Esta semana, la controvertida investigación contra los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), a cargo de la Comisión de Justicia del Congreso, ha encendido alarmas internacionales por el futuro de la democracia peruana. 

A contracorriente de las escasas reacciones en el país, el último jueves, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de las Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite; y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, mostraron su preocupación por las garantías al debido proceso en este caso. 

Los cuestionamientos sobre el tema, aunque no son nuevos, quedaron en evidencia tras una modificación radical del informe elaborado por el grupo de trabajo del Legislativo. Una versión preliminar, elaborada por el equipo técnico luego de 28 días hábiles de investigación, se presentó el miércoles 18 de octubre al mediodía. 

Constitucionalistas no coinciden en un solo escenario ante la posible remoción de los miembros de la JNJ".

La misma concluía que no existían faltas graves que ameriten la destitución de todos los integrantes de la JNJ, y proponía derivar dos acusaciones —la interpretación del límite de edad de un magistrado y el supuesto incumplimiento de entrega de los informes anuales al Congreso— a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Una instancia que debía analizar si estas constituían una vulneración a la Carta Magna.

Sin embargo, alrededor de seis horas después, la comisión presentó un nuevo texto que concluía lo contrario y recomendaba la destitución de todo el colegiado de la JNJ. Tras una hora de debate, la presidenta de la comisión autorizó la votación de otro informe con “cargo a redacción”, pues los miembros del grupo de trabajo volvieron a solicitar cambios de fondo en las conclusiones. Finalmente, a las 9 p.m. se aprobó la propuesta con 15 votos a favor.

Los cambios no solo fueron respaldados por Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular, con representantes que ya habían adelantado posición respecto a algunas de las acusaciones, sino también por legisladores de Perú Libre, bancada que preside el grupo de trabajo. Finalmente, el nuevo texto fue presentado a la Oficialía Mayor del Congreso el jueves 19 de octubre por la noche, casi un día después de vencido el plazo.

EN ESPERA. Pese a que el informe se aprobó de manera exprés, el Pleno no llegó a agendar la aprobación final del documento que recomienda la remoción de la JNJ.

Foto: Congreso de la República

 

La aprobación definitiva del informe final depende, ahora, de la cantidad de votos obtenidos en el Pleno del Legislativo. Se esperaba que el tema fuera abordado en la sesión del viernes pasado, de acuerdo a trascendidos. Sin embargo, hasta la noche del 20 de octubre, la mayoría de las bancadas no se habían reunido para analizar el informe final y tomar una posición conjunta. Además, en algunas de ellas —como Alianza Para el Progreso y Perú Libre— había posturas encontradas.

De ratificarse en el Pleno, los constitucionalistas discrepan de lo que podría suceder con la JNJ, debido a que no visualizan un único escenario. “No hay claridad, en este momento, de lo que pasaría con la JNJ y el Congreso tampoco lo ha definido”, señaló la abogada constitucionalista Ana Neyra. 

¿Cuáles son esos escenarios? ¿Qué se sabe de los entretelones en la Comisión de Justicia? ¿Por qué ha sido cuestionado el informe y qué se viene en los próximos días? Los detalles en este artículo.

 

Escenarios de la JNJ

 

Si las bancadas del Congreso logran consensos y se suman los votos de los dos tercios (87) de los parlamentarios, el informe final quedaría definitivamente aprobado. ¿Pero qué pasaría con los magistrados de la JNJ?

Para la abogada Ana Neyra, esto se definiría en el camino. Es decir, una vez que suceda, debido a que, hasta la fecha, el Parlamento no ha explicado con claridad los alcances de su eventual decisión. 

“No está regulado el procedimiento ni las consecuencias del artículo 157 de la Constitución [sobre la remoción de los miembros]. No está completamente claro el escenario y el Congreso tampoco lo ha dejado así. No lo sabemos, independientemente de lo que se vote en el Pleno”, señaló.

Si nos limitamos a la norma, la Ley Orgánica de la JNJ, que respalda su creación, fue publicada en febrero de 2019 y su reglamento, casi un año después. Este último documento contempla dos modalidades para que los magistrados sean retirados de sus funciones: por vacancia o por la decisión del Congreso de removerlos del cargo por “causa grave”. 

El reemplazo de los titulares de la JNJ en caso de remoción no está regulado, advierte la abogada Ana Neyra".

Sobre los suplentes, el reglamento solo indica tres escenarios en los que pueden reemplazar a los miembros titulares: vacancia, licencia por enfermedad y licencias aprobadas por el Pleno. La causal por remoción de los integrantes no está contemplada. 

