Tras la elección de la nueva Mesa Directiva del Congreso de la República, encabezada por el congresista Alejandro Soto Reyes (Alianza Para el Progreso), en julio de este año, la Oficialía Mayor ha designado a 22 nuevos jefes de las oficinas del servicio parlamentario del Congreso, órganos de apoyo y asesoría administrativa de la labor legislativa. 

OjoPúblico revisó sus antecedentes —declaraciones juradas de intereses, registro de grados y títulos de la Sunedu, historial de afiliación política, documentos fiscales, y otras bases de datos— y encontró que, al menos cinco de ellos, tienen serios cuestionamientos. En el grupo hay personas relacionadas a investigaciones fiscales, otras sin experiencia y estudios para el cargo, y posibles conflictos de intereses, entre otros temas.

En este grupo se encuentran, por ejemplo, James Walter Magariño Vásquez, designado como jefe de la Oficina de Enlace con los Gobiernos Regionales y Locales; Danny Milagros Pantoja Cadillo, la nueva jefa del Área de Seguros, y Sonia Gloria Polino Valverde, jefa del Área de Administración de Personal. A ellos se suman Laura Giuliana Lavarello Carbajo, nueva jefa del Departamento de Comisiones; y Erick Roy Moncada Horna, jefe del Departamento de Abastecimiento. 

Además, al menos, nueve de los otros altos funcionarios recientemente designados tienen vínculos con Alianza Para el Progreso (APP) o la Universidad César Vallejo. Ese es el caso de la actual representante legal del partido, Marisol Espinoza Cruz, y de su exgerente general, Yolanda Roxana Rios Mendoza. En ese litado también hay un presunto caso de nepotismo. 

Asimismo, entre el nuevo personal de confianza del Legislativo también está el secretario general de Somos Perú, Alexandro Mario Fernández Garibay, y una de las fundadoras de Perú Libre: Carina Ruth Palacios Quincho. 

CUESTIONADOS. La Mesa Directiva del Legislativo autorizó la contratación de personal cuestionado en jefaturas de las oficinas del servicio parlamentario.

Foto: Congreso de la República

 

El abogado laboralista y especialista en contrataciones con el Estado Iván Bulnes explica que, en el caso de la designación de personal de confianza, también existen límites.“Los perfiles [donde se establecen años de experiencia y niveles académicos requeridos para un puesto] al estar en la norma interna [de una entidad pública] son de cumplimiento obligatorio de la administración, no es solamente un consejo”, remarcó.

No obstante, los exoficiales mayores, José Cevasco y José Élice, recordaron que, actualmente, el documento interno del Congreso en el que se establece el perfil para los puestos de jefaturas se encuentra suspendido. Esto, añadieron, ha generado que las designaciones queden a criterio de los miembros de la Mesa Directiva. 

Para Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética, los parlamentarios de la Mesa Directiva aprovechan estas designaciones para el pago de favores. “En la práctica, es una repartija. Y, eso, genera problemas serios para la propia gestión de la institución porque estamos hablando de oficinas técnicas, que deberían responder a criterios técnicos, meritocráticos”, dijo. 

 

Personal cuestionado

El Reglamento del Congreso de la República indica, en su artículo 33°, que la Mesa Directiva “acuerda el nombramiento de los funcionarios de más alto nivel del Congreso a propuesta del Oficial Mayor, dando cuenta al Consejo Directivo”. Es decir, las propuestas son notificadas a la Junta de Portavoces.  

No obstante, José Cevasco, exoficial mayor del Congreso indicó a OjoPúblico que, en la práctica, los miembros de la Mesa Directiva, en especial la presidencia, imponen al personal de confianza que se designa para las jefaturas de las oficinas administrativas.

“La presidencia del Congreso, en algunos casos, y, en otros, la Mesa Directiva disponen ante el oficial mayor la respectiva contratación del personal de confianza [jefaturas de departamentos, oficinas y áreas del Congreso]. Es parte del procedimiento habitual”, añadió. 

Desde el 26 de julio, la nueva Mesa Directiva del Parlamento ha designado, a través de la Oficialía Mayor, a 22 nuevos jefes de las diversas áreas del servicio parlamentarios. Este medio encontró cinco casos que presentan cuestionamientos, debido a sus antecedentes.

En la práctica, la Mesa Directiva decide la contratación del personal de confianza del servicio parlamentario".

En uno de ellos está involucrada Danny Milagros Pantoja Cadillo. En 2021, la ahora jefa del Área de Seguros del departamento de Recursos Humanos del Congreso —una oficina a cargo de todos los programas de pólizas personales y patrimoniales de los congresistas—  solicitó la inscripción de la empresa Agnus Corredores de Seguros S.A. en los registros de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS). 

