Hasta hace unos meses, el recién nombrado ministro de Relaciones Exteriores, Javier González-Olaechea, calificaba de “inútil” y “tendenciosa” a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ahora, luego de su designación en esta cartera, y por iniciativa del Congreso, podría presidir la comisión que –a partir de pedidos en el Legislativo– busca retirar al Perú de la Convención Americana de Derechos Humanos.

El pasado 31 de octubre, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó la creación de la “Comisión de Alto Nivel para la elaboración de propuestas de reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”. Entre otras funciones, este grupo se encargará de “elaborar un diagnóstico” sobre la participación del Estado peruano en el sistema interamericano.

En la comisión, solo cuatro congresistas rechazaron la propuesta. La iniciativa se aprobó con 12 votos y ahora será el Pleno del Congreso el que tome la decisión final, para lo que necesita solo una mayoría simple de 66 votos.

La congresista Martha Moyano (Fuerza Popular), quien preside el grupo de trabajo de constitución, recordó que los proyectos de ley que motivaron la creación de la “comisión de alto nivel” fueron presentados por legisladores de diferentes bancadas, como Acción Popular, Perú Libre, Renovación Popular y Avanza País. Según dijo, esto se debe al “descontento institucional y social” sobre la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y la Corte IDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos).

“Este alto estándar sobre independencia judicial no es observado por los propios órganos del SIDH [Sistema Interamericano de Derechos Humanos]. En efecto, se ha identificado una paulatina politización e ideologización de los órganos del SIDH, lo que ha implicado una distorsión en sus actuaciones y que se alejan de los fines para los cuales fueron creados”, señaló al inicio del debate la congresista Moyano.

SUSTENTACIÓN. La presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso sostuvo que los órganos del Sistema Interamericano de DDHH carecen de imparcialidad.

Imagen: Congreso

¿Qué es el sistema interamericano?

El Sistema Americano de Derechos Humanos es el más importante en la defensa y promoción de los derechos fundamentales de las personas, sobre todo en un contexto global cargado de desafíos en esta materia. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) son los órganos que lo conforman, y han sido vitales para la búsqueda de justicia de cientos de ciudadanos, como las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos durante el régimen de Alberto Fujimori o los familiares de las personas fallecidas en las protestas de inicios de año contra el gobierno de Dina Boluarte. 

En esa línea, especialistas consultados por OjoPúblico recalcaron la importancia de que el Perú sea un Estado parte de este sistema. Vanessa Cuentas, responsable de Incidencia de Amnistía Internacional, explica la necesidad de la permanencia del país en el sistema interamericano. 

“Ahora que estamos viendo que existe un riesgo de debilitamiento del sistema de justicia nacional, es aún más importante que el sistema interamericano esté fortalecido y que se mantenga como un espacio supranacional al que cualquier persona pueda seguir acudiendo ante posibles violaciones de sus derechos”, señala.

“Ahora que vemos un debilitamiento del sistema de justicia nacional, es importante que el sistema interamericano sea fortalecido”.

Por su parte, Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), considera que sería “muy lamentable” que el Perú envíe alguna señal de “debilitamiento” a una institución que ha respaldado a ciudadanos en diferentes momentos de la historia del país.

“En Human Rights Watch miramos con mucha preocupación el debilitamiento del Sistema Interamericano y la forma en la cual Perú se viene sumando a distintos países que apuntan a ese objetivo, frente a un sistema que ha sido un bastión en América Latina para poner talanqueras a gobiernos que, independientemente de la ideología, han buscado concentrar poder en el Ejecutivo o promover políticas autoritarias que violan los derechos humanos”, señaló Goebertus a OjoPúblico.

Si los esfuerzos por desvincular al país de la Convención Americana de Derechos Humanos continuaran, la abogada Úrsula Indacochea, experta en derecho internacional, señala que la denuncia del también llamado Pacto de San José ocasionaría que los casos del Estado peruano dejen de ser judicializables ante la Corte IDH; no obstante, el país seguiría bajo los alcances de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

“Si un Estado se retira de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), la Corte IDH no podrá emitir sentencias respecto a este, pero sigue teniendo obligaciones de derechos humanos que se derivan de la Declaración Americana y de otros tratados […] igual sigue vinculado a la supervisión de la CIDH”, explica. Para salir de esa competencia, según detalla, “habría que salirse de la OEA”.

Los actores detrás de la propuesta

OjoPúblico identificó, hace unos meses, al menos tres proyectos de ley que planteaban expresamente la salida del Perú de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y otros dos que lo proponían de manera indirecta en su contenido. 

