Este Congreso emprendió una serie de contrarreformas a la Ley Universitaria y que ponen en riesgo la autonomía de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). El último 10 de diciembre la Comisión de Educación aprobó un dictamen favorable para cuatro proyectos de ley que modifican la legislación universitaria. Uno de estos proyectos crea el Régimen de Protección Educativa (Reproe) en universidades públicas y universidades privadas con licencia institucional denegada. Su autor es el congresista Nivardo Tello de Perú Libre, como coautores figuran Guido Bellido, Alex Paredes y otros legisladores de la bancada oficialista.

El proyecto de ley 815/2021 que crea el Reproe propone el establecimiento de comités reorganizadores especiales que tomarán el control de las universidades con licencia denegada.Se trata de otra iniciativa contra la Ley Universitaria que estableció el cierre gradual de estas instituciones por incumplir estándares de calidad básicos. Además, el proyecto de Nivardo Tello establece la suspensión de los procedimientos de liquidación o fusión para universidades que se adhieran al Reproe. La Sunedu y especialistas consultados por OjoPúblico advierten que se trataría de un proyecto de ley con nombre propio para beneficiar a la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV).

Notorio conflicto de interés

En octubre del 2019 se denegó la licencia a la UIGV. No cumplió con los estándares mínimos de calidad educativa, pero además presentó problemas de sostenibilidad financiera. La evaluación de la Sunedu concluyó que la universidad se encontraba "en un escenario de resultados negativos continuos y deterioro sostenido de sus activos". Adicionalmente, presentaba "riesgos en la gestión administrativa y financiera".

Las diversas multas impuestas a la universidad socavaron su liquidez, pero también manejos inadecuados de parte de su exrector Luis Cervantes Liñán, quien ocupó el cargo por más de 15 años. Fue denunciado ante el Poder Judicial por apropiación ilícita, la acusación señaló que gran parte de las ganancias de la universidad fueron destinadas a su sueldo de S/ 2 millones mensuales, en lugar de ser reinvertidas en la casa de estudios.

En junio de 2021 la junta de acreedores de la universidad aprobó la liquidación de la universidad. La misma que podría quedar trunca si se aprueba el proyecto. En su numeral seis se establece que "las universidades que se encuentren dentro del Reproe no pueden ser objeto de inicio del procedimiento concursal regulado" y "aquellas que se encuentren dentro del Reproe se les suspende cualquier procedimiento concursal o de fusión".

De las 49 instituciones superiores a las que Sunedu negó su licencia, la Universidad Inca Garcilaso de la Vega es una de las dos instituciones que se encuentran en proceso concursal. El exrector Cervantes Liñán se ha opuesto visiblemente a la liquidación, por lo que recientemente Indecopi lo multó con 22 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por incumplir el procedimiento concursal.

Además, hay otros indicios que darían cuenta de que este proyecto de ley tiene nombre propio. Paul Neira Del Ben, experto en políticas y cambio educativo, indicó a OjoPúblico que llama la atención que el proyecto presentado inicialmente por el congresista Nivardo Tello establecía que solo las universidades públicas y privadas asociativas podrían estar incluidas en el Reproe, dejando de lado a las universidades societarias que no obtuvieron su licencia. La UIGV es una institución de carácter asociativo, por lo que desde el inicio estaba incluida dentro del régimen. Solo otras 10 universidades privadas cumplían con los requisitos, por lo que se beneficiaba a pocas instituciones, señaló el experto.

El 10 de diciembre la oficina de Asesoría Jurídica de la Sunedu emitió una opinión sobre el proyecto. "Se observa que se estaría otorgando un ámbito de protección desproporcionado a este grupo de universidades denegadas, perjudicando al alumnado, así como a los acreedores de estas" señala el documento. Además, la Sunedu no encontró el sustento para esta acción en la exposición de motivos del proyecto, lo que "evidencia un direccionamiento de la norma frente a determinadas universidades que se encuentren en el marco de un procedimiento concursal, lo cual, además evidenciaría un tratamiento diferenciado injustificado", concluye.

En su línea. Luis Cervantes Liñán, exrector de la UIGV se opuso al proceso concursal iniciado por sus 13 acreedores.

