Después de varios intentos en los últimos seis años, el pasado 27 de abril, el Congreso aprobó por insistencia un proyecto de ley que, bajo el rótulo de ser declarativo, ha puesto en evidencia los intereses de grupos conservadores por intervenir en los contenidos de los textos escolares referidos a la época de violencia terrorista, ocurrida entre los años 1980 y 2000.

Se trata de una autógrafa de la ley que “declara de interés nacional la introducción de contenidos curriculares de estudio sobre educación cívica e historia de la subversión y el terrorismo en el Perú”, la cual agrupa cuatro proyectos de ley. Dos de ellos fueron presentados por los congresistas fujimoristas Jeny López y Juan Carlos Lizarzaburu, uno por Patricia Chirinos, de Avanza País, y otro por Silvia Monteza, de Acción Popular. 

Pese a las observaciones enviadas por el Ejecutivo en diciembre pasado, la iniciativa fue aprobada por insistencia en el Pleno del Congreso, con los votos en bloque de Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Acción Popular, Podemos Perú y Somos Perú. Solo queda pendiente su promulgación.

La iniciativa fue aprobada por insistencia en el Pleno. Solo falta su promulgación".

Aunque existe un consenso respecto a la necesidad de que los estudiantes reflexionen sobre las acciones terroristas iniciadas por Sendero Luminoso, OjoPúblico identificó que entre los argumentos de los promotores del proyecto se encuentra una visión distorsionada de este periodo de violencia, donde también se registraron graves violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado.

Este medio también ha podido comprobar que el proyecto de ley aprobado por insistencia resulta reiterativo, dado que los contenidos vinculados al terrorismo ya forman parte de los libros de historia usados por los alumnos de quinto de secundaria de los colegios públicos.

Además, están incluidos en las competencias del Currículo Nacional de Educación Básica Regular (2016), a través de áreas como Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, y Ciencias Sociales, lo cual ha sido corroborado por especialistas en diseño curricular.

“Es un tema que sí está en el currículo y requiere una mayor preparación de los maestros. Nos preocupa que el proyecto intente imponer una sola visión, donde los responsables son solo unos y las víctimas solo otros, en lugar de una lectura más objetiva”, señala la educadora María Amelia Palacios, expresidenta del Consejo Nacional de Educación (CNE), ente que emitió una opinión desfavorable a estos proyectos.

TEXTO. El libro Historia, Geografía y Economía, editado en 2015, tiene 10 páginas en las que menciona hechos vinculados a la época del conflicto armado interno.

Foto: OjoPúblico / Milagros Berríos

 

A pesar de ello, el Congreso ha dado luz verde a la iniciativa. En el artículo uno de la misma habla de la declaración de interés. Pero, en el segundo, ya plantea la introducción de contenidos sobre historia, así como “el reconocimiento de la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000, y el logro de la pacificación nacional”. En el tercer punto, en tanto, precisa que el Ministerio de Educación (Minedu) establecerá los procedimientos para su implementación.

La pretensión no es aislada, ni reciente. Por lo menos, desde 2017, un sector del Congreso, principalmente liderado por Fuerza Popular, ya ha presentado proyectos de ley, citado a ministros a la Comisión de Educación y promovido mesas de trabajo donde se han cuestionado los contenidos referidos al terrorismo en los textos escolares.

Sin embargo, esta vez la discusión se da en un contexto distinto. La gestión del exministro de Educación, Óscar Becerra, quien acaba de salir de la cartera y ha sido reemplazado por su viceministra Magnet Márquez, se había mostrado de acuerdo con la revisión de los contenidos sobre historia en los textos escolares. 

Mientras que el nuevo CNE ha preferido aún no emitir una opinión, pese a que sus antecesores sí habían rechazado públicamente este tipo de propuestas. 

Desde 2017, un sector del Congreso, liderado por Fuerza Popular, ha buscado intervenir en los contenidos sobre el terrorismo".

