La revelación del caso La Fiscal y su Cúpula de Poder, que involucra a la suspendida fiscal de la nación, Patricia Benavides Vargas, como presunta líder de una organización criminal al interior del Ministerio Público, expuso, una vez más, una crisis en la institución encargada de la persecución del delito en Perú. 

A raíz de esta investigación, la entidad ha quedado a cargo de un fiscal de la nación interino, Juan Carlos Villena. Y se ha realizado una recomposición tanto en la Junta de Fiscales Supremos —máximo órgano del Ministerio Público, conformado por fiscales supremos titulares, nombrados por concurso público—, como en las fiscalías supremas y los equipos especiales a cargo de casos emblemáticos, como Cuellos Blancos y el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop). 

En los últimos días, se conocieron nuevas declaraciones de Jaime Villanueva Barreto, exasesor de Benavides Vargas, en las que hizo referencia a más negociaciones con actores políticos. Esta información —que aún falta corroborar— ha generado el inicio de investigaciones en la Junta Nacional de Justicia (JNJ). 

La institucionalidad en el Ministerio Público, como en otras instancias del Perú, se ha ido deteriorando. En menos de 10 años, tres fiscales de la nación no culminaron su mandato por hechos irregulares en el ejercicio de su función: a Benavides Vargas se suman Carlos Ramos Heredia, quien fue destituido en 2015, y Pedro Chávarry Vallejos, quien renunció al cargo en 2019, en medio de un escándalo por haber removido a los fiscales del caso Lava Jato, Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez, aunque se mantuvo por un año más en la Junta de Fiscales Supremos.

En menos de 10 años, tres fiscales de la nación no culminaron su mandato por hechos irregulares en el ejercicio de su función".

En el mismo periodo, cuatro fiscales supremos —tres de ellos integrantes de la Junta de Fiscales Supremos, y uno más, que era representante de este órgano ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)— fueron destituidos por sus vínculos con investigados en el caso Cuellos Blancos: Víctor Rodríguez Monteza, Tomás Aladino Gálvez, Luis Arce Córdova y, finalmente, Pedro Chávarry Vallejos. Todos ellos en 2021.

Además, una fiscal suprema, Zoraida Ávalos Rivera, fue inhabilitada por el Congreso de la República por una supuesta infracción a la Constitución, en 2023. En ese contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado para que se respete el debido proceso, y no se vulnere la independencia judicial por medio de las denuncias constitucionales en el Legislativo, luego de tomar conocimiento del caso de Ávalos Rivera y de los miembros de la JNJ. 

Así como el Poder Ejecutivo se sumió en una marcada crisis política desde que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski asumió el poder, en 2016, con la férrea oposición de Keiko Fujimori y su partido en el Congreso —que desencadenó, además, en el cambio de cuatro jefes de Estado en solo cinco años—, desde 2018, el Ministerio Público se ha encaminado por un sendero similar, a pesar de ser un órgano autónomo.

Cuatro fiscales supremos fueron destituidos por sus vínculos con investigados del caso Cuellos Blancos".

“El Ministerio Público es una institución que no puede estar al margen de la crisis que vive el país, una crisis agudizada a partir del 2016, cuando Keiko Fujimori no es elegida presidenta y comienza a realizar una serie de actos de hostilización al Poder Ejecutivo. Eso ha generado una inestabilidad política muy grave. La crisis política no se ha superado, y la crisis interna [del Ministerio Público] es un reflejo de eso”, señala el exfiscal supremo provisional Víctor Cubas Villanueva.

A esta inestabilidad, en opinión del exministro de Justicia Eduardo Vega Luna, se añaden factores internos. “Hemos visto a fiscales supremos que han sido destituidos por sus arbitrariedades y otros, que están con medidas provisionales (...) Es necesario que las propias autoridades del Ministerio Público y de otras entidades autónomas cautelen y cuiden sus autonomías, que no cedan ante la presión del poder político de turno, del Ejecutivo o del Congreso”, advierte.