Foto: Andina.

Cuando este proyecto fue discutido en comisión, Nivardo Tello corrigió el texto para que el beneficio también fuera aplicable a universidades societarias. Sin embargo, hay más aspectos que señalan un posible favorecimiento a la universidad. En el 2019 el congresista representante de Lima terminó su segunda carrera de derecho en la UIGV.

Consultado sobre esta relación, el legislador le indicó a OjoPúblico que su interés en esta iniciativa era que ningún estudiante se vea excluido. "Aquí no se trata de que hay un proyecto con nombre propio, porque se busca atender a todos los estudiantes", manifestó.

El congresista que forma parte del bloque de docentes de Perú Libre no tuvo reparos en defender a la universidad de la que egresó: "Yo he estudiado en la Garcilaso, he visto que tiene una de las mejores plataformas digitales y tiene exigencia académica", refirió.

La agenda de Nivardo Tello va más allá de la creación del Reproe, ya que se muestra en contra de la existencia de la Sunedu. Acusó a esta institución de ser corrupta y buscar su lucro aunque sin explicar sus argumentos. Con respecto a la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, responsabilizó a la Sunedu de imponer multas elevadas "para que no pueda pagar, hacerse acreedores mayoritarios y planear rematar los edificios a otras universidades que consiguieron su licencia".

Vale aclarar que la multa de más de S/ 8 millones que la Sunedu impuso a la universidad en el 2019 fue por usar sus activos y excedentes para fines distintos a los universitarios y a la mejora de la calidad educativa, durante el periodo 2016-2017. Durante esos años el dinero recolectado se empleó en viajes del exrector que no tenían fin universitario, pagos a proveedores que no acreditaron la ejecución de servicios, el uso de vehículos de la universidad para fines privados, entre otros.

El  excongresista Daniel Mora, quien investigó la gestión de la UICV dijo que: "el mismo exrector mandó a la quiebra a la universidad. La Sunedu le demostró que sus cuentas estuvieron en rojo durante cinco años consecutivos. Económica y financieramente estaba mal. El exrector la quebró ganando más de 2 millones mensuales, y sus amistades ganaban S/700 mil mensuales. Destrozaron esa universidad".

También advirtió un conflicto de intereses de parte de los legisladores que integran la comisión de Educación, "hay 12 congresistas que son de universidades no licenciadas", mencionó.

Reproe buscaría sacarle la vuelta a la ley

Daniel Mora se mostró sorprendido con el hecho de que el proyecto de la creación del Reproe fuera apoyado por la bancada de Perú Libre, además señaló que no tenía sentido. "Lo que está haciendo este proyecto es quitarle toda autoridad a la Sunedu", dijo el exlegislador, uno de los principales impulsores de la Ley Universitaria.

Por su parte, Paul Neira Del Ben advirtió que no hay necesidad de la creación de este régimen, ya que la norma establece que las universidades pueden presentarse a un nuevo proceso de licenciamiento, sin embargo, deben hacerlo cambiando de nombre. Entonces el especialista señala que lo que se persigue es preservar la identidad e invertir menos en la mejora educativa.

Otro punto discutido de la norma establece que uno de los criterios para ingresar al Reproe es no obtener una licencia institucional en segunda oportunidad. Es decir que les da a las universidades hasta tres posibilidades para licenciarse, advierte el especialista.

También queda duda sobre qué ocurrirá con la universidad privada cuando concluya el periodo de cinco años de intervención establecido en el Reproe. Se le consultó al congresista Tello si las universidades volverán a la administración  de quienes hicieron que quebraran y no lograran su licenciamiento al finalizar los cinco años. Él esquivó la pregunta indicando que no conocía la respuesta porque era un tema a futuro, aunque es una posibilidad. El legislador señaló que aún quedan puntos por discutir sobre la propuesta.

"Hay serios problemas técnicos en el planteamiento de esta norma, más allá de los éticos. Hay sinrazones y desigualdad que se están planteando", puntualizó Paul Neira Del Ben.

El dictamen de este proyecto de ley fue aprobado sin recibir alguna opinión de parte del Ministerio de Educación, la Sunedu o especialistas en el tema.