Los magistrados de la Sala Penal Nacional rechazaron la aplicación del derecho de gracia a favor del expresidente Alberto Fujimori en el proceso que se sigue por la matanza de seis comuneros en Pativilca (Lima). Fujimori afrontará una acusación por autoría mediata del crimen perpetrado el 29 de enero de 1992 por el Destacamento Colina, por la que la fiscalía ha solicitado 25 años de pena privativa. 

En decisión dada a conocer el día de hoy, el Poder Judicial anunció a través de su cuenta de Twitter que el "colegiado B de la Sala Penal Nacional resuelve que en el caso #Pativilca no se le aplica el derecho de gracia por razones humanitarias al expresidente #AlbertoFujimori, por lo tanto no se lo excluye del juicio en este caso". Fujimori seguirá el proceso con comparecencia simple.

La resolución indica que "la gracia presidencial otorgada mediante Resolución Suprema N° 281-20017- JUS de fecha 24 de Diciembre de 2017, resulta incompatible con los deberes de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones de derechos humanos, siendo además una medida que como hemos analizado colisiona claramente con derechos fundamentales amparados en nuestra Constitución".

Los jueces Miluska Cano, Omar Pimentel y Otto Verapinto decidieron que el proceso contra Fujimori debe contabilizarse desde junio del 2017, fecha en la que la Corte Suprema de Chile aprobó ampliar su extradición por los delitos de homicidio y asociación ilícita para delinquir por este caso. 

La defensa del expresidente había solicitado que se considere como fecha de inicio el 5 de junio del 2012, cuando se abrió proceso por la matanza de Pativilca, pese a que el proceso contra el expresidente se suspendió porque la justicia chilena no había aprobado su extradición por este caso. 

Este es el primer proceso que afecta a Fujimori desde que fue beneficiado con el indulto y derecho de gracia otorgados por Kuczynski en la víspera de Navidad del 2017, y representa una posibilidad latente de que sea condenado bajo los mismos términos de las otras sentencias que recibió por violación de derechos humanos. El abogado de Fujimori, Miguel Pérez Arroyo anunció que apelarán la decisión judicial.

El expresidente será juzgado por la matanza de seis personas en el distrito de Pativilca (Barranca), por un destacamento del Grupo Colina a cargo del exagente Santiago Martin Rivas: John Calderón Ríos (18), Toribio Ortiz Aponte (25), Felandro Castillo Manrique (38), Pedro Agüero Rivera (35), Ernesto Arias Velásquez (17) y César Rodríguez Esquivel (29). La fiscalía también ha solicitado una reparación por S/500 mil a favor del Estado.

La acusación fiscal también incluye a otras 22 personas, entre ellos al exasesor presidencial Vladimiro Montesinos, al exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nicolás Hermoza Ríos, e integrantes del Grupo Colina y otros mandos militares.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) deberá decidir en los próximos días si el indulto al expresidente viola el cumplimiento de las sentencias de los casos Cantuta y Barrios Altos. Los defensores del Estado Peruano reconocieron, durante la última audiencia de la CIDH, que el perdón presidencial es revisable en sede nacional, después de que el ministro de Justicia, Enrique Mendoza, declarara que la decisión no era revisable.