Solo dos semanas después de haber asumido el cargo de presidente del Congreso de la República, el parlamentario de Alianza Para el Progreso, Eduardo Salhuana Cavides, decidió promulgar —ante el silencio de la presidenta Dina Boluarte, que no observó las normas— la ley que promueve la impunidad en delitos contra los derechos humanos y otra que debilita la lucha contra el crimen organizado. 

Este viernes 9 de agosto, entró en vigencia Ley 32107, que establece la prescripción de los delitos de lesa humanidad cometidos por terroristas y militares durante el conflicto armado interno (antes del 1 de julio de 2002), y la Ley 32108, que excluye delitos que tengan sanción menor a seis años en procesos por organización criminal y obliga la presencia del acusado y su abogado en los allanamientos fiscales.

La promulgación de la norma que promueve la impunidad expone un nuevo desacato del gobierno al sistema interamericano de derechos humanos, pues se aprobó a pesar de las observaciones de organismos nacionales e internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) solicitó al Perú que evite su promulgación porque precisamente afecta el derecho de acceso a la justicia, verdad y reparación de las víctimas del período de violencia terrorista. 

El Ministerio Público del Perú señaló que la aprobación de esta ley afectará a más de 600 casos vinculados a graves delitos de derechos humanos, cuyas responsabilidades alcanzan a organizaciones terroristas y agentes del Estado. 

La Corte IDH había requerido al Estado Peruano que evite la aprobación de la norma que prescribe delitos de lesa humanidad"

Hoy, tras conocerse la promulgación de la ley, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Volker Türk, emitió un comunicado cuestionando la decisión del presidente del Congreso peruano. 

“La ley [que prescribe los delitos de lesa humanidad] contraviene las obligaciones del país en virtud del derecho internacional y es un hecho preocupante, en un contexto más amplio de retrocesos en materia de derechos humanos y el estado de derecho en Perú”, sostuvo. 

Esta iniciativa –presentada y promovida por el congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi; y el parlamentario de Honor y Democracia, y militar en retiro, José Cueto– abre el camino de la prescripción a los casos considerados delitos de lesa humanidad, sobre todo aquellos cometidos durante los años de violencia terrorista. Para ello, busca reducir el alcance de los dos tratados internacionales que establecen la imprescriptibilidad de graves violaciones a los derechos humanos.

La norma se refiere al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad, aprobados en el Perú en el 2002 y 2003, respectivamente. 

Se debilita lucha contra el crimen

La otra ley promulgada hoy (32108) establece modificaciones a la definición del crimen organizado. Esta autógrafa establece que una organización criminal solo puede estar vinculada con la comisión de delitos que sean sancionados con pena privativa de la libertad mayor de 6 años. 

Este cambio ha sido cuestionado por organismos de la sociedad civil. La organización Capital Humano y Social (CHS Alternativo) identificó que esta ley excluye la posibilidad de que 59 delitos no puedan ser investigados en el marco del delito de organización criminal. Es sería el caso de estafa, colusión, negociación incompatible, peculado, tortura simple, tráfico de órganos y tejidos, tala ilegal, tráfico ilícito de migrantes, entre otros. 

Asimismo, la norma, promovida por el congresista de Perú Libre,  Américo Gonza, sostiene que los allanamientos deben realizarse con presencia del acusado y su abogado. 

Sobre esto último, el Ministerio Público, por medio del fiscal de la nación, Juan Carlos Villena, señaló a RPP Noticias que la iniciativa legislativa afecta la eficacia del proceso de investigación fiscal. 

El Ministerio Público alertó que la ley que favorece al crimen organizado debilita la efectividad de la investigación fiscal"

Es importante señalar que actualmente existen partidos políticos como Perú Libre, Fuerza Popular, APRA, Renovación Popular, Podemos, entre otros, que están siendo investigados por el presunto delito de organización criminal. En estos casos están comprendidos los principales líderes de estas agrupaciones como Vladimir Cerrón, José Luna y Keiko Fujimori.

El fiscal coordinador de fiscalías especializadas en crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, señaló a Exitosa que este proyecto de ley afecta al combate de la minería ilegal, la estafa agravada, y la lucha contra otras actividades ilícitas. 

Tras ser aprobadas por el Pleno del Congreso, ambas autógrafas fueron enviados al Ejecutivo para su promulgación u observación. Sin embargo, la presidenta Dina Boluarte decidió no observarlas y su silencio, a pesar de las recomendaciones de la CIDH, abrió la puerta para que el Congreso las publique.

El último miércoles 7 de agosto, el presidente del Consejo de Ministro, Gustavo Adriánzen, confirmó que con respecto a la norma que prescribe delitos de lesa humanidad, el Gobierno decidió dejar su promulgación en manos del legislativo.

Este 9 de agosto, Salhuana Cavides defendió su decisión argumentando que es un mandato constitucional promulgar las leyes, cuando no han sido observadas por el Poder Ejecutivo.