El 18 de noviembre de ese año, la solicitud fue aceptada, según consta en el diario El Peruano. Desde entonces, ella asumió la gerencia general. Actualmente, según la base de datos de la SBS, la empresa, inscrita con la dirección del domicilio de Pantoja Cadillo, tiene su registro cancelado. No obstante, en el portal de consulta de la Sunat aparece activo. 

Además, según el portal de la Sunarp, Pantoja Cadillo le pasó la gerencia general en diciembre pasado a Alejandro Allccaco Solorzano, una persona que no aparece en los registros de corredores de seguros de la SBS. 

REPRESENTANTE. Danny Pantoja Cadillo ha sido gerente general de la empresa Agnus Corredores de Seguros. Ahora es jefa del Área de Seguros del Congreso. 

Documento: El Peruano

 

Antes de convertirse en funcionaria del Congreso, Danny Pantoja Cadillo trabajó para varias empresas privadas de seguros, entre ellas AFP Integra, La Positiva Seguros y Pacífico Seguros.

Según el registro de la Sunedu, Pantoja Cadillo es economista por la Universidad Garcilazo de la Vega. En su Linkedin, la nueva funcionaria del Congreso agregó que también ha estudiado en la Escuela Virtual de Seguros (EVIS), en 2019. No menciona nada de Agnos Corredores de Seguros S.A., empresa de la que fue gerente general hasta hace nueve meses.

El abogado laboralista Ivan Bulnes indicó que la sola designación de una persona proveniente de un sector análogo al cargo público no configura un conflicto de interés. No obstante, remarcó, que se configura en un escenario propicio. Por eso, la entidad debería tomar medidas preventivas, como hacerle firmar una declaración jurada que la comprometa a no actuar en favor de terceros.

Al ser consultada por el tema, Danny Pantoja Cadillo indicó a OjoPúblico que, efectivamente, participó en la conformación de la empresa Agnus Corredores de Seguros, pero que esta nunca llegó a funcionar y, por lo tanto, no brindó ningún servicio. Además, señaló que presentó su desvinculación por problemas internos con los demás socios en setiembre de 2022. Pero, por temas burocráticos, recién se hizo efectivo en febrero de este año.

La contratación de una persona proveniente del rubro de seguros configura un escenario propicio para el conflicto de intereses".

Otro de los casos con cuestionamientos es el de James Walter Magariño Vásquez, quien, el 22 de agosto, fue designado jefe de la Oficina de Enlace con los Gobiernos Regionales y Locales, un área encargada de coordinar con las diversas entidades regionales y municipales. 

En diciembre de 2019, Magariño Vásquez se tituló como abogado con una tesis que hizo junto a su hermana Delcia Magariño Vásquez, en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, de Huánuco. Ese mismo año, fue denunciado por estafa ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, aunque el caso fue archivado en diligencias preliminares. 

James Walter Magariño ha sido abogado de políticos en Huánuco, como el exalcalde Jesús Giles. No se ha encontrado mayor experiencia laboral. 

Además, en marzo de 2019, se conoció que, el ahora funcionario, era mencionado en la carpeta fiscal del caso Los Negociadores de la Región. Una de las presuntas cabecillas de esta banda criminal —Shayla Luicho Romero, extrabajadora de la anterior gestión del Gobierno Regional de Huánuco— tenía llamadas telefónicas con James Walter Magariño Vásquez. Estas datan de enero de 2022 y revelan un vínculo cercano entre ambos. No obstante, hasta la fecha, el abogado no ha sido incluido como investigado en el proceso. 

VÍNCULOS. La Fiscalía de Huánuco reveló que James Magariño Vásquez tenía llamadas con una de las cabecillas de Los Negociadores de la Región.

Documento: Ministerio Público

 

En conversación con OjoPúblico, Magariño Vásquez indicó que también cuenta con una Maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y  que tiene experiencia asesorando partidos y movimientos regionales sobre procesos electorales. 

Negó tener vínculos con los miembros de Los Negociadores de la Región. No obstante, aseguró que fue personero en la campaña del exgobernador de Huánuco Juan Alvarado, presunto cabecilla de la organización. 

Sobre su nuevo puesto, Magariño Vásquez indicó que recibió una convocatoria firmada por los miembros de la Mesa Directiva. Posteriormente, se reunió con dos personas que le dijeron que laboraban para la Mesa Directiva (no le dijeron sus nombres) a quienes le entregó su Currículum Vitae (CV). Días después, le informaron sobre su designación. 