Diversos especialistas han alertado que esta iniciativa, pese a su carácter declarativo, puede significar un riesgo. Y es que, según sostienen, el Minedu o algunas escuelas podrían acogerse a sus recomendaciones y replicarlas en normas internas.

Asimismo, les preocupa que se pretenda imponer una sola visión de lo ocurrido en la época del terrorismo, se limiten las fuentes de consulta, o se intente reescribir la historia, con la omisión de las violaciones de derechos humanos en la enseñanza en las escuelas. Esto impactará en los aprendizajes por competencias del currículo escolar.

Dichas acciones aparecen en medio de una oleada conservadora, que alcanza espacios de la memoria política como el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), así como la educación, según las palabras de la exministra de Educación, Patricia Salas. 

“Hay una agenda conservadora y absolutamente antidemocrática, que no tiene que ver con cómo educamos para que las personas rompan sus limitaciones económicas o subordinación política. [Te dicen:] ‘¿Sabes qué? Como no quiero que te ocupes de la política, yo te voy a narrar la historia de tal manera que no tengas que preguntarte cosas como por qué se hizo, quién me gobierna, por qué me gobierna, para qué me gobiernan'”.

 

Posiciones encontradas

El 27 de abril pasado, el Pleno del Congreso aprobó por insistencia esta iniciativa legislativa con 69 votos a favor, 23 en contra y tres abstenciones, sin considerar que el Minedu y el CNE, entes especializados, habían mostrado una postura técnica contraria.

De acuerdo al oficio enviado el 5 de diciembre pasado, el Ejecutivo explicó al Congreso que los materiales educativos vigentes en secundaria ya tocan temas vinculados al terrorismo, por lo que se trataría de una sobrerregulación.

Además, precisó que esta norma era inviable porque no se puede "introducir contenidos" de ciudadanía e historia del terrorismo en el currículo, ya que este último no desarrolla hechos aislados, cursos o temas específicos, sino competencias como “Construye interpretaciones históricas” o “Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común”, los cuales ya abordan dichos procesos históricos.

OjoPúblico pudo corroborar que, en las unidades cuatro y cinco, del texto escolar Historia, Geografía y Economía 5—editado en 2015, durante la gestión de Jaime Saavedra— aparecen capítulos titulados La crisis de la violencia, La lucha contra el terrorismo, así como La Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) y el balance del conflicto, con contenidos que también han sido cuestionados por gestiones anteriores del Congreso.

MATERIAL. Este libro lo utilizan los escolares de quinto de secundaria en el área de Ciencias Sociales.

Foto: OjoPúblico / Milagros Berríos

 

Su revisor académico, el historiador y sociólogo Nelson Manrique, señaló a este medio que el texto respetó la verdad histórica y que toda actualización a la que eventualmente se pueda someter debe hacerse en el marco de un trabajo profesional, que respete las garantías de dar una visión ponderada, equilibrada y que no, simplemente, se supriman contenidos que se consideren “políticamente inconvenientes”.

En esas 10 páginas, con las que se dictan clases a todos los alumnos de quinto de secundaria de colegios públicos, se aborda el accionar de los grupos terroristas Sendero Luminoso y el MRTA, y se hace mención a las violaciones de los derechos humanos por parte de miembros de las Fuerzas Armadas. 

También se hace referencia a otros hitos históricos, como la Operación Chavín de Huántar, así como a las conclusiones del informe de la CVR, a las secuelas de la violencia y al programa de reparaciones. 

“En los libros de Desarrollo Personal hay capítulos, en cuarto y quinto de media, sobre esto. Es mentira que no se trate. Se puede discutir si debería haber otra fuente o estar más ampliamente tratado. Todo es perfectible, pero el currículo está bien encaminado. Lo importante es darles herramientas a los estudiantes para que puedan leer críticamente un proceso histórico”, señala la educadora Lilia Calmet, quien participó en la reforma del currículo escolar.

