La crisis en el sistema de administración de justicia de Perú se ha agudizado tras la revelación del caso La Fiscal y su Cúpula de Poder —que involucra a la suspendida fiscal de la nación Patricia Benavides Vargas y 14 congresistas, entre otros políticos y funcionarios—, y el intento de remoción a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). 

En este contexto, OjoPúblico analizó 40 proyectos de ley presentados entre julio de 2021—es decir, desde la instalación del actual Congreso— hasta finales de febrero de este año referidos al Ministerio Público, la JNJ y el Poder Judicial. De ese total, al menos, 21 iniciativas pretenden modificar la forma de organización, la dirección y hasta el mecanismo de remoción de las principales autoridades de estas instituciones del sistema de justicia. 

De ese subtotal, siete se centran en el Ministerio Público, ocho en la JNJ y nueve en el Poder Judicial. Dos de esos proyectos son transversales: uno comprende tanto al Ministerio Público como al Poder Judicial, mientras que el otro considera a las tres entidades. 

La mayoría, de acuerdo al análisis de este medio, corresponden a iniciativas presentadas por la bancada de Acción Popular (5). Le siguen Alianza Para el Progreso (3) y Renovación Popular (3). Más atrás, se encuentran Perú Libre (2), Perú Bicentenario (2), Unidad y Diálogo (2) y no agrupados (2). Cierran la lista el Bloque Magisterial (1) y Cambio Democrático - Juntos Por el Perú (1).

Estos grupos parlamentarios cuentan con congresistas que han sido involucrados en el caso La Fiscal y su Cúpula de Poder. Asimismo, dos de los autores de los proyectos de ley analizados en este informe  —Alejandro Soto Reyes y Katy Ugarte Mamani— fueron incorporados en la investigación que dirige el despacho de la fiscal suprema Delia Espinoza Valenzuela.

 

Todas las propuestas que plantean este tipo de reformas se encuentran en trámite en el Legislativo. Del total, 19 están en análisis por parte de distintas comisiones, y otras dos ya se han incorporado a la agenda del Pleno.

“Lo que estamos presenciando son iniciativas nada consistentes, cada una con una lógica diferente, pero el denominador común es lograr la máxima injerencia dentro de estas instituciones [del sistema de justicia], para frenar las investigaciones que los afectan [a los congresistas]”, señaló el exdefensor del pueblo Walter Albán Peralta al ser consultado por el tema.

Son iniciativas que buscan lograr la máxima injerencia en las entidades del sistema de justicia para obtener impunidad", dice Walter Albán.

En la misma línea, el abogado y exprocurador anticorrupción César Azabache Caracciolo cuestionó que este Parlamento, con múltiples bancadas relacionadas al caso La Fiscal y su Cúpula de Poder, sea quien proponga cambios en la entidad que los investiga. 

“Este Congreso tiene problemas no resueltos con el caso Valkiria [operativo por presunta organización criminal liderada por la exfiscal de la nación Patricia Benavides] ¿Va a ser el Congreso el que modifique los términos en los que se maneja el Ministerio Público, entidad que investiga el caso Valkiria? Eso es repetir lo que hizo la señora [Patricia] Benavides, cuando removió a la fiscal [Bersabeth] Revilla, que investigaba a su hermana”, dijo Azabache Caracciolo.

INVESTIGADOS. Hasta ahora, 14 congresistas han sido incluidos en la carpeta fiscal que investiga el caso La Fiscal y su Cúpula de Poder. 

Foto: Andina

 

El pasado 1 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) brindó una audiencia pública respecto a las amenazas, presiones e influencias indebidas sobre una de las entidades analizadas en este informe: el Ministerio Público. 

En este contexto, el Instituto de Defensa Legal (IDL), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), solicitantes de la audiencia, señalaron que esta injerencia en la institución ha obstaculizado su funcionamiento y vulnerado su autonomía en los últimos años. 

Sin embargo, no solo el Congreso busca intervenir en las facultades de las entidades del sistema de justicia. En diciembre del año pasado, el Gobierno de Dina Boluarte promulgó el Decreto Legislativo N°1605, que le otorga facultades de investigación preliminar a los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP), restándole participación al Ministerio Público, entidad encargada de la persecución del delito. 

