A pesar de que el actual Congreso tiene una desaprobación del 90,4% por parte de la ciudadanía y la presentación de múltiples denuncias públicas por recortes de sueldos a los trabajadores, contratos a allegados, faltas múltiples, actos de corrupción y hasta una presunta violación sexual a una trabajadora del Parlamento, la fiscalización al interior del Legislativo no se ha traducido en sanciones ejemplares. 

Desde julio de 2021 a julio de 2022, la Comisión de Ética Parlamentaria —encargada de evaluar las denuncias por infracción al Código de Ética, investigar los casos y recomendar sanciones— analizó 119 casos. Los mismos se originaron a partir de 124 denuncias de las 145 que ingresaron al grupo de trabajo. Algunas de ellas se acumularon, reduciendo el número total de procesos.

OjoPúblico accedió a estos documentos y pudo determinar que, de los 119 casos evaluados preliminarmente, 32 fueron declarados procedentes. Es decir, pasaron a ser investigados a profundidad por el grupo de trabajo. Luego de esa etapa, la Secretaría Técnica de la Comisión de Ética elaboró informes finales que recomendaban sanciones en un grupo aún más reducido: 18 de ellos. En otras palabras, solo se recomendaron sanciones en el 15% de todas las denuncias revisadas por la comisión en diversas etapas.

Estos informes, sin embargo, deben ser sometidos a votación entre los integrantes de la Comisión de Ética —presidida, entre julio de 2021 y julio de 2023, por la congresista Karol Paredes (exmiembro de la bancada Acción Popular y actualmente no agrupada)— en la que se decide si el caso se aprueba o no. 

Desde julio de 2021 a julio de 2022, la Comisión de Ética Parlamentaria analizó 119 casos de presuntas infracciones".

Por eso, solo 15 terminaron, efectivamente, con recomendaciones de sanciones. Esta cifra equivale al 47% de los 32 casos investigados y al 13% del total de procesos evaluados en toda instancia. Los tres restantes, en tanto, fueron rechazados durante la votación del grupo de trabajo.

En la mayoría de estos casos, las sanciones aprobadas en la votación de la comisión eran leves —recomendaciones públicas y amonestaciones—. Sin embargo, en cinco procesos se consideraron suspensiones. Estas últimas deben ser ratificadas por el Pleno. Lo mismo ocurre cuando las leves son apeladas por los congresistas sancionados, tal como sucedió con dos amonestaciones aprobadas en el grupo de trabajo. Ambas están a la espera de ser agendadas en el Pleno.

Los únicos casos que, hasta la fecha, fueron debatidos y votados en el Pleno son los cinco que implicaban suspensiones para el ejercicio de funciones. Dos de ellos fueron rechazados por esta instancia, uno retornó a la comisión —allí fue reevaluada y se giró, nuevamente, al Pleno, donde está a la espera de ser votada— y los otros dos fueron ratificados. Estos últimos son los que implicaron la sanción más drástica para la que está facultada la Comisión de Ética: 120 días de suspensión. 

Los congresistas a los que se les aplicó esta última sanción son Freddy Díaz (Alianza para el Progreso), quien fue denunciado por violación sexual, y Enrique Wong (Podemos Perú), señalado por haber influenciado en el nombramiento de su asesor como presidente del directorio de ENAPU S.A., adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

GRAVE. El congresista Freddy Díaz fue denunciado por violación sexual a una extrabajadora de su despacho.

Foto: Congreso de la República

En entrevista con OjoPúblico, al ser consultada por las escasas sanciones y presuntos blindajes, la ahora expresidenta de la Comisión de Ética Karol Paredes aseguró: “Yo lo he dicho y lo reafirmo [que hubo blindajes]. No digo que fuera de parte de todos, pero sí creo que hubo esa conducta. No solo lo digo yo, sino que eso se ha podido percibir en las votaciones”. 

Los procesos que terminaron con sanciones

Dentro de los 119 casos analizados por la Comisión de Ética entre julio de 2021 y julio de 2023, apenas el 26,8% de ellos (32) pasaron a la etapa de investigación. De estos, 18 tuvieron informes que recomendaron sanciones, pero tres fueron archivados al momento de la votación en este grupo de trabajo. Es decir, solo 15 informes que determinaban una sanción fueron, finalmente, aprobados por la comisión.

De estos 15, cinco requerían la ratificación del Pleno por considerar suspensiones, y fueron enviados a esta instancia para su debate y votación. Sin embargo, allí solo dos fueron ratificados: los de Enrique Wong y Freddy Díaz. Los dos rechazados, en tanto, correspondían a los congresistas de Acción Popular Jorge Flores Ancachi y Elvis Vergara, involucrados en el caso Los Niños. Al ser rechazados, pasaron al archivo.

