Luego de casi dos semanas de la presentación de Mirtha Vásquez Chuquilín y su consejo de ministros ante el Pleno, el Congreso decidió otorgar el voto de confianza al segundo gabinete del presidente Pedro Castillo, desde que este llegó a Palacio en julio de este año. La decisión del Legislativo ocurre días antes del anunciado mensaje a la Nación que el primer mandatario brindará, el próximo miércoles desde la región de Ayacucho, para emitir un reporte sobre los primeros 100 días del Gobierno de Perú Libre.

El voto de confianza fue otorgado con 68 votos a favor, 56 en contra y una abstención. Esta votación confirmó la ruptura dentro de la bancada oficialista: Solo 19 congresistas del ala magisterial dieron su respaldo al gabinete de Vásquez Chuquilín; entre ellos la ministra de Trabajo, Bettsy Chávez, el congresista liberteño Roberto Kamiche y el legislador puneño Óscar Zea. Los 16 de la facción cercana a Vladimir Cerrón, que incluye al expremier Guido Bellido y el parlamentario Guillermo Bermejo, denegaron la confianza.

El apoyo clave para que el gabinete alcance la confianza provino de las bancadas de Acción Popular y Alianza para el Progreso. En el primer caso, los 14 congresistas presentes votaron a favor de Vásquez, a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). La segunda bancada, por su parte, apoyó a dicho gabinete en mayoría, con 13 votos. Solo los congresistas Roberto Chiabra León y Gladys Echaíz de Núñez Izaga votaron en contra, a diferencia de lo anunciado por el presidente del partido, César Acuña, esta tarde.

Los votos en verde también fueron mayoritarios en el grupo parlamentario de Somos Perú y el Partido Morado, con 8 votos: solo el legislador Alfredo Azurín Loayza votó en contra. Los cuatros parlamentarios de Juntos por el Perú también dieron su voto a favor del gabinete de Vásquez; mientras que la mayoría de Podemos Perú se sumó al respaldo. De esta última bancada, solo el legislador Carlos Anderson Ramírez, quien registró un breve debate con el ministro de Economía, Pedro Francke, marcó en rojo durante la votación.

El congresista no agrupado Carlos Zeballos Madariaga de Puno, quien renunció a la bancada y vocería de Acción Popular en el Congreso, también votó a favor de otorgarle la confianza al segundo gabinete de Pedro Castillo.

Además de la facción cerronista de la bancada de Gobierno, la mayoría de los votos en contra provino de Fuerza Popular: los 24 legisladores de dicho grupo parlamentario se opusieron al gabinete presidido por Vásquez. En Avanza País, por su parte, seis congresistas votaron en contra de otorgar la confianza: Yessica Amuruz, Alejandro Cavero, Patricia Chirinos, Adriana Tudela, José Williams y Norma Yarrow. Solo tres congresistas mostraron su respaldo a través del voto: Diego Bazán, María Córdova y Diana Gonzales de Avanza País.

Voto de confianza a Mirtha Vásquez fue otorgado con 68 votos a favor, 56 en contra y una abstención.

Similar situación ocurrió en la bancada de oposición Renovación Popular, partido liderado por el candidato ultraconservador Rafael López Aliaga. Los congresistas Miguel Ciccia, José Cueto, María Jáuregui, Ricardo Medina, Jorge Montoya y Alejandro Muñante. En cambio, los congresistas Javier Padilla Romero y Jorge Zeballos Aponte marcaron en verde en el momento de la votación. La legisladora Noela Herrera Medina fue la única congresista que votó en abstención, durante la sesión de este jueves.

Con un quórum de 127 congresistas, el gabinete de Mirtha Vásquez necesitaba 64 votos y, al finalizar el recuento, consiguió 68. Entre las bancadas de oposición de Renovación Popular y Avanza País hubo cinco votos en verde. Si ambos grupos parlamentarios hubieran votado en bloque para denegar la cuestión de confianza, la primera ministra Vásquez Chuquilín no habría alcanzado la votación necesaria, pues solo hubiera obtenido 63 votos.

El inicio de la confianza

La votación ocurrió luego de un debate que se llevó a cabo en dos sesiones: el 25 de octubre y el 4 de noviembre últimos. En la primera de estas fechas, Vásquez Chuquilín expuso, en un lapso de una hora y media, los principales objetivos de su gestión en la PCM. Su discurso inició recalcando la necesidad de “un renovado pacto social”; y culminó con la mención a la activista por los Derechos Humanos, Máxima Acuña, quien llevó adelante un proceso contra la minera Yanacocha, en el cual Vásquez Chuquilín fue su abogada.

Sobre la salud, Vásquez Chuquilín dijo en el Congreso que el Perú promoverá un “acuerdo global para garantizar el acceso universal a las vacunas” contra la Covid-19. El discurso también anunció que, para julio del 2022, el Estado peruano proyecta contar con 130 centros de vacunación y más de 3.500 camas hospitalarias a nivel nacional. A diciembre de este año, además, los laboratorios de descarte molecular se incrementarán de 3 a 12, en el marco de un fortalecimiento de la vigilancia genómica a las variantes del Sars-Cov-2.