Fiscales de la nación destituidos

El hito más claro sobre la injerencia del poder político en las altas esferas del Ministerio Público se remonta al régimen de Alberto Fujimori, quien, a través de su asesor Vladimiro Montesisno, captó a la entonces fiscal de la nación Blanca Nélida Colan, para lograr impunidad en diversos actos de corrupción. 

Entre ellos, por ejemplo, el caso de soborno al excongresista Alberto Kouri y los pagos que realizaba el narcotraficante Demetrio Chávez Peñaherrera para que se le permita realizar su negocio ilícito en la selva, entre otros.

Sin embargo, desde el retorno de la democracia, cuando se esperaba una actuación autónoma a favor de los intereses públicos, la Fiscalía también ha enfrentado distintos quiebres institucionales. La destitución del exfiscal de la nación Carlos Ramos Heredia, en 2015, fue el primer hecho que puso de manifiesto la inestabilidad en el Ministerio Público, en este nuevo periodo. 

La suya fue, además, la única salida ordenada por el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), entidad que, luego, estuvo involucrada en el caso Cuellos Blancos. 

Carlos Ramos Heredia, Pedro Chávarry Vallejos y Patricia Benavides Vargas no culminaron su gestión como fiscales de la nación".

Inicialmente, Ramos Heredia fue retirado del cargo debido a su cuestionada actuación al mando de la Fiscalía Suprema de Control Interno. Cuando estaba en esa área, sancionó a cinco fiscales de Áncash que investigaban el caso La Centralita, en el que estaba involucrado el exgobernador regional César Álvarez Aguilar como presunto líder de una organización criminal.

En 2020, la JNJ —institución que reemplazó al CNM a partir de 2019— encontró otra irregularidad que avalaba la destitución, si bien ya había dejado el cargo: Ramos Heredia tampoco había analizado correctamente un informe de la exfiscal María Camila Maguiña Torres, de 2012. 

La fiscal, entonces encargada del caso Sánchez Paredes, había decidido archivar las indagaciones sin una adecuada investigación de todos los hechos comprendidos en uno de los procesos más importantes de lavado de activos provenientes del narcotráfico. En noviembre pasado, la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria absolvió, en primera instancia, a la familia Sánchez Paredes de los cargos, con una cuestionada sentencia. 

Por esos años, señala Yván Montoya Vivanco, director del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (Idehpucp), las investigaciones del Ministerio Público ya no giraban solo alrededor de actos de corrupción ocurridos durante el régimen de Alberto Fujimori, sino que empezaron a involucrar a altos funcionarios y autoridades del momento.

“El equipo fiscal empezó a trabajar fuertemente, y creo que la clase política empezó a tomar nota del tremendo poder que tenía el Ministerio Público para bloquear o plantear aquellos hechos graves cometidos desde estructuras políticas. Y, entonces, comenzó a ser un objetivo político”, explica.  

 

Tras la destitución de Ramos Heredia, el siguiente fiscal de la nación que no culminó su periodo fue Pedro Chávarry Vallejos. Su renuncia, en 2019, se dio ante las protestas ciudadanas por la remoción de los fiscales que investigaban el caso Lava Jato, Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez. Estos últimos fueron reintegrados a la Fiscalía, a inicios de ese año.

Pese a su desvinculación del principal puesto del Ministerio Público, Chávarry Vallejos permaneció por un año más en la Junta de Fiscales Supremos, donde también eran miembros Pablo Sánchez Velarde, Zoraida Ávalos Rivera, Víctor Rodríguez Monteza y Tomás Gálvez Villegas. En ese entonces, el exfiscal supremo Luis Arce Córdova era el representante del Ministerio Público en el JNE. 

Recientemente, la crisis de la institución ha alcanzado uno de sus puntos más álgidos, con la suspensión de Patricia Benavides Vargas, la tercera máxima representante del Ministerio Público que no termina su mandato desde el retorno de la democracia. 

INVESTIGADA. El Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder, a cargo de la fiscal Marita Barreto, reveló el caso La Fiscal y su Cúpula de Poder. 

