Desde el 5 de abril de este año, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso tiene en sus manos una nueva denuncia constitucional contra los exfiscales supremos Pedro Chávarry Vallejos y Víctor Rodríguez Monteza por el presunto delito de organización criminal en el marco de la investigación del caso Los Cuellos Blancos del Puerto. OjoPúblico confirmó este proceso con información oficial entregada por el Parlamento a partir de un pedido de acceso a la información pública. 

Sin embargo, aunque ya han pasado tres meses de la recepción de la denuncia constitucional N°354 y cinco años de la investigación que expuso la corrupción en el sistema judicial peruano, la subcomisión del Congreso que preside Lady Camones (Alianza Para el Progreso) todavía no ha iniciado el proceso de calificación, debate, investigación y votación para proceder con esta denuncia. 

Trabajadores del despacho de Camones explicaron a este medio que la denuncia constitucional aún continúa en la etapa de “dar cuenta” a los congresistas. Es decir, para iniciar el proceso, la presidenta del grupo de trabajo, en este caso Lady Camones, debe primero informar formalmente a los integrantes de la subcomisión sobre la existencia de la denuncia. Sin embargo, en estos tres meses no ha iniciado este trámite esencial.

CORRUPCIÓN. La nueva denuncia por organización criminal contra exfiscales supremos es por sus presuntos vínculos con el caso Cuellos Blancos. 

Imagen: Congreso de la República.

El personal del despacho de la congresista Camones —que solicitaron no ser identificados— explicó a OjoPúblico que aún no han tramitado este proceso porque alegan que existen muchas denuncias pendientes. 

La presidenta de la subcomisión es la responsable de elegir el orden en el que se analizan los casos. OjoPúblico solicitó una entrevista con la congresista Lady Camones, pero desde su oficina, dijeron que, por ahora, no está dando declaraciones. Además, precisaron que la parlamentaria indicó que se tenía previsto dar cuenta de la denuncia contra los exfiscales supremos en la sesión programada para el último jueves 6 de julio. Sin embargo, esto no ocurrió. 

A tres meses de la presentación de la denuncia contra Chávarry y Rodríguez Monteza, la subcomisión no ha tratado el tema".

Fuentes del Ministerio Público informaron que la denuncia presentada el pasado 5 de abril por la actual fiscal de la nación, Patricia Benavides, está relacionada a una investigación que inició el fiscal supremo Pablo Sánchez en 2018, cuando éste era coordinador de las investigaciones relacionadas a altos funcionarios del caso Los Cuellos Blancos. 

Esta nueva denuncia constitucional —el Congreso anterior ha rechazado las denuncias anteriores contra estos y otros magistrados involucrados en el caso— contra Pedro Chávarry y Víctor Rodríguez Monteza, se sustenta en 33 folios de la carpeta fiscal 119-2018.

Dicha carpeta, de acuerdo a documentos a los que accedió OjoPúblico, fue abierta en setiembre de 2018 por el fiscal supremo Pablo Sánchez, a raíz de un informe elaborado por la fiscal Sandra Castro Castillo sobre los altos funcionarios presuntamente involucrados en la red de corrupción, entre ellos los exfiscales supremos Pedro Chávarry Vallejos, Tomás Gálvez Villegas y Víctor Rodríguez Monteza. 

El informe de Castro Castillo contiene un audio entre el exfiscal supremo Chávarry Vallejos –destituido por este caso por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) hace dos años– con César Hinostroza en el que se realizan coordinaciones para la solicitud de favores indebidos, e incluye también información entregada por colaboradores eficaces que señalan a los exfiscales supremos Rodríguez Monteza y Gálvez Villegas como presuntos integrantes de una red de corrupción. 

Chávarry y Rodríguez sin procesos

A cinco años del inicio de las investigaciones contra los principales involucrados en el caso Los Cuellos Blancos, como ha informado OjoPúblico en un reportaje anterior, los exfiscales supremos Pedro Chávarry Vallejos, Tomás Gálvez Villegas y Víctor Raúl Rodríguez Monteza no tienen ningún proceso formalizado. Esto debido a que el Congreso anterior y el actual archivaran todas las denuncias constitucionales previas por organización criminal presentadas en su contra.

En el caso de Chávarry Vallejos y Rodríguez Monteza —los dos exfiscales comprendidos en la nueva denuncia constitucional—, las primeras denuncias datan del 2018 y el 2019. Las mismas fueron presentadas por congresistas y por la Procuraduría Anticorrupción, por ser presuntos integrantes de una organización criminal incrustada en el sistema de justicia para favorecer a jueces y fiscales a cambio de favores particulares.

