó frente a las manifestaciones ciudadanas entre diciembre de 2022 a marzo de 2023.

En 29 reuniones del Consejo de Ministros la presidenta no aprovechó la oportunidad para condenar la violencia"

Estos elementos son la comprobación de que el funcionario ocupa un alto cargo jerárquico y tiene instituciones de seguridad igualmente jerárquicas bajo su cargo, como es el caso, por ejemplo, de la policía. Otro elemento es la actuación fuera del ordenamiento jurídico, y la elevada disponibilidad del ejecutor —policías y militares— hacia el hecho.

“Todo esto se cumplió en cuanto a Dina Boluarte y queda en manos del Ministerio Público que use estos conceptos”, aseveró la investigadora regional de AI.

De acuerdo a declaraciones de ex altos funcionarios del Estado entrevistados por Amnistía Internacional, si la presidenta —jefa de las Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas— quiso hacer un alto al fuego contra los manifestantes, lo pudo hacer de forma inmediata. “La temporalidad en que se ejecutan las órdenes presidenciales es inmediata”, declaró una fuente que pidió a la organización internacional no ser identificada.

Mandataria estuvo informada

Amnistía Internacional también entrevistó al general en retiro Wilson Barrantes, ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), quien dijo que desde el 9 de diciembre brindaba información a la presidenta Boluarte. La DINI entregaba cada hora informes actualizados sobre las protestas a la presidenta.

Esta misma dirección, siempre según las declaraciones del ex general Barrantes, no caracterizaba a los manifestantes como “terroristas” y no veía necesario una declaración de emergencia nacional ni el despliegue de las fuerzas armadas.

Sin embargo, el estado de emergencia nacional fue declarado el 14 de diciembre de 2022, y para ello Boluarte se valió de los informes del Comando de Asesoramiento General (Comasgen), que habría tachado, señala Amnistía Internacional en su informe, a las personas manifestantes como “terroristas”.

El comandante general de la PNP, Raúl Alfaro Alvarado, delegó al Comasgen la coordinación de la respuesta de la Policía a las protestas.  Este comando, que tenía como jefe al general PNP Jorge Luis Angulo Tejada, se encargó de firmar los planes generales y los aplicados en regiones, elaborados por los jefes policiales de cada región, y también fue el que dispuso el despliegue de la División de Operaciones Especiales (Diropesp, antes Diroes/Dinoes), como fuerza de apoyo en las zonas de las protestas. En marzo de 2023, Dina Boluarte ascendió a Angulo Tejada a comandante general de la PNP.

CADENA DE MANDO. Madeleine Penman, de Amnistía Internacional, señala la responsabilidad de los mandos policiales en la represión desmedida.

De acuerdo a Amnistía Intencional, los planes de operaciones de la Policía abrieron la puerta a graves violaciones de derechos humanos. Tras un análisis realizado a estos planes, la organización determinó que estos “denotan una lógica de combate a las personas que salieron a las calles, en su mayoría pacíficamente”.

Madeleine Penman, de Amnistía Internacional, señalando la responsabilidad de los altos mandos policiales en la represión desmedida a las protestas.

En los planes los manifestantes eran señalados, entre otras denominaciones, como “organizaciones terroristas” y “organizaciones delictivas”. Esto se aprecia en el Plan 088-2022 de Andahuaylas del 9 de diciembre de 2022, donde se expone la posibilidad de que entre los manifestantes se encuentren “remanentes de las OT-SL autodenominado Ejército Militarizado del PCP-MLM-PM”. El plan de operaciones para la región Puno repite el mismo patrón.

Amnistía Internacional recalca que los propios servicios de inteligencia de la Policía no hallaron evidencia sobre “cualquier vínculo de las personas manifestantes con organizaciones involucradas con la comisión de delitos de derecho interno asociados con el terrorismo”. Además, estos planes mantienen un énfasis marcado en el resguardo de la propiedad privada y las instalaciones públicas como parte de las motivaciones de su actuar en las protestas sociales.

El rol de los ministros 

El 21 de diciembre de 2022, Dina Boluarte designó al abogado Luis Alberto Otárola Peñaranda como presidente del Consejo de Ministros, una persona que, según explica el informe, conocía muy bien el funcionamiento del gobierno, pues ocupó el cargo de ministro en las carteras de Interior y de Defensa.

El 2022, Otárola Peñaranda se desempeñaba como abogado personal de Dina Boluarte, lo que hace pensar, dice el informe, que ya en un cargo público y siendo premier mantuvo estrecha coordinación con la mandataria. Además, en todo momento respaldó la actuación de las fuerzas de seguridad, “incluso después de las condenas internacionales sobre el actuar de policías y militares peruanos”.

El expremier tuvo la oportunidad de renunciar después de los hechos del 9 de enero de 2023 en Juliaca, pero no lo hizo, en cambio —señala el informe— se presentó al Congreso de la República para recibir su voto de confianza y dar un discurso de investidura que no incluyó una rendición de cuentas por las posibles violaciones de derechos humanos cometidas apenas unas horas en Juliaca.

El informe es un llamado a la Fiscalía de la Nación a que tome en cuenta estos antecedentes y análisis e investigue a la presidenta"

En el caso del Ministerio del Interior este tuvo tres titulares en los meses de las protestas, todos ex generales de la Policía y tenían a su cargo los procesos disciplinarios de los efectivos involucrados a través de la Oficina de Asuntos Internos (OAI). Sin embargo, tal como lo señala Amnistía Internacional, esta oficina “habría sido omitida en su seguimiento de expedientes administrativos en contra de mandos superiores de las operaciones policiales durante las protestas sociales”.

¿Quién disparó la orden? es el segundo informe que presenta Amnistía Internacional sobre la represión policial y militar contra las protestas ciudadanas de 2022 y 2023, en Perú. Racismo letal. Ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de Perú fue el primer informe que presentó la organización de derechos humanos en mayo del año pasado. 

A un año y medio de ocurridas las protestas, con el saldo de 50 personas muertas, siete de ellas menores de edad y más de mil heridos graves, por efectivos de la policía y del Ejército, el discurso de la presidenta Dina Boluarte sigue siendo estigmatizante, advierte la investigadora Madeleine Penman. “El informe completo fue entregado a la oficina de la Presidencia a inicios de mes [de julio] para recibir los descargos, pero hasta el momento no los hemos recibido”. 

“El informe es un llamado a la Fiscalía de la Nación a que tome estos antecedentes y análisis en cuenta, investigue debidamente la responsabilidad de la presidenta y sus ministros, y siga los pasos necesarios para que pueda determinarse judicialmente esta responsabilidad”, culminó por su parte Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.