 

Ministerio Público: en la mira del Congreso y del Ejecutivo

El Ministerio Público vive una crisis institucional, agudizada por la revelación del caso La fiscal y su Cúpula de Poder. De acuerdo a la investigación, la suspendida fiscal de la nación Patricia Benavides lideraba una presunta organización criminal, junto a sus asesores de confianza, que negociaba con 14 parlamentarios para lograr objetos ilícitos. 

OjoPúblico encontró que en el Congreso hay, al menos, 15 proyectos de ley en trámite relacionados al Ministerio Público. De ellos, siete plantean su reorganización, modificaciones en los requisitos y procesos de elección de sus altas autoridades, así como en las atribuciones que tienen los fiscales. 

La mayoría fueron presentados por las bancadas de Alianza Para el Progreso (2) y Perú Libre (2). Le siguen Unidad y Diálogo (1), el Bloque Magisterial (1) y un parlamentario no agrupado (1).

 

En ese listado se encuentra el proyecto de ley 7139/2023, del congresista Segundo Montalvo Cubas (Perú Libre), que busca declarar en emergencia el Ministerio Público y la suspensión inmediata de los miembros actuales de la Junta de Fiscales Supremos. 

En su reemplazo, plantea la creación la Asamblea Nacional de Fiscales, conformada por fiscales superiores y provinciales titulares. Esta iniciativa fue presentada el pasado 28 de febrero y derivada a la Comisión de Constitución y Reglamento y al grupo de trabajo de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento.

En una línea similar, la semana pasada se conoció el borrador de una propuesta del congresista Jorge Montoya Manrique (Renovación Popular), que también plantea declarar en emergencia al Ministerio Público y remover a los fiscales supremos. 

El Congreso debatirá un proyecto que pretende reorganizar la Fiscalía, pese a que están siendo investigados por esta entidad".

Este documento aún no ha sido ingresado formalmente ante el Congreso, a diferencia del de Montalvo Cubas. No obstante, los congresistas Montoya Manrique y José Cueto Aservi han declarado públicamente que la iniciativa sigue en debate al interior del grupo parlamentario, por lo que no se descarta su pronta presentación. 

Tras conocerse este boceto, el fiscal de la nación interino, Juan Carlos Villena Campana, rechazó el intento de intervención en la entidad por parte de sectores políticos que “buscan paralizar las investigaciones contra altos funcionarios”. Villena Campana señaló, además, que la propuesta va contra los fiscales supremos, porque son ellos quienes llevan las investigaciones contra los funcionarios aforados. 

CONFLICTO. El congresista Segundo Montalvo presentó una iniciativa para suspender a los fiscales supremos, que actualmente investigan a altos funcionarios.

Foto: Andina

 

“No hay ningún interés por mejorar la entidad [Ministerio Público], más bien buscan controlarla, como ha venido sucediendo hasta ahora, y frenar las investigaciones contra quienes están hoy día representados en el Congreso”, señaló a OjoPúblico el exdefensor del pueblo Walter Albán Peralta. 

El segundo proyecto de ley de este tipo en trámite es el  Nº 3246/2022. El mismo propone que el fiscal de la nación y el presidente del Poder Judicial sean elegidos por el voto universal de los fiscales y jueces titulares en el ámbito nacional. A la fecha, el titular del Ministerio Público es elegido por la Junta de Fiscales Supremos, mientras que el presidente del Poder Judicial por los miembros de la Corte Suprema. 

La iniciativa legislativa fue presentada por María Taipe Coronado (Perú Libre), en octubre de 2022, y se encuentra en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. 

Una iniciativa propone que el fiscal de la nación y el presidente del Poder Judicial sean elegidos por todos los fiscales y jueces".

La propuesta N° 701/2021, del congresista Pasión Dávila Atanacio (Bloque Magisterial), en tanto, plantea que los magistrados del Poder Judicial, la JNJ y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), al igual que los fiscales del Ministerio Público tengan un vínculo de exclusividad con la entidad pública. 

De prosperar, los mismos no podrían realizar, por ejemplo, labores de docencia. Esta iniciativa fue presentada en noviembre de 2021, y también se encuentra en la Comisión de Justicia.

