En plena crisis sanitaria y económica generada por la pandemia, y a solo cinco meses de las elecciones generales en todo el país, el Congreso del Perú decidió vacar al presidente Martín Vizcarra con 105 votos a favor, 19 en contra 19 y 4 abstenciones. La medida fue impulsada por el partido Unión por el Perú (UPP), que tiene entre sus líderes a Antauro Humala, exmilitar condenado por el asesinato y secuestro de cuatro policías durante el caso conocido como 'Andahuaylazo' (2005).

La medida fue aprobada con votos unánimes de las organizaciones políticas Frepap, Fuerza Popular (fujimorismo) y Unión por el Perú; y mayoritarios de Alianza para el Progreso (de César Acuña), Acción Popular y Podemos Perú (cuyo líder José Luna es investigado y enfrenta una orden de detención por el caso "Los gánsteres de la política).

Martín Vizcarra aceptó la decisión ayer por la noche y dijo que no interpondría ninguna medida legal. Él asumió la presidencia en marzo de 2018 tras la salida de Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció al cargo ese año por sus investigaciones en el caso Lava Jato. 

Hoy, en medio de protestas en Lima y varias regiones del país contra la decisión del Congreso, el titular del Legislativo, Manuel Merino, del partido Acción Popular, asumió las funciones de presidente hasta julio del 2021, cuando asumirá el nuevo presidente. 

Este fue el segundo pedido de vacancia contra Vizcarra. El primero fue planteado hace tan solo dos meses, por una supuesta obstrucción en la investigación al músico Richard Cisneros, que fue contratado por el Ministerio de Cultura. 

Esta vez el Congreso argumentó la propuesta luego de conocerse los testimonios de aspirantes a colaboradores eficaces que lo involucran en presuntos sobornos cuando se desempeñó como gobernador regional de Moquegua, entre 2011 y 2014. A pesar de que varios abogados constitucionalistas señalaron que Vizcarra podía ser investigado y procesado inmediatamente después de dejar el cargo, en julio del 2020, el Congreso decidió vacarlo e impedir que culmine con su mandato constitucional.

La crisis marca la cúspide de varios meses de enfrentamiento entre el nuevo Congreso y Vizcarra. Este ha incluido, por ejemplo, el debate sobre la reforma educativa. Las bancadas de Alianza para el Progreso y de Podemos Perú -vinculadas a las universidades César Vallejo y Telesup- han presionado permanentemente para frenar la reforma educativa. El mismo Congreso ha impulsado durante los últimos meses algunos medidas populistas y ha bloqueado las investigaciones contra congresistas investigados. 

El pedido para retirar de la presidencia a Vizcarra se sustentó en la declaración de uno de los aspirantes a colaborador que lo acusó de recibir más de S/ 1 millón para adjudicar el proyecto Lomas de Ilo a Obras de Ingeniería S.A. (Obrainsa). A esto se sumó la versión de otros tres presuntos testigos, respecto a que las empresas Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (Iccgsa) e Incot pagaron un soborno similar a cambio de asumir la construcción del Hospital Regional de Moquegua.

El presidente ha negado públicamente haber recibido dinero de las empresas mencionadas en la investigación fiscal, y acudió al Congreso para sustentar su defensa con los mismos argumentos. "No existe una prueba fehaciente ni prueba en flagrancia de un delito. Y no la habrá porque no he cobrado soborno alguno. Se tomaron las mejores decisiones técnicas, pero ninguna ha sido con el objetivo de llenar los bolsillos de nadie, menos los míos", señaló.

Él insistió en que los dos contratos cuestionados fueron asignados por Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), por lo que no tuvo injerencia en el proceso de licitación. Su intervención duró cerca de una hora, y en esta explicó, también, en las iniciativas que ha emprendido su gobierno para generar empleo y reducir el impacto de la Covid-19. Esfuerzos, que según dijo, se iban a ver afectados si prosperaba una vacancia por intereses políticos.

DEFENSA. El presidente Vizcarra sustentó su propia defensa por cerca de una hora, y negó las acusaciones de recepción de sobornos.

Foto: Andina

"Escuché comentarios sobre la carta que envié, donde consulto la definición de competencias de los fiscales, diciendo que busco dilatar plazos. Tengo el derecho a no ser investigado ni juzgado dos veces por los mismos hechos y a ejercer mi defensa (...) No busco dilatar [la investigación en su contra]. Al contrario, soy el principal interesado en que se aclaren las imputaciones que se hacen”, añadió.

En la sesión plenaria lo acompañó el abogado Fernando Ugaz Zegarra, fundador del bufete jurídico del mismo nombre, pero no intervino. El exsocio de los estudios Ugaz & Gurmedi, y Nakazaki & Sousa, fue defensor del expresidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Orlando Velásquez, en 2018, en el proceso que le entabló el Congreso por el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”.