Hasta antes de la pandemia, el déficit fiscal en Perú —la diferencia entre los ingresos y el gasto— estaba establecido en el límite del 1% del Producto Bruto Interno (PBI), con el fin de tener un manejo prudente de las finanzas públicas. Pero, en 2020, ante la emergencia sanitaria que demandó recursos públicos, este indicador se disparó y tras ello se fijó un sendero de retorno a la reducción gradual que debía consolidarse en 2026, sin embargo,  ahora el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) lo aplazó hasta el 2028.

El primer decreto legislativo emitido por el Gobierno, en el marco de las facultades delegadas por el Congreso, fue el cambio de las reglas fiscales de este y los próximos cuatro años. Se dispuso lo contrario a las recomendaciones del Consejo Fiscal, que sugerían que solo se limite para este 2024 y se mantenga la trayectoria de los demás años. 

La anterior regla señalaba que este 2024 el déficit fiscal no sea mayor al 2% del PBI, para el 2025 no debía superar el 1,5% y para el 2026 ya se debía consolidar al 1%, tal como se mantenía hasta antes de la pandemia.

Sin embargo, ahora el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) fijó los nuevos techos en 2,8% para el 2024, 2,2% para el 2025, 1,8% para el 2026, 1,4% para el 2027 y recién alcanzar el 1% hacia el 2028. 

¿Esto qué implica? Los especialistas consultados advierten que los cambios del MEF extendidos hasta el 2028 significan el relajamiento de las reglas fiscales y propicia el descontrol del gasto público. Es decir, no va a permitir limitar adecuadamente los gastos adicionales —demandados por el Congreso, municipios y otras entidades públicas— que van precisamente contra la austeridad requerida. 

"Cuando estás generando ingresos tienes que ahorrarlos, pero no lo quieren hacer y le dejan una bomba de tiempo al siguiente gobierno”

Alonso Segura Vasi, presidente del Consejo Fiscal, en entrevista a OjoPúblico, explica que lo prudente era solo modificar la meta fiscal de este 2024, pero no de los próximos años, ya que los indicadores denotan una recuperación económica hacia el 2025 y se registran altos precios de los minerales que produce el Perú, con lo que se prevé el incremento de ingresos tributarios que permitirán alcanzar la consolidación fiscal. 

“En 2025, los ingresos van a subir muy fuerte, el propio Banco Central en su último reporte de inflación ha dicho que va a subir más de un punto del PBI; es decir, todo se va normalizar. Entonces, tú no tienes la necesidad de argumentar que la caída de ingresos temporales del 2023 te va a afectar en todos los años futuros, porque eso no es cierto. El propio Banco Central te dice que el déficit debía regresar a la meta que existía antes de esta modificación del MEF, era cumplible con un poco de esfuerzo”, anota el también exministro de Economía. 

Sin embargo, Segura Vasi explica que el MEF, al extender el techo del déficit hasta el 2028, en vez de ahorrar los ingresos extras previstos a recaudarse, va a permitir que se siga gastando o incluso generando forados permanentes que comprometen el objetivo de la consolidación fiscal. 

Así, además, le traslada esta carga al siguiente gobierno que entrará con dificultades de austeridad, lo que pone en riesgo que Perú pueda mantener su fortaleza fiscal, que es uno de los pilares que sostienen la credibilidad del país frente a otras debilidades institucionales. 

“En un contexto de recuperación de ingresos, lo que corresponde es que consolides [el déficit], no que te comas en ese momento los ingresos y que al siguiente gobierno le digas ‘ahora tú administra con escasez (...) Allí viene la inconsistencia temporal. Cuando estás generando ingresos tienes que ahorrarlos, pero [el MEF] no lo quieren hacer y potencialmente le deja una bomba de tiempo al siguiente gobierno”, cuestionó.

ADVERTENCIA. El presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, señala que el debilitamiento del manejo fiscal pone en riesgo el grado de inversión como país.

Constantes cambios del MEF

Mónica Muñoz-Nájar Gonzales, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), explica que el objetivo de establecer límites al déficit fiscal es garantizar que el Estado sea responsable con el manejo de sus ingresos y el control de los gastos, para darle credibilidad y confianza a los inversionistas del extranjero. 

Sin embargo, la especialista advierte también que las movidas de las cifras de las metas fiscales para los próximos años demuestran que el MEF no está cumpliendo con el control adecuado de los gastos [en relación a los ingresos del país] y que ha perdido la fuerza técnica frente a las constantes demandas de recursos adicionales de otras entidades públicas [como el Congreso]. 

“Dan espacio para que no sea suficientemente austero como debería ser. Se entiende la necesidad de hacer el cambio, pero el problema es que este MEF lamentablemente ha perdido mucha fuerza [técnica] y no te asegura que haya una mejor gestión”, enfatizó Muñoz-Nájar. 

Por su parte, Pedro Francke Ballvé, exministro de Economía y Finanzas, coincide en que el MEF no denota el compromiso real de alcanzar alguna meta del déficit fiscal, ya que ha hecho varios cambios en los últimos meses: la regla anterior señalaba el 2% inicial; luego en abril de este año, en el Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas, el MEF estimó un déficit de 2,5%; y ahora en julio lo subió 2,8%.

