La Academia de la Magistratura —dedicada a la capacitación de jueces y fiscales— fue la entidad que contrató a la mayor cantidad de proveedores con algún impedimento: firmó 142, contrataciones irregulares. Así lo señala un informe del Observatorio Nacional Anticorrupción de la Contraloría General de la República sobre contrataciones sin proceso de selección realizadas por instituciones públicas entre 2018 y 2022.

OjoPúblico solicitó el listado detallado de estos proveedores, a través de la ley de Transparencia y Acceso a la información pública. Así, pudo determinar que, durante esos cinco años, la AMAG realizó contrataciones sin selección con magistrados que, luego, fueron implicados en el caso Los Cuellos Blancos, y empleó a familiares de magistrados a través de una empresa impedida para contratar con instituciones públicas, de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado.

En el periodo analizado, la institución suscribió 276 contratos sin concurso público que beneficiaron a 134 personas, tres empresas y cinco instituciones educativas superiores, que poseían uno o más impedimentos para contratar con el Estado, de acuerdo a información a la que accedió este medio. 

134 personas, tres empresas y cinco instituciones educativas que tenían impedimentos para contratar con el Estado fueron beneficiadas".

Estos contratos son por montos menores a ocho y nueve unidades impositivas tributarias (UIT), por lo que se realizaron sin concurso público, tal como lo establece la Ley de Contrataciones del Estado. No obstante, en los cinco años se destinó un acumulado de S/3'145.002 para compras sin proceso. El monto equivale al 21% del presupuesto de S/14'923.870 que tiene la AMAG para este 2023.

Entre los beneficiados hay ocho magistrados que mantienen al menos un proceso en trámite por delitos relacionados a corrupción en el marco del caso Los Cuellos Blancos. 

En ese grupo hay tres magistrados destituidos —Guido Aguila Grados, Aldo Figueroa Navarro y Martín Hurtado Reyes— y otros cinco —Ricardo Vinatea Medina, Cesar Solis Macedo, Marco Cerna Bazán, Ramiro Bustamante Zegarra y Tullio Bermeo Turchi— que continúan desempeñándose en el Poder Judicial. 

Jueces contratados y su relación con el equipo especial

Entre los proveedores beneficiados por las contrataciones sin concurso público de la AMAG se encuentra el juez supremo titular Ramiro Bustamante Zegarra. De acuerdo a información de la Procuraduría Anticorrupción, el magistrado está comprendido en investigaciones en trámite por el caso Los Cuellos Blancos.  

En julio de 2018, este caso salió a la luz tras la difusión, en un reportaje periodístico de IDL Reporteros, de las primeras interceptaciones telefónicas entre Walter Ríos —entonces presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao—, César Hinostroza —quien era presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema—, y miembros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). 

En dichas escuchas —obtenidas a partir de una investigación previa por crimen organizado y analizadas también por este medio como parte de una alianza con La República— se revelaron redes de corrupción para conseguir designaciones o ascensos en el Poder Judicial y el Ministerio Público, a cambio de favores particulares para distintos funcionarios.

Bustamante Zegarra, juez titular de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, fue nombrado en las declaraciones que dio Walter Ríos Montalvo —expresidente de la Corte Superior del Callao, ahora convertido en colaborador eficaz— ante el fiscal Jesús Fernández Alarcón, quien integra el equipo especial que investiga el caso.  

Según su testimonio, el juez asistió a una reunión realizada en el stud del Hipódromo de Monterrico, con el empresario Samir Abudayeh Giha y otros magistrados del Poder Judicial, confirmó una fuente del sector OjoPúblico. Este tipo de reuniones se realizaban para celebrar acuerdos con los magistrados, detalla el fiscal Jesús Fernández en la disposición del inicio de la investigación.

CONOCIDOS. El Consejo de la Academia de la Magistratura estuvo integrado por diversos magistrados señalados en el caso Los Cuellos Blancos.