“Nosotros queremos que los funcionarios del sistema de justicia tengan exclusividad en su labor para el cual fue encomendado, ya que el permiso que tienen para la docencia, a veces, no les permite una dedicación exclusiva para responder en el cargo que tienen”, dijo el congresista Dávila Atanacio al ser consultado por OjoPúblico. 

En opinión de Aldo Vásquez Ríos, vicepresidente de la JNJ, el proyecto transgrede la relación que deben tener las altas autoridades con la sociedad a través del aspecto académico. “Además, podría verse como [un proyecto] discriminatorio, en el sentido de que solo contempla a algunas entidades, y deja entrever que en algunas entidades sí se podría permitir [la docencia] y en otro no”, dijo en conversación con este medio.

La cuarta propuesta es la  N° 6320/2023, de Katy Ugarte Mamani (Unidad y Diálogo), congresista investigada en el caso La Fiscal y su Cúpula de Poder, de acuerdo a información a la que accedió OjoPúblico. 

La parlamentaria propone modificar los requisitos para ser jefe de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público. De prosperar, solo podrá ser elegido en esta instancia quien no haya tenido relación laboral, civil y comercial con la Fiscalía. Además, una vez terminada su gestión de cinco años, no podrá volver a ocupar el puesto. 

INVESTIGADA. La congresista de Unidad y Diálogo, Katy Ugarte, ha sido incluida en la investigación del caso La Fiscal y su Cúpula de Poder.

Foto: Andina

 

Lo mismo regirá, de prosperar el documento presentado, para los fiscales de control de la ANC. El proyecto fue presentado en noviembre de 2023 y, en este momento, se encuentra en la Comisión de Constitución y Reglamento y en el grupo de trabajo de Justicia y Derechos Humanos. 

A estos se suma, la iniciativa N° 098/2021, presentada en agosto de 2021 por el congresista Alfredo Pariona (no agrupado), que faculta a los fiscales a presentar denuncias penales sin la declaración de la víctima. Para ello, se propone que esta puede ser reemplazada por vídeos o la declaración de policías o serenazgos que estén involucrados en los hechos. 

Asimismo, existen dos propuestas de ley que ya se encuentran en la agenda del Pleno. Se trata de la N° 4060/2022 y la N° 3967/2022. Ambas fueron presentadas por el actual presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes (Alianza Para el Progreso), quien también ha sido incorporado en la investigación del caso La Fiscal y su Cúpula de Poder.

La primera de estas iniciativas plantea modificar la Ley Orgánica del Ministerio Público para que sea el fiscal de la nación saliente el que tome juramento del entrante, y no el presidente de la República. La segunda, en simultáneo, busca derogar el artículo que autoriza al Ministerio de Justicia a hacer exhortaciones a los miembros del Ministerio Público.

INVESTIGADO. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, ha sido incorporado en la carpeta fiscal que investiga una presunta organización criminal en la Fiscalía. 

Foto: Andina

 

Este medio se comunicó con Jorge Montoya Manrique, Segundo Montalvo Cubas, Elizabeth Taipe Coronado, Katy Ugarte Mamani, Alfredo Pariona Sinche y Alejandro Soto Reyes para recoger las justificaciones de sus proyectos. Los equipos de prensa de Montoya Manrique y Taipe Coronado indicaron que no brindarían declaraciones. En tanto, el congresista Alfredo Pariona solicitó que se le llame en otro horario, pero no volvió a contestar. Los demás no contestaron las llamadas ni mensajes enviados. 

Los otros cinco proyectos de ley referidos al Ministerio Público que están en análisis en el Congreso plantean reformas en el presupuesto y los servicios que brinda la entidad. 

El Ministerio Público rechazó los proyectos de ley que buscan intervenir la institución".

En esa lista se encuentran, por ejemplo, la iniciativa N° 2959/2022, de Wilson Soto Palacios (Acción Popular), que plantea que el presupuesto del Ministerio Público no supere el 4% del Presupuesto General de la República o el N° 2776/2022, de Segundo Montalvo Cubas (Perú Libre), que plantea el uso del sistema biométrico de huella digital para controlar la asistencia del personal de la Fiscalía y el Poder Judicial.  

