El Congreso concluyó este sábado 15 de junio la última legislatura del periodo 2023-2024 con la aprobación de polémicos proyectos —tanto en primera votación en el Pleno, como en comisiones ordinarias— y entre pronunciamientos e invocaciones de entidades estatales, organizaciones internacionales y gremios empresariales para respetar la institucionalidad, la democracia y la separación de poderes.

Para su última semana, el Legislativo programó cinco sesiones plenarias consecutivas, en las que agendó proyectos que afectan el estado de derecho, la economía y la educación, además de las interpelaciones a los ministros de Energía y Minas, Rómulo Mucho, y de Economía y Finanzas, José Arista.

Pero antes, en la semana previa, el debate de algunas iniciativas ya se iba alistando. El 6 de junio, el Pleno aprobó en primera votación el proyecto de ley que propone limitar los tratados internacionales para prescribir delitos de lesa humanidad. 

Esta iniciativa legislativa es una de las que más controversia ha generado en el país y en el exterior, debido a las consecuencias que tendría para cientos de víctimas al aplicarse. La propuesta todavía tendrá que ser sometida a segunda votación.

La Corte IDH, al tomar conocimiento de la grave situación, requirió al Estado peruano suspender el trámite de este proyecto, a fin de garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de los casos La Cantuta y Barrios Altos, quienes habían solicitado medidas provisionales. La instancia internacional hizo este pedido a través de una resolución, en la que también convocó a una audiencia pública para el próximo 17 de junio.

El Congreso aprobó, en primera votación, un proyecto de ley que prescribe delitos de lesa humanidad cometidos entre 1980 y 2000.

Asimismo, la Junta de Fiscales Supremos, del Ministerio Público, rechazó de igual manera esta iniciativa legislativa y alertó que, de aprobarse en segunda votación, alrededor de 600 casos, que abordan delitos de lesa humanidad, quedarían prescritos y se afectarían a 550 víctimas y sus familiares. Además, impactaría incluso en casos que ya han obtenido sentencia.

La Fiscalía recordó que algunos casos sobre los que podría tener efecto esta ley son Chuschi, El Frontón, Huancapi, Cantuta-Pativilca, Madre Mía, Putis, Mamérita Mestanza, Sobres Bomba, Castro Castro y Accomarca. En ese sentido, el expresidente Alberto Fujimori es uno de los que se vería beneficiado en el proceso que se sigue por la masacre de seis campesinos en Pativilca, que todavía está en curso. 

CONTUNDENTE. Los Fiscales Supremos pidieron al Ejecutivo cumplir con sus funciones de control de legalidad al recibir proyectos de ley para su promulgación.

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En tanto, el 5 de junio, la Comisión de Constitución del Congreso, presidida por la congresista Martha Moyano (Fuerza Popular), aprobó el dictamen del proyecto de ley que busca eliminar a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y crear, en su lugar, la Escuela Nacional de la Magistratura. 

Ese mismo día, la Comisión de Relaciones Exteriores, presidida por el congresista Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular), también aprobó una iniciativa para regular y fiscalizar a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). 

Si bien ambos proyectos han quedado a la espera de debate en el Pleno, generaron pronunciamientos de rechazo por parte de instituciones del sistema de justicia e incluso de organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y de embajadas.

Ya durante las sesiones plenarias de la última semana, entre los proyectos que se aprobaron se encuentra el que permite el nombramiento automático sin concurso de docentes de colegios públicos que tengan más de tres años como contratados. Con ello, la meritocracia en la educación queda debilitada.

El Pleno también aprobó, en primera votación, un nuevo beneficio fiscal, pese al crítico momento que enfrenta la economía peruana con la recaudación tributaria a la baja. La propuesta reduce el IGV a las peluquerías a una tasa de 8%. Las pérdidas para el Estado se estiman en S/17 millones al año. 

Esta no es la primera vez que el Legislativo aprueba una medida de este tipo. En lo que va del actual periodo parlamentario 2021-2026, se han aprobado seis leyes que reducen los ingresos tributarios y que dejan a la Sunat sin recaudación.

Para las próximas semanas, el Pleno aprobó otorgarle a la Comisión Permanente del Congreso las facultades para legislar hasta el 19 de julio, por lo que este grupo conformado por 30 integrantes podrá debatir y decidir sobre los proyectos pendientes, con excepción de los que configuran una reforma constitucional.

La Comisión Permanente sesionará durante las próximas semanas con facultades legislativas.

Para la exministra de Justicia, Ana Neyra, se necesita estar “alerta” respecto a lo que esta comisión vaya a debatir. Según remarcó, este grupo puede ver propuestas de leyes ordinarias, como la de los delitos de lesa humanidad, pero no reformas constitucionales ni leyes orgánicas.

