Hasta el pasado 23 de febrero, Jessica María Gálvez-Durand Besnard fue la directora de Gestión Sostenible del Patrimonio de Fauna Silvestre, un cargo que ocupaba desde el 2014 cuando se creó el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). Con una experiencia de 19 años en la gestión pública, la magister en Ecología y Conservación fue cesada en el cargo aquel día, sin aviso previo, junto a otros cuatro funcionarios.   

La salida de Gálvez-Durand Besnard, contó la propia exfuncionaria a OjoPúblico, coincide con su pedido de iniciar un proceso administrativo sancionador (PAS) contra la empresa Repsol por el impacto de la contaminación a la fauna silvestre que generó el derrame de más de 10.000 barriles de petróleo en la costa peruana. Dicho pedido, dijo, fue consignado en un informe técnico presentado por su área el 11 de febrero a la Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre. 

“No estaban de acuerdo con la recomendación de abrir un PAS, pidieron que se cambie esa parte del informe y que lo volvamos a presentar”, explicó Gálvez-Durand Besnard. Este pedido, refirió, lo recibió de manera verbal de Isaías Huamán Manrique, director encargado de la Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre.

El 11 de febrero, Gálvez-Durand Besnard pidió iniciar proceso administrativo sancionador a Repsol.

Según la especialista, se presentó un segundo documento el 19 de febrero donde se pedía que la Administradora Técnico Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) en Lima, en ejercicio de sus funciones de control, fiscalización y sanción en materia de fauna silvestre, "evalúe y adopte las acciones que correspondan por la muerte de los especímenes de fauna silvestre como consecuencia del derrame de petróleo ocurrido en las costas de Lima, entre los que resaltan especímenes categorizadas como amenazadas", indica el documento al que este medio tuvo acceso.

Además, se recomienda que se realicen "estudios de la totalidad de los especímenes de fauna silvestre que han sido afectados por el derrame de petróleo, no solo los que presentan visiblemente manchas externas, sino que han visto dañado su hábitat, el cual viene siendo perturbado por la presencia del personal que labora diariamente en las playas y el uso de maquinarias; así como de las consecuencias a largo plazo en las poblaciones ubicadas en la zona de afectación para así conocer la magnitud real del daño causado al patrimonio de fauna silvestre". 

SIN ALIMENTO. Las aves que no fueron alcanzadas por el crudo no se han salvado de este desastre ambiental, pues no hallan comida en las playas que habitaban.

Foto: Marco Garro / OjoPúblico

Sin embargo, el documento fue nuevamente observado por el director general, Isaías Huamán Manrique, y devuelto el 21 de febrero pidiéndole de manera verbal que se cambie la parte que recomendaba sancionar a Repsol. A día siguiente, Gálvez-Durand Besnard recibe la llamada del área de Recursos Humanos de Serfor informándole que trabajaría hasta el día siguiente, por lo que decide consultar al respecto a la directora ejecutiva, Levin Evelin Rojas Meléndez. “No me lo han dicho de manera directa, pero la directora [ejecutiva Levin Rojas] mencionó el caso de los animales empetrolados al señalar que me retiraban por presión política”, indicó la exfuncionaria. 

Aún se evalúa a fauna afectada 

El proceso administrativo sancionador que pedía iniciar Gálvez-Durand Besnard contra Repsol es por la infracción de “abandonar, actuar con crueldad o causar la muerte a especímenes de fauna silvestre”, según indica el Reglamento de infracciones y sanciones en materia forestal y fauna silvestre. Esta infracción es calificada como muy grave y puede ser sancionada con una multa de hasta de 5.000 unidades impositivas tributarias (UIT), que al cambio actual sería S/ 23 millones. 

Levin Rojas Meléndez, directora ejecutiva del Serfor, indicó que aún no han iniciado un PAS porque, además de contabilizar a las aves empetroladas y rescatadas, se está evaluando a la fauna que logró salvarse pero que no está encontrando alimentos en sus hábitats y que, por lo tanto, morirán, dijo el pasado viernes 25 en su presentación ante la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República, encargada de investigar las acciones de funcionarios en torno al derrame de petróleo en el mar de Ventanilla.