A esta contratación, se suma la de Sonia Gloria Polino Valverde, quien, desde el 8 de agosto, se desempeña como la nueva jefa del Área de Administración de Personal del Departamento de Recursos Humanos. Dicha oficina está a cargo de los legajos de los trabajadores y de formular la planilla de remuneraciones del personal y los congresistas. 

En 2020, la contadora pública Polino Valverde fue denunciada ante la Cuarta Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima tras ser acusada de cometer el presunto delito de avocamiento ilegal de proceso en trámite. Es decir, por involucrarse directamente en un caso que no era de su competencia, según datos de la Fiscalía a los que accedió OjoPúblico. 

En 2020, Sonia Polino Valverde fue denunciada por involucrarse directamente en un caso que no era de su competencia".

Polino Velarde ha trabajado en diferentes puestos en el Legislativo desde 2013 hasta marzo de 2023. El año en el que fue denunciada —que coincidió con la presidencia del Congreso de Manuel Merino— pasó de ser especialista administrativa a jefa del Departamento de Recursos Humanos del Congreso. 

En abril de este año, América Tv informó que la Policía había encontrado USD 44.000 en un carro que está a su nombre, durante un allanamiento al domicilio de su hijo, José Luis Pariamachi Polino, quien es investigado por estafa.

Otro caso que destaca es el de Laura Giuliana Lavarello Carbajo, actual regidora por Renovación Popular en la Municipalidad de Pueblo Libre. El 16 de agosto de este año, Lavarello Carbajo fue nuevamente designada como jefa del Departamento de Comisiones —puesto que ya había ocupado, durante la presidencia de Maricarmen Alva—. 

Dicha oficina es la encargada de organizar, dirigir y supervisar el desarrollo de las sesiones de todas las comisiones del Congreso.

FUNCIONARIA. Giuliana Lavarello es regidora por Renovación Popular de Pueblo Libre. Actualmente, comparte su tiempo entre esa función y la del Congreso.

Foto: Facebook Patricia Mejía Hidalgo

 

La ley orgánica de municipalidades no prohíbe que los regidores laboren en otra entidad pública, pero sí indica que deberán usar 20 horas semanales de su trabajo para sus funciones municipales, sin recibir ningún descuento. Es decir, dividir su tiempo en ambos trabajos.

Además, a inicios de año, La República reveló que, durante la legislatura 2021-2022, el Departamento de Comisiones —en ese entonces a cargo de Lavarello Carbajo— no había informado 181 inasistencias injustificadas de 62 congresistas a su respectivas comisiones. Esto generó que no se procediera con el descuento correspondiente contra los parlamentarios. 

Por último, está el caso de Erick Roy Moncada Horna, quien el 21 de agosto fue designado jefe del Departamento de Abastecimiento del Congreso. Hace dos años, el Tribunal de Contrataciones del Estado le impuso dos sanciones temporales al ahora trabajador parlamentario y le impidieron contratar con el Estado, desde junio de ese año hasta enero de 2022. 

ANTECEDENTE. Erick Moncada fue sancionado, en 2021, por el Tribunal de Contrataciones del Estado por haber presentando información falsa.

Foto: Buscador de Proveedores del Estado

 

El Tribunal encontró que Moncada Horna había presentado información inexacta en dos procesos de selección en los que participó para realizar el servicio de mantenimiento y acondicionamiento de las comisarías de Virú y Chivay. Ambos procesos fueron convocados por el Ministerio del Interior, en 2017.

En noviembre de 2022, aún durante el gobierno de Pedro Castillo, Moncada Horna fue designado director de la Oficina de Control Patrimonial de la Oficina General de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior. Estuvo en el puesto hasta el 9 de enero de este año. 

Este medio solicitó una entrevista a todas las personas mencionadas, pero solo respondieron Magariño Vásquéz y Pantoja Cadillo. 

 

Pugnas en la Mesa Directiva

Diversas fuentes del Congreso indicaron a OjoPúblico que, actualmente, existe una pugna al interior de la Mesa Directiva para captar la mayor cantidad de oficinas administrativas posibles. APP ha sido la agrupación política más beneficiada tras acceder a la presidencia del Congreso. Hasta el momento, al menos, nueve personas cercanas al partido y a sus líderes, algunos de ellos sin experiencia para el puesto, han accedido a jefaturas en las mismas.

En este listado se encuentra Marisol Espinoza Cruz, representante legal y gerente general de APP. Ella fue designada directora general de Administración del Congreso un día después de que Alejandro Soto asumió la presidencia de la Mesa Directiva. Posteriormente, el 29 de agosto, se le encargó, bajo resolución, el manejo de cuentas bancarias de una unidad ejecutora del Legislativo. 