De estas iniciativas, tres han sido consideradas por la Comisión de Constitución para proponer la creación de la comisión de alto nivel que se encargaría de reformar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).

El proyecto Nº 5216, del congresista Jorge Montoya (Renovación Popular), junto con el Nº 3494, de Segundo Montalvo (Perú Libre), que plantean la denuncia de la CADH; y el Nº 2014, de Edwin Martinez (Acción Popular), que propone la pena de muerte para delitos de violación sexual, y, por ende, la necesidad de desvincular al Perú de la CADH. 

Pero, además de esas iniciativas, el grupo de trabajo presidido por Martha Moyano ha tomado en cuenta dos proyectos más: el Nº 5303, de la congresista Rosselli Amuruz (Avanza País), que propone regular el procedimiento para la elección de los representantes ante la CIDH y la Corte IDH; y el Nº 5582, de Wilson Soto (Acción Popular), que plantea declarar “de interés nacional” la denuncia de la CADH.

No obstante, tal como informó OjoPúblico tras consultar con expertos constitucionalistas, estas iniciativas legislativas no eran viables jurídicamente debido a que no está dentro de las competencias del Congreso de la República promover la salida del país del Pacto de San José. Según establece la Constitución del Perú, el Poder Ejecutivo es el que dirige la política exterior. 

Es por ello que, incluso, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Relaciones Exteriores cuestionaron en su momento la viabilidad del plan congresal. “La propuesta normativa no se encuentra acorde a las normas nacionales ni supranacionales”, se lee en uno de los oficios del sector Justicia, que envió a la Comisión de Constitución en respuesta a los pedidos de opinión que les realizaron. 

Sin embargo, a pesar de estas opiniones, los proyectos de ley no fueron enviados al archivo. El 31 de octubre pasado, la presidenta de la comisión, Martha Moyano, anunció que se había elaborado un dictamen que recogía las cinco iniciativas antes mencionadas, debido a que “el Congreso no puede permanecer indiferente” ante las actuaciones de la Corte IDH y de la CIDH, que, según dijo, “no obedecen a los estándares de independencia e imparcialidad”. 

“Luego de un responsable análisis al interior de esta comisión, se consideró una alternativa viable impulsar de manera coordinada las reformas necesarias al interior del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, señaló la congresista Moyano.

Los alcances de la comisión

El texto final de la propuesta aprobada, que fue presentado ante Oficialía Mayor, señala que el grupo de trabajo de “alto nivel” tendrá como presidente al ministro de Relaciones Exteriores. Es decir, de aprobarse en el Pleno, sería el actual ministro, Javier González-Olaechea, quien asumiría este papel. 

González-Olaechea ha cuestionado anteriormente a la CIDH y al informe que emitió este órgano sobre las protestas sociales ocurridas entre diciembre de 2022 a marzo de 2023 en contra del gobierno. 

“Si esto [el informe de la CIDH] no es una inaceptable violación a nuestra soberanía política, ¿qué es? ¿Agüita de coco? No lo creo. Más bien es tinta rojiza desbordante del tintero de sus escribidores”, escribió en una columna de opinión publicada en mayo de este año en El Comercio.

“La hermandad de la CIDH abortó la oportunidad de ser honesta y veraz, demostrando cuán inútil y tendenciosa puede llegar a ser”, se lee en otro de los párrafos del artículo señalado. 

CRÍTICAS. El canciller Javier González-Olaechea ya ha emitido opinión sobre la CIDH. Antes de ser ministro planteó una salida del Pacto de San José.

Imagen: Congreso

Además, en otra columna publicada hace dos meses en el mismo diario, planteó la posibilidad de denunciar a la Convención Americana de Derechos Humanos para “erradicar el direccionamiento ideológico”. Según él, los órganos del sistema interamericano “persiguen a quienes defienden la democracia y el orden público, y premian a quienes los violan, terroristas o no”.

“Cabría denunciar el Pacto de San José y que podemos promover y proteger nuestros derechos humanos con nuestras instituciones y desarrollada jurisprudencia. ¡Batallemos!”, se lee en el segundo artículo citado. 

Juanita Goebertus, de HRW, señala que las intenciones expresadas por el canciller peruano se suman a las de autoridades de otros países como Venezuela, Guatemala, Cuba, y El Salvador, entre otros, Estados donde se han cometido graves violaciones a los derechos humanos. 

Las intenciones expresadas por el canciller peruano se suman a las de autoridades de Venezuela, Guatemala, Cuba y El Salvador”.

“Podrían terminar en una extraña alianza ideológica, donde distintos gobiernos de izquierda y derecha buscarían debilitar al Sistema Interamericano para tener menos escrutinio en un Estado de derecho sobre incumplimiento de derechos humanos”, advierte Goebertus. 