Se han hecho análisis de especies halladas muertas y que en apariencia no fueron afectadas por el derrame, pero los exámenes confirmaron que sí. “Con estos resultados, ya podemos aproximarnos a la cantidad de fauna afectada y con eso se está procediendo a abrir el proceso administrativo sancionador”, indicó Rojas Meléndez. Hasta el momento, Serfor ha contabilizado 461 animales muertos producto del derrame de crudo del pasado 15 de enero, de los cuales 312 fueron hallados muertos en playas y 159 fallecieron tras ser rescatados. 

Ante la falta de accionar del Serfor para abrir un PAS contra Repsol, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) presentó el 14 de febrero ante el administrador Técnico Forestal y de Fauna Silvestre de Lima, Guillermo Enrique Ramos Bardalez, una denuncia administrativa contra Repsol por la muerte de los animales silvestres. 

La tardía respuesta de Repsol para contener el derrame ha afectado a especies clasificadas en peligro.

Uno de los argumentos del documento señala que debido a la tardía respuesta de Repsol para la contención del derrame, este se extendió hacia las playas de Ancón, afectando a la fauna marina y aves de la zona, entre las que se encuentran ejemplares de nutria marina, el pingüino de Humboldt, la chuita y el piquero, entre otras especies clasificadas “en peligro”, según lo indicado por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y lo dispuesto en la categorización de especies amenazadas. 

Patricia Torres Muñoz, abogada de SPDA, informó a OjoPúblico que saben que la ATFFS Lima está evaluando el caso, pero aún no han recibido una respuesta formal. “Vemos que otras instituciones como Sernanp, OEFA y el Ministerio Público ya han abierto procesos de investigación, pero la ATFFS todavía pese a que es un hecho notorio y de público conocimiento”, sostuvo. 

Si bien la Ley del Procedimiento Administrativo General indica que en un plazo de cuatro años de ocurrido el hecho prescribe la facultad de la autoridad para determinar la infracción, la abogada Torres Muñoz enfatizó que cuanto antes se inicie el procedimiento sancionador, se podrá establecer el daño generado, así como determinar las sanciones y medidas correctivas. "Es importante marcar un precedente para disuadir de este tipo de conductas a futuro de otras empresas", resaltó. 

Al respecto, Gálvez-Durand Besnard indicó que en los primeros días de ocurrido el derrame de petróleo en el mar peruano su despacho presentó a la dirección ejecutiva del Serfor una propuesta para la evaluación y monitoreo del abordaje integral del desastre para tener información precisa de cuánto daño se estaba causando. “Hasta el día que estuve no se había aprobado la propuesta. No implementar el protocolo de recojo de información generó que a la fecha no se conozca con exactitud el daño a la fauna”, refirió

Los cambios no cesan desde el 2020

En los últimos dos años se han realizado cambios de directivos y funcionarios en Serfor que han generado el debilitamiento de esta institución encargada de proteger la flora y fauna silvestre del Perú. Ante la falta de cuadros para reemplazarlos, hay áreas que están duplicando funciones, por ejemplo, el puesto de Gálvez-Durand Besnard ha sido encargado a Henry Sanabria Villalva, actual director de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal desde el 30 diciembre del 2021. 

Otra funcionaria cesada recientemente es la ingeniera forestal Elvira Gómez Rivero, extitular de la Dirección General de Información y Ordenamiento Forestal y de Fauna Silvestre, quien fue retirada del cargo el pasado 2 de febrero tras cinco años de servicio en esta institución. En su reemplazo fue designado el ingeniero forestal Edin Bustamante Cusma, quien renunció a los 14 días de haber asumido el puesto. Desde el 16 de febrero, dicho cargo ha sido asumido por María Cecilia Macera Urquizo, quien es parte de Serfor desde setiembre del 2019.

"Los cambios que se realizan en la institución se dan sin criterio técnico porque los nuevos profesionales no cumplen los perfiles para los puestos. Además, en los últimos años el presupuesto del Serfor solo alcanza para pagar al personal, por lo que los directivos tenemos que trabajar con los cooperantes para realizar algún proyecto, pero con los constantes cambios ha sido imposible trabajar”, refirió Gómez Rivero. 