Foto: AMAG

Durante el 2018, la AMAG emitió tres órdenes de servicio para el magistrado Bustamante Zegarra, por un monto total de S/16.520. Estas contrataciones tuvieron como objetivo impartir diversos cursos a los estudiantes de la academia y fueron excluidas del procedimiento de selección estándar por tener montos inferiores a las ocho UIT, equivalente a S/33.200 durante aquel año.  

En 2019, Bustamente Zegarra fue contratado nuevamente como docente de la institución, en dos oportunidades, para dictar cursos de ética en la magistratura y predictibilidad o casación civil, por un monto total de S/11.360. Entre marzo y mayo de este año, por último, el juez se desempeñó como integrante del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura.

Otro magistrado que tuvo contratos sin concurso con la AMAG y actualmente es investigado por el caso Cuellos Blancos es el juez superior titular y presidente de la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Ricardo Vinatea Medina. Entre 2018 y 2019, este giró 10 órdenes de servicio por un monto total de S/47.760.

En 2017, el magistrado participó en una reunión en el Hipódromo de Monterrico en la que estuvieron los integrantes del desaparecido CNM, Guido Aguila e Iván Noguera, el entonces congresista fujimorista Rolando Reátegui, y otros jueces y abogados.

Un colaborador eficaz señaló que esta cita tuvo como objetivo discutir la renuncia de Baltazar Morales Parraguez al CNM para que el cargo sea asumido por su accesitaria, María Zavala Valladares, actual integrante de la Junta Nacional de Justicia, según informó una fuente del sector a OjoPúblico. 

El juez Ricardo Vinatea Medina giró 10 órdenes de servicio a la AMAG por un monto total de S/47.760".

Durante un interrogatorio en la Comisión de Justicia del Congreso, la magistrada señaló que acudió a esa reunión por invitación del juez Ricardo Vinatea Medina, ya que eran amigos de larga data. Sin embargo, sostuvo que el motivo de este encuentro no fue la discusión de la posible renuncia de Morales Parraguez, sino que solo se trató de un almuerzo.

El magistrado Vinatea Medina volvió a ser nombrado por un colaborador eficaz, en el marco de la denuncia constitucional contra la exfiscal de la nación, Zoraida Ávalos. Según la delación, el juez fue parte de un grupo de personas que recibió las preguntas del exámen escrito de conocimiento para el nombramiento de jueces de la Corte Suprema, en setiembre de 2017, por parte del exmiembro del CNM, Guido Aguila. 

Además de las contrataciones sin proceso de 2018 y 2019, el registro del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado muestra que la AMAG continuó contratando a Vinatea Medina para realizar labores educativas hasta marzo del año pasado. Entre 2014 y 2022, el magistrado ganó S/144.520 por sus labores de enseñanza en la academia.

El magistrado César Solis Macedo también fue beneficiado por las contrataciones sin concurso público de la AMAG. Entre 2018 y 2019, el miembro de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia consiguió adjudicaciones por S/33.910 en siete órdenes sin proceso para brindar servicios docentes en la institución. 

El juez fue implicado por un testigo protegido, que señaló ante el Ministerio Público que Solis Macedo gestionó la contratación de su sobrina, Pierina Ugaz Solís, en la Corte Superior de Justicia del Callao, bajo la presidencia del juez superior César Hinostroza Pariachi.

Las contrataciones de César Solis Macedo, Ricardo Vinatea Medina y Ramiro Bustamante Zegarra se dieron cuando el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde era vicepresidente del Consejo Ejecutivo de la Academia de la Magistratura (2018), o presidente de esta institución (2019).

DIRECCIÓN. Pablo Sánchez fue uno de los directivos de la AMAG cuando se realizaron los contratos. 

Foto: Andina. 

Luego de eso, entre octubre de 2020 y julio de 2022, Pablo Sánchez estuvo a cargo de la coordinación del equipo especial de fiscales encargados de investigar a los Cuellos Blancos del Puerto. Una vez concluido el encargo, hace casi un año, se nombró a Jorge Luis Díaz Cabello en su reemplazo.

