La libertad de prensa está bajo amenaza en el Perú. El Congreso pretende elevar las penas para el delito de difamación; el Poder Judicial y el Ministerio Público han reanudado procesos penales contra periodistas de investigación, y los grupos civiles de extrema derecha han vuelto a hostigar las sedes de organizaciones de derechos humanos y medios.

El director de programas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), Carlos Martínez de la Serna, analiza la crítica situación: “Es muy grave el deterioro y la violencia a la que están expuestos los periodistas en el Perú”, dijo a OjoPúblico desde Nueva York, el representante de una de las organizaciones internacionales más importantes en la defensa de la libertad de prensa.

Martínez de la Serna considera preocupante el silencio del gobierno y la falta de voluntad para detener el acoso político y judicial a los periodistas. A pocos días de que el Congreso debata, según lo previsto, el proyecto de ley que eleva a cuatro años la pena por el delito de difamación, el diagnóstico del CPJ no es alentador.

El Perú atraviesa durante los últimos años una serie de ataques. Hay periodistas heridos en las coberturas de protestas, investigaciones fiscales y hostigamientos desde diferentes sectores políticos y grupos extremistas hacia el trabajo periodístico. ¿Cuál es su percepción sobre esta situación?

Creo que la situación en Perú es muy preocupante. Hay una circunstancia política y social que trasciende al periodismo, pero en la que no se ve ninguna voluntad de proteger la labor esencial de los periodistas, que es precisamente informar sobre la crisis política y social. Más bien [ocurre] lo contrario, los periodistas son víctimas de hostigamiento verbal y físico. Son víctimas de los ataques durante las protestas, están expuestos a todo tipo de peligros físicos cuando las cubren.

Hay un auge de los ataques que, parece, quedan impunes, de grupos de extrema derecha con amenazas directas contra periodistas. Hay reportes también de casos de periodistas que viven fuera de Lima y que han tenido problemas graves al reportar, por ejemplo, sobre circunstancias en zonas donde existen acusaciones de minería ilegal. 

Además, hay una ley que se debate en el Congreso que en ningún caso se está enfocando sobre cómo hacemos para proteger a los periodistas, sino que parece que va a hacer más vulnerable la profesión con la intención de elevar las penas asociadas a los delitos de difamación como un crimen, como un asunto penal que es totalmente contrario a los estándares internacionales, así que la situación en Perú es muy preocupante.

AFECTADOS. Fotoperiodista Aldair Mejía fue herido y amenazado por la Policía durante las protestas en Puno.

Foto: OjoPúblico / Luis Javier Maguiña

Llama precisamente la atención el silencio de la actual presidenta Dina Boluarte. ¿Cómo esto y su falta de condena puede impactar en la libertad de prensa?

Cualquier gobierno y, en este caso el gobierno de Perú tiene que entender una cuestión muy clara y es su responsabilidad garantizar la protección de los periodistas. Es su responsabilidad garantizar la libertad de prensa, con lo cual aquello que lleve al hostigamiento o que no conduzca a la justicia de los casos que están ya claramente demostrados, deteriora y daña más la libertad de prensa. 

El gobierno de Perú, que está afrontando crisis por distintos lados, tiene que mostrar que tiene una voluntad clara, no solo retórica (en caso de que lo muestre), por proteger la libertad de prensa, que es lo contrario de lo que estamos viendo.  

No hay declaraciones de protección a la prensa, no hay asignación de medios, no hay asignación de recursos, no hay intento por que la prensa pueda hacer su fundamental labor fiscalizadora y, en cambio, lo que vemos es un debate en el Congreso para hacer no solamente más difícil [la labor], sino para acallar a la prensa. 

El estándar internacional es que la información no es un delito penal. Tiene que ser un delito civil y, además, hay que colocar el estándar lo más alto posible para que la prensa no se autocensure. Lo que estamos viendo es lo contrario, un clima en el que se anima a que la prensa crítica e independiente no pueda operar bien.