El Congreso anterior rechazó una serie de denuncias contra los entonces fiscales involucrados. Sin embargo, la JNJ sí inició un proceso y tanto Pedro Chávarry como Víctor Rodríguez fueron destituidos. 

Chávarry Vallejos, Gálvez Villegas y Rodríguez Monteza no cuentan con procesos formalizados por el caso Cuellos Blancos".

Otro de los exfiscales supremos implicados en el caso Cuellos Blancos es Tomás Gálvez Villegas; sin embargo, este no fue incluido en la nueva denuncia constitucional. En junio de 2022, el Congreso archivó una acusación por organización criminal presentada por la exfiscal de la nación Zoraida Ávalos. En 2021, la JNJ también lo destituyó tras la difusión de audios en el que realizaba coordinaciones con investigados por el caso Los Cuellos Blancos.

¿Cómo funciona la denuncia constitucional? 

Las denuncias constitucionales son evaluadas por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, adscrita a la Comisión Permanente del Congreso. 

Este grupo de trabajo es el encargado de analizar los juicios políticos, es decir la inhabilitación de la función pública por infracción constitucional, y el antejuicio político, un procedimiento por el cual se levanta la inmunidad de altos funcionarios públicos para que se inicie una investigación penal en su contra en el Ministerio Público.

De acuerdo al Reglamento del Congreso de la República, las acusaciones pueden ser presentadas por el fiscal de la nación, los congresistas y cualquier ciudadano. No obstante, en este último caso, solo será admitida si es asumida, posteriormente, por un parlamentario como suya.

En todos los casos, las denuncias ingresan en la Mesa de Parte del Parlamento y, de inmediato, este área las envía a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. 

El despacho de Camones afirmó que se daría cuenta de la nueva denuncia en la sesión del 6 de julio. Sin embargo, esto no ocurrió".

Cuando la denuncia pasa a la subcomisión, esta se encuentra a disposición del congresista que asume la presidencia. Este parlamentario es el encargado de incluir las acusaciones en la agenda de las sesiones. 

LADY CAMONES. La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y su equipo son los encargados de elegir el orden en el que se tratan las denuncias. 

Foto: Andina

Para que una denuncia inicie su proceso de revisión, el presidente debe dar cuenta de la misma a los otros congresistas que integran este grupo de trabajo. Luego, esta debe ser revisada por un equipo de abogados de la subcomisión, quienes deben determinar si contiene los requisitos estipulados en el Reglamento del Congreso. 

Luego de declarar admisible la denuncia, la subcomisión puede considerar acumularla con otras. Posteriormente, debe presentarla ante la Comisión Permanente del Congreso, para que esta la revise y otorgue el plazo que se tendrá para realizar la investigación y presentar el informe final del caso.

Según el Reglamento del Legislativo, el plazo no puede exceder los 15 días hábiles, aunque puede haber una prórroga, por única vez, y para casos acumulados. 

Una vez que este plazo está estipulado, la subcomisión tiene tres días hábiles para informar al denunciado sobre la acusación en su contra y, así, este pueda brindar sus descargos.

Después, viene la audiencia en la que se presentan las partes y, luego de cinco días, se realiza la presentación del informe final, a cargo de un congresista delegado. Tras esa exposición, se debate el informe y se realiza la votación.

Finalizado todo ese proceso, la decisión debe ser comunicada a la Comisión Permanente. En caso esta instancia ratifique el archivo, la denuncia queda en esa etapa. Pero, si procede, debe ser debatida y votada, nuevamente, en el Pleno.

En conversación con OjoPúblico, el exoficial del Congreso, José Élice, señaló que, actualmente, el proceso de una denuncia constitucional es muy extenso. En su opinión, esto se debe a que la idea del antejuicio político por parte de los congresistas está distorsionada.

“Está bien que exista una etapa de investigación. Pero, en el Perú, el proceso de acusación constitucional es casi un proceso judicial, es como si fuera un proceso penal y, en realidad, este es un antejuicio político. Aquí de lo que se trata es de examinar solamente si los actos de la denuncia tienen un contenido solamente político y no tiene ninguna vinculación con los hechos que configuran delito en el Código Penal”, explicó.

Además, indicó que debido al artículo 100 de la Constitución Política del Perú, la decisión del Congreso sobre las denuncias constitucionales no pueden ser modificadas por la Fiscalía. 

“El artículo 100 de la Constitución indica que el Ministerio Público no puede variar la decisión del Congreso en cuanto a la responsabilidad del procesado para acusarlo, tampoco el juez. Ese artículo debió ser modificado hace años porque sino qué sentido tiene que exista la Fiscalía”, cuestionó.