 

INTERIOR. Entre las páginas 175 y 190 del libro de historia de quinto de secundaria aparece información sobre el gobierno de Alberto Fujimori y el informe de la CVR.

Imagen: OjoPúblico

 

Otro material educativo donde se trata el tema del terrorismo es en la cartilla Historia reciente del Perú, de 1960 al Bicentenario, cuya primera edición data de diciembre de 2018.

Pese a ello, el dictamen que fue observado por el Ejecutivo señala que es necesario incorporar los contenidos de cívica y comprender la “real dimensión” de la historia del terrorismo. “Asimismo brindará un justo reconocimiento a nuestros valerosos héroes, destacando su accionar valiente sobre la lucha contra el terrorismo”, precisa el documento. 

Esto último es un punto reiterativo en proyectos como el de la fujimorista Jeny López y Patricia Chirinos, de Avanza País, en cuya exposición de motivos destacan el accionar de las Fuerzas Armadas y la Policía, pero no se hace mención a las violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas del orden. 

“Debemos desterrar el terrorismo por completo. Nuestros jóvenes deben saber quiénes son los verdaderos héroes que lucharon por la pacificación nacional. Es hora de honrar a nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional #TerrorismoNuncaMás”, escribió la legisladora en noviembre pasado. 

Las propuestas —sobre todo desde el fujimorismo— que omiten las violaciones de los agentes del Estado han sido calificadas por el historiador Nelson Manrique como un intento de “reescribir la historia” y de eliminar aspectos importantes. “Creo que se repite continuamente. El cierre del Lugar de la Memoria, decretado por el alcalde de Miraflores, insiste sobre el mismo tema”, dijo a OjoPúblico.

VOTACIÓN. Pese a las observaciones del Ejecutivo, la iniciativa legislativa se aprobó, finalmente, con 69 votos a favor, tras la adhesión de más congresistas.

Foto: Congreso de la República

 

El último 27 de abril, la presidenta de la Comisión de Educación, Gladys Echaíz, también argumentó que los cursos se llevan solo en una materia y, según dijo, no contienen valores cívicos. “[La propuesta] busca que se explique de manera real, objetiva, no solo los hechos ocurridos, sino quiénes fueron los cabecillas, los autores intelectuales y partícipes de la misma y, además, cómo se logró derrotar a estas organizaciones”.

Aunque señala que se trata de una norma declarativa, y no imperativa, sostiene que esta propone y recomienda algunos hechos y realidades “necesarias”. “No quiero entrar al contenido de los materiales porque tendríamos que hacer una crítica mucho más grande porque tiene direccionamientos ideológicos”, dijo ese día desde el Pleno.

Su postura también ha sido respaldada por otros congresistas, como Alejandro Muñante, de Renovación Popular, y Alejandro Cavero, de Avanza País.

Son intentos por reescribir la historia y eliminar aspectos importantes”, señala el historiador y sociólogo Nelson Manrique.

Ahora, con la iniciativa ya aprobada por insistencia, especialistas señalaron riesgos, pese a su carácter declarativo. Para María Amelia Palacios, expresidenta del CNE, la propuesta puede significar la imposición de una mirada unilateral y sesgada de los acontecimientos, donde solo se admita que los estudiantes consulten algunas fuentes y no se les dé acceso a otras. 

“El Congreso establece en el proyecto las causales ‘reales’ y consecuencias verdaderas del conflicto, pero resulta que la lectura histórica de ese periodo aún es reciente y sigue en debate. Hay diversas maneras de recordar ese periodo, entonces lo que correspondería es que en las aulas se escuchen las visiones y experiencias de todos los actores, no solo la interpretación y la mirada de una parte de los mismos. Eso es lo que está en disputa”, dijo.

En la práctica, agregó Palacios Vallejo, otro riesgo es que el Minedu acoja esta propuesta y cambie normas menores, como disposiciones para la enseñanza de la historia reciente en secundaria, o brinde nuevas indicaciones para elaboración de textos escolares. “El Minedu puede sacar disposiciones específicas, si quiere. No es común que lo haga, pero podría hacerlo”, apuntó. 

