Actualizado: 10 de junio de 2021

La tarde del miércoles, el Pleno del Congreso inició una sesión continuada que durará hasta el viernes 11, donde busca aprobar reformas constitucionales que deberán ser ratificadas en una segunda legislatura para entrar en vigencia. Una de estas modifica el mecanismo de cuestión de confianza al que podía recurrir el Presidente de la República, en caso necesite cerrar el Parlamento; otra permite el retorno a la bicameralidad; y una adicional plantea la reelección inmediata de autoridades locales y regionales.

Las dos primeras son propuestas de Alianza para el Progreso, partido liderado por César Acuña y que durante la segunda vuelta electoral se sumó a la campaña de la candidata Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. Precisamente, esta organización política presentó varias de las iniciativas que conforman el tercer proyecto de ley de reelección de autoridades.

El debate de estas reformas se realiza a dos meses del cambio de mando presidencial, y, al menos, las restricciones planteadas a la cuestión de confianza implicarán nuevas reglas de juego para el próximo jefe de Estado. En tanto, la posible aprobación de la bicameralidad también impactará en un nuevo Congreso donde Perú Libre tendrá la bancada más numerosa, con 37 curules.

El bloque fujimorista se presenta como la segunda fuerza en el Legislativo, con 24 escaños. Sin embargo, en las últimas semanas de la contienda electoral Fujimori también sumó el apoyo de Renovación Popular, agrupación política representada por Rafael López Aliaga. Este grupo, junto a Alianza para el Progreso, suman 28 escaños.

Las reformas constitucionales requieren una doble votación en legislaturas diferentes. Como se recuerda, el actual periodo parlamentario terminaba en julio, por lo que correspondía al nuevo Congreso continuar con el debate o aprobación de dichas propuestas. Pero, el pasado 1 de junio, el Pleno creó una cuarta y breve legislatura que comenzará el 13 de junio e irá hasta el 16 de julio. De esta forma, los actuales legisladores serán los que ratifiquen los recientes cambios constitucionales antes de culminar su gestión.

ALERTA. El presidente Francisco Sagasti se pronunció en contra de los intentos de reforma constitucional en el Congreso y la creación de una cuarta legislatura.

Foto: Andina.

El presidente de la República, Francisco Sagasti, se pronunció sobre estas reformas a través de su cuenta de Twitter y las calificó de apresuradas. Puntualmente cuestionó la creación de una cuarta legislatura y el intento de modificar la cuestión de confianza, el cual, dijo “debilitaría aún más las potestades del Poder Ejecutivo frente al Congreso, rompiendo el equilibrio de poderes”.

"Dichas reformas, junto con otras diez que han sido aprobadas o están por aprobarse en la tercera legislatura (como la reelección de autoridades regionales y municipales, que imprudentemente se ha exonerado del trámite de comisiones), serían ratificadas en la cuarta legislatura", sostuvo.

Sagasti recordó que en un periodo de 28 años en el Congreso se aprobaron 24 reformas constitucionales. "Ahora, en pocos días, se pretende aprobar más de una docena de reformas, sin respetar el espíritu del artículo 206 de la Constitución, que implica un profundo debate y una amplia aceptación de su contenido", añadió.

Límites a la cuestión de confianza

Esta semana la Junta de Portavoces del Congreso presentó una lista de 36 propuestas legislativas que serán priorizadas en el Pleno extendido, incluso aquellas que implican la reforma de la Constitución. Una de estas regula el uso de la cuestión de confianza, un mecanismo que empleó el expresidente Martín Vizcarra para disolver de manera constitucional el Parlamento. 

El Proyecto de Ley 7624, presentado a inicios de mayo por el congresista Luis Valdez con el apoyo de su bancada Alianza para el Progreso, propone que este pueda ser planteado por un ministro cuando esté en discusión alguna materia vinculada a la política del Gobierno, como la permanencia de los miembros del Gabinete, o proyectos presentados por el Ejecutivo; pero no por iniciativas legislativas que surjan en el mismo Legislativo. 

La Junta de Portavoces presentó una lista de 36 proyectos que serán priorizadas hasta el viernes".

