La reforma educativa liderada por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) recibió un golpe el viernes 10 de diciembre, luego que la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso aprobara dos dictámenes que van en contra de la regulación de calidad de estos centros de estudio. Ambos pasarán al Pleno para su debate final.

El primer proyecto de ley busca cambiar la conformación del Consejo Directivo de la Sunedu para incluir a dos rectores de las universidades públicas y uno de las instituciones privadas, lo que lo convertiría en una instancia similar a la extinta Asociación Nacional de Rectores (ANR), donde estas entidades tenían votación mayoritaria. 

Según la propuesta, los otros cinco miembros serían representantes del Ministerio de Educación (Minedu), Sineace, Concytec y del Consejo de Decanos de los Colegios Profesionales. El impulsor de esta iniciativa fue el congresista Jorge Montoya, de Renovación Popular, con el apoyo de Fuerza Popular, Acción Popular y Perú Libre. Actualmente el Consejo Directivo de la Sunedu lo integran personas elegidas por concurso público, bajo criterios técnicos, y ratificadas por el Consejo Nacional de Educación (CNE).

El segundo dictamen es una propuesta del presidente de la Comisión de Educación, el legislador Esdras Medina Minaya, también de Renovación Popular, y otorga un plazo de dos años (730 días) a las universidades desaprobadas, para que, en teoría, subsanen sus deficiencias y obtengan el licenciamiento. Esto aplicará a las instituciones asociativas, es decir, constituidas como entidades sin fines de lucro. La iniciativa fue respaldada con ocho votos de Perú Libre (4), Fuerza Popular (2), Acción Popular (1) y Renovación Popular (1).

REUNIÓN. De izquierda a derecha: el rector de la Universidad Néstor Cáceres, Juan Benites, y el congresista Esdras Medina, en una de las reuniones que promovió el legislador para escuchar las demandas de las universidades denegadas.

Foto: La Prensa Regional.

Son 11 universidades las que se verán beneficiadas con esta medida. Todas fueron rechazadas del licenciamiento luego de un largo proceso de evaluación, debido a que incumplieron los parámetros de calidad educativa, no aseguraban la inserción laboral de sus estudiantes, carecían de docentes a tiempo completo, no tenían líneas de investigación o infraestructura adecuada, entre otros. En algunos casos se detectó falta de presupuesto y transparencia financiera, incluso sobre algunas pesan investigaciones penales por lavado de activos y mal manejo de sus recursos.

Siete de las instituciones integran la Asociación de Universidades Asociativas sin Fines de Lucro (AUF Perú), que no está inscrita en Registros Públicos. Estas son: la Universidad Néstor Cáceres Velásquez (Puno), la Universidad Peruana del Centro (Junín), la Universidad Privada de Trujillo (La Libertad), Científica del Perú (Loreto), José Carlos Mariátegui (Lima), Católica Los Ángeles de Chimbote (Áncash) y Particular de Chiclayo (Lambayeque). A ellas se suman las universidades Inca Garcilaso de la Vega, San Pedro, Seminario Bíblico Andino y Seminario Evangélico de Lima.

La propuesta del Congreso es que estas once instituciones sean evaluadas "bajo el marco el marco legal y normativo vigente al momento en el que estas universidades presentaron su solicitud de licenciamiento inicial", se lee en el texto sustitutorio.
 

Sin calidad ni presupuesto

Una de las instituciones que se beneficiará, de aprobarse el dictamen de la Comisión de Educación, es la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, fundada por la familia del mismo nombre. La institución que ofrecía servicios educativos a 28.790 estudiantes, en Puno, no pudo demostrar el cumplimiento de ninguna de las condiciones básicas de calidad que exige la Ley Universitaria.

Entre las diez deficiencias que detectó la Sunedu en esta institución, y que motivaron su denegatoria, se encuentra que el 90% de sus docentes no realizaba labores a tiempo completo, pese a que la norma exige un mínimo del 25%. Estos profesionales eran contratados para dictar cursos sin considerar un proceso meritocrático y público.

Según la Resolución 034-2020, otro problema es que los procesos de admisión y la asignación de vacantes no estaban regulados, incluso se creaban modalidades extraordinarias de ingreso sin criterios normativos y técnicos. Además, la universidad no pudo probar la titularidad de su filial Arequipa, el 25% de estudiantes no tenían acceso a laboratorios, talleres, equipamiento, y el 70% no contaba con mecanismos de inserción laboral.

La Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez recibió una multa de 31,6 UIT porque no transparentó el uso de sus excedentes el año 2015; y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia (Indecopi) le impuso 23 multas, entre el 2016 y el 2019, por vulnerar las normas de protección al consumidor.

La Universidad Néstor Cáceres Velásquez incumplió todas las condiciones básicas de calidad".

Otro de los centros que se verá favorecido es la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote (Uladech), una institución que tiene a sus principales exdirectivos investigados en la Fiscalía Especializada Contra el Crimen Organizado de El Santa, por conformar una presunta organización criminal para apropiarse de los recursos de la universidad.

Según el acta fiscal, el exrector Julio Domínguez Granda y otros de sus colaboradores son acusados de los delitos de organización criminal, fraude en la administración de personas jurídicas y lavado de activos. En abril pasado se amplió por 24 meses las investigaciones porque el caso se declaró complejo.

Entre los factores para denegar el licenciamiento, la Sunedu encontró que la universidad no contaba con acceso y disponibilidad continua de agua potable en 9 de sus 13 locales. Tampoco contaba con una política de investigación académica, ni implementos de seguridad en sus laboratorios, y carecía de una bolsa de trabajo que permita el acceso de sus estudiantes a ofertas laborales.

