Actualización: 07 de febrero del 2022 a las 10:45 am. 

El último 1 de febrero, el Pleno del Congreso de la República aprobó con 69 votos a favor, 39 en contra y 2 abstenciones, un dictamen que reduce la autonomía y funciones de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). La norma tiene su origen en tres proyectos de ley presentados el año pasado por las bancadas de Renovación Popular y Perú Libre. Ahora, el Legislativo tiene siete días para la segunda votación de una ley que debilita la reforma universitaria. La presidenta del Congreso, Maricarmen Alva, anunció el último dos de febrero la ampliación de la legislatura hasta el 28 de febrero.

La votación ocurrió horas previas a la juramentación del nuevo gabinete de Pedro Castillo, presidido por Héctor Valer Pinto y cuyo titular en Educación, Rosendo Serna Román, se mantuvo en el cargo.  

Fuentes de la Sunedu indicaron a OjoPúblico que en los últimos meses, durante el debate del dictamen en la comisión de Educación, el superintendente Oswaldo Zegarra se reunió con el ratificado ministro Rosendo Serna para exponer la situación de esta entidad y los avances en la reforma universitaria. Sin embargo, a la fecha, el titular de Educación no ha tomado una posición de respaldo público al organismo supervisor. 

En una conferencia de prensa del último 7 de febrero, el jefe de la Sunedu, Oswaldo Zegarra, anunció que en caso este dictamen se convierta en ley acudirán al Tribunal Constitucional y presentarán una acción de amparo contra la medida aprobada la semana pasada en el pleno legislativo. 

Las bancadas de Fuerza Popular y Renovación Popular estuvieron a favor del dictamen en bloque, mientras que hubo un voto dividido en Acción Popular, Alianza para el Progreso, Perú Libre, Podemos Perú, Somos Perú y Avanza País. Los legisladores de Juntos por el Perú y el Partido Morado votaron en contra. Por su parte, los legisladores Jorge Coayla Juárez (Perú Libre) y Freddy Díaz Monago (APP) se abstuvieron de elegir una posición. Durante el debate, los congresistas que votaron por la aprobación de la norma indicaron que apoyaban la medida porque “restablece la autonomía universitaria".

Antes de que se realice la primera votación de la norma, la congresista Susel Paredes (Partido Morado) solicitó una cuestión previa para que el dictamen regrese a debate en las comisiones de Educación y a la de Constitución, pero el pedido fue rechazado por mayoría. Flor Pablo, también del Partido Morado y exministra de Educación, solicitó una reconsideración en el voto; sin embargo, el pleno del Congreso rechazó esta solicitud. 

Entre los principales cambios a la Ley Universitaria se encuentra la conformación de los miembros del Consejo Directivo de la Sunedu que tendrán un mandato de tres años y ya no de cinco años. La modificación también elimina la participación de profesionales elegidos por concurso público e incluye a representantes de universidades públicas, privadas y colegios profesionales. 

De ser promulgada la norma, habrá un plazo de 30 días para la designación de los nuevos miembros quienes, entre sus funciones, podrán elegir al superintendente de la Sunedu, cabeza de la institución. 

Actualmente, el Consejo Directivo de Sunedu es presidido por un superintendente elegido a propuesta del Ministerio de Educación, y es integrado por un representante del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), así como otros cinco ciudadanos, quienes son elegidos por concurso público. La ley aprobada otorga la designación de la mayoría de integrantes del Consejo Directivo ─cuatro de siete miembros─ a los colegios profesionales así como a las universidades públicas y privadas, que están bajo supervisión de Sunedu.

Jorge Mori Valenzuela, especialista en educación superior, señala que el fondo de esta ley es que se “tome control de la Sunedu” debido a que los representantes de las universidades y colegios profesionales van a opinar “de acuerdo a los intereses de sus representados”. Mori también señaló la importancia de que los miembros deben ser elegidos por concurso público para evitar que “las autoridades universitarias manejen la elección para los miembros del consejo directivo de la Sunedu”.

Desde su creación, en 2014, la labor supervisora de la Sunedu ha frenado la expansión de universidades sin las credenciales básicas de calidad educativa. Como parte de sus funciones, ha denegado la licencia a otras como la Universidad Privada Telesup, fundada por el actual congresista José Luna Gálvez, líder de Podemos. 

La ley aprobada también incluye, entre sus disposiciones complementarias, la reactivación del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace) para “garantizar la calidad educativa y la acreditación de las instituciones educativas del país”. Sin embargo, esta institución fue desactivada para dar paso a la Sunedu que, en la práctica, cumple dichas funciones. 

El investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y exministro de Educación, Ricardo Cuenca, considera que la medida  representa un retroceso en los avances de la reforma universitaria, la priorización de “intereses particulares sobre los nacionales” y un mensaje de inseguridad a las familias de que el Estado pueda garantizar “condiciones básicas de calidad para sus estudiantes”.

Meses antes de su aprobación en el Pleno, las iniciativas agrupadas en el dictamen fueron respaldadas por dos grupos de universidades. El primero partió de la AUF Perú, que congrega a siete universidades que no lograron el licenciamiento de Sunedu. Mientras que el segundo corresponde a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle que, a través de sus rectoras, en su momento se pronunciaron a favor de un proyecto de ley de Renovación Popular para volver a un mecanismo utilizado por la Asamblea Nacional de Rectores (ANR).