Si no hay esta protección a la labor periodística desde el gobierno, ¿qué puede pasar ante tanta impunidad? 

Es realmente eso. El ciclo de la impunidad es un ciclo, un círculo pernicioso en el que hay ataques contra la prensa de distintos grados de seguridad, no se produce nada parecido a la justicia, que puede darse justicia de distintas maneras, lo que conlleva que esos ataques se perpetúen. No hay ningún incentivo para aquellos que atacan para dejar de hacerlo.

El gobierno de Perú tiene que entender que es su responsabilidad garantizar la protección de los periodistas".

Usted menciona los ataques de la ultraderecha. Incluso, hay personas identificadas y grupos como el autodenominado La Resistencia, ¿por qué cree que las autoridades no hacen algo?

No lo sé con suficiente detalle. Tendría que conocer exactamente por qué no está ocurriendo. Pero lo que está claro es que en los casos que hemos comentado (...), los periodistas están ahí cubriendo la situación y no hemos visto una voluntad de protegerlos.

Tampoco hemos visto que haya una voluntad, ni que haya justicia sobre los casos de amenazas evidentes de grupos, en este caso de ultraderecha, ni tampoco en el caso del periodista que reportaba en una zona con minería ilegal y crimen organizado. Estas son circunstancias que se ven en otros países de Latinoamérica. 

Lo que podemos ver es qué ocurre cuando no haces nada, pues la situación se convierte en absolutamente invivible. Cuando ocurre a los periodistas es un síntoma de que algo muy grave no funciona.

¿Cree que esto puede ser el inicio de algo peor?

Claramente si tú dejas de tener a los periodistas haciendo su trabajo y si el mensaje que envías a los agresores es que aquí no pasa nada, lo único que sabemos es que la situación se agrava.

DISTANTE. La presidente Dina Boluarte no se ha pronunciado sobre los ataques que ha recibido la prensa las últimas semanas.

Foto: Andina

Además del Ejecutivo, el alcalde de Lima y congresistas utilizan, incluso, sus redes sociales públicas para atacar, no solo el reciente informe de la CIDH, sino también a periodistas. ¿Cómo esto puede deteriorar aún más la libertad de prensa ?

Es muy peligroso el discurso estigmatizante y volvería a decir dos cosas que podría decir el contexto de Perú o de otros países de la región. El discurso estigmatizante tiene, al menos dos elementos: uno, aquellos que lo animan no tienen la más mínima voluntad de que mejore el periodismo como una institución más de la democracia. Lo que tienen es al periodismo como objetivo, que es una circunstancia muy distinta. 

Lo que buscan es desactivar la capacidad del periodismo de destapar la corrupción, de escrutinar al poder. Eso tiene unos efectos terribles a medio y largo plazo. Tiene unos efectos terribles, porque ese discurso estigmatizante sobre la prensa cala, cala y cala y podemos ver en otros países de la región, donde eso ha sido la norma durante años.

Pienso, por ejemplo, en Ecuador vecino de Perú, en los 10 años de [Rafael] Correa de discurso estigmatizante y una retórica violenta contra la prensa, cómo todavía los periodistas están pagando las consecuencias, a pesar de que ha habido dos gobiernos desde entonces que han mejorado. Y los gobiernos fueron de uno de izquierdas y otro de derechas, o sea que no tiene nada que ver con la adscripción política, sino con la voluntad democrática. 

Lo que buscan es desactivar la capacidad del periodismo de destapar la corrupción".

Hace un momento mencionó el proyecto de ley aprobado en primera votación que eleva las penas de cárcel por difamación para periodistas. ¿Cómo puede afectar esto directamente al periodismo?