Ante ello, la abogada Ana Neyra señala que las interpretaciones pueden ir por dos caminos: que se convoque a un nuevo concurso o que asuman los suplentes. 

“Lo que podrían decir es que, por analogía, se aplica [el ingreso de los suplentes] porque, en realidad, cuando pensamos en suplencia, pensamos en cualquier imposibilidad de los titulares de ejercer sus funciones. Otra interpretación podría ser que, como no está literalmente estipulado [la remoción], tendría que haber concurso”, explicó. 

En caso se opte por la suplencia, los abogados que asumirían en reemplazo de los actuales magistrados serían Abraham Siles Vallejos, Mónica Rosell Medina, Marco Tulio Falconi Picardo, Jaime de la Puente Parodi, María del Pilar Tello Leiva, Jorge Calderón Castillo y Jacinto Rodríguez Mendoza.

Si se da un nuevo concurso para la elección de miembros de la JNJ, el defensor del pueblo presidiría la comisión a cargo del proceso".

Otro de los puntos que, para Ana Neyra, tampoco ha quedado definido ante una eventual destitución, es quién debería determinar lo que pasaría con la JNJ. Aunque, a su consideración, debería ser la Comisión Especial encargada de la elección de los miembros, que preside el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, la que se encargue.

Para el abogado constitucionalista Erick Urbina, los nuevos miembros titulares de la JNJ deberán ser elegidos a través de un nuevo concurso. Este tendría que estar a cargo, como señala la norma, de la Comisión Especial. 

“Corresponde al órgano selector, que lo preside el defensor del pueblo, convocar al concurso público para encontrar a sus reemplazos. No funcionan los suplentes porque no está previsto [en la ley]. A mi juicio, el órgano selector tiene que nombrar nuevos magistrados”, indicó. 

Coincidentemente, el último viernes, el defensor del pueblo estuvo en las instalaciones del Congreso, aunque su asistencia no fue consignada en el registro de visitas, tal como ordena la Ley que regula la gestión de intereses en la función pública. 

Para Omar Cairo, el camino de la JNJ podría ser otro si sus miembros optan por desconocer la eventual decisión del Legislativo".

El alto funcionario acudió al despacho del segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón (Perú Libre). Ante las consultas de OjoPúblico sobre el porqué de su visita, se limitó a responder que se debía a la presentación de un proyecto de ley, que horas después se conoció que, entre otras cosas, guardaba relación con el proceso de selección de los miembros de la JNJ.

Para el abogado constitucionalista Omar Cairo, el camino de la JNJ podría ser otro si sus miembros optan por desconocer la decisión del Legislativo en caso aprueben definitivamente la destitución. Según consideró, el informe carece de validez al haberse terminado de redactar un día después de su aprobación. 

“Que se haga en base a ese informe [la remoción] no tiene valor. Si de facto los destituyen, esa decisión no merece obediencia. Lo que corresponde es no obedecer (...) Así como con Pedro Castillo cuando dio el golpe [de Estado y] nadie lo obedeció. Exactamente lo mismo”, dijo el especialista. 

Asimismo, existe jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que respalda la independencia judicial como unas bases del principio de separación de poderes en un estado democrático. También se pronuncia en contra de los ceses masivos de los magistrados sin sustento grave, pues lo consideran una vulneración a la democracia.

 

Informe exprés

 

En la noche del pasado 18 de setiembre, la Comisión de Justicia del Congreso aprobó un informe final —en ese momento “con cargo a redacción”— que recomienda la remoción de todos los miembros de la JNJ por, supuestamente, haber cometido faltas graves en el ejercicio de sus funciones. 

Al igual que en la elección del Tribunal Constitucional (TC) y la del defensor del pueblo, la alianza entre Perú Libre y el bloque de derecha (Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular y Acción Popular) definió la votación en una sesión impredecible. 

Solo unas horas antes, la presidenta del grupo de trabajo, Janet Rivas (Perú Libre), leyó un informe preliminar, elaborado por el equipo técnico de la comisión que lidera. En las antípodas del documento aprobado, este concluía que los miembros de la JNJ no habían cometido falta grave en ninguna de las acusaciones planteadas por la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos. 

No obstante, en los casos del límite de edad y el presunto incumplimiento de la entrega de informes anuales al Congreso, el documento preliminar recomendaba pasar los casos a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que, a partir de sus competencias, evalúe si las mismas constituían una vulneración a la Constitución. 

