El presidente de la Comisión de Procesos Disciplinarios del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Orlando Velásquez Benites, dijo hoy a Ojo-Publico.com que investigarán la revelación del aumento del patrimonio del juez y ex titular de la Corte Suprema Javier Villa Stein (de S/.367 mil en el 2005 a casi S/2. millones en el 2015), así como los contratos de su empresa hotelera en San Isidro con diferentes organizaciones del Estado, entre ellas el Poder Judicial.

“Si amerita iniciar una indagación y posterior traslado del informe al pleno del CNM, tenga la seguridad que actuaremos. Sería la primera vez que un juez es investigado por estos hechos”, agregó Velásquez Benites, consejero de dicha institución en representación de las universidades públicas.

Según el reglamento de la Comisión de Procesos Disciplinarios, el CNM -ente encargado del nombramiento, evaluación y destitución de los jueces y fiscales en el Perú-  puede solicitar de oficio la información que crea necesaria a las instituciones públicas o privadas para establecer la comisión de cualquier irregularidad.

De abrir investigación, el CNM deberá regirse por la Ley de Carrera Judicial que señala como falta muy grave que un juez supremo "actúe en un proceso o procedimiento a sabiendas de estar legalmente impedido de hacerlo", hecho sancionado en el artículo 51 con una suspensión de hasta seis meses o la destitución del cargo.

"ASUMIRÉ LAS CONSECUENCIAS". Extracto de la entrevista con el vocal Javier Villa Stein en donde dice desconocer los contratos de su empresa con el Estado.

Ojo-Publico.com encontró que en los 12 años que Villa Stein ejerció como juez supremo, el hotel San Isidro Inn (declarado como suyo ante la Contraloría General) dio servicios a instituciones del Estado, según el portal de proveedores del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Solo en el 2014 dicha empresa registró un contrato de S/.16.748 por parte de la Gerencia General del Poder Judicial, monto que supera las 3 UIT (S/.11.400) fijadas por la Ley de Contrataciones del Estado para evitar los controles públicos.

Bajo la mirada de la OSCE

Carla Flores Montoya, subdirectora de normatividad del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), dijo que según el Decreto Legislativo 1017 los funcionarios públicos y sus familiares están prohibidos de contratar con el Estado si el monto supera las 3 UIT. “El solo hecho de que la esposa de un vocal tenga acciones mayoritarias (como ocurre con la sociedad conyugal de Villa Stein) ya configura una acción ilícita porque está vinculada a alguien impedido. Lo que toca analizar en estos casos, es si los montos pagados al proveedor, y que registra el MEF, son por una sola contratación o por servicios de montos partidos". 

La alta funcionaria de la OSCE dijo que la Contraloría también debería indagar de oficio el detalle de estos pagos y contratos y, de encontrarse una vulneración a la norma, trasladar el caso al OSCE para el inicio de un proceso sancionador.

Uno de los casos por investigar es el encuentro interdisciplinario “Celeridad de los procesos judiciales de familia”, dirigido a los equipos de apoyo de los Juzgados de Familia de las Cortes Superiores. Según confirmó Ojo-Publico.com, el evento se realizó los días 7 y 8 de noviembre del 2014 en el hotel San Isidro Inn.

Lo mismo sucedió con tres contratos registrados en el portal de OSCE como adjudicaciones de menor cuantía, uno de los cuales, del 2008, fue por el servicio de “Alojamiento y alimentación para inducción profesionales de los Centros Emergencia Mujer” que costó S/.12.856. Ese año el tope fijado por las UIT, para no ser acusado por conflicto de interés, era de S/.10.500. El monto fue sobrepasado ampliamente.

JUEZ Y PARTE. Foto y nota de prensa de la capacitación de jueces que se dio al interior del hotel San Isidro Inn, empresa declarada por Villa Stein en su declaración jurada.

El abogado especialista en temas de corrupción y derechos humanos, Carlos Rivera, dijo hoy en la agencia Andina que ahora le corresponde al Ministerio Público o a la Procuraduría Anticorrupción, a cargo de Joel Segura, abrir una investigación de oficio contra Villa Stein en resguardo de los intereses del Estado. Para Rivera hay una violación a la Ley de Contrataciones con el Estado por los servicios que brindó el hotel San Isidro Inn debido a se trata de una empresa vinculada a un funcionario público.

“Sorprende este incremento patrimonial en circunstancias en que él se dedica a exclusividad en un cargo público. No sé si el mismo incremento lo pudieron tener otros magistrados en el mismo tiempo que Villa Stein, en términos de ahorros y bienes e inmuebles", añadió.