Otro caso similar es el de Yolanda Roxana Ríos Mendoza, quien fue designada como jefa del Área de Presupuesto de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del Parlamento.

Ríos Mendoza fue gerente general y tesorera de APP, entre 2018 y 2021, de acuerdo a los registros de Infogob. Además, en su declaración jurada, informó que, entre 2009 y 2019, fue administrativa de la Universidad César Vallejo. 

PARTIDARIA. Marisol Espinoza (con abrigo crema en la foto) es actualmente representante legal de Alianza Para el Progreso (APP).

Foto: Facebook de Marisol Espinoza

 

A estos se suma el caso de Jorge Iván Cruzalegui Guadiamos, designado jefe del Área de Planeamiento de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del Parlamento.

El ahora funcionario legislativo fue jefe de Estudios de Pre Inversión del Gobierno Regional de Lambayeque durante las dos gestiones de Humberto Acuña Peralta. Además, a inicios de este año, fue asesor de la Comisión de Vivienda, que presidió la congresista María Acuña Peralta. 

En este grupo con vinculaciones a APP también figura William Federico Alcántara Infantes, un administrador de empresas que, el 2 de agosto, fue designado jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del Congreso.

Entre 2013 y 2015,  Alcántara Infantes fue jefe de la Oficina de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo. Además, fue asesor del excongresista Richard Acuña en el Congreso anterior. 

William Alcántara ya había asumido jefaturas en el Congreso cuando su cuñado era asesor de la bancada de APP".

Entre 2015 y 2021, también trabajó como asesor del Congreso. En ese caso, de APP. Luego, entre agosto de 2022 y abril de este año, asumió, primero, la jefatura del área de Procesos y Estándares y, luego, del área de Presupuesto.

Según su declaración jurada de intereses (DJI), su cuñado, Juvenal Lozano Lozano, trabaja como asesor en la bancada de APP desde 2021, una posición de influencia, lo que podría significar un presunto caso de nepotismo, al tener en cuenta que el presidente del Congreso es de esta bancada. 

En opinión del abogado Iván Bulnes, se tiene que investigar para demostrar si el familiar que ya laboraba en el Legislativo tuvo influencia en su designación.

FAMILIARES. Según la DJI de William Alcántara Infantes, su cuñado Juvenal Lozano, también labora en el Congreso. 

Documento: Declaración Jurada de Intereses de la Contraloría

 

Asimismo, en el listado figura Jorge Luis Torres Saravia, nuevo jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso. Torres Saravia fue asesor del excongresista y actual secretario general de APP, Luis Valdez. Además, fue jefe de la Oficina de Ejecución Coactiva del Gobierno Regional de la Libertad durante la gestión de Valdez, entre 2015 y 2018. 

Otro caso es el de Rene Marlene Aguilar Borda, nueva jefa del Departamento de Servicios Generales del Congreso. Aguilar Borda fue integrante de la Comisión de Licenciamiento de la UCV, en 2019, y directora de Logística de la universidad de César Acuña, entre 2016 y 2019.

También está la designación de Carlos Luis País Vera. Desde el 8 de agosto, el licenciado en administración  se desempeña como jefe del Departamento de Recursos Humanos del Congreso. Esta persona también tiene vínculos con la familia Acuña. En 2016, según informó Correo, País Vera y Richard Acuña compartieron el directorio de la empresa Negociaciones Rafaela.

Carlos País Vera y Richard Acuña compartieron el directorio de la empresa Negociaciones Rafaela".

A estos se suman, la contratación de Marion Arlene Figueroa Wan, abogada y docente de la Universidad Señor de Sipán, fundada por César Acuña. Su esposo es vicerrector de la Universidad César Vallejo. El 9 de agosto pasado, fue designada como jefa del Área de Desarrollo y Bienestar del Personal del Congreso. 

Finalmente, el 21 de agosto, Alfredo Alfonso Flores López, fue designado jefe de la Oficina de Prevención y Seguridad. Previamente, durante la breve gestión de la congresista de APP, Lady Camones, había ocupado el mismo puesto. 

Por su parte, Fuerza Popular —con Nano Guerra en la vicepresidencia— mantiene en poder de su partido la Oficina de Participación Ciudadana, con la excongresista Karina Beteta a la cabeza, y el Fondo Editorial del Congreso, a cargo de la fujimorista Milagros Takayama. Esto le ha permitido seguir elaborando material difusivo en favor del gobierno dictatorial de Alberto Fujimori. 