Foto: Ministerio Público

 

La suspendida fiscal de la nación es investigada por ser la presunta líder de una organización criminal, en la que también estarían involucrados partidarios del Apra y congresistas de Renovación Popular, Avanza País, Fuerza Popular, Perú Libre y Bloque Magisterial, entre otras bancadas. 

“Lo que he percibido es que, con el ingreso de la señora [Patricia] Benavides, hay un intento de retomar el control del sistema de justicia por parte de sectores que fueron desplazados, una vez que se conoció la magnitud y la amplitud del caso Cuellos Blancos y el control que tuvieron del Consejo Nacional de la Magistratura”, advierte el exfiscal supremo adjunto y exministro del Interior Avelino Guillén Jáuregui. 

Aunque no es la primera vez que un fiscal de la nación resulta vinculado a organizaciones criminales, esta tiene un diferencial: según la tésis fiscal, en esta oportunidad, la estructura criminal fue promovida por la más alta autoridad del Ministerio Público.

“Lo que hemos visto, en los últimos tiempos, es cómo las propias autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Público han cedido ante el poder del Ejecutivo y el Congreso. El ejemplo más claro es [el de Patricia] Benavides, cómo negociaba [con congresistas] y, finalmente, vulneraba esa autonomía e independencia tan importantes en el funcionamiento del sistema de justicia”, señala el exministro Eduardo Vega Luna.
 

Fiscales supremos agudizaron la crisis

Todos esos cambios en la Fiscalía de la Nación también han acarreado diversas recomposiciones al interior de la Junta de Fiscales Supremos, organismo que tampoco ha estado exento de la influencia de poderes políticos.

La Junta de Fiscales Supremos es la máxima autoridad del Ministerio Público. Está presidida por el fiscal de la nación y la completan los fiscales supremos titulares. Es decir, aquellos que han sido nombrados a través de un concurso público, tanto por el desaparecido CNM, como por la actual JNJ. 

En más de dos décadas de democracia, cuatro fiscales supremos titulares fueron destituidos por cometer irregularidades en el ejercicio de su función y por tener vínculos con investigados del caso Cuellos Blancos. Uno de ellos fue Pedro Chávarry Vallejos, quien continuó en la Junta de Fiscales Supremos luego de renunciar al cargo de fiscal de la nación, en enero de 2019. 

 

Al año siguiente de esta desvinculación, tras la instalación de la JNJ, Chávarry Vallejos fue suspendido como fiscal supremo por estar involucrado en el deslacrado ilegal de una oficina de la Fiscalía, que era materia de indagación por el equipo Lava Jato. Esto en el marco de la investigación por lavado de activos y organización criminal contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. 

En un primer momento, la suspensión se dio por un plazo de seis meses y, luego, por tres meses más. La JNJ consideró que Chávarry Vallejos había vulnerado el Código de Ética y la Ley de Carrera Fiscal, por su injerencia en el deslacrado de la oficina y por sus llamadas con el prófugo exjuez supremo César Hinostroza Pariachi, investigado por el caso Los Cuellos Blancos. Teniendo en cuenta todos esos antecedentes, en febrero de 2021, fue destituido de manera definitiva de la Junta de Fiscales Supremos. 

Al igual que Chávarry Vallejos, el fiscal supremo Tomás Gálvez Villegas —quien asumió como fiscal supremo en 2015— fue suspendido de sus funciones, en julio de 2020. Meses después, en abril de 2021, fue destituido por la JNJ por falta “muy grave” por sus vínculos con el exjuez supremo César Hinostroza Pariachi. 

DESTITUIDOS. Rodríguez Monteza, Chávarry Vallejos y Aladino Gálvez fueron destituidos por sus vínculos con Cuellos Blancos. Lo mismo ocurrió con Arce Córdova. 