EXPRÉS. La Comisión de Justicia aprobó un texto “con cargo a redacción”. Es decir, los congresistas aprobaron el informe sin que haya terminado de ser redactado.

Foto: OjoPúblico / Abel Cárdenas

 

La presidenta de la comisión abrió el debate de ese informe preliminar pasado el mediodía y, tras ello, comenzaron los cuestionamientos. El primero en manifestarse fue el congresista de Fuerza Popular, Héctor Ventura, quien criticó las conclusiones e insistió con que la JNJ había cometido falta grave en dos casos: la interpretación del límite de edad para asumir el cargo y el pronunciamiento emitido por el colegiado en el contexto del juicio político contra la exfiscal Zoraida Ávalos. 

Le siguió el legislador de Perú Libre, Flavio Cruz, quien, para sorpresa de la presidenta de la comisión, solicitó que se pase a un cuarto intermedio —es decir, que se suspenda temporalmente el debate del tema— para que el grupo de trabajo evalúe la inclusión de dos hechos nuevos que involucran a la JNJ.

Estos estaban vinculados a los argumentos planteados en una denuncia constitucional presentada por el destituido fiscal supremo Tomas Gálvez Villegas y una moción de la congresista Patricia Chirinos que buscaba extender por siete días más la investigación.

En conversación con OjoPúblico, el congresista Cruz sostuvo que, a su juicio, el informe preliminar carecía de rigurosidad. Por este motivo y para que se incluyan las modificaciones planteadas por sus colegas de comisión —reconoció un día después— hizo el pedido.

El congresista Flavio Cruz (Perú Libre) fue quien solicitó el cuarto intermedio en el que se modificó el informe".

“Yo había invocado también la inclusión de la denuncia de Tomas Gálvez, de Patricia Chirinos, y el pedido de ampliación. Bueno, eso ya no se consideró, pero veía que no estaba bien desarrollado [el informe de su colega de bancada Janet Rivas]”, dijo.

Sin embargo, en dicha sesión, el parlamentario no tomó en cuenta que la moción de Chirinos debía ser aprobada, previamente, en el Pleno para llegar a la Comisión de Justicia. Y que ese tema ni siquiera había sido incluido en la agenda del miércoles. 

Tampoco que la comisión tenía el encargo de realizar una investigación sumaria sobre cinco acusaciones específicas, entre las que no figuraban los hechos denunciados por el exfiscal Tomas Gálvez Villegas, destituido por sus vínculos con el caso Cuellos Blancos. 

Posteriormente, también se pronunciaron los congresistas Alejandro Muñante y Gladys Echaiz (Renovación Popular); Martha Moyano, Héctor Ventura y Patricia Juárez (Fuerza Popular); Americo Gonza (Perú Libre); Adriana Tudela (Avanza País), y Luis Aragón (Acción Popular), entre otros.

La votación se realizó con el informe a 'encargo de redacción'. Especialistas señalan que esto es una irregularidad".

Entre los argumentos más frecuentes, destacó el supuesto incumplimiento en la presentación de los informes anuales al Congreso por parte de la JNJ. Un tema que, según especialistas, depende de una citación a cargo del Pleno, que no se concretó. 

Asimismo, al menos seis legisladores insistieron en que el límite de edad para ser miembro de la JNJ es de 75 años y que, por lo tanto, el colegiado había cometido una falta grave al mantener en el cargo a la magistrada Inés Tello. Esto, aunque existe evidencia de que los propios integrantes de la comisión de elección de la JNJ avalaron su designación hasta la culminación del período. 

En este grupo destacó, por ejemplo, la congresista Adriana Tudela (Avanza País). “La edad estaba preestablecida en la Constitución cuando la señora Tello postuló a la JNJ”, argumentó. 

En tanto, los congresistas Gladys Echaíz y Alejandro Muñante insistieron con que se considere el pronunciamiento en defensa de la independencia judicial como una causa grave en el ejercicio de las funciones de la JNJ. No obstante, en análisis de abogados constitucionalistas y en derecho internacional, el comunicado no implica una injerencia a las prerrogativas del Congreso, pues buscaba la reflexión y no demandaba una exigencia.

El informe final de la Comisión de Justicia fue presentado oficialmente un día después de haber sido aprobado".

Así, tras múltiples intervenciones, se acordó iniciar un cuarto intermedio en el que se elaboraría un nuevo informe que comprenda dichas demandas. En esta instancia, que duró casi seis horas, el equipo técnico y la presidenta de la comisión modificaron radicalmente su informe inicial. A las 8 p.m., finalmente, presentaron un nuevo texto en la comisión. 