El que completa el grupo es el proceso seguido a Luis Cordero (Unidad y Diálogo), acusado por su expareja de agresión física. Aunque la Comisión de Ética había recomendado una sanción de 60 días, a través de una cuestión previa, el caso retorno a la comisión. No obstante, fue ratificado y ha sido enviado, nuevamente, al Pleno, donde se espera su votación.

Otros dos procesos comprendían sanciones menores, pero fueron apelados por los congresistas implicados. Por este motivo, fueron remitidos al Pleno —tal como señala el reglamento—, donde también están a la espera de ser agendados. Estos son los que involucran a Héctor Valer (Somos Perú), por haber afirmado que el legislador José Cueto (Renovación Popular) tenía vínculos montesinistas, y a Juan Carlos Lizarzaburu (Fuerza Popular), por expresiones de menosprecio a la bandera del Tahuantinsuyo y la Wiphala. 

Este último congresista, precisamente, es el que más denuncias registra en la Comisión de Ética, con nueve, seguido por Patricia Chirinos (Avanza País) y Héctor Valer, con seis cada uno, y Rosio Torres, con cinco.

DENUNCIADO. El congresista Juan Carlos Lizarzaburu fue el que más denuncias recibió en estos dos años. Cuenta con nueve expedientes.

Foto: Congreso de la República

Además de estos casos, en los 15 aprobados, figuran los de Magaly Ruíz (Alianza para El Progreso), Heidy Juárez (Podemos Perú) y Rosio Torres (Alianza para El Progreso), denunciadas por recortes de sueldos a sus trabajadores. Todas ellas recibieron amonestaciones escritas con 30 días multas, y los descuentos han sido oficiados al área correspondiente para continuar con el trámite. 

Sin embargo, esa no era la sanción sugerida en el informe final. La Secretaría Técnica del grupo de trabajo había recomendado, originalmente, suspensiones de 120 días. Al no alcanzar los votos en la comisión para proceder, las sanciones fueron modificadas a través de cuestiones previas.

En el caso de Magaly Ruíz, fue su colega de bancada Nelcy Heidinger quien planteó esta variación. En el de Heidy Juárez, fue la congresista Kelly Portalatino (Perú Libre) quien pidió variar las recomendaciones del informe final. Y en el caso de Rosio Torres fue su colega de bancada Cheryl Trigozo.

Por último, dentro de los 15 procesos que terminaron con sanción también se encuentran los que solo consideraron recomendaciones públicas. Estos son los que involucran a Héctor Valer, Patricia Chirinos (Avanza País), Wilmar Elera (vacado), María del Carmen Alva (no agrupada) y Darwin Espinoza (Acción Popular).

Tres denuncias que recomendaban sanción fueron rechazadas por los votos de la comisión".

Los otros tres informes que recomendaban una sanción, pero fueron archivados tras la votación de la Comisión de Ética, corresponden a los casos de Luis Kamiche (Cambio Democrático-Juntos por el Perú), Jorge Flores Ancachi (Acción Popular) y Américo Gonza (Perú Libre). 

En el proceso de Luis Kamiche, originalmente, se había sugerido una suspensión de 60 días por haber contratado a su pareja como personal de su despacho. A Jorge Flores Ancachi se le recomendó una suspensión de 30 días por el presunto soborno a un periodista en Puno. Y, por último, para Américo Gonza, se sugería una recomendación pública. 

Sobre estos casos, la expresidenta de la Comisión de Ética, Karol Paredes, recordó que el grupo de trabajo está conformado por integrantes de diversas bancadas, con “miradas diferentes”, por lo que cada uno debe responder por su voto.

“Que esas propuestas no hayan sido aceptadas por un grupo de congresistas que pertenecía a la comisión… pues ya cada uno tiene que ser responsable por su voto, porque eso se define con votos. Hay que ser responsable, también, del tipo de formación que se tiene sobre principios y valores, y respecto al concepto mismo de la ética”, declaró.

Los casos procedentes que no llegaron a sanción

En paralelo a los procesos detallados, hay casos que, aunque fueron declarados procedentes y fueron sometidos a una investigación, en la etapa final se archivaron en la Comisión de Ética. En algunos de ellos, esto ocurrió por argumentos técnicos y, en otros, por votaciones. Es decir, de cualquier manera, terminaron sin ninguna sanción.