El Congreso no es el único poder del Estado que busca realizar cambios en las prerrogativas del Ministerio Público. El 21 de diciembre de 2023, el Gobierno de Dina Boluarte promulgó el Decreto Legislativo Nº 1605, bajo el argumento de fortalecer la investigación del delito y la intervención de la Policía y la Fiscalía.

Sin embargo, en la práctica, la norma le otorga facultades a la PNP para intervenir e iniciar investigaciones preliminares, así como solicitar documentos, equipos de telecomunicaciones, etc., sin presencia del fiscal. Esto, de acuerdo a diversos especialistas, puede generar detenciones arbitrarias e ilegales, así como transgredir el secreto de las comunicaciones o la contaminación de una escena criminal.

“Este decreto busca regresar a la modalidad que tuvimos entre los años 40 y principio de los 90, cuando la investigación estaba entregada a la PNP, sin fiscales. Y, por lo tanto, sin acceso a cosas tan básicas, como detener a personas por orden judicial u obtener órdenes de allanamiento”, explicó el abogado César Azabache Caracciolo.

POSICIÓN. El fiscal de la nación Juan Carlos Villena rechazó los proyectos de ley que buscan intervenir al Ministerio Público. 

Foto: Ministerio Público

 

En un comunicado del 27 de diciembre, la Junta de Fiscales Supremos informó que había decidido conformar una comisión institucional para evaluar el inicio de acciones legales. El órgano rector de la Fiscalía sostuvo que dicho decreto intenta someter a la entidad ante la PNP. Asimismo, cuestionaron que el Poder Ejecutivo no los haya convocado para recoger su opinión durante la elaboración del documento. 

Como se recuerda, la presidenta Dina Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, entre otros ministros, están comprendidos en las investigaciones por los 49 fallecidos y los múltiples heridos durante la represión policial y militar a las protestas realizadas entre finales de 2022 e inicios de 2023. 

OjoPúblico solicitó una entrevista con algún representante del Ministerio Público. Pero, hasta el cierre de este informe, no hubo confirmación por parte del área de prensa.

 

Cambios para la remoción de la JNJ

En el Congreso también hay otros ocho proyectos de ley en evaluación que atañen a la JNJ. Todos ellos se centran en modificaciones a los procesos de remoción de los miembros de este colegiado, encargado de nombrar, ratificar y sancionar a jueces y fiscales. 

La mayoría corresponde a las bancadas de Renovación Popular (2), Acción Popular (2) y Perú Bicentenario (2). Los restantes provienen de Cambio Democrático - Juntos Por el Perú (1) y Bloque Magisterial (1).

El pasado 26 de febrero, precisamente, la Comisión Permanente aprobó un informe final que recomienda la destitución e inhabilitación de todos los miembros de la JNJ por haber permitido la continuidad de la magistrada Inés Tello tras superar los 75 años. 

El próximo jueves el Pleno debatirá el informe que propone la destitución e inhabilitación de la JNJ".

El informe se votará el próximo 7 de marzo en el Pleno del Congreso, donde se requieren 67 votos para la destitución del colegiado, sin considerar los 30 votos de los integrantes de la Comisión Permanente. 

El año pasado ya se habían registrado dos intentos bajo la aplicación del artículo 157° de la Constitución, que faculta al Legislativo a remover a la JNJ por causa grave. 

El primero de ellos quedó paralizado luego de que el Poder Judicial le otorgara una medida cautelar al colegiado. Meses después, la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima anuló todo el proceso tras concluir que no existe norma que tipifique lo que implica causa grave. 

El segundo no fue votado en el último Pleno del 2023 debido a que la JNJ solicitó la reprogramación de la votación para realizar su defensa. 

 

En ese contexto, Alejandro Muñante Barrios (Renovación Popular) presentó el proyecto de ley N° 3894/2022, que plantea la reducción de votos de 87 a 78 para remover a los miembros de la JNJ bajo el artículo 157º de la Constitución. 

La Carta Magna establece como requisito para proceder con la remoción de la JNJ los dos tercios del número total de congresistas. Sin embargo, la iniciativa plantea reducirlo a tres quintos. 