El mismo sostenía que la JNJ había cometido falta grave en dos temas: la supuesta interpretación del límite de edad de la magistrada Inés Tello y el presunto inclumplimiento en la entrega de los informes anuales al Congreso. Ambos habían sido descartados en el primer informe.

A pesar del notorio giro en las conclusiones, la mayoría de los integrantes de la comisión no se mostró satisfecha. En este contexto, Martha Moyano (Fuerza Popular) solicitó que también se considere como falta grave el pronunciamiento emitido por la JNJ en defensa de la independencia de los jueces durante el juicio político contra la exfiscal suprema, Zoraida Avalos. 

Este último pedido también fue autorizado por la presidenta de la comisión y se pasó a votación. En la misma, el nuevo informe con “cargo a redacción” tuvo el respaldo de 15 parlamentarios del grupo de trabajo. 

 

Los miembros de la comisión de las bancadas de Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, Acción Popular, Perú Bicentenario, Unidad y Diálogo, Alianza Para el Progreso votaron en bloque a favor de la propuesta. Lo mismo hizo la no agrupada, Maricarmen Alva. 

En el caso de Perú Libre, de los tres congresistas que conforman la comisión, dos votaron a favor, y la presidenta del grupo de trabajo, Janet Rivas, se abstuvo. La misma posición tomó Heidy Juárez, de Podemos. 

De otro lado, solo tres congresistas se opusieron: Pasión Dávila (Bloque Magisterial) y las legisladoras Ruth Luque y Nieves Limachi (Cambio Democrático). Estas últimas presentaron un informe en minoría que sostiene que los miembros de la JNJ no cometieron falta grave en ninguna de las acusaciones formuladas por la congresista Patricia Chirinos y, por ese motivo, recomiendan el archivo de la investigación sumaria.

El informe aprobado en mayoría se presentó a la Oficialía Mayor del Parlamento el jueves 19 de octubre en la noche, a pesar de que la fecha final para su entrega concluía un día antes. Se esperaba que el tema sea tratado por el Pleno en la sesión del viernes, pero esto no ocurrió. 

Para aprobar la destitución de los miembros de la JNJ se requieren 87 votos".

Existen varios trascendidos sobre los motivos. Sin embargo, lo claro es que, hasta el viernes por la noche, la mayoría de las bancadas no se habían reunido para analizar el texto final en mayoría y tomar una posición. 

Ese era el caso de Alianza Para el Progreso, Avanza País y Perú Libre, por ejemplo. Mientras que, en otras agrupaciones políticas, como Fuerza Popular y Renovación Popular, solo se habían pronunciado parlamentarios a modo personal. 

Para aprobar la destitución de los miembros de la JNJ se requieren 87 votos. Fuentes de diversos despachos congresales indicaron a OjoPúblico que los parlamentarios del bloque de derecha buscarán consensos con las bancadas indecisas para tratar de llegar a la cifra durante la semana de representación, que va del 23 al 27 de octubre. 

 

El nuevo informe final

 

El informe final redactado un día después de su aprobación en mayoría, que señala la comisión de tres presuntas faltas graves de los miembros de la JNJ —por el pronunciamiento sobre Zoraida Ávalos, por el límite de edad y por la demora en la presentación de los informes anuales—, ha sido cuestionado por diversos especialistas.

Para Ursula Indacochea, abogada de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), una falta grave responde al incumplimiento de deberes como independencia, imparcialidad, integridad, competencia; y el Congreso no habría sustentado ello en sus argumentos.

“Una causa grave tiene que obedecer al incumplimiento grave de deberes fundamentales y funcionales, no es simplemente razones políticas de conveniencia o de oportunidad”, indicó. 

INSISTENCIA. La congresista Patricia Chirinos (Avanza País) es quien ha promovido, desde el inicio, la investigación a la JNJ.

Foto: Congreso de la República

 

Además, la abogada especialista en derecho internacional también cuestionó que el informe final se haya aprobado sin haber estado redactado oficialmente y consideró que eso ya representa una “vulneración” al debido proceso.

“El hecho de que lo hagan ‘con cargo a redacción’ significa que han aprobado algo que ellos todavía no han revisado, y eso solo revela que los motivos para remover a los miembros de la JNJ son secundarios respecto de la voluntad política de hacerlo”, consideró.

En esa línea, recordó que estos procesos tienen que estar regulados y no deben estar basados en razones políticas, sino que deben regirse por la imparcialidad, para garantizar el equilibrio de poderes y la independencia del sistema de justicia. Una opinión similar tuvo el presidente de Transparencia, Álvaro Henzler, quien consideró que los argumentos para la investigación deben estar correctamente fundamentados.