Foto: OjoPúblico / Jhafet Ruiz Pianchachi

 

El fiscal supremo titular Víctor Rodríguez Monteza corrió la misma suerte en noviembre de 2021, también por faltas “muy graves”. Según argumentó la JNJ, el exfiscal supremo alertó sobre la interceptación de las comunicaciones telefónicas y estuvo en eventos con Hinostroza Pariachi, el expresidente de la Corte del Callao Walter Ríos Montalvo, y otros implicados en el caso Los Cuellos Blancos.

Luis Arce Córdova, en tanto, perteneció a la Junta de Fiscales Supremos solo por cinco meses: desde febrero de 2016 hasta julio de ese año. En ese momento, fue elegido representante del Ministerio Público ante el pleno del JNE. Su destitución se dio cinco años después, en julio de 2021, también por sus vínculos con César Hinostroza, quien, según la tesis fiscal, le pidió intervenir en expedientes en trámite en el máximo órgano electoral.

Avelino Guillén Jáuregui, exfiscal supremo adjunto y exministro del Interior, recuerda que los audios del caso Cuellos Blancos pusieron en escena, nuevamente, la injerencia de sectores políticos en el sistema de administración de justicia. 

“Con la difusión de los centenares de audios y las investigaciones que se llevaron a cabo en relación al caso Cuellos Blancos se pudo constatar la presencia de actores políticos en el manejo del sistema de justicia”, indica.

Los fiscales supremos Víctor Rodríguez, Tomas Gálvez, Pedro Chávarry y Luis Arce fueron destituidos por la JNJ en el 2021".

Mucho más recientemente, está el caso de la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ávalos Rivera por parte del Congreso de la República. Durante su gestión —sin relación con Los Cuellos Blancos, según las investigaciones—  se dieron las sucesivas destituciones de sus colegas por sus vínculos con dicha organización criminal. 

En 2022, tras dejar el cargo de fiscal de la nación, Ávalos Rivera se mantuvo como integrante de la Junta de Fiscales Supremos. Unos meses antes de terminar su gestión, en diciembre de 2021, las congresistas Patricia Chirinos (Avanza País) y Gladys Echaíz (Renovación Popular) la denunciaron constitucionalmente ante el Congreso por presuntamente no haber iniciado investigación contra el expresidente Pedro Castillo Terrones.

En ese momento, la fiscal suprema se defendió argumentando que la Constitución no permite la investigación al presidente en funciones y que, detrás de su proceso, existían sectores que pretendían quebrar el sistema de justicia. Sin embargo, fue inhabilitada por el Parlamento, en junio del año pasado.  

Días antes de que se votara su caso, Ávalos Rivera denunció públicamente que personal del despacho de Patricia Benavides Vargas había tenido reuniones con congresistas para negociar los votos para su inhabilitación. Este es otro de los hechos que se investiga en el caso La Fiscal y su Cúpula de Poder.
 

Conflictos internos

A los casos ya mencionados hay que sumar los constantes conflictos al interior del Ministerio Público, que se intensificaron tras la llegada de Patricia Benavides Vargas al cargo de fiscal de la nación, en julio de 2022. Este hecho marcó el inició de una etapa de inestabilidad, que se mantiene hasta la actualidad.

Entre estos destacan, por ejemplo, la remoción de la fiscal Bersabeth Revilla Corrales —quien investigaba a la jueza Enma Benavides Vargas, hermana de la exfiscal de la nación, por el presunto cobro de sobornos a narcotraficantes— y el fiscal Frank Almanza Altamirano —a cargo del caso Sánchez Paredes—, entre otros. 

Estas remociones generaron renuncias, como la del exfiscal supremo provisional Víctor Cubas Villanueva, y de la misma Bersabeth Revilla Corrales, ambos con décadas de experiencia en la institución. Actualmente, el caso de esta última está siendo investigado por la JNJ y la Fiscalía.

A esto se añade el enfrentamiento entre Benavides Vargas y los fiscales del caso Lava Jato, Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez, luego de que salieron a defender públicamente el trabajo que realizó su equipo en el proceso de extradición contra el expresidente Alejandro Toledo. Esto después de que la entonces fiscal de la nación se presentara en el recibimiento del exmandatario, asumiendo funciones en un caso que no era de su competencia. 