“Poco a poco se va mermando la confianza que hay afuera [en el extranjero], y los intereses que tenemos que pagar por nuestra deuda. No hay mucha credibilidad, lo cambian a cada rato, pareciera que no hay ningún compromiso con el cumplimiento. Es urgente un paquete de políticas tributarias, revertir la erosión y plantearse una recuperación de los ingresos fiscales y eso podría hacerse desde el próximo año de una manera importante si se toman las medidas”, apuntó Francke Ballvé. 

Alonso Segura resalta que si las agencias internacionales de riesgo perciben que el manejo fiscal se continúa debilitando, eso nos puede llevar a nuevas rebajas de calificación crediticia, y “ya no estamos tan lejos de perder el grado de inversión”.

El funcionario aclara que los recientes cambios que realizó el MEF fueron al “límite” del déficit, pero que aún está a tiempo de establecer una “meta” más prudente que debe ser menor a esos techos. Esto se dará a conocer en agosto cuando la cartera liderada por José Arista formule la ley de presupuesto público 2025 y presente las cifras en el Marco Macroeconómico Multianual. 

Gastos sin control

En 2023, Perú registró un déficit fiscal de 2,8%, con lo que incumplió su meta prevista de 2,4%. Si bien un factor fue la recesión económica que trajo consigo la caída de la recaudación tributaria, Pedro Francke resalta también que la presión tributaria se ha visto fuertemente afectada por las diversas leyes con altos costos fiscales aprobadas por el Congreso de la República. 

Al respecto, Mónica Muñóz Najar explica que las exoneraciones tributarias dañan toda la trayectoria del déficit fiscal, porque representan un gasto adicional o ingresos que se pierden no solo en un año específico, sino en un periodo de tiempo indefinido. 

OjoPúblico, por ejemplo, reportó que en 2023 el Congreso aprobó privilegios fiscales con impacto de más de S/8.000 millones. Y este año sigue esa tendencia del Parlamento con nuevas medidas de ese corte como la reducción del Impuesto General a las Ventas (IGV) a las peluquerías que implica un costo fiscal de S/17 millones anuales, la ampliación de gastos deducibles por rentas de cuarta y quinta categoría que representa un golpe al fisco nacional por más de S/ 2.082 millones anuales, la amnistía tributaria que condona fija un “régimen excepcional” al Impuesto a la Renta que condona las deudas, entre otros.

Alonso Segura recalca que la “recuperación económica” pospandemia ya no es una justificación válida para seguir aprobando nuevos beneficios a ciertos sectores empresariales. 

“El Congreso viene aprobando exoneraciones, gastos tributarios, amnistías. Entonces estás erosionando los ingresos del futuro y complicando la administración tributaria, cuando tienes un colador lleno de huecos, por el que se te pasa todo. El Ejecutivo tiene que pararlo y donde vea inconstitucionalidad, que sea el Tribunal Constitucional el que lo resuelva”, manifestó Segura Vasi. 

FORADO.El Congreso continúa imponiendo nuevas leyes con beneficios tributarios a grupos específicos que son muy costosos para el fisco nacional. 

Foto: Congreso de la República

Ambos extitulares del MEF —Francke y Segura— advierten con preocupación que no solo es el Congreso el que plantea medidas que impactan en el tesoro público sin mayor sustento técnico, sino también son los miembros del Ejecutivo los que impulsan ello. 

Por ejemplo, Francke Ballvé recuerda las declaraciones del titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), de restituir de manera permanente el beneficio tributario a las agroexportadoras para que paguen solo 15% de Impuesto a la Renta (IR), pese a que el ministro de Economía José Arista ha señalado que ello no se contempla. 

En tanto, Segura Vasi ve con preocupación los anuncios del titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien tras su viaje a China, anunció los proyectos de siete ferrocarriles por USD 30.000 millones que implican deuda pública.

“Eso sí es gasto público. Este mismo gobierno, por facultades delegadas, creó un fideicomiso de infraestructura, al cual el Consejo Fiscal opinó de manera negativa y tampoco nos hicieron caso y pretenden meterlo ahí, porque dicen que como el fideicomiso lo tiene un privado, la deuda que se tome no va a ser deuda pública, pero eso se va a comenzar a reflejar ni bien comiencen a gastar. Temporalmente lo pueden esconder, pero después les va a reventar. Entonces, esa no es la manera más transparente de manejar las finanzas públicas y por las magnitudes [de dinero] que están hablando es realmente preocupante”, manifiesta Alonso Segura. 

Es preciso señalar que, dentro del cálculo del déficit fiscal también se incluyen las finanzas de los gobiernos subnacionales. Entonces, el millonario plan de endeudamiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) —que abarca un total de más de S/5.000 millones— también forma parte del resultado como gobierno. 

Finalmente, contrario a la austeridad requerida, esta semana la Comisión de Presupuesto del Congreso aprobó un nuevo crédito suplementario al Ejecutivo por S/3.000 millones, proyecto pendiente de aprobación en la Comisión Permanente.  En 2023, el MEF también aprobó un crédito suplementario cercano a los S/5.000 millones que también influyó en el incumplimiento de la meta del déficit. 

“Lo que tiene que entender el Congreso y también toca reforzar al Gobierno es que están comprometiendo la solvencia y credibilidad fiscal del país en el futuro. Están generando una cantidad muy importante de gastos mayormente improductivos y rígidos, que después se te quedan por muchos años o permanentemente, causan todo tipo de ineficiencias y en muchos casos benefician a grupos específicos, pero no a todos los peruanos”, concluye Alonso Segura.