OjoPúblico intentó contactar al fiscal Pablo Sánchez para consultar sobre un eventual conflicto de intereses, teniendo en cuenta estos antecedentes y su periodo como coordinador de la investigación fiscal de Los Cuellos Blancos. Sin embargo, no se obtuvo respuesta hasta el cierre de este informe.

También se pidió al área de imagen del Poder Judicial contactar con los magistrados Bustamante Zegarra, Vinatea Medina y Solis Macedo, pero no se logró la comunicación.

Las contrataciones durante el periodo de Pedro Chávarry

En julio de 2018, cuando el caso Los Cuellos Blancos se conoció, el entonces fiscal supremo Pedro Chávarry Vallejos ostentaba el cargo de presidente del consejo directivo de la AMAG. El magistrado había sido elegido para el periodo 2017-2018, pero no culminó su mandato debido a la vinculación con el emblemático caso de corrupción. 

Entre los audios difundidos por OjoPúblico se encontraban conversaciones del entonces presidente de la AMAG con Cesar Hinostroza, en los que acordaban una cena en homenaje a la elección de Orlando Velásquez como presidente del CNM, con “los amigos de siempre”. 

Los magistrados Héctor Lama More, Tomás Gálvez Villegas e Iván Noguera Ramos, implicados en el caso Los Cuellos Blancos, también formaban parte del consejo de la AMAG, durante el periodo de la presidencia de Pedro Chávarry. 

En este tiempo, la institución contrató sin proceso a cinco magistrados que, luego, también fueron incluidos en las investigaciones formales por el caso de corrupción. Entre ellos se encuentra el destituido Aldo Figueroa Navarro, quien suscribió dos órdenes por S/13.280, en el año 2018.

En este grupo también está Martín Hurtado Reyes, quien fue contratado tres veces en 2018 por S/14.960 y el expresidente del CNM, Guido Aguila Grados, quien cobró S/2.100 por una orden de servicio de 2018.

A ellos se suman los aún jueces Tullio Bermeo Turchi y Marco Cerna Bazán, quienes fueron contratados dos veces de forma individual, durante el año 2018. Estos servicios acumularon S/10.800 y S/8.320, de manera respectiva.

Entre los beneficiados por las contrataciones hay ocho jueces y exmagistrados vinculados al caso Los Cuellos Blancos".

OjoPúblico se comunicó con la Academia de la Magistratura para solicitar su descargos respecto a las contrataciones sin proceso que favorecieron a investigados por el caso Cuellos Blancos. 

A pesar de que este medio detalló los nombres de los magistrados aludidos, la AMAG respondió que el informe técnico del Observatorio Nacional Anticorrupción no hacía ninguna mención al respecto. “No detalla casos concretos relacionados con lo señalado", argumentaron.

En cuanto a los 142 proveedores impedidos de contratar, que suscribieron órdenes de servicio, la institución señaló que "el 89%, que representa S/2'801.640, corresponde a contrataciones con personas naturales durante los años 2018 a 2022 para el servicio de docencia, siendo en su mayoría magistrados del Poder Judicial o del Ministerio Público, así como expertos docentes que ocupan cargos de funcionarios del Estado". 

En el 11% restante, que representan S/343.362, —agregaron— “se usó la normativa interna de la institución” para realizar la contratación.

De igual modo, se solicitó al área de Imagen del Poder Judicial contactar a los jueces Bermeo Turchi y Cerna Bazán. Sin embargo, la comunicación no se concretó.

Debate en torno a las exclusiones

En referencia a las contrataciones sin concurso público, el docente de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Christian Alván, explicó a OjoPúblico que, aunque no existe un proceso de selección regido por la Ley de Contrataciones del Estado, sí hay actos preparatorios de acuerdo a las normas internas de cada institución. 

En el caso específico de la AMAG, la institución indicó a OjoPúblico que el procedimiento interno para escoger a estos proveedores está regulado en la Directiva N° 001-2020-AMAG-CD, aprobada con Resolución N° 22-2020-AMAG-CD. La misma indica que los proveedores son invitados a presentar cotizaciones para un determinado servicio y se contrata a quien presentó la propuesta más económica. 