EN LA MIRA. La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público investiga al fiscal José Domingo Pérez por sus declaraciones públicas.

Foto: OjoPúblico / Giuseppe Vicente

 

El cruce le costó una suspensión de ocho meses y 15 días de la Autoridad Nacional de Control al fiscal coordinador Vela Barba, y procesos disciplinarios al fiscal Domingo Pérez. Este tema también está siendo investigado en el caso La Fiscal y su Cúpula de Poder.

Además, en noviembre del año pasado, la fiscal suprema Delia Espinoza Valenzuela denunció a la entonces fiscal de la nación Benavides Vargas por haber utilizado documentos falsos para enviarla como representante de la Junta Nacional de Justicia en el JNE, en 2022. 

Espinoza Valenzuela retornó al Ministerio Público tras la suspensión de Benavides por la JNJ, a finales de 2023. Y, actualmente, está a cargo de la investigación en su contra. 

En las últimas semanas se conoció, además, otro conflicto al interior del equipo especial Cuellos Blancos. El fiscal provincial Cristian Alfaro Cáceres denunció a la fiscal Magaly Quiroz Caballero por realizar investigaciones secretas y actos de videovigilancia sin sustento contra la exfiscal Rocío Sánchez Saavedra y miembros de la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía, así como contra dos periodistas. 

Para el exprocurador Yván Montoya Vivanco, la raíz de esta crisis está en la estructura del Ministerio Público".

En paralelo, la exfiscal del caso, Rocío Sánchez Saavedra, denunció que le estaban realizando videovigilancia sin justificación por indicación de Quiroz Cabellero. Pese a todas estas acusaciones, la actual coordinadora del equipo asegura que las investigaciones tenían argumentos sólidos, y que el fiscal Alfaro Cáceres cometió una irregularidad al hacer pública una investigación secreta. 

Para la abogada Úrsula Indacochea, directora del Programa de Independencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso, los conflictos en el Ministerio Público suceden por el propio debilitamiento estructural de la institución.

“No creo que la Fiscalía carezca de independencia por completo, sino que tiene una debilidad estructural, que ha permitido que personas que no son independientes del poder político —como Pedro Chavarry Vallejos y Patricia Benavides Vargas— logren instalarse en el cargo directivo máximo. Y, desde ahí, presionar a los equipos de fiscales que sí actúan de forma independiente”, dijo. 

CONFLICTO. La fiscal Magaly Quiroz ha sido cuestionada por abrir carpetas secretas y autorizar videovigilancia en el marco del caso Cuellos Blancos

Foto: OjoPúblico / Giuseppe Vicente

 

Por su parte, el exprocurador Yván Montoya Vivanco considera que la raíz de esta crisis está en la estructura del Ministerio Público, en el que resalta el gran poder que tiene el fiscal de la nación.

“A diferencia del Poder Judicial, el Ministerio Público tiene una estructura mucho más vertical. Es decir, puede hacer cambios desde la cabeza de la Fiscalía de la Nación, que es la cúspide, y mantiene un poder enorme para rotar con muchísima facilidad a fiscales (…) Entonces, aquel que, desde fuera, ya sea el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, quiera tomar la cabeza, toma todo el Ministerio Público”, explica. 

Esa particularidad no pasó inadvertida para los poderes políticos y económicos, en opinión del exfiscal supremo provisional Víctor Cubas Villanueva. “Esta institución ha sido un objetivo, la han pretendido tomar para lograr impunidad”, sostiene.

Este medio contactó con el área de prensa del Ministerio Público para recoger su versión sobre la situación actual de la institución y del sistema de administración de justicia. Sin embargo, indicaron que no participarían de este informe. 
 

Órgano autónomo

La Constitución Política de 1979 creó al Ministerio Público como ente autónomo encargado de representar a la sociedad en juicios y de defender los intereses públicos. No obstante, esta entidad recién inició funciones el 12 de mayo de 1981. 