De los 32 casos procedentes, 16 fueron archivados y uno de ellos no tuvo pronunciamiento final. El último corresponde a Wilmar Elera. Como el congresista fue vacado del cargo, su proceso no continuó. Otros tres casos que fueron rechazados por la comisión y mandados al archivo son los de Kamiche, Flores Ancachi y Gonza, descritos anteriormente.

Además de estos, OjoPúblico identificó que 13 de los 16 informes finales restantes recomendaban declarar el caso infundado. Entre ellos, figura el del congresista Darwin Espinoza (Acción Popular), quien fue denunciado por haber usado un vehículo del Congreso fuera de Lima y haberlo dañado, pese a que el permiso que obtuvo no le permitía sacarlo de esa jurisdicción. 

La denuncia fue archivada bajo el argumento de que el legislador reconoció su error y se comprometió a asumir los gastos acarreados por la falta, a través del descuento de sus haberes. No obstante, sobre esto, la politóloga Paula Távara señala que, más allá de la devolución del dinero, es mandatorio que los congresistas entiendan el valor inmaterial de los bienes públicos. Y, por ende, lo que se puede hacer con ellos. 

“Supongamos que hubiese ocurrido un terremoto y se necesitaban más vehículos para trasladar heridos. Justo ese carro debía estar a disposición, pero no estaría. A eso me refiero con el valor inmaterial, que, de una u otra forma, está presente en todo bien público”, explicó.

ARCHIVADO. La denuncia contra el congresista Darwin Espinoza por haber usado irregularmente un vehículo fue declarada infundada por la Comisión de Ética.

Foto: Congreso de la República

Iván Lanegra también considera que la reparación de la falta no corrige ni elimina la misma. Si bien puede servir para medir la dimensión de la sanción, no anula lo cometido.

“Hay prácticas parlamentarias en las que basta con retirar la palabra y ofrecer las disculpas. Pero, hay otros casos, en los cuales lo que se afecta no es el interés de un congresista, sino un bien público y eso, de alguna manera, hasta podría configurar un delito”, indicó.

Otro de los congresistas que no recibió sanción fue Héctor Valer. Un reportaje de Punto Final reveló que el congresista habría contratado como asesora dentro de su despacho a su actual pareja. Sin embargo, la comisión declaró que no encontró medios probatorios para sustentar esto. 

Bajo el mismo argumento, tampoco fue sancionado el congresista Guido Bellido (Perú Bicentenario), quien fue denunciado por haber propinado expresiones irrespetuosas a su colega Patricia Chirinos. La legisladora señaló que el parlamentario le habría señalado “ahora solo falta que te violen” en medio de una conversación. 

“De las declaraciones de las partes, de los testigos y el desarrollo del proceso, se ha determinado que, si bien existió una conversación entre el denunciado y la agraviada, los medios probatorios son insuficientes”, indicó el informe final. 

Los casos que no procedieron

De los 119 casos analizados por la Comisión, hay 87 casos que fueron declarados improcedentes. En este grupo están los procesos contra Lady Camones (Alianza para El Progreso) por los polémicos audios en el que el líder de su partido, César Acuña, le pide priorizar una ley que lo beneficiaría en las Elecciones Regionales y Municipales 2022. Este caso le costó la censura de la presidencia del Congreso a Camones, pero no tuvo ninguna sanción ética.

Otro caso similar fue el de Rosio Torres (Alianza para El Progreso). Un reportaje de Panorama reveló que habría usado a trabajadores de su despacho para la campaña electoral de su esposo. Sin embargo, el proceso se archivó porque la congresista aseguró que no se trataba de una actividad proselitista, sino de un foro regional. 
 

REPETITIVA. La legislsdora Rosio Torres tiene cinco expedientes en la Comisión de Ética. Figura en el tercer lugar de congresistas más denunciados. 

Foto: Congreso de la República

También figura, entre otros, el de Américo Gonza (Perú Libre). Este parlamentario también fue expuesto en un reportaje de Panorama en el que se explicó que habría influido en la contratación de su hermana y otras dos personas en la Policía Nacional del Perú, durante el gobierno de Pedro Castillo. 

“Es una apreciación subjetiva que, sin desmerecer la investigación periodística, debemos señalar que la presunción es la acción o efecto de presumir una cosa como verdadera sin tener la certeza de ello (…) en el presente caso y al término del presente informe de calificación, no encontramos elementos de prueba”, indica la resolución del caso.

Además de estos ejemplos, en algunos ocasiones, hubo casos que pasaron al archivo pese a que, inicialmente, el informe de calificación declaraba su procedencia y disponía el inicio de la investigación. Sin embargo, el grupo de 17 integrantes votó en contra.