Las propuestas en salud del gabinete de Vásquez Chuquilín incluyeron un plan de atención para las personas afectadas por metales pesados, como es el caso de las familias de Cerro de Pasco que viven cerca a las operaciones de la minera Volcan, subsidiaria de la gigante suiza Glencore. Un mes y medio antes de esta presentación, Esmeralda, una de las niñas de dicha región con altos niveles de plomo en su sangre y caso emblemático de esa localidad, falleció con solo 12 años de edad, de camino a ser atendida en Lima.

SALUDO. La Presidencia del Congreso, Maria del Carmen Alva, dirigió el debate sobre el voto de confianza a la premier Mirtha Vásquez.

Foto: Presidencia del Consejo de Ministros

En la misma línea, la propuesta de Vásquez Chuquilín ante el Pleno anunció que el Seguro Integral de Salud (SIS) se convertirá en el “Seguro Universal de Salud”, que cubra a todos los residentes en suelo peruano. En ese sentido, la PCM tiene planeado presentar un proyecto de ley de Unificación del Sistema Nacional de Salud ante el Congreso. La propuesta sanitaria de Vásquez también resaltó la necesidad de atender la salud mental, a través de centros de atención comunitarias a nivel nacional.

En cuanto a la atención de los Derechos Humanos, el discurso de la premier incluyó la implementación de un “registro unificado de comedores y ollas comunes”, espacios que han sido claves durante la pandemia; la emisión de un subsidio directo de S/70 mensuales a cada empleado formal, cuyo sueldo sea igual o menor de S/2.000; y la creación del Sistema Nacional de Cuidados, con el objetivo de proteger a poblaciones vulnerables como menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad, y a sus cuidadores.

En el mismo sentido, la premier Vásquez alertó sobre los asesinatos en la Amazonia contra dirigentes de comunidades nativas y defensores ambientales por el crimen organizado. “Los pueblos indígenas amazónicos vienen demandando protección [desde] hace mucho tiempo”, dijo la también expresidenta del Congreso. Vásquez Chuquilín anunció que se implementarán “medidas de prevención y protección”, aunque sin brindar mayores detalles, y se impulsará el monitoreo satelital de actividades ilícitas en la Selva.

La presentación del gabinete incluyó, además, el anuncio de que el Estado peruano aprobará la Declaratoria de Emergencia Climática, que se sumará a una iniciativa del Ministerio del Ambiente para implementar medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Este enfoque también está presente, de acuerdo al discurso, en la Comisión Multisectorial de la PCM para abordar la situación del gas natural. Bajo la gestión de Guido Bellido, el gabinete convocó una mesa de renegociación del Gas de Camisea.

En educación, el gabinete de Vásquez Chuquilín propuso el retorno a las clases presenciales en los colegios para marzo del próximo año, con el objetivo de que, a julio próximo, “el 99% de instituciones educativas atienda plenamente”. Para esto, el Estado peruano exigirá que el personal de las escuelas cuente con las dos dosis de la vacuna contra la Covid-19. La premier además resaltó que el presupuesto para el 2022, que ha sido enviado al Congreso para su aprobación, destinará casi la quinta parte del total al sector educación.

Vásquez culminó con el anuncio de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en el 2022, propuesta de campaña de Castillo; y la aprobación de un decreto supremo que regule las designaciones de funcionarios públicos “para evitar la contratación de alguien que podría significar un riesgo respecto de la integridad y probidad para la entidad”. Durante la gestión del anterior premier, Guido Bellido, una de las principales críticas fue la designación de funcionarios cercanos al partido de Gobierno pero sin experiencia. 

Dos días de debate en el Pleno

Luego de culminado el discurso de Vásquez Chuquilín, el debate comenzó pasadas las 3 de la tarde de ese mismo 25 de octubre. Las principales críticas contra el gabinete ministerial ─que vinieron sobre todo desde las bancadas de oposición de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País─ se centraron en las designaciones de los ministros del Interior y Educación; además de la postura del Gobierno y Perú Libre ─el último ha iniciado una campaña de recolección de firmas─ por impulsar una Asamblea Constituyente.

El ala cerronista de Perú Libre, que está conformada por congresistas que son cercanos a Vladimir Cerrón y el expremier Guido Bellido, por el contrario, acusaron que el Gobierno de Castillo se ha alejado del ideario ideológico del partido político, y criticaron el acercamiento del primer mandatario con miembros de la “izquierda limeña” y “caviar”, como han llamado a los militantes de Nuevo Perú y Juntos por el Perú. Las participaciones de cada legislador de esta facción eran replicadas por Cerrón desde su cuenta de Twitter.