“El Congreso tiene habilitada la posibilidad de aprobar la ley sobre crímenes de lesa humanidad en este periodo. Tal vez lo que han querido es no hacerlo en el contexto de la legislatura, porque eso generaba más alertas y lo hacía más visible, pero van a esperar este periodo, en el que a veces les perdemos la pista, para aprobar la norma”, recalcó.

Los proyectos cuestionados

La propuesta legislativa sobre los delitos de lesa humanidad fue tramitada de manera exprés en la Comisión de Constitución en febrero de este año. Luego de poco más de un mes de haber sido presentada, y solo con tres sesiones de por medio, se aprobó el dictamen en el grupo de trabajo y quedó listo para su debate en el Pleno, donde la semana pasada fue aprobado con 60 votos a favor. 

Según la iniciativa, el criterio que señala, en tratados internacionales, que los delitos de lesa humanidad no prescriben solo debe regir sobre hechos cometidos después del 1 de julio de 2002. Es decir, excluye todos los crímenes y graves violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la época del conflicto armado interno (1980-2000). 

Esta medida ocasionaría una grave situación de impunidad y se afectarían casos que han implicado crímenes y afectaciones a grupos vulnerables como mujeres, niños y niñas, tal como lo ha señalado el Subsistema Especializado en Derechos Humanos e Interculturalidad del Ministerio Público. 

Otro de los proyectos cuestionados por el menoscabo al sistema de justicia es el que busca desaparecer a la JNJ. Sobre esta propuesta, expresaron su rechazo público la Junta de Fiscales Supremos, la Academia de la Magistratura y el mismo organismo judicial. Además, de manera similar se pronunciaron en un comunicado conjunto el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La iniciativa plantea que la Escuela Nacional de la Magistratura sea el único órgano encargado de nombrar y seleccionar a jueces y fiscales, así como la capacitación de los funcionarios. Además, que la designación y remoción de los jefes de los organismos electorales —como ONPE y Reniec— esté a cargo del Senado.

El proyecto de ley para prescribir delitos de lesa humanidad se aprobó de manera exprés en la Comisión de Constitución. 

Por otro lado, la propuesta sobre las ONG pretende que la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) —entidad adscrita a la Cancillería— supervise que estas organizaciones usen sus recursos financieros correctamente y que se elabore un registro de aquellas que, según sus criterios, realicen activismo político. La agencia podrá incluso aplicar sanciones.

Esto generó la respuesta de embajadas de 16 países, que expresaron su preocupación por la medida que está pendiente de votación en el Pleno del Congreso y que podría ser aprobada por la Comisión Permanente en los próximos días, según las facultades concedidas en la última sesión plenaria del Legislativo.

El pronunciamiento conjunto de las misiones extranjeras expresa que “las democracias son más inclusivas, equitativas, estables y prósperas cuando la sociedad civil está plenamente empoderada para proteger los derechos humanos”, y este proyecto restringiría esa capacidad. 

El senador estadounidense Ben Cardin, presidente del Comité de Relaciones Exteriores, también mostró su desconcierto y comparó la situación peruana con Rusia y Nicaragua, donde también rigen normas que registren la sociedad civil. El alto funcionario instó a nuestro país a “priorizar los valores democráticos compartidos”.

CUESTIONAMIENTO. Marisol Pérez Tello, abogada y fundadora de Lo Justo dice en esta entrevista que el Congreso a través de sus proyectos le está entregando el país al crimen organizado.

Otra iniciativa que también generó controversia, incluso al interior del propio Congreso, es la que plantea que las personas que hayan sido sentenciadas por ciertos delitos no puedan postular en elecciones. Inicialmente, se había considerado homicidio, colusión, peculado, corrupción de funcionarios, entre otros. Pero esto se modificó.

Tras un intenso debate en el Pleno y ante la falta de consenso, el proyecto finalmente regresó a la Comisión de Constitución. El dictamen que, en un inicio, se había aprobado en ese grupo de trabajo comprendía once delitos.  Sin embargo, durante la sesión, la presidenta de la comisión, Martha Moyano, expuso un nuevo texto sustitutorio, que dejaba de lado seis delitos, entre ellos, el de homicidio, violencia de la libertad sexual y corrupción de funcionarios.

Pero el Congreso ha venido aprobando proyectos y dictámenes que socavan la democracia y el sistema de justicia a lo largo de la legislatura. En marzo, se aprobó en la Comisión de Constitución, la iniciativa legislativa que elimina los movimientos regionales. Este dictamen quedó pendiente de votación en el Pleno y no podrá ser visto por la Comisión Permanente, porque implica una reforma constitucional, tal como lo explica el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi. 

En conversación con OjoPúblico, recalcó que la Comisión Permanente “solo puede ver leyes ordinarias y no leyes orgánicas”. Además, lamentó que, en esta legislatura que recién termina, no se haya respetado la Constitución “cuando establece que se aprueban proyectos de ley por naturaleza de las cosas y no por la diferencia de las personas”.