La iniciativa señala que solo el Congreso determinará el rechazo a una cuestión de confianza y, de ser así, esto ya no implicará la renuncia del ministro solicitante. Actualmente la Constitución permite que, tras la censura o negación de la confianza a dos Consejos de Ministros, el primer mandatario tiene la facultad de disolver el Parlamento y convocar de manera inmediata a elecciones. 

En setiembre de 2019, el entonces presidente Martín Vizcarra siguió estos pasos y alegó una “denegación fáctica de la [cuestión de] confianza” para disolver el Congreso. Con el cambio constitucional, sería este último el único que puede indicar si la confianza fue denegada o no.

El jueves 10 se puso en debate un texto sustitutorio que fijaba más restricciones al Ejecutivo, sin embargo, no alcanzó los 87 votos que se necesitan para su aprobación en primera instancia. Solo 80 legisladores apoyaron la propuesta.

Horas después, Luis Valdez solicitó repetir la convocatoria, argumentando que varios parlamentarios tuvieron problemas de conexión al comunicar su decisión, pero nuevamente solo sumaron 80 votos, por lo que fue desestimada. Para insistir en esta reforma, el Parlamento tendría que convocar a un referéndum.

DISOLUCIÓN. En setiembre de 2019 el Ejecutivo disolvió el Congreso usando el mecanismo de la cuestión de confianza.

Foto: Andina.

Para la experta en Derecho Constitucional, Elena Alvites, es cuestionable que dichas reformas se impongan vulnerando el artículo 206 de la Constitución, respecto a que estas decisiones deben ser aprobadas en dos legislaturas ordinarias consecutivas, pensadas en un escenario habitual, donde cada periodo dura cuatro meses. El objetivo de este artículo es reforzar el debate, más aún porque el Tribunal Constitucional ha sentado jurisprudencia sobre la importancia de la deliberación en las decisiones parlamentarias. 

"Ese tiempo sirve para reflexionar, deliberar, escuchar a especialistas con el fin de tomar la mejor decisión. Estas propuestas suponen un cambio importante en la composición del Congreso y del nivel de representatividad, por lo que requieren cumplir los cauces constitucionales, sobre todo en el tema de la bicameralidad que fue rechazada en el referéndum. Se debe transparentar este debate", señaló.

Alvites recuerda que la única vez que se modificó la duración de las legislaturas fue cuando asumió la presidencia Valentín Paniagua, tras el régimen de Alberto Fujimori, a fin de acortar el periodo congresal y convocar a elecciones. “El Parlamento no ha entendido que no basta que tengas la competencia de reforma constitucional, sino mirar el sentido de su regulación en la Constitución”, sostiene la docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Por su parte, en Canal N, el constitucionalista Aníbal Quiroga explicó que estas reformas no deberían ser ratificadas en la cuarta y breve legislatura que fue creada de modo extraordinario por los propios congresistas, pues la norma señala que la segunda votación se realiza en una segunda legislatura ordinaria. "Justamente la Constitución dificulta su reforma para que esté exenta de los vaivenes políticos, no puede hacerse de forma acelerada. En caso lo aprueben, que se puede acudir al Tribunal Constitucional para derogarlo".

La tarde del jueves 10, el Colegio de Abogados de Ayacucho presentó ante el Tribunal Constitucional una demanda contra el Congreso por haber forzado la aprobación de una cuarta legislatura. La solicitud busca anular la norma que crea este nuevo periodo, y todas las leyes que se aprueben durante su vigencia.

El retorno a la bicameralidad

La propuesta para adaptar la Carta Magna al retorno de la bicameralidad es un cúmulo de 32 proyectos de ley, impulsados por Alianza para el Progreso, e implica la modificación de 65 artículos de la Constitución. De aprobarse, el Parlamento pasará a ser conformado por una cámara de Diputados, que será integrada por los 130 congresistas que fueron elegidos en abril; y otra de Senadores, cuyos miembros serán seleccionados en 2022, junto con los comicios municipales.