El congresista Alejandro Muñante plantea reducir los votos de 87 a 67 para facilitar la remoción de los miembros de la JNJ".

El documento presentado por Muñante Barrios plantea lo mismo para la elección y remoción del defensor del pueblo y la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC). En este momento, la propuesta se encuentra en análisis en la Comisión de Constitución. 

“Reducir el número de votos, claramente, lo que busca es ejercer un control político directo sobre la JNJ, lo cual es inadmisible porque vulnera la autonomía de este órgano constitucional y afecta, además, la independencia del Poder judicial, del Ministerio Público, la ONPE y Reniec. Una JNJ políticamente controlada podría convertirse en un instrumento para afectar la independencia de esas instituciones”, dijo el actual vicepresidente de la JNJ, Aldo Vásquez Ríos, al ser consultado por este medio. 

INSISTENCIA. El congresista Alejandro Muñante presentó el año pasado una moción para destituir de forma inmediata a los miembros de la JNJ. 

Foto: Andina

 

La segunda iniciativa de este tipo fue presentada por el congresista Wilson Soto (Acción Popular). Se trata de la N° 5001/2022, que propone el cese inmediato de los miembros de la JNJ que cumplan 75 años. La misma ingresó en mayo del año pasado y, por el momento, está en la Comisión de Constitución. 

“Ese proyecto fue con nombre propio, para promover la salida de una integrante [Inés Tello] de la JNJ, que ya tenía más de 75 años cuando se presentó. Llama la atención la orientación de un proyecto porque, en el derecho, las normas se dictan por la naturaleza de las cosas y no por situaciones personales”, sostuvo Aldo Vásquez Ríos. 

En relación a la Comisión Especial que elige a los miembros de la JNJ, el parlamentario Alejandro Muñante Barrios (Renovación Popular) presentó la propuesta  N° 4890/2022. La misma plantea que, en caso de ausencia del defensor del pueblo, el presidente del TC sea quien presida dicha comisión. 

“El Congreso no quiere, de ninguna manera, ese control que ejercen las entidades autónomas. A través de estas modificaciones está pretendiendo someter a estas instituciones. Ya lo ha conseguido en el caso del TC y la Defensoría. Ahora pretende hacerlo con la JNJ y, más adelante, con las entidades del sistema electoral”, dijo el exdefensor del pueblo Walter Albán Peralta. 

Iniciativa del Congreso plantea el cese inmediato de los magistrados de la JNJ que cumplan los 75 años".

En paralelo, el congresista Wilson Soto Palacios (Acción Popular) presentó la propuesta N° 4477/2022. Esta plantea que los titulares de la JNJ, JNE, ONPE y Reniec sean incluidos en el listado de funcionarios que pueden ser sometidos a juicio y antejuicio político, establecido en el artículo 99 de la Constitución. 

No obstante, los miembros de la JNJ ya están incluidos en dicho artículo. La iniciativa fue derivada a la Comisión de Constitución del Parlamento. 

A estos se suma una quinta propuesta, la N° 6280/2023. La misma fue presentada por Elías Varas Meléndez (Perú Bicentenario) y plantea la tipificación de los hechos que deben ser considerados como causa grave para aplicar el artículo 157° de la Constitución, que faculta al Congreso a remover a los miembros de la JNJ. 

En este caso, el congresista propone como causa de remoción para los magistrados que se reúnan con postulantes a juez o fiscal, tanto en su proceso de nombramiento, como en los de ascenso o ratificación, con el objeto de obtener beneficios particulares o para terceros. 

CESE. El parlamentario Wilson Soto ha presentado una iniciativa para cesar a los miembros de la JNJ que cumplen 75 años.

Foto: Andina

 

Sobre ese mismo tema, la parlamentaria Nieves Limachi Quispe (Cambio Democrático - Juntos Por el Perú) presentó la iniciativa Nº 6246/2023. Esta también plantea una tipificación de lo que debería considerarse como causa grave para la destitución de la JNJ. 

Este último documento propone ocho causales de remoción. Entre ellas, reunirse con aspirantes a jueces o fiscales, titulares de la ONPE y Reniec; favorecer o perjudicar indebidamente a los postulantes; recibir condecoraciones que puedan comprometer su objetividad, y recibir agasajos o donaciones de aspirantes a jueces y fiscales, entre otros. 