"Uno se pregunta por qué surge esta desregulación [que cada institución esté facultada para crear sus propias normas]. Es porque se considera que, al ser montos pequeños, no vale la pena aplicar la normativa. Los controles demoran ciertos tiempos y, para esos montos, se prioriza la rapidez a la seguridad. Sin embargo, no significa que no se apliquen los principios de la contratación pública, como el de integridad, eficacia o eficiencia", manifestó Christian Alván.

En ese sentido, las compras menores de nueve UIT también deben cumplir con los impedimentos descritos en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, donde se incluye a los magistrados del Poder Judicial, el Ministerio Público y a sus familiares en la lista de funcionarios impedidos de contratar con otras entidades públicas.

POSTURA. La AMAG indicó que las contrataciones de magistrados como docentes están en el marco de la ley.

Foto: Andina.

Hasta 2021, seguía en discusión la excepción de la docencia como única actividad permitida para los magistrados, además de su función jurisdiccional. 

En marzo de ese año, el Tribunal de Contrataciones del Estado esclareció los impedimentos de magistrados para realizar la labor docente, estableciendo en mayoría que el impedimento no es extensible a esta labor. Sin embargo, en minoría, un grupo de miembros del tribunal sostuvo que la excepción solo debería ser aplicable a las tareas universitarias.

Aún así, entre 2018 y la fecha en la que se emitió este acuerdo de sala, la AMAG contrató a 133 proveedores considerados con impedimentos por la Contraloría General de la República.

Jennifer Pérez, subgerenta del Observatorio Anticorrupción del organismo, indicó a OjoPúblico que, en el estudio, identificaron que, aunque la ley establece como una excepción las compras sin concurso público, esto no ocurre en la práctica.

 “Lamentablemente, se ha degenerado su utilización en las entidades públicas, llegando a representar alrededor de un tercio de todas las compras realizadas en el Estado”, dijo. 

Contratación de familiares

Más allá de la contratación de magistrados para las labores docentes, la AMAG contrató con familiares de jueces, lo que calza en los impedimentos de la Ley de Contrataciones del Estado. 

La norma señala que el cónyuge, conviviente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de los magistrados tienen impedimento para contratar, así como las empresas donde sean accionistas mayoritarios y representantes. 

En setiembre de 2022, esta institución contrató a la empresa Global Project Management para realizar la orden denominada "Curso en temas de COBIT para 1 servidor - PDP 2022", por la cifra de S/1.050. 

Los accionistas de esta compañía son Luisa Niño Palomino y Juan Carlos Torres Vela, hermana y cuñado de la jueza María Rosario Niño Palomino, integrante de la Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte de Justicia de Lima.

Los accionistas de Global Project Management son la hermana y el cuñado de la jueza Niño Palomino". 

Desde noviembre de 2019, Niño Palomino es jueza superior provisional. Desde entonces, la empresa de su hermana y su cuñado ganó licitaciones sin proceso con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, la Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali S.A. y el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica —entidades con las que también tiene impedimento—, por un total de S/37.890.

Sobre la contratación para el Curso en temas de COBIT, la AMAG confirmó a OjoPúblico que el contrato con la empresa Global Project  Management sí se concretó. Sin embargo, la entidad sugirió desconocer que la empresa pertenecía a familiares de la jueza Niño Palomino. 

“De acuerdo a lo señalado en la normativa interna emitida por la AMAG, para las contrataciones menores no reguladas por la Ley de Contrataciones del Estado, todo proveedor presenta una Declaración Jurada, sujetándose al principio de veracidad (...) en ese contexto la empresa mencionada no ha señalado nada sobre este impedimento” refirió la academia.

Este medio también pidió descargos a Global Project  Management, mediante un correo electrónico, pero no hubo respuesta. También se intentó contactar sin éxito a la jueza Niño Palomino a través del área de Imagen del Poder Judicial.