Perú Libre —con Waldemar Cerrón en la Mesa Directiva— ahora tiene presencia en la jefatura de la Oficina de Cooperación Internacional del Congreso. El 11 de agosto, se oficializó la designación de la ingeniera agrónoma, Carina Ruth Palacios Quincho, en el puesto. 

FUNDADORA. Carina Palacio Quincho es fundadora de Perú Libre. Durante el gobierno de Pedro Castillo fue embajadora de Perú en Bolivia.

Foto: Congreso de la República

 

Según Infogob, la nueva funcionaria del Congreso es una de las fundadoras del partido que lidera Vladimir Cerrón. Durante el gobierno de Pedro Castillo Terrones fue nombrada embajadora de Perú en Bolivia. Esta es su única experiencia identificada en sintonía con su contratación.

Un representante de Somos Perú, por último, asumió el Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios del Congreso. Se trata de Alexandro Mario Fernández Garibay, actual secretario general del partido, quien fue designado como funcionario del Legislativo el pasado 8 de agosto. 

Según el registro de Sunedu, Fernández Caribay es licenciado en Comunicaciones por la Universidad Faustino Sánchez Carrión. Además, en 2021, terminó un máster que había iniciado en 2012 sobre Gestión Pública en la Universidad César Vallejo. 

En otras palabras, su registro de estudios no evidencia una preparación similar a la requerida para un puesto en el que se necesitan conocimientos sobre los procesos legislativos para realizar actividades de formación y asesorías. 

OjoPúblico intentó comunicarse directamente con los miembros de la Mesa Directiva, los congresistas Alejandro Soto, Hernando Guerra García y Waldemar Cerrón, pero, hasta el cierre de este informe, no se obtuvo respuesta. 

Este medio también solicitó una entrevista con el oficial mayor, Giovanni Forno Florez, y con el nuevo personal designado, a través del área de prensa del Congreso. Sin embargo, indicaron que, por ahora, ningún funcionario está dando entrevistas. De igual modo, se intentó contactar directamente con el oficial mayor, pero no hubo respuesta.

 

Sin filtro

El Estatuto de Servicio Parlamentario, donde se establecen los requisitos del concurso público de méritos para las contrataciones en el Congreso, se encuentra suspendido desde la presidencia del excongresista Luis Galarreta, en 2017. Esto, de acuerdo a diversos especialistas consultados, da carta abierta para las designaciones sin control.

Si bien el reglamento del Congreso indica que el personal debe ser propuesto por el oficial mayor y autorizado por la Mesa Directiva, en la práctica, son los miembros de ésta quienes dicen a quién contratar, según el exoficial mayor José Cevasco.“Sí, [al final se termina contratando a] gente cercana a los partidos de la Mesa Directiva o amigos de los miembros”, sostuvo. 

Asimismo, señaló que no existe ningún filtro para las personas que proponen los miembros de la Mesa Directiva, pues solamente les piden su título, en caso sea para un puesto de jefatura. “Más allá de los filtros de los criterios académicos no existe ningún requisito para los cargos de confianza de jefaturas en el Congreso”, dijo. 

PERFILES. Exoficiales mayores indicaron que no está vigente el documento que establece los perfiles para los puestos de jefaturas de las oficinas administrativas. 

Foto: Andina

 

Por su parte, el exoficial mayor del Parlamento José Élice señaló que, durante su estadía en el Congreso, entre 2002 y 2006, el área de Recursos Humanos se encargaba de verificar los antecedentes del personal que se designaba, pero actualmente todo se designa por criterios de los miembros de la Mesa Directiva.

“Si tu revisas la formalidad [en la resolución] ahí ves la firma del oficial mayor, y debería ser gente de la confianza del oficial mayor, pero en la práctica no sucede así [es gente cercana a los congresistas]”, agregó.

José Cevasco recordó, además, que, desde la gestión del excongresista Víctor Isla, entre 2012 y 2013, se estableció que los vicepresidentes de la Mesa Directiva debían supervisar algunas oficinas del servicio parlamentario. 

Por ejemplo, la primera vicepresidencia —ahora a cargo de Fuerza Popular— tiene a su cargo las áreas de Participación Ciudadana y el Fondo Editorial del Congreso; mientras que la segunda vicepresidencia —que ahora la tiene Perú Libre— le corresponde la oficina de Cooperación Internacional. Finalmente, a la tercera vicepresidencia —a cargo de Avanza País— le toca la oficina de Enlace con el Ciudadano. 

Ambos coincidieron en que la situación actual interfiere en la carrera del servidor parlamentario. Las personas que, durante años, vienen realizando una labor satisfactoria en sus áreas —explicaron— no pueden ascender, ya que los jefes ingresan por pedido de la Mesa Directiva.