En ese primer momento, el entonces CNM todavía no tenía la potestad de nombrar a jueces y fiscales, solo de proponerlos. La Carta Magna, promulgada ese año, establecía que era el presidente de la república quien decidía los nombramientos, con aprobación del Senado, es decir una de las cámaras del Congreso.

Asimismo, el fiscal de la nación era elegido por orden de antigüedad. Eso generaba, en palabras del exfiscal supremo provisional Cubas Villanueva, una estabilidad en su elección. “Ese sistema era bueno, y no generaba conflicto porque el fiscal más antiguo asumía el cargo por dos años y, luego, era reemplazado por el que le seguía en orden de jerarquía y, luego, entraba el siguiente”. El mandato, entonces, era solo de dos años. 

La norma cambió con la Constitución Política de 1993. Esta le otorgó la potestad al CNM no solo de proponer, sino también de nombrar a jueces y fiscales de todas las categorías. Con ese cambio, el presidente ya no interviene directamente en el proceso.

REFORMAS. Con la Constitución de 1993, el CNM obtuvo la facultad de nombrar a jueces y fiscales de todos los niveles en el ámbito nacional.

Foto: Andina

 

Sin embargo, a diferencia de la Constitución de 1979, que establecía que el CNM estaba integrado por el fiscal de la nación, un representante de la Corte Suprema, otro de la Federación Nacional del Colegio de Abogados del Perú, uno del Colegio de Abogados de Lima y uno más de las Facultades de Derecho, la de 1993 incluyó a un representante de los demás colegios profesionales, y a otros dos de universidades públicas y privadas. 

De igual modo, modificó la elección del fiscal de la nación, al establecer que la designación ya no sería por antigüedad de méritos, sino por la elección de la Junta de Fiscales Supremos. Además, se amplió el tiempo de gestión a tres años, con la posibilidad de una reelección de dos años más. 

Esto generó que, en 2014, la Junta de Fiscales Supremos elija a Carlos Ramos Heredia como fiscal de la nación, pese a que solo llevaba tres años como fiscal supremo y que, entre los candidatos, estaba el fiscal Pablo Sánchez, quien, en ese entonces, era el más antiguo en el cargo.

Desde la creación del Ministerio Público, la Junta de Fiscales Supremos también ha sufrido cambios. Hasta 1997, sus integrantes estaban compuestos por el fiscal de la nación y tres fiscales supremos. Sin embargo, a partir de entonces, con una ley modificatoria, se estableció que los fiscales supremos provisionales también serían parte del órgano, siendo estos nombrados por el fiscal de la nación, sin concurso público previo. 

Finalmente, en el año 2000, se volvió a modificar ese artículo. Desde ese entonces, la Junta de Fiscales Supremos solo está conformada por los fiscales supremos titulares. Actualmente, el órgano debe estar conformado por siete fiscales supremos: el fiscal de la nación y seis fiscales supremos titulares. 

PUGNAS.  Los conflictos al interior del Ministerio Público también han alcanzado a los fiscales supremos Zoraida Ávalos, Pablo Sánchez y Delia Espinoza.

Collage: OjoPúblico / Gianella Rojas

 

Sin embargo, en este momento, solo está conformada por tres fiscales supremos, ya que existe una suspendida (Patricia Benavides Vargas), otra inhabilitada (Zoraida Ávalos Rivera) y, además, varias fiscalías supremas están a cargo de fiscales supremos provisionales. 

La elección y el nombramiento de los fiscales titulares estuvo a cargo del CNM hasta 2018, año en que se revelaron los audios de magistrados de esa entidad negociando nombramientos de jueces y fiscales a cambio de favores personales. Es decir, el caso Cuellos Blancos. Tras esos hechos, el CNM fue cerrado y, en su lugar, se creó la JNJ. 

La aparición de esta última fue promovida tanto por el Poder Ejecutivo como el Legislativo, como un paso necesario para la reestructuración del sistema de justicia. Para eso, se estableció la elección de sus miembros a través de un concurso público, a diferencia de la conformación representativa que se realizaba para los miembros del desaparecido CNM. 