El entonces ministro del Interior, Luis Barranzuela Vite, fue designado en dicha cartera a la par del ingreso de Vásquez Chuquilín al gabinete; aunque ésta última dijo, en conferencia de prensa, que la elección de dicho funcionario respondía a razones políticas. Con el abogado Raúl Noblecilla, Barranzuela ejerció la defensa legal de Vladimir Cerrón, Guido Bellido y Perú Libre en la investigación seguida en el Ministerio Público, por presunto lavado del dinero generado por la organización criminal Los Dinámicos del Sur.

RENUNCIA. El exministro del Interior, Luis Barranzuela, renunció a su cargo entre la primera y segunda sesión del debate por el voto de confianza.

Foto: Andina

Barranzuela Vite, además, fue cuestionado por sus antecedentes. De acuerdo a su foja de servicios como miembro de la Polícia, el exministro registraba decenas de sanciones por negligencia, abuso de autoridad y desobediencia. A eso se sumaba la defensa legal que brindó a investigados por lavado de dinero, como los hermanos Aybar Cancho, sentenciados a 15 años de prisión por tráfico de armas a las FARC junto al exasesor Vladimiro Montesinos; y a condenados por asociación ilícita, como un miembro de la red Orellana.

Barranzuela Vite, sin embargo, no llegó a presenciar la culminación del debate en el Pleno del Congreso. La noche del 2 de noviembre, el abogado penalista y policía en retiro renunció a su cargo, luego de que se conoció que el ministro había realizado una fiesta en su domicilio por el día de la Canción Criolla, pese a la prohibición de eventos sociales en los hogares. Una de sus últimas acciones como funcionario fue autorizar el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en materia de seguridad ciudadana, para Lima y el Callao.

El debate en el Congreso también resaltó las críticas al nuevo ministro de Educación, Carlos Gallardo Gómez. El funcionario ha sido dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate), sindicato fundado por el propio presidente Castillo y que ha sido sindicado de tener vínculos con el Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef), brazo político de Sendero Luminoso. A este se sumaron las declaraciones del ministro Gallardo que cuestionaron la evaluación a docentes.

Alrededor de las 5 de la tarde, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, suspendió la sesión del Pleno al enterarse del deceso del legislador oficialista Fernando Herrera, quien falleció debido a un paro cardiorrespiratorio. Aunque la Oficialía del Congreso propuso que el debate continúe al día siguiente, la Junta de Portavoces decidió que se retomara el jueves 5 de noviembre. De acuerdo a Alva, esta decisión se tomó en base a un pedido de la bancada de Perú Libre, para guardar luto durante una semana.

La llegada al Pleno del Congreso

Entre la primera y segunda sesión del debate, el Gobierno de Pedro Castillo afrontó más de una crítica. Ese mismo lunes 25 de octubre, desde la provincia de Bagua, en Amazonas, el mandatario pidió una ley para “la estatización o la nacionalización del gas de Camisea”. Al día siguiente, el precio del dólar volvió a acercarse a los S/4. Los días 26 y 27 de octubre, finalmente, el propio presidente y el ministro de Economía, Pedro Francke, explicaron en Twitter que respetan la libertad de empresa y no estatizarán la actividad privada.

A esto se sumó un conflicto social en Áncash, por la actividad minera de cobre de Antamina. Si bien el 24 de octubre inició el paro en el corredor minero por parte de los ciudadanos de Aquia, en Bolognesi, este se intensificó durante los días posteriores a la presentación de Vásquez en el Pleno. Las protestas denunciaron una supuesta usurpación ilegal de tierras por la compañía minera, que detuvo sus actividades por no contar “con garantías”. La premier Vásquez lideró la instalación de una mesa de diálogo.

Próxima semana, presidente Pedro Castillo brindará informe sobre los primeros 100 días de Gobierno.

En el ámbito económico, la oposición criticó la reforma tributaria del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). A través de un pedido de facultades legislativas, el titular de dicha cartera, Pedro Francke, busca elevar las tasas impositivas para las compañías con mayores ganancias operativas. La delegación de facultades también incluye una modificación de las sanciones a cargo de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), para ampliar el tope máximo de las multas que pueden recibir las entidades financieras.

El ministro de Transportes, Juan Francisco Silva, por su parte, recibió una serie de críticas luego de la difusión de un audio donde se escucha al funcionario ofrecer la renuncia de la jefa de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), Maria Jara, a los gremios de transportistas. De acuerdo con La República, en la reunión con dicho gremio, Silva también se comprometió a extender las autorizaciones de las rutas de las combis por 10 años y presentar un proyecto de ley para una amnistía de las papeletas que fueron emitidas durante la pandemia.

A nivel político, finalmente, el gabinete estuvo marcado por las renuncia de Barranzuela Vite. “He recibido una respuesta del ministro del Interior sobre el evento realizado ayer en su casa, que considero inaceptable”, escribió Vásquez el 1 de noviembre, desde su cuenta de Twitter. Hasta la noche del miércoles, no había un reemplazo para Baranzuela. Pasadas las 8 de la mañana del jueves, poco antes de que reinicie el debate en el Congreso, el exfiscal supremo Avelino Guillén juró como nuevo titular de la cartera.