El primer efecto que tiene si finalmente se aprueba es un fenómeno como de… favorecerá la autocensura y favorecerá un efecto de silencio. Hay temas en los que la prensa tendrá que evaluar si está dispuesta a pagar un alto precio, no porque cometa ningún error, sino porque la ley se puede utilizar en su contra con mucha facilidad, con un enorme coste para el periodista y para el medio, cuando trabaja dentro de un medio.

Con eso está más que demostrado que lo que hay que hacer, si realmente un gobierno quiere fomentar la libertad de prensa, es lo opuesto: eliminar la criminalización de la difamación. Tiene que ser un delito civil y tiene que haber estándares internacionales muy altos que estimulen la crítica y el debate. Es lo contrario de lo que se consigue con una ley de este tipo, que además acaba con periodistas en la cárcel. 

Es decir, no solamente es una cuestión que se tenga que investigar muy a fondo, acabará con periodistas en la cárcel. Y serán los responsables de aprobar la ley aquellos que tendrán que responsabilizarse de que haya periodistas en la calle [cárcel], con el descrédito terrible que será en este caso para Perú, que ha tenido casos de este tipo.

RESPALDO. El presidente de la Comisión de Justicia, Américo Gonza, y a su espalda Segundo Montalvo, autor del proyecto que eleva las penas por difamación.

Foto: Congreso

Las recomendaciones internacionales señalan que el camino para fortalecer el periodismo es resolver estos casos por la vía civil y eliminar las penas de cárcel por difamación. ¿Cómo va este proceso y por qué se plantea esa recomendación?

La recomendación internacional, los estándares internacionales es que cuando se criminaliza y hay penas de cárcel en juego, lo que se provoca es principalmente un efecto de censura y además acabas con periodistas en la cárcel, con lo cual, eso es contrario a la libertad de expresión. Entonces hay que hacer lo contrario.

Según el Consejo de la Prensa peruana, en los últimos 5 años hay 150 periodistas que han sido acusados por difamación. Y lo que ha señalado la entidad es que esta acción penal generalmente es utilizada por quienes buscan silenciar a los periodistas o alguna denuncia de interés público. ¿Cuál considera que podría ser una salida a este hostigamiento judicial?

Yo creo que es doble: una, se tiene que descriminalizar la difamación; dos, los políticos tienen que comprometerse a no utilizar la ley como una herramienta para su propio beneficio, así de sencillo. Los políticos tienen que renunciar a eso. 

En el momento que tienes cientos de denuncias, te empiezas a cuestionar, qué es lo que está en juego en realidad. Si lo que quieres es abrumar al periodista con denuncias, de tal manera que incluso el propio ejercicio diario de su profesión es imposible (...) o si realmente hay una sustancia como para que exista esta preocupación por la difamación o la calumnia en Perú. 

Lo que sabemos por otros países es que la ley se utiliza como arma y al penalizarlo, pues es una herramienta más, como un arma punitiva, no como ningún efecto de fomento ni de protección de la libertad de prensa.

El proyecto del Congreso favorecerá la autocensura y favorecerá un efecto de silencio"
 

Varios de los políticos que hoy atacan el periodismo en Perú reivindican, por ejemplo, acciones como las del presidente Nayib Bukele en El Salvador, aun cuando es pública su persecución al periodismo. ¿Que nos puede decir usted sobre la situación de la libertad de prensa en ese país?

Hay años de denuncias documentadas por parte de la administración Bukele contra la prensa (...). A Bukele lo están adoptando líderes regionales como referencia o como parte del discurso por los motivos que ellos quieran. Pero esos motivos no tienen absolutamente nada que ver con la defensa de libertades en un régimen democrático según los estándares internacionales. El mensaje que hay que mandarles es que, si se trata de defender la libertad de prensa, Bukele no es un modelo, todo lo contrario.

No pueden hacer las dos cosas. No se puede hablar de libertad, que incluye a la libertad de prensa y tener a Bukele como modelo. Las dos cosas no son compatibles. Bukele ha creado un sistema totalmente de hostigamiento contra la prensa, que ha provocado que una de las principales publicaciones de El Salvador –El Faro– se tenga que ir del país.