El actual rector, Juan Rodríguez Ruiz, ya había comunicado la intención de su universidad de volverse a presentar al proceso de evaluación y licenciamiento, como lo permite el artículo 3 del reglamento de Sunedu a las instituciones canceladas o denegadas, sin embargo, el dictamen del Congreso les allana el camino.

COBROS IRREGULARES.La fiscalía investiga al exrector Julio Domínguez por un esquema de millonarios sueldos y bonificaciones en la institución. En esta acta se da cuenta del pago que S/500 mil que iba a recibir, pero fue anulado.

Composición: OjoPúblico

La tercera es la Universidad Científica del Perú (UCP), que brindaba servicios educativos a 5.802 estudiantes en Loreto, sin cumplir con ninguno de los estándares de calidad de la Sunedu. Según el expediente 066-2020, la superintendencia detectó que la institución no contaba con sostenibilidad financiera para seguir operando. Había inconsistencias en la asignación de su presupuesto y en la normativa que permite la titulación de sus estudiantes. Ni siquiera tenían certeza de la situación académica de sus matriculados.

“No evidenció contar con espacios adecuados, donde se garantice la continuidad y disponibilidad del servicio educativo, incluyendo el desarrollo de las prácticas en los programas de ingeniería (...) No existen mecanismos que aseguren la mejora permanente de sus docentes (...)  No se demostró la realización de prácticas preprofesionales y profesionales por parte de los estudiantes y egresados de la filial Tarapoto”, añade el informe.

El dictamen aprobado por el Congreso también aplica a la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV), institución que tiene como fecha de cierre definitivo el 3 de marzo de 2023 porque no aprobó ninguno de los parámetros de calidad exigidos para sus 16.650 estudiantes. La superintendencia confirmó problemas de infraestructura, planes de estudio inadecuados, proyectos de investigación inconclusos y ausencia de vínculo laboral en el 40% de sus docentes. 

Lo principal, sin embargo, fue que la UIGV “carece de la sostenibilidad financiera necesaria” para garantizar la continuidad de labores de enseñanza. “La Sunedu ha concluido que la universidad se encuentra en un escenario de resultados negativos continuos y deterioro sostenido de sus activos. Adicionalmente, presenta riesgos en la gestión administrativa y financiera (...)”, se lee en el informe de la superintendencia.

DENUNCIA. La Sunedu presentó dos denuncias penales contra el exrector de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV) por fraude, lavado de activos y otros delitos.

Foto: Andina.

La UIGV tiene un largo historial de incumplimientos a la normativa educativa. Fue multada por la Sunedu con S/1,2 millones por emitir títulos profesionales a bachilleres egresados de otras universidades, y desde junio de 2020 se encuentra sometida a un procedimiento sancionador en la misma superintendencia por no suspender en sus funciones como rector a Luis Cervantes Liñán. Esto luego de comprobar que la universidad autorizó el uso indebido de sus activos, con fines distintos a los educativos, por un monto superior a los S/77 millones.

“La procuraduría pública de la Sunedu ha presentado dos denuncias penales contra el exrector Cervantes Liñán: una por los delitos de fraude en la administración de personas jurídicas, omisión de actos funcionales, lavado de activos; y otra por usurpación de funciones, ya que pese a haber cesado su reconocimiento en la Sunedu como rector, siguió desempeñándose en sus funciones como tal”, señala la superintendencia en un comunicado de febrero. El caso penal sigue en curso.

El negocio educativo

El economista y especialista en educación, Hugo Ñopo, señala que el Congreso ha sustentado su dictamen como si fuera una segunda oportunidad para estas universidades, sin embargo, el proceso de licenciamiento ya cuenta con opciones e instancias para subsanar y aprobar los requisitos de calidad. “Si no lo lograron en todo ese tiempo, pues es señal de fallas clamorosas. No son errores subsanables, sino fallas estructurales. Cuando una universidad tiene parámetros tan bajos, el servicio que ofrecen es una estafa”, agrega.

El también investigador de Grade indica que estos dictámenes han logrado consenso en partidos opuestos, pues los une un interés común: el poder económico y político que está detrás de la educación. "Los extremos se juntan porque hay algo más poderoso que sus convicciones. El negocio educativo es enorme, puede representar poco más del 1% del PBI por año, y es altamente rentable por su masividad (...) Para algunos, tener una universidad es un trampolín para opciones políticas y partidarias".

Hugo Ñopo señala que los errores de estas universidades son estructurales y no subsanables".

Lea Sulmont, educadora y exintegrante del Consejo Nacional de Educación (CNE), señala que, de aprobarse en el Pleno ambos dictámenes, se cortará el proceso de reforma que se inició en 2014, cuando se aprobó la Ley Universitaria. Además, sería una burla para todas las instituciones educativas que se esforzaron por cumplir los requisitos y plazos de calidad fijados en la norma.

"Estas universidades ya tuvieron sus segundas oportunidades, el reglamento lo permite, y ni siquiera así lograron el licenciamiento. Los más perjudicados son los estudiantes, pues ya hay un plan de traslado y reubicación que se ha estado ejecutando. ¿Alguno volvería a una entidad sin acreditación y que no puede realizar procesos de admisión? No se puede hacer comercio con la educación", añade.

La Comisión de Educación aprobó estos dictámenes sin tener en cuenta las observaciones enviadas por el CNE y la Defensoría del Pueblo y la Dirección General de Educación del Minedu. Por su parte, la Sunedu, emitió un comunicado en el que advierte que los textos sustitutorios de los proyectos de ley contienen errores y omisiones que vulneran dos sentencias que emitió el Tribunal Constitucional contra el modelo previo a la reforma y la constitucionalidad de la Ley Universitaria.