“El Congreso tiene la labor constitucional de investigar a la JNJ, si lo desea. Pero, al ser un organismo autónomo e independiente, la valla tiene que ser altísima. Es decir, tiene que haber un altísimo nivel de detalle de debido proceso, de evidencia de falta grave”, enfatizó.

Aprobar un documento que no habían revisado revela que los motivos para remover a la JNJ eran secundarios", dijo Indacochea.

Henzler enfatizó en que, si no se sigue el debido proceso y no hay claridad en lo que se imputa, se da a entender que se está rompiendo la separación de poderes.

“El Congreso está utilizando una argucia o buscando alguna falta grave para destituir a la JNJ y, eventualmente, poner a jueces o a miembros más afines a ellos a partir de un nuevo proceso. Esa es la crítica específica en este caso”, agregó.

Al igual que Indacochea y Henzler, organismos internacionales han expresado su preocupación por las decisiones del Congreso. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, recordó a través de sus redes sociales su participación en la sesión del Consejo Permanente.

“Como hablábamos con el primer ministro [Alberto Otárola], las instituciones son fundamentales a la hora de asegurar la resiliencia democrática. En ese sentido, compartíamos la necesidad de la independencia de la Junta Nacional de Justicia, ONPE y la Fiscalía”, se le escucha decir.

El vicepresidente de la JNJ, Aldo Vásquez, se reunió con el secretario general de la OEA para dialogar sobre la independencia judicial".

Antes de este evento, se reunió con el vicepresidente de la JNJ, Aldo Vásquez, para dialogar “​​sobre la importancia de este organismo para la independencia del sistema de justicia en Perú”, según refirió.

Vásquez también ha cuestionado el proceso seguido por el Congreso, así como la forma en que se aprobó el informe final y su posterior redacción y presentación.

“Ese proceso que se ha seguido en el Congreso es ilegal [e] inconstitucional por ausencia de un procedimiento preestablecido (…) Ahora, no sabemos cuáles serán los siguientes pasos, no sabemos si se nos va a dar cuenta a nosotros del informe para ejercer nuestro derecho a la defensa. No hay procedimiento”, afirmó en entrevista a RPP.

 

Proyectos en el Congreso que afectan a la JNJ

 

Si bien el informe final de la Comisión de Justicia no fue incluido en la agenda del Pleno del viernes 20 de octubre, lo que sí se debatió fue el dictamen del proyecto de ley 5997/2023-PE sobre créditos suplementarios.

La iniciativa, que fue aprobada en la Comisión de Presupuesto, plantea principalmente medidas para financiar los gastos asociados a la reactivación económica y la respuesta ante la emergencia por el Fenómeno El Niño, pero también incluyó otros gastos requeridos por entidades públicas y pliegos del Gobierno. 

No obstante, el documento aprobado por la comisión llamó la atención por una particularidad: no contemplaba una partida a favor de la JNJ para financiar los procesos de evaluación y ratificación de jueces y fiscales, que inicialmente sí había sido incluida. El retiro de esta disposición fue hecho a pedido de Patricia Chirinos (Avanza País), la misma congresista que promovió la investigación de los magistrados del organismo autónomo. 

El viernes, el defensor del pueblo estuvo en las instalaciones del Congreso. Su asistencia no figura en el registro de visitas".

“Todas las incorporaciones, modificaciones o retiros y/o ajustes están debidamente sustentados en los pedidos documentarios o pedidos verbales”, señaló el presidente de la comisión, José Jerí (Somos Perú) ante la consulta del congresista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) sobre por qué se había realizado la modificación.

Pese a su objeción, el dictamen pasó a ser sustentado ante el Pleno del Congreso. Sin embargo, ante el pedido oficial del congresista Sánchez para reintegrar la partida de la JNJ, el texto sustitutorio incluyó esta demanda y fue aprobado por el Pleno con 88 votos a favor, cuatro en contra y cuatro abstenciones. 

Por otro lado, horas después de la visita del defensor del pueblo, Josué Gutiérrez Condor, al Congreso, se conoció de la presentación de un proyecto de ley para el “fortalecimiento de la Defensoría Del Pueblo”.

El texto plantea, entre otras modificaciones, que sea el mismo defensor del pueblo quien se encargue de la designación del secretario técnico encargado de apoyar a la Comisión Especial a cargo de la elección de la JNJ. Actualmente, la norma ordena que este sea elegido a través de concurso público.