Actualización: 30 de mayo del 2022 a la 1:40 pm.

Esta tarde, el Pleno del Congreso aprobó, con 68 votos a favor, 39 en contra y 5 abstenciones, el dictamen que debilita las funciones e independencia de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu). La iniciativa elimina, entre otros puntos, la participación de profesionales elegidos por concurso público para integrar el Consejo Directivo de la Sunedu.  

El dictamen aprobado fue observado el pasado 30 de mayo por el presidente Pedro Castillo. Entre las razones expuestas, a través de un oficio enviado a la presidencia del Legislativo, se indica que deja del lado al Ministerio de Educación en la rectoría de la política de aseguramiento de la calidad de la educación universitaria y que también vulnera la autonomía universitaria. 

Como ocurrió en la primera votación del dictamen, realizada el 1 de febrero último, las bancadas de Fuerza Popular y Renovación Popular estuvieron a favor en bloque. También votaron a favor del dictamen la mayor parte de congresistas de Perú Libre y Acción Popular, mientras que hubo un voto dividido en Podemos Perú y Somos Perú. En cambio, más de la mitad de congresistas de Alianza para el Progreso y Avanza País votaron en contra del referido dictamen.

La iniciativa, pendiente de ser enviada al Poder Ejecutivo, se originó a partir de tres proyectos de ley impulsados por Acción Popular, Perú Libre y Renovación Popular a mediados de noviembre de 2021. Cuando se debatía en la Comisión de Educación, la propuesta legislativa presentada por Esdras Medina (Renovación Popular) recibió el apoyo de rectoras de universidades públicas y representantes de la Asociación de Universidades del Perú (ASUP), institución opositora a la Ley Universitaria y fundada por extitulares de la desaparecida Asamblea Nacional de Rectores (ANR).  

Además, previo a su discusión en el pleno, el dictamen generó un pronunciamiento de 17 abogados que respaldaron la propuesta que debilita a la Sunedu. Entre los firmantes se encontraba Antero Flores - Araoz, exrepresentante legal de la ANR y exprimer ministro en el breve régimen de Manuel Merino, así como Aníbal Quiroga León, abogado que sustentó el proyecto a pedido de la Comisión de Educación.  

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Polémicas modificaciones

Entre los principales cambios a la Ley Universitaria, el dictamen ha considerado reestructurar la conformación de los miembros del Consejo Directivo de la Sunedu, que tendrá un mandato de tres años y ya no de cinco. La modificación también elimina la participación de profesionales elegidos por concurso público e incluye a representantes de universidades públicas, privadas y colegios profesionales. 

Sin embargo, en ninguna parte de la iniciativa se especifica cómo se elegirá a estos miembros del Consejo Directivo. Tampoco hay referencias sobre el proceso que se llevará al interior de los colegios profesionales ni se indica si habrá gastos operativos necesarios para realizar esas elecciones, requisitos para postular o la forma en que se evaluarán los mismos.  

La única certeza es que la mayoría de miembros del Consejo Directivo (cuatro de siete) responderá a una elección política previa y serán responsables de elegir al nuevo superintendente de la Sunedu. De ser promulgada la norma, habrá un plazo de 30 días para la designación de los nuevos integrantes. 

Con la Ley Universitaria vigente, el Consejo Directivo de Sunedu es presidido por un superintendente elegido a propuesta del Ministerio de Educación, y es integrado por un representante del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), así como otros cinco ciudadanos seleccionados por concurso público. 

El excongresista y expresidente de la Comisión de Educación, Daniel Mora Zevallos, señaló a OjoPúblico que la eventual promulgación del dictamen generará un retorno a la etapa de la Asamblea Nacional de Rectores. “No puedes ser juez y parte. Cuando le toque a una universidad pasar la supervisión de calidad [educativa], ¿el rector votará en contra? Eso es imposible”, expresó quien fuera el impulsor de la Ley Universitaria. 

Además de los cambios en el Consejo Directivo, la iniciativa elimina la facultad para que la Sunedu apruebe o deniegue las solicitudes de licenciamiento de nuevas carreras o programas profesionales. Es decir, las propias universidades podrán realizar este proceso sin ninguna supervisión del sector. 

Entre sus disposiciones complementarias, el dictamen aprobado también incluye la reactivación del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace) para “garantizar la calidad educativa y la acreditación de las instituciones educativas del país”. Con la ley vigente, desde julio de 2014, este organismo se encontraba en reestructuración mientras las universidades realizaban sus procesos de licenciamiento.