VOCERA. La presidenta de la Comisión de Educación, Gladys Echaíz, señaló que los libros presentan direccionamiento ideológico.

Foto: Congreso de la República

 

En esa línea, el exconsejero del CNE, Hugo Díaz, señaló que esta iniciativa abre la puerta para introducir un curso más en las escuelas que la adopten, lo que resultaría redundante y atomizaría más el currículo, que ya es denso. En las aulas puede distorsionarse la intención de la norma, generar más evaluaciones y tareas para estudiantes y profesores, agregó. 

La educadora Lilia Calmet, con experiencia en diseño curricular, precisó que nadie podría estar en desacuerdo con trabajar valores ciudadanos y que en la escuela se reflexione sobre la época del terrorismo. Por eso, la discusión, más bien, se centra en cuáles son esos valores que se deben trabajar y cómo se debe hacer. 

“Cuando me dicen que quieren que se cuente la verdad, quiero que me digan cuál es esa verdad, qué es lo que estamos discutiendo”, cuestionó en conversación con OjoPúblico.

Para la experta en Ciencias Sociales, más allá de lo que se busque con una ley, lo importante es cómo se manejan estos temas en el aula, cómo se interpretan y el pensamiento crítico que se genera en los estudiantes a partir del uso de diversas fuentes, como puede ser tanto el informe de la CVR como En honor a la verdad, de la Comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú. 

“Es un riesgo todo aquello que queramos imponer en escuelas como fundamentalismo político, religioso, cultural. Para mí, la escuela debe ser un espacio de diálogo, construcción, donde les exijamos a los chicos y chicas deliberar razonadamente, y eso implica buscar raciocinio detrás de los planteamientos, fuentes”, dijo.

Los antecedentes

Detrás de esta iniciativa, aprobada en abril pasado, hay una serie de antecedentes en el Congreso y en el Ejecutivo que, incluso, datan de 2017. En diciembre de ese año, un dictamen similar se aprobó en la Comisión de Educación: Ley que declara de interés nacional la enseñanza de la lucha contra el terrorismo y del proceso de pacificación en todas las etapas y formas del sistema educativo.

Dicha propuesta agrupaba proyectos de los fujimoristas Paloma Noceda, Marco Miyashiro y del aprista Javier Velásquez Quesquén. 

El primero de ellos, ahora en archivo, señalaba en su exposición de motivos la necesidad de promover políticas educativas que reconozcan a “todos los autores y partícipes sin someterlos a juicios ni sesgos políticos”. También cuestionaba la ausencia de la mención de Alberto Fujimori en los libros de historia de ese momento. 

Previo a ello, el 30 de octubre, el Congreso había recibido al viceministro de gestión pedagógica del Minedu de la gestión de Idel Vexler, Guillermo Molinari, quién señalaba que se debían realizar ajustes en diversas áreas educativas para darle “más énfasis” al conocimiento del periodo de violencia terrorista entre 1980 y 2000. Molinari ha sido funcionario de la reciente gestión de Óscar Becerra, desde el 6 de enero hasta el último 30 de abril.

El 6 de noviembre de 2017 se organizó una mesa de trabajo para abordar la enseñanza del terrorismo en las escuelas y en textos escolares.

Ahí también estuvo Guillermo Molinari, así como el excanciller fujimorista Francisco Tudela —padre de la actual congresista de Avanza País, Adriana Tudela—, el almirante (r) Jorge Montoya Manrique, congresista de Renovación Popular; el vicealmirante (r) Luis Giampietri Rojas, exvicepresidente y excongresista, así como representantes de Defensoría del Pueblo y CNE.

ANTECEDENTE. Desde el 2017, el Congreso ya organizaba mesas de trabajo para discutir sobre los contenidos escolares vinculados al terrorismo.