Actualmente, la Junta de Fiscales Supremos está conformada solo por tres fiscales supremos titulares".

Sin embargo, después de cuatro años de funcionamiento, la JNJ también enfrenta cuestionamientos. Entre ellos, la elección de la suspendida fiscal de la nación, Patricia Benavides Vargas, en un concurso controversial y por el que está siendo investigada en la misma entidad.

Este hecho ha llamado más la atención luego de que la Fiscalía Suprema Especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, que investiga el caso La Fiscal y su Cúpula de Poder incluyera como indicio de un presunto hecho delictivo la supuesta influencia que ejercieron el exministro aprista Hernán Garrido Lecca y el abogado José Luis Hauyón Dall'Orto sobre algunos consejeros de la JNJ. La tesis sostiene que el nombramiento de Benavides Vargas como fiscal suprema tendría un origen ilícito. 

A eso se añade la elección del jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, Juan Fernández Jerí, en un proceso también cuestionado, luego de que la Contraloría encontrara evidencia de presuntos documentos fraudulentos presentados en el concurso. Actualmente, también hay un proceso abierto en la JNJ por este caso. 

Este medio también solicitó una entrevista con algún representante de la JNJ, pero el área de prensa de la entidad indicó que no brindarían entrevista. 

 

Reforma del sistema de justicia

Tras la difusión de los audios que, en 2018, revelaron las coordinaciones entre miembros del CNM y autoridades judiciales para favorecer a investigados por casos de organización criminal, el Poder Ejecutivo, entonces liderado por Martín Vizcarra Cornejo, creó la Comisión Consultiva para la Reforma del Sistema de Justicia, con la finalidad de proponer medidas urgentes a la crisis. La misma fue presidida por el excanciller Allan Wagner Tizón. 

Siguiendo las recomendaciones de este grupo, en mayo de 2019, se creó el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia (CSRJ), como un espacio de coordinación al más alto nivel, que buscaría impulsar, precisamente, la tan esperada reforma judicial. Para eso, se requería elaborar una política nacional y políticas específicas, a cargo de las entidades que conforman el sistema de justicia.

La Ley Nº 30942 señala que el CSRJ está integrado por el presidente de la república, el del Congreso, el del Poder Judicial, el de la JNJ, el del Tribunal Constitucional (TC), el fiscal de la nación, el contralor general de la república y el defensor del pueblo. 

No obstante, desde 2019 hasta 2023, el TC no participó en este equipo por ser una institución autónoma y máximo intérprete de la Constitución que, eventualmente, tendría que dirimir modificaciones constitucionales controversiales impulsadas desde esta instancia. Es decir, se abstuvo de participar para no ser juez y parte.

El Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia busca retomar la política que planea una reforma integral en medio de la crisis".

El CRSJ sesionó en reiteradas ocasiones durante el 2019. Pero, con los años, estas reuniones fueron menos frecuentes. Aun así, en julio de 2021, durante el gobierno del expresidente Francisco Sagasti Hochhausle, se aprobó la Política Pública de Reforma para el Sistema de Justicia. 

“Nosotros planteamos tres grandes ejes que, consideramos, debe tener una reforma de este tipo: modernización, lucha contra la corrupción, y acceso a la justicia de poblaciones vulnerables. Esos eran los tres grandes ejes y, alrededor de esos, había nueve objetivos prioritarios”, cuenta el exministro de Justicia de entonces, Eduardo Vega Luna.  

A pesar de la existencia de ese documento guía, explica Vega Luna, las autoridades posteriores no continuaron con el proceso para iniciar con la implementación de la reforma.

Durante el 2022, el expresidente Pedro Castillo Terrones convocó en dos ocasiones al CRSJ, pero las sesiones quedaron frustradas por falta de quórum. En la primera, no asistieron la entonces presidenta del Congreso, María del Carmen Alva Prieto; del TC, Augusto Ferrero Costa; de la JNJ, Henry Ávila Herrera; y la defensora del pueblo Elena Revollar Añaños. 