El parlamentario Elías Varas Meléndez también presentó el proyecto  N° 6281/2023, que busca regular el cese de los miembros de la JNJ. Este plantea una reforma de la Constitución para que la interpretación del artículo 156 —que establece como requisito para ser miembros de la JNJ tener entre 45 a 75 años— sea para postular y no para cesar del cargo a los miembros. A la fecha, la propuesta se encuentra en la Comisión de Constitución.

El Congreso ya ha conseguido el TC y la Defensoría del Pueblo. Ahora va por la JNJ", dijo Walter Albán.

“Discutir las reformas de las diferentes entidades que conforman el sistema requiere un clima de equilibrio, sin esta tensión que produce, principalmente, el caso [de la suspendida fiscal de la nación Patricia] Benavides, y estas insistentes presiones contra la JNJ y las entidades del sistema electoral”, opinó el exprocurador anticorrupción César Azabache Caracciolo. 

Finalmente, está la propuesta Nº 701/2021, del congresista Pasión Dávila Atanacio (Bloque Magisterial). Esta comprende al Ministerio Público y al Poder Judicial, y fue detallada líneas arriba, en el listado de proyectos relacionados a la Fiscalía. 

OjoPúblico contactó a los congresistas Elías Varas Meléndez, Nieves Limachi Quispe, Wilson Soto Palacios y Alejandro Muñante Barrios. Solo en el caso de este último, su equipo de prensa indicó que, por la agenda recargada del parlamentario, no iba a poder brindar una entrevista. Los demás no contestaron hasta el cierre de este informe.

 

Las iniciativas contra el Poder Judicial

Los parlamentarios también han puesto en la mira al Poder Judicial. En el Legislativo existen 22 proyectos de ley referidos a este poder del Estado. De ese total, de acuerdo al análisis de OjoPúblico, al menos nueve están centrados en modificaciones en los procesos de elección y conformación de las altas autoridades de la entidad, como el presidente del Poder Judicial, la Corte Suprema y el Consejo Ejecutivo. 

La mayoría corresponden a la bancada de Acción Popular (3). Le siguen Renovación Popular (1), Unidad y Diálogo (1), Alianza Para el Progreso (1), Perú Libre (1), Bloque Magisterial (1) y un congresista no agrupado.

Entre estos destacan el Nº 2930/2022, presentado por Wilson Soto Palacios (Acción Popular). El mismo plantea que la elección del presidente del Poder Judicial se realice con la participación de todos los jueces titulares. Actualmente, la elección está a cargo de los miembros de la Corte Suprema. El documento fue presentado en agosto de 2022 y, por ahora, se encuentra en la Comisión de Justicia. 

Sobre ese mismo tema, la congresista Katy Ugarte Mamani (Unidad y Diálogo) presentó la propuesta  Nº 4951/2022. Esta plantea que el presidente del Poder Judicial pueda ser reelegido, pero por un período no consecutivo. 

 

Algo similar propone la iniciativa Nº 6917/2023, del parlamentario Darwin Espinoza Vargas (Acción Popular). Además de hacer referencia al permiso de la reelección, plantea que el período de gestión sea de cuatro años. Actualmente, el presidente del PJ es elegido por un periodo de dos años y no hay reelección. 

“Aquí no hay ningún horizonte de lo que se quiere diseñar, de cómo mejorar el sistema judicial, lo que hay son reacciones inmediatas, con intereses muy concretos, que tendrían como común denominador controlar el sistema de justicia y, así, lograr impunidad”, sentenció el abogado Walter Albán Peralta. 

En el Congreso existen proyectos que buscan reconformar la Corte Suprema y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial".

Por su parte, el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes (APP), presentó la propuesta Nº 4720/2022. La misma plantea que la Corte Suprema, máximo órgano del Poder Judicial, pase a estar conformada por 25 jueces supremos —en lugar de los 18 vocales supremos que existen a la fecha— para, así, crear nuevos órganos supremos de resolución. 