Entre estos, los que más destacan son los de los congresistas de Acción Popular señalados por la empresaria y lobista Karelim López de haber estado involucrados en presuntos actos de corrupción y vínculos con el gobierno del expresidente Pedro Castillo. Es decir, los parlamentarios conocidos como Los Niños. De los seis denunciados, solo dos pasaron a ser investigados. Los procesos de los otros cuatro fueron archivados, luego de la votación en la Comisión de Ética. 

Otro de los que resalta es el de la congresista Yessica Amuruz (Avanza País). La actual tercera vicepresidenta del Congreso fue denunciada éticamente por haber celebrado su cumpleaños en un hotel de San Borja, en agosto de 2021, sin respetar las medidas sanitarias de la covid-19. Un proceso similar es el del congresista Idelso García (Alianza para el Progreso), quien también fue denunciado por participar en una fiesta pese a la pandemia.

También se encuentra el caso de la legisladora Tania Ramírez (Fuerza Popular), quien fue cuestionada por grabar un baile para la red social TikTok en las instalaciones del Congreso, durante sus labores parlamentarias.

Además de estas, la comisión recibió denuncias por hechos menos graves como acciones con las que no simpatizan algunos congresistas. Entre ellas, por ejemplo, citar erróneamente a un colega, indicar que se debería cerrar el Congreso, señalar “que se avergüenzan” del Congreso, entre otras. 

Sobre esto, en diálogo con OjoPúblico, el secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Iván Lanegra, consideró que, en algunas oportunidades, estas denuncias pueden ser planificadas con otra intención.

“Puede ser, incluso, una estrategia más sofisticada: sobrecargar el trabajo de una comisión para que trabaje menos en los casos importantes. Pero, en realidad, no lo requieren. Estamos hablando de tan pocos casos en los que se ha llegado a una sanción y no porque no tengan tiempo para resolverlos, sino porque no hay incentivos para sancionar pese a las evidencias”, indicó.

Los pendientes

De las 145 denuncias que han ingresado durante estos dos años a la comisión, todavía hay 21 por resolver. La expresidenta del grupo, Karol Paredes, aseguró que su trabajo y el del equipo técnico fue alineado con la defensa de la institucionalidad. 

“Cuando yo hago un análisis cuantitativo, puedo decir que ha sido un trabajo bastante productivo, porque hemos tenido un montón de casos. Pero cuando hago un análisis cualitativo, sí tengo una enorme frustración, porque realmente no deberíamos haber llegado en estos dos años a 145 casos, quizás a unos 30 o 40, porque eso tiene que ver con las conductas de cada uno de nosotros”, declaró a OjoPúblico.

Dentro de las pendientes por resolver, siete hacen referencia a las denuncias por recortes de sueldos a trabajadores del Legislativo y tendrán que ser analizadas por el nuevo grupo de trabajo.

En detalle, dos de las 21 denuncias pendientes se encuentran a la espera de nueva votación para determinar si son procedentes o no y, de ser el caso, iniciar la investigación a profundidad. Esto porque ganaron los votos en abstención y no se llegó a un acuerdo. 

Han quedado siete denuncias por recortes de sueldos pendientes para resolver en esta nueva legislatura".

Las mismas involucran a Jhakeline Ugarte (Unidad y Diálogo), por haber despedido a una trabajadora en estado de gestación, y a José Arriola (no agrupado), por recorte de remuneraciones a sus trabajadores.

Otras dos denuncias ya cuentan con informe final elaborado a la espera de ser agendado en la comisión. Son las de Héctor Valer, por presuntamente haber designado funciones ajenas a la labor parlamentaria a su personal, y la de Jhakeline Ugarte, por supuesto recorte de sueldos.

Finalmente, hay cuatro expedientes a la espera de programación de audiencias como parte de la investigación, y otras 13 denuncias con informe de calificación por ser votados, para determinar si son procedentes o no. Todos estos deberán ser revisados por los nuevos miembros de la comisión, pese a que, por el momento, no parece cercana la conformación del grupo. 

En este contexto, Paula Távara recalca que es importante que los próximos integrantes puedan acercarse a un nivel ético adecuado para procesar los casos con objetividad. 

“Tienen que ser personas sin ninguna falta a sus espaldas, con una trayectoria política ética y que, por tanto, pudiesen procesar los casos con la objetividad que corresponda, más allá del grupo parlamentario del que vengan, o si conviene o no a los intereses particulares”, indicó.