El proyecto de ley que busca eliminar la JNJ fue aprobado en comisión ordinaria y quedó pendiente de su debate en el Pleno.

En la sesión del Pleno del 10 de mayo, también se aprobó otro proyecto controversial: el que dispone excluir a los partidos políticos de responsabilidad penal. El dictamen final fue exonerado de segunda votación y, un mes después, fue promulgado por el Ejecutivo. 

Los riesgos a la institucionalidad democrática

Durante las últimas semanas, organizaciones y autoridades internacionales han expresado su preocupación por el debilitamiento de la democracia en nuestro país. El pasado 7 de junio, la CIDH emitió un comunicado en el que instó al Estado peruano a “demostrar su compromiso con los principios de la Carta Democrática Interamericana y sus obligaciones internacionales de derechos humanos”.

“El Congreso de la República debe, con urgencia, cesar en el uso discrecional e instrumentalizado de su actividad fiscalizadora y sancionatoria, y evitar adoptar reformas que amenacen la independencia y autonomía de los demás órganos estatales”, expresó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Además, expertos de la ONU se pronunciaron sobre el proyecto de ley que busca la prescripción de delitos de lesa humanidad, recordando que, sobre estos casos, la imprescriptibilidad “​​es una norma del derecho internacional consuetudinario, de la cual no se admite derogación alguna”.

También la organización internacional Human Rights Watch impulsó a los estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) a debatir en la próxima Asamblea General —que se realizará del 26 al 28 de junio en Paraguay— la situación de Perú y defender los sistemas democráticos. Sobre todo, “a instar públicamente a la presidenta Boluarte a que garantice el respeto por el Estado de derecho y la independencia judicial”.

En diálogo con OjoPúblico, la directora para las Américas de esta organización, Juanita Goebertus, consideró que los países miembros deberían “buscar caminos para evitar que estos proyectos de ley entren en vigencia”.

La CIDH y la ONU han expresado su preocupación por los proyectos que el Congreso viene impulsando en contra del estado de derecho.

Sobre el proyecto que busca regular las ONG, también señaló que el Perú estaría siguiendo el camino de Rusia y Nicaragua. “El ahogamiento financiero ha conducido en varios países al cierre de organizaciones de sociedad civil, reduciendo significativamente el escrutinio público y afectando gravemente la libertad de expresión y de asociación”, enfatizó.

A nivel nacional, la Asociación Civil Transparencia publicó un comunicado para alertar sobre las consecuencias perjudiciales para el país de los proyectos mencionados. “Nos sumamos a las múltiples y variadas voces que reclaman un freno al autoritarismo legislativo de un Congreso que no debate, no discute y gobierna de espaldas a la ciudadanía”, se lee en el pronunciamiento.

El constitucionalista Alejandro Rospigliosi señaló que el Tribunal Constitucional es la instancia que debe hacer prevalecer los contrapesos en el balance de poderes. “Ellos tienen que saber que estos cargos de alto nivel son efímeros y el país y mundo los van a recordar por las sentencias que firmen”, expresó.

Sobre los proyectos que el Congreso promueve, recordó que vivimos "en un mundo globalizado y Perú no es una isla". "Creo que el pronunciamiento de las embajadas es insólito. Los que conocemos el sistema diplomáticos sabemos que esto es grave", indicó.

Asimismo, seis de los gremios empresariales más importantes del país se unieron con un sindicato para pronunciarse en contra de otro proyecto del Congreso, aprobado en primera votación, que modifica la ley del crimen organizado. Entre otros alcances, esta iniciativa propone que los investigados y sus abogados sean notificados de los allanamientos a sus inmuebles, cuando actualmente estas diligencias se realizan de manera imprevista y su razón de ser es el factor sorpresa.

En el comunicado, no hubo ninguna referencia a la propuesta de prescripción de delitos de lesa humanidad que contraviene los tratados internacionales, que despertó las alarmas internacionales.

Para la exministra y abogada constitucionalista Ana Neyra, tras estos pronunciamientos, lo que vendrá en el corto plazo "es una época de resistencia desde ciertos sectores". "Tenemos una institución [el Congreso] que actúa de manera desbocada y que pone por escrito que ellos pueden hacer casi lo que quieran y nadie los controla, y ese es un panorama bastante aterrador. Pero cada vez más instituciones están reaccionando a eso, e incluso ponernos en el foco internacional va a ser importante en los próximos meses", destacó.

También sobre estos proyectos de ley que han motivado el debate público, la exministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, brindó una entrevista a OjoPúblico en la que advirtió que "el Congreso le está regalando el país al crimen organizado" y comparó la actual crisis política "con la dictadura fujimontesinista", al analizar la simpatía implícita entre el Ejecutivo y el Legislativo. La entrevista la encuentra en nuestro canal de YouTube y puede verla en este enlace.