La Cámara de Diputados tendría la potestad de emitir y modificar leyes, aunque estas serían revisadas por los senadores. Además podría interpelar y censurar ministros, así como crear comisiones investigadoras. La Cámara de Senadores, por su parte, tendría la facultad de plantear y aprobar reformas constitucionales, aprobar el presupuesto del Estado, y designar al Defensor del Pueblo y al Contralor, en base a la propuesta que haga el Ejecutivo.

La propuesta para la bicameralidad es un cúmulo de 32 proyectos, impulsados por Alianza para el Progreso".

La Cámara de Senadores también sería la encargada de elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, y de remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) cuando incurran en faltas graves. Respecto a la vacancia del presidente de la República por incapacidad moral, el texto señala que deberá ser declarada, primero, por la Cámara de Diputados y, luego, por la Cámara de Senadores, “por no menos de dos tercios del número legal” de sus integrantes. 

La propuesta también precisa el concepto de incapacidad moral, e indica que esta ocurre cuando el Presidente comete “un delito doloso en flagrancia, previa determinación del Poder Judicial”, o cuando acredita “una conducta pública que genera un notorio desequilibrio social por atentar contra los valores éticos [...] que deterioran la dignidad presidencial y hacen insostenible su permanencia en el cargo”.

REFORMAS.El eventual retorno a la bicameralidad significará una reconfiguración de las fuerzas políticas en el Legislativo desde 2022, cuando se deba elegir a los senadores.

Foto: Andina.

Esta reforma fue impulsada de manera consecutiva por dos congresistas de Alianza para el Progreso que presidieron la Comisión de Constitución: Omar Chehade y Luis Valdez. En el documento que se convirtió en dictamen, en dicha instancia, no se incluía una prohibición específica para que los actuales congresistas puedan regresar como senadores en 2022.  

Al respecto, el actual titular de este grupo de trabajo, Luis Valdez, señaló a OjoPúblico que se está evaluando incluir esta precisión de manera textual, a pedido de diferentes bancadas, y colocarlo en el texto sustitutorio que se pondrá a votación.

"Dicen que la bicameralidad no ha tenido suficiente debate, pero desde 2001 ya se viene señalando su necesidad. Este es un cambio importante porque, entre otras cosas, permitirá al Senado revisar lo que suceda en la Cámara de Diputados. Uno de los cuestionamientos que se le hace al actual Congreso es que emite normas cuestionables, pues ahora el Senado será una instancia de revisión", refirió.

Estos cambios se llevan adelante a pesar de que, en el referéndum del año 2018, el 83% de la ciudadanía rechazó la idea de retornar a la bicameralidad. El Perú contó con un sistema parlamentario de doble cámara hasta el autogolpe de 1992, que provocó la elección del Congreso Constituyente Democrático con 80 legisladores. En 1995, se eligió un nuevo Parlamento con 120 integrantes, y en el año 2009 se incrementó este número a 130 congresistas. 

Reelección de gobernadores y alcaldes

Otro de los proyectos de ley que han sido priorizados en este debate exprés busca modificar los artículos 191 y 194 de la Constitución para permitir la reelección inmediata de los gobernadores regionales, alcaldes y regidores. La propuesta reúne cinco proyectos de ley de Fuerza Popular, otro de la exlegisladora Yesenia Ponce y una sétima iniciativa del Poder Ejecutivo que no buscaba quebrar el impedimento de la reelección, sino aumentar de cuatro a cinco años el periodo de dichas autoridades. Esta última modificación no fue considerada.

El dictamen fue aprobado en diciembre de 2020 por la Comisión de Descentralización del Congreso, con una votación reñida: nueve a favor y ocho en contra. Durante el debate, se argumentó que debía permitirse la reelección debido a que el periodo de gobierno de cuatro años es muy corto para gestionar metas y vincularse con la comunidad.

Este proyecto requería del visto bueno de la Comisión de Constitución, pero el pasado 8 de junio, la Junta de Portavoces decidió exonerarlo de su dictamen. Ayer, el presidente de este grupo de trabajo, Luis Valdez, señaló a este medio que aún no había revisado la propuesta, aunque estaba agendada en el Pleno; y que por ello no podía emitir una opinión sobre su contenido.