Foto: Facebook del Congreso

 

De acuerdo a los reportes del Congreso, en ese encuentro la mayoría coincidió en que el currículo “contiene información incompleta y sesgada respecto a la época del terrorismo”. Además, Molinari —en representación del Minedu— señaló que historiadores expertos habían concluido que se presentaban juicios de valor que parecen verdades absolutas y que hay una “predominancia de la información del informe de la CVR”.

Con el entonces nuevo ministro de Educación, Daniel Alfaro, también se discutieron los contenidos educativos sobre terrorismo en el Congreso. 

Incluso, en 2018, como reveló OjoPúblico, varias propuestas de nuevos textos escolares, trabajados durante la gestión de Idel Vexler y Daniel Alfaro, fueron sometidas por el Minedu a consulta de especialistas y otros personajes, como congresistas de Fuerza Popular y miembros en retiro de las FF.AA. En ese momento, se identificó, además, que en varios textos se omitían los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas.

“Lo que hicimos fue sacar una cartilla sobre historia reciente donde se incluía la etapa de violencia. Fue una reacción para poder darle objetividad al momento histórico. Esa cartilla y el libro de Ciudadanía ya venían de gestiones anteriores. Pero, en ese momento, había mucha inquietud del Congreso por conocer cómo elaborábamos y se hizo una mesa de discusión con ellos, con mayor profundidad”, señala el exministro Daniel Alfaro.

REVISIÓN. El Minedu también promovió mesas de consulta de los textos escolares, donde asistieron legisladores fujimoristas, exmilitares y especialistas.

Foto: Twitter de Paloma Noceda

 

Ahora, en el actual Congreso, han seguido los intentos por intervenir en los materiales educativos. Uno de los más evidentes ha sido con el proyecto N° 31498, que ordena que el contenido de los textos escolares pase por la revisión de los padres de familia. Si bien la discusión se centró en el enfoque de género, esta iniciativa alcanza a Ciencias Sociales y Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica.

A la fecha se registran, al menos, 12 proyectos de ley declarativos o que pretenden incorporar contenidos en el currículo sobre diversos temas, de los cuales cuatro —que ahora se han convertido en autógrafa— están relacionados a la educación cívica o la historia del terrorismo.

Para la educadora María Amelia Palacios, estas propuestas forman parte de una batalla por la memoria. “La escuela es un espacio importantísimo para imponer o establecer una manera de recordar la historia reciente. Hay sectores del Congreso que quieren que se recuerde ese periodo de violencia en nuestro país, pero a su manera. Entonces, se requiere, se recomienda al Minedu que asuma un enfoque, una forma de recordar esos hechos”.

El actual Congreso aprobó un proyecto que ordena que el contenido de los textos escolares sea revisado por los padres". 

Los contenidos vinculados al terrorismo también han sido un tema comentado durante el Gobierno de Dina Boluarte, a través de su exministro de Educación Óscar Becerra, quien señaló en diciembre pasado que se encontraba convocando a un “ejército de lectores para revisar los textos escolares”. 

“Tenemos referencias que, en lugar de inculcar valores cívicos y ciudadanos, en ellos se reinventa la historia y se construye una historia alternativa falsa en la que se engaña a los niños”, dijo.

 

El rol rector

Desde su incorporación como ministra de Educación, el 23 de abril pasado, Magnet Márquez Ramírez aún no declara cuáles serán las prioridades de su gestión. No obstante, para el exmiembro del Consejo Nacional de Educación, Hugo Díaz, una de ellas debería ser asegurar que el Congreso respete la función rectora del Minedu.

Entre los órganos encargados de la gestión de materiales educativos figuran el Viceministerio de Gestión Pedagógica, a cargo de Miriam Ponce Vértiz, y la Dirección General de Educación Básica Regular, encabezada por Karla Acosta Barreto.