El documento, ingresado en abril de 2023, también propone que sean cuatro salas especializadas permanentes y la posibilidad de crear salas transitorias. Hasta ahora, la norma contempla tres salas especializadas permanentes y ninguna transitoria. La iniciativa está en análisis en la Comisión de Constitución y Reglamento y en la de Justicia y Derechos Humanos.

DIRECCIÓN. El congresista Darwin Espinoza plantea modificar el período de gestión del presidente del Poder Judicial y permitir su reelección. 

Foto: Andina

 

En tanto, el congresista Miguel Ciccia Vásquez (Renovación Popular) presentó la propuesta  Nº 6133/2023, que busca recomponer al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, órgano de administración de la institución. En este caso, el legislador propone incluir a un juez supremo titular, un juez superior titular de Lima y a un juez titular de paz letrado. Su proyecto ingresó en octubre de 2023 y es analizado por el grupo de trabajo de Justicia y Derechos Humanos.

En paralelo, el parlamentario Alfredo Pariona Sinche (no agrupado) plantea, a través de la iniciativa Nº 3025/2022, que el período del jefe de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Poder Judicial sea de tres años, y que se incorpore como requisito para su elección que no haya tenido ningún vínculo previo con la entidad. 

Los proyectos están alineados en una lógica de imaginación espontánea, sin fundamentos”, dijo César Azabache.

Lo mismo busca en el caso de los jueces de control de la ANC. Actualmente, la norma exige haber cesado de las funciones de juez cinco años antes de postular al cargo de jefe de esta instancia. En este caso, la propuesta data de setiembre de 2022 y se encuentra en la Comisión de Justicia.

“Es profundamente inoportuno entrar a discutir reformas [del sistema] de justicia sin conocer el estado de la cuestión, sin siquiera revisar el material que hay publicado [Política Pública de Reforma del Sistema de Justicia]. Los proyectos están alineados en una lógica de imaginación espontánea, sin referencia al estado de discusiones y sin fundamento”, dijo el abogado penalista César Azabache Caracciolo. 

ELECCIONES. La congresista María Taipe propone que el fiscal de la nación y el presidente del Poder Judicial sean elegidos por todos los fiscales y jueces titulares.

Foto: Congreso de la República

 

La séptima propuesta, también de Wilson Soto Palacios es la Nº 6776/2023. En la misma, el congresista plantea sancionar a los jueces que liberen a las personas vinculadas con casos de terrorismo, sicariato, extorsión, narcotráfico, lavado de activos, feminicidio, violación sexual u otros delitos graves. La propuesta ingresó en enero de este año y fue derivada a la Comisión de Justicia. 

Además, está el proyecto Nº 3246/2022, de la congresista María Taipe Coronado (Perú Libre), y el Nº 701/2021, del legislador Pasión Dávila Atanacio (Bloque Magisterial). En el primero está comprendido el Ministerio Público y el Poder Judicial, y fue mencionado en el segmento de los proyectos que involucran a la Fiscalía. 

En la segunda iniciativa, mientras tanto, están comprendidos el Ministerio Público, el Poder Judicial y la JNJ. Como en el caso anterior, fue detallado en el listado de propuestas relacionadas al Ministerio Público.

La lista se completa, finalmente, con otras 12 iniciativas que plantean reformas en las condiciones del personal y los servicios que ofrece el Poder Judicial. 

Entre ellas destacan, por ejemplo, la Nº 6633/2023, de Lady Camones (APP), que propone incorporar a los trabajadores jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial, que laboran a plazo indeterminado, al régimen laboral 728. Lo mismo, en el caso de la propuesta Nº 6539/2023, de Ruth Luque Ibarra (Cambio Democrático - Juntos Por el Perú), que se centra en la creación de juzgados especializados en materia ambiental. 

El exdefensor del Pueblo, Walter Alban Peralta, sostuvo que estos proyectos que buscan reformar las entidades del sistema de justicia se dan en medio de un estado de primacía del Parlamento, con respecto a los otros poderes del Estado.

“En el contexto en el que nos encontramos, con un creciente autoritarismo que se conduce desde quienes controlan hoy el Congreso, indistintamente de las banderas ideológicas o políticas que puedan declarar, están produciendo la politización de la justicia”, sentenció el exdefensor del pueblo Walter Alban Peralta.