Además, considerando las acciones del Gobierno peruano respecto al tratamiento de los derechos humanos en los últimos meses, la jurista Úrsula Indacochea considera que el país “no cuenta con ningún tipo de liderazgo” para promover alguna reforma al sistema interamericano. 

“No creo que Perú tenga el liderazgo en este momento en el foro de la Organización de Estados Americanos (OEA) para poder reformar nada. En el último Consejo Permanente, en el que participó el primer ministro [Alberto Otárola], el silencio de los Estados cuando Perú propuso una iniciativa para repensar el sistema interamericano dijo para mí mucho más que mil palabras”, indica a OjoPúblico.

No creo que el Perú tenga el liderazgo en este momento en el foro de la OEA para poder reformar nada”.

En la misma línea, Juanita Goebertus, de HRW, considera poco probable que el país pueda llevar a cabo un proceso en ese sentido. “No creo de ninguna manera que Perú pueda liderar esto solo, pero sí creo que se sumaría a un preocupante grupo de países que en América Latina parecen estar cada vez más interesados en tener menos controles desde el Sistema Interamericano”, advierte. 

El dictamen aprobado por la Comisión de Constitución también señala a los otros altos funcionarios públicos que integrarán esta comisión de alto nivel: el presidente del Poder Judicial, la fiscal de la Nación, el defensor del pueblo y el ministro de Justicia. Además, deberán contar con un órgano técnico de apoyo, que estará conformado por representantes de cada una de las entidades que son parte. 

Según se lee en el texto aprobado, el objetivo de este grupo es “articular esfuerzos y coordinar acciones concretas” para que se elaboren propuestas de reforma de los instrumentos que integran el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: la Convención Americana de Derechos Humanos, el reglamento de la Corte IDH, el reglamento de la CIDH, y el estatuto de la Corte IDH y la CIDH.

La comisión de alto nivel tiene un plazo de 90 días para la elaboración de un informe final que recoja las propuestas sobre los órganos mencionados. En otro punto, indica que la presidenta de la República deberá rendir cuentas al Legislativo sobre las acciones que haya realizado el Ejecutivo tras el informe final, en un plazo no mayor a 30 días. 

José Cevasco, exoficial mayor del Congreso, considera que, si bien el Parlamento puede aprobar leyes para crear comisiones de alto nivel, el texto del dictamen resulta “gaseoso”, debido a que no detalla todas las disposiciones necesarias.

Por el momento, el texto no contiene ningún inciso sobre el presupuesto o las instalaciones donde sesionaría este nuevo grupo de trabajo. Durante el debate de la Comisión de Constitución, la congresista Patricia Juárez (Fuerza Popular) presentó una disposición complementaria para precisar que los gastos del nuevo grupo “se financian con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados”. Si bien la presidenta de la comisión, Martha Moyano, señaló que se incluiría en el texto final, esto finalmente no sucedió. 

Buscan debilitar el sistema interamericano

Ante la creación de esta “comisión de alto nivel”, especialistas han recordado la importancia de la participación de Perú en el Sistema Interamericano. Desde Amnistía Internacional, Vanessa Cuentas recuerda que alejarnos de este sistema pondría en riesgo “el acceso a la justicia, verdad y reparación de muchas víctimas”.

DEFENSA. Uno de los casos peruanos sobre los que la CIDH emitió un informe fue sobre las protestas sociales contra el gobierno de Dina Boluarte.

Imagen: Andina

Además, la jurista Úrsula Indacochea comenta que, en el pasado, han existido “muchos intentos por supuestamente fortalecer el sistema interamericano”, como lo que plantea la Comisión de Constitución para la eventual “comisión de alto nivel”. “En el fondo, han sido fórmulas que lo que buscan es debilitarlo”, advierte. 

En esa misma línea, se pronuncia Vanesa Cuentas. La vocera de Amnistía Internacional considera que sería “muy penoso” que, en lugar de impulsar propuestas para fortalecer la protección de los derechos, el objetivo final sea “todo lo contrario” y se busque debilitar instancias tan importantes como el Sistema Interamericano. 

Juanita Goebertus, de HRW, recuerda, además, que desde hace meses existen en el Perú llamados e intenciones de retirar al país del Sistema Interamericano y enfatiza que los únicos países en los que se ha dado esa situación buscaban “seguir violando los derechos humanos con impunidad”. 

“Si verdaderamente está interesado en mejorar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el Perú debería propiciar un diálogo abierto y honesto con otros gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y los propios organismos del sistema interamericano para analizar y proponer mejoras”, asevera Goebertus.