Ponce Vértiz ha formado parte del equipo técnico de educación de Fuerza Popular, durante la postulación de Keiko Fujimori a las elecciones presidenciales de 2021.

Previo a ello, entre 2005 y 2011, fue directora de Educación Básica Regular en el Minedu, asesora del Viceministerio de Gestión Pedagógica y coordinadora de la Comisión de Política Pedagógica del Minedu, según reportó en su hoja de vida.

Por su parte, Acosta Barreto se ha desempeñado como directora del colegio particular Antonio Raimondi, de acuerdo a su declaración jurada de intereses.

APRENDIZAJE. Los escolares necesitan fuentes y miradas diversas para reflexionar sobre este proceso histórico, señalan los expertos.

Foto: Congreso de la República

 

Dichas funcionarias han ingresado a sus cargos durante la gestión de Óscar Becerra. Lo mismo ocurrió con el nuevo presidente del CNE, Luis Lescano. Este último señaló que el consejo aún definirá su postura sobre el proyecto de ley para incorporar contenidos sobre el terrorismo y, así, determinar si resulta prudente que haya una iniciativa propia y la forma adecuada de enseñarlo. 

“Sí se encuentra [en el currículo]. Pero, desde mi punto de vista, esto tiene que reforzarse para que se sepa realmente, en su real dimensión, lo que ocurrió en esa época del terrorismo”, dijo.

Hay que precisar que la anterior gestión del CNE ya había dado opiniones desfavorables a las propuestas que conforman la autógrafa aprobada. Por ejemplo, en el caso del proyecto de ley N° 291 de la legisladora fujimorista Jeny López señaló que este omitía lo referido al rol lesivo de los derechos humanos de inocentes. “La verdad de lo sucedido es bastante más compleja que lo señalado en el proyecto de ley”, señaló la entidad. 

Asimismo, subrayó el rol rector y técnico del Minedu en garantizar una educación coherente con los valores constitucionales.

En esa línea, los especialistas consultados por OjoPúblico coinciden en que al Congreso no le corresponde legislar sobre el currículo. “Si le quitamos el rol rector al Minedu, no sé a dónde vamos a llegar, y corremos mucho riesgo que decisiones que debían ser del Estado terminen siendo decisiones políticas en el sentido de Gobierno, partidos, etc. La educación no va a lograr avanzar si no tenemos política de Estado”, agregó, por su parte, la experta Lilia Calmet.

El ente rector a cargo de los contenidos del currículo y los textos escolares es el Minedu y no el Congreso".

Para la investigadora adjunta de Grade y experta en currículo escolar, Jessica Tapia, la implementación del currículo ha sido muy accidentada debido, justamente, a la inestabilidad política. Ante ello, precisa, introducir cambios continuos resulta “a todas luces, ineficiente”, cuando la prioridad debe ser fortalecer las capacidades de los docentes.

“La educación es un derecho y no podemos someterla a los vaivenes de la política de turno. No podemos permitir que se politice. Un grupo político no puede usar su posición en el Congreso para imponer lo que debe ir en el currículo. El rol rector lo tiene el Minedu. Necesitamos fortalecerlo”, señaló.

Los objetivos del Congreso chocan con la mirada de los especialistas en torno a la enseñanza de temas vinculados a la época del conflicto armado interno. Mientras que los primeros buscan incorporar datos y contenidos, los últimos destacan la necesidad de priorizar la reflexión y el análisis crítico, con el uso de diversas fuentes, en las aulas. El objetivo, dicen los educadores, es que los estudiantes logren comprender grandes procesos históricos.

“Aprender no es memorizar, ni recibir pasivamente información. La educación por competencias está muy lejos de la noción de adoctrinamiento (...). Se debe promover una mirada crítica de ese pasado, analizar las múltiples causas que hicieron posible la instauración de esa violencia terrible. El objetivo, según el currículo, justamente es alejarse de ese relato simplificador que solo divide la historia en buenos y malos”, señaló Tapia.