En la segunda sesión, no acudieron, nuevamente, las mismas autoridades, con excepción de la entonces representante de la Defensoría del Pueblo. Otro de los ausentes fue el entonces fiscal de la nación Pablo Sánchez.

A inicios de 2024, en medio de las revelaciones de una presunta organización criminal al interior del Ministerio Público, el CRSJ sesionó por convocatoria de la presidenta Dina Boluarte. En esta ocasión, sí participó el actual presidente del TC, Francisco Morales Saravia.

Tras la sesión, se firmó la Declaración por la justicia, un documento donde todas las autoridades integrantes del CRSJ reafirmaron “la necesidad de respetar y promover la plena autonomía” de las instituciones que lo conforman, y a “contribuir de manera directa” con la lucha anticorrupción.

Sin embargo, para la exministra Marisol Pérez Tello, los reales cambios en el sistema de justicia no sucederán mientras no exista un compromiso firme de las autoridades. Según consideró, desde el Acuerdo Nacional por la Justicia —que se impulsó en 2016— “no ha habido esfuerzos serios” en el tema. 

“[El acuerdo] se cayó porque nadie quiere que el sistema funcione, porque quieren que sigan liberando bandas, que sigan venciéndose los plazos procesales en una investigación de lavado de activos, de trata, de narcotráfico. Mientras todo sea oscuro y oculto, va a seguir pasando”.

La bancada de Fuerza Popular ha presentado una moción que propone realizar una reforma del sistema de justicia en 45 días".

La exministra considera que el principal problema que afronta el sistema de justicia no radica en las autoridades o sus funcionarios, sino en las bases de las instituciones que lo conforman. En ese sentido, señala que la falta de datos abiertos y de transparencia no permite que se supere la crisis.

“Si levantas la data, se acaba la corrupción, porque todo se vuelve público. Sabríamos cuántos jueces hay, cuántos casos tienen, quiénes trabajan o no, cuántos defensores públicos hay, cuántos se necesitan, cuánto demora un proceso, y por qué demora tanto. Entonces, puedes hacer un monitoreo de la justicia, que hoy no se puede hacer”, dice. 

Además, cuestionó que, desde el Congreso de la República, se esté impulsando una reforma, pese a las graves investigaciones en las que están inmersos sus integrantes. 

Como se recuerda, en diciembre de 2023, la bancada de Fuerza Popular presentó una moción de orden del día para crear una comisión de alto nivel que elabore propuestas de reforma del sistema de justicia en un plazo de 45 días. 

La iniciativa propone, además, que el grupo esté conformado por miembros de todas las bancadas, de forma proporcional, y dos legisladores no agrupados. Es decir, los cambios que se planteen serían elaborados netamente por congresistas. 

Según indica el documento, la reforma “no puede demorar” porque la ciudadanía debe “recuperar la confianza” ante la crisis, y se tiene que “garantizar una justicia equitativa para todos”.

En un primer momento, esta intención no fue aprobada. Sin embargo, el congresista Fernando Rospigliosi Capurro (Fuerza Popular) presentó una reconsideración para volver a votarla, por lo que el tema todavía está pendiente de analizar en el Pleno. Ante ello, Pérez Tello sostuvo que el CRSJ es quien tiene que sesionar con frecuencia para alcanzar acuerdos.

“¿Qué van a cambiar los congresistas, si muchos están investigados? El Congreso ya tiene un espacio para ese rediseño del sistema de justicia. El presidente del Congreso tiene un asiento en el CRSJ, y la Comisión de Justicia del Parlamento podría convocar todos los meses, y preguntar cuántas veces se han reunido o lo que se ha acordado”, advierte. 

La exministra señala, asimismo, que la reforma integral del sistema de justicia está pendiente desde hace muchos años, pero se necesita una interconexión entre todas las instituciones para que eso funcione. “Ha habido esfuerzos institucionales del Poder Judicial, del Ministerio Público, pero por separado. Mientras no sea de todo el sistema, el ciudadano común no va a ver resultados”, alerta.