Este viernes por la noche, en la última sesión de la primera legislatura, el Legislativo aprobó —con 72 votos a favor y 40 en contra— el informe de la Comisión de Fiscalización que recomienda acusar constitucionalmente al presidente Pedro Castillo Terrones por presuntamente liderar una organización criminal así como los delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible o aprovechamiento indebido en el cargo.

Ahora, el informe será derivado a la fiscalía y, si se presenta una denuncia constitucional, también será revisado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por Rosio Torres Salinas (Alianza para el Progreso).

Las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Renovación Popular, Somos Perú y congresistas no agrupados votaron en bloque a favor del informe. Mientras que hubo un voto dividido en Acción Popular y Podemos Perú. En contra del informe estuvieron las bancadas de Perú Libre, el Bloque Magisterial, Perú Democrático, Cambio Democrático y Perú Bicentenario. 

Según las conclusiones del informe de la Comisión de Fiscalización, el mandatario Pedro Castillo, el exsecretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco; el exministro Juan Silva —hoy prófugo—, y los empresarios Zamir Villaverde y Karelim López estuvieron vinculados en la coordinación de posibles direccionamientos en las licitaciones públicas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

El documento detalla, además, presuntos hechos irregulares en los casos denominados “Casa Sarratea y SBN”, “Puente Tarata III”, “Injerencias en ascensos en las Fuerzas Armadas”, “Injerencias ante el superintendente de la Sunat” y “El hallazgo de 20 mil dólares en Palacio de Gobierno”. 

El pasado 13 de julio, la fiscal de la nación, Patricia Benavides Vargas, también dispuso investigar de forma preliminar a Pedro Castillo por presunto tráfico de influencias en la designación de oficiales de su entorno en las Fuerzas Armadas. El mismo día, la primera dama, Lilia Paredes Navarro, acudió a la Comisión de Fiscalización luego de ser cuestionada por la difusión de un vídeo donde se le escucha a su hermana, Yenifer Paredes, ofrecer una obra pública en Chadín (Cajamarca). Pese a dicha visita al grupo legislativo, y por recomendación de su abogado, Paredes Navarro guardó silencio ante todas las preguntas realizadas por los congresistas.