El 23 de febrero también fueron cesados Juan Jesús Aldana Vílchez, quien tenía el cargo de director general de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto. Este puesto ha sido encargado a Martín Augusto Villafuerte Kanemoto, actual coordinador en Planeamiento y Calidad de Gasto en la Oficina de Planeamiento y Racionalización. Además, fue cesado Enrique Julio Manco Suni, quien era director de la Oficina de Tecnologías de la Información y en su reemplazo se le encargó dicho puesto a Félix Lobatón Cotito, especialista en Redes y Comunicaciones en la Oficina de Tecnologías de la Información.

Del mismo modo José Alex Fiestas Ramírez fue retirado como director de la Oficina de Servicios al Usuario y Trámite Documentario y se le encarga temporalmente este puesto a Rocío Evelyn Román Casafranca, analista de Gestión Documentaria y Archivo en la Oficina de Servicios al Usuario y Trámite Documentario. Finalmente, Carmen Lizbeth Castilla Valenzuela fue retirada como Administradora Técnica Forestal y de Fauna Silvestre de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) de Ica y en su reemplazo se designó a Doyla Lucila Velásquez Briones.

Los cambios en Serfor se dan sin criterio técnico porque los nuevos profesionales no cumplen los perfiles.

Las resoluciones de cese de Gálvez-Durand Besnard y Gómez Rivero llevan la firma de la directora ejecutiva del Serfor, Levin Evelin Rojas Meléndez, quien fue observada por la Autoridad Nacional de Servicio Civil (Servir) y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), al cual está adscrito este órgano, porque “no habría acreditado experiencia general mínima de seis años requeridos para ocupar el cargo”. Ambas instituciones recomiendan dejar sin efecto la designación de Rojas Meléndez, quien ocupa este cargo desde octubre del 2021.
 

Informes de Servir y Midagri sobre las designaciones en el Serfor by OjoPúblico

En un informe emitido el 4 de febrero, Servir advirtió que la ingeniera forestal Martha Chumpitaz Vásquez no cumplía con la experiencia de tres años para ocupar el puesto de asesora de la Gerencia General del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Asimismo, se recomienda dar por concluida la designación de la comunicadora social Jessica del Pilar Limo Cajo porque tampoco acredita la experiencia de tres años para ocupar el puesto de directora de la Oficina de Comunicaciones del Serfor.

Ante estos cambios y otros en los ministerios del Ambiente, Producción, Agricultura y Desarrollo Agrario, Senamhi y Serfor, veinticinco organizaciones civiles que trabajan temas ambientales y de protección a la fauna silvestre firmaron un pronunciamiento en el que exhortan a la Contraloría General de la República, Servir, Defensoría del Pueblo y el Consejo Directivo de Serfor a supervisar las designaciones de funcionarios. 

OjoPúblico solicitó una entrevista con la directora ejecutiva del Serfor, Levin Rojas Meléndez, para recoger sus descargos. En un primer momento, el área de Comunicaciones informó que la funcionaria daría la entrevista a este medio luego de su presentación ante el Congreso de la República el viernes 25 de febrero, pero después suspendieron la cita pactada. 

Antes del nombramiento de Rojas Meléndez, el puesto fue encargado temporalmente a Jorge Augusto Amaya Castillo, quien se desempeñaba como gerente general de esta institución, ante el retiro forzado del cargo de Luis Alberto Gonzales-Zúñiga en junio del 2020. Dicha medida se dio en un contexto en el que desde esta entidad se impulsaba una política para enfrentar la tala ilegal y el lavado de madera de origen ilegal. 

Gonzales-Zúñiga fue nombrado en ese puesto luego de ser elegido por concurso público. Por ello, presentó una demanda ante el Poder Judicial, ya que su retiro violentaba el debido proceso. En agosto del año pasado, el Décimo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima falló a su favor y ordenó al Midagri reponerlo como director. Sin embargo, el Midagri apeló la medida y Gonzales-Zúñiga no podrá volver al cargo hasta que su caso se resuelva en última instancia judicial.