Y cuál es su lectura de lo que ocurre en los países de Sudamérica.

Hay una situación en las que distintas dinámicas se solapan y eso creo que se da en muchos países —sino en todos—, que es el hostigamiento a la prensa por parte de diversos sectores sociales, incluido el político; la estigmatización de la profesión, que provoca una situación de vulnerabilidad; el abuso de la ley como forma de acallar a la prensa y de silenciarla; y los problemas muy graves de fondo que existen de violencia, relacionados con el crimen organizado en sus distintas facetas.

El crimen organizado no es una cosa homogénea, sino que se manifiestan distintos elementos. Se manifiesta a través a veces de su influencia a la política, en asuntos como minería ilegal, el abuso en la extracción de recursos naturales. También el narcotráfico, donde la prensa tiene una labor esencial de informar sobre estos asuntos y aquellos que tienen que ver con crisis sociales, protestas sociales, pueblos indígenas.

MAL REFERENTE. Para Martínez de la Serna, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele es todo lo contrario a un modelo de libertad de prensa.

Foto: Facebook Presidencia de El Salvador

En Perú, más de 170 periodistas han sido agredidos o heridos durante los primeros meses del actual gobierno. El 60% de estos actos fueron cometidos por la policía, según la Asociación Nacional de Periodistas. 

La crisis política es muy profunda en Perú. En ese contexto, se da la sensación de que todavía no sabemos dónde hemos llegado, no sabemos si hemos tocado fondo en Perú. Hay un clima de incertidumbre enorme, de una crisis política muy grande, en la que vemos que la libertad de prensa se deteriora constantemente. No sabemos hasta dónde va a llegar ese deterioro. Yo creo que esa peculiaridad de Perú y digo, no es excepcional, hay situaciones muy malas en la región, pero la situación de Perú es que está en el medio de esa crisis. No vemos todavía cuál es el final, ni cómo va a quedar la libertad de prensa.

Si un gobierno quiere fomentar la libertad de prensa, debe eliminar la criminalización de la difamación".

En la última Clasificación Mundial de la Libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras, el Perú ha caído 33 posiciones y está en el puesto 110. ¿Este deterioro lo han visto en los últimos años o lo de ahora es una situación mucho más aguda?

Tendría que mirar hasta qué punto es excepcional el deterioro de la situación en el Perú en tan poco tiempo. No lo sé. Lo que creo es que lo que hemos visto en el caso de Perú y en el caso de otros países es que la libertad de prensa es muy vulnerable. Yo creo que lo que tenemos siempre que recordar es que los ataques a la prensa pueden desencadenar una situación de deterioro y crisis muy profundas. 

Un caso que ustedes han reportado es el de la periodista Paola Ugaz. Recientemente un fiscal ha abierto un nuevo proceso contra ella. A eso se suma el hostigamiento en las sedes de IDL, donde está Gustavo Gorriti; el uso de las redes sociales del alcalde de Lima para atacar a periodistas como Rosa María Palacios. ¿Cuál debe ser concretamente la reacción de las autoridades ante estos hechos?

Tendría que discutir con detalle cada uno de los casos. La situación de Paola Ugaz, que ha escrito mucho sobre la campaña judicial contra el periodismo en Perú, y las amenazas contra Gorriti y los reporteros por parte de la ultraderecha son distintos problemas. Pero cada uno, desde su punto de vista, está exponiendo claramente cómo ellos son víctimas de un sistema que criminaliza al periodismo de distintas formas.

Aquellos que son violentos se sienten con la impunidad suficiente como para continuar sus ataques. No admitir unos ataques hace meses y callarse, [sino] volver a ello y como existe una campaña judicial que criminaliza al periodismo, que ha sido un poco el tema fundamental de Paola Ugaz, (...) creo que hay un sistema claramente de criminalización al periodismo y las autoridades tienen que entenderlo. 

Esto es lo que está ocurriendo, no lo que ellos quieran decir. Hay un ataque contra el periodismo, a través de distintas violencias, y utilizando distintas herramientas en Perú. Y un gobierno tiene la responsabilidad de atajar esos problemas, desde distintos flancos, con un marco legal protector, con una seguridad física protectora y con un sistema judicial que haga lo contrario de criminalizar a los periodistas; lo que haga es protegerlos y que haya justicia respecto a sus agresores.

SEGUIMIENTO. El CPJ ha seguido casos de periodistas peruanos como Paola Ugaz. También promueve el Premio Internacional de la Libertad de Prensa

Imagen: Captura de cpj.org

El gobierno ha preparado un protocolo aún en consulta, que pretende establecer pautas sobre cómo los reporteros deben cubrir las protestas sociales y también piden que tengan una filiación a un colegio profesional. ¿Esas medidas respetan la libertad de prensa y protegen su ejercicio o, por el contrario, lo coactan?

La exigencia de un colegio profesional no tiene nada que ver con los estándares internacionales (...). Los periodistas en una situación ideal pueden identificarse como tales, sin sufrir agresiones y es la Policía la que tiene que aprender a no ejercer la violencia, de tal manera que pongan peligro a los periodistas. 

Los periodistas, por su propia seguridad, tienen que aprender a leer las situaciones de protestas, a protegerse de los riesgos, pero es la Policía la que tiene que estar entrenada para evitar que agreda a periodistas, como no puede agredir a los protestantes que ejercen su derecho o activistas de cualquier tipo. 

 Y desde luego, la exigencia de colegiarse no tiene el más mínimo sentido.

Hay un sistema de criminalización al periodismo y las autoridades tienen que entenderlo". 

La Asociación Nacional de Periodistas habla de una suerte de estrategia para amedrentar a periodistas.

Hay determinados grupos que claramente tiene una intención amedrentadora; es decir, aquellos grupos de ultraderecha que hostigan a los periodistas; aquellos que utilizan la ley con un afán también de silenciar a la prensa; aquellos que no hacen lo posible por proteger a los periodistas de esas amenazas tienen su responsabilidad en no protegerlos. 

El mensaje que yo diría claramente a las autoridades peruanas es: es su responsabilidad proteger a la prensa de distintas maneras. Estas son todas las amenazas que están sufriendo. Nadie puede excusarse en nada, es la obligación de las autoridades de enseñar los mecanismos para proteger a la prensa.

La exigencia de un colegio profesional no tiene nada que ver con los estándares internacionales".

Es importante lo que señala de las “excusas”, porque definitivamente el periodismo tiene que hacer una autocrítica, seguramente, hay errores en el ejercicio del periodismo. Pero muchas autoridades, incluso, también el expresidente se basó en eso para atacar a la prensa. 

Es como aquellos que se ponen a defender la libertad, pero desde el poder no protegen un sistema de libertades. Es decir, no les interesa la libertad, lo que les interesa es un discurso que pueda legitimar sus ataques. El discurso estigmatizante no busca mejorar la prensa, ni una crítica perfectamente admisible a la prensa que, como cualquier otra institución, tiene que estar sujeta a la crítica. Pero el discurso estigmatizante no tiene nada que ver con eso. Lo que busca el discurso estigmatizante es precisamente aislar a la prensa.

** Nota de redacción: El viernes 12 de mayo, durante una entrevista en el programa Sálvese quien pueda, de los periodistas Renato Cisneros y Josefina Townsend, el ciudadano Frank Schreiber, que vive en Perú hace más de 20 años y quien fue la persona que dejó una rosa blanca en las instalaciones del Instituto de Defensa Legal, señaló que dejó la flor como un gesto de solidaridad con una institución a la que respeta mucho. Informó que está en contacto con IDL y que aclararan lo ocurrido.