La principal norma que ampara los privilegios fiscales de las empresas educativas es el artículo 19 de la Constitución, que prohíbe que estas sean gravadas con el Impuesto Predial, el Impuesto Vehicular, alcabala y el Impuesto General a las Ventas (IGV). A eso, en las últimas tres décadas, se sumaron normas que también les permitieron ser exoneradas parcial o totalmente del pago de Impuesto a la Renta.

Estas últimas fueron prorrogadas por el Ejecutivo y el Congreso, o extendidas a través de pugnas judiciales. Su fecha de caducidad, una vez más, estaba fijada entre 2018 y 2020, pero una iniciativa legislativa y una acción judicial buscan prolongarlos. La primera es el Proyecto de Ley N° 6619-2020 del congresista César Combina Salvatierra, de Alianza para el Progreso, que tiene como propósito extender la exoneración de renta a las asociaciones sin fines de lucro hasta el 31 de diciembre de 2024.

El documento fue presentado el 6 de noviembre e intenta modificar el artículo 19 de la Ley del Impuesto a la Renta que fija a diciembre como fecha límite para exonerar del pago a organizaciones de este tipo, entre ellas, empresas con fines sociales, culturales, deportivos, políticos, religiosos, pero también educativos. Como reveló OjoPúblico, son 569 las asociaciones educativas, colegios, institutos y universidades que se acogen a este beneficio, e impiden que el Estado recaude unos S/107 millones al año.

Combina Salvatierra justifica su propuesta por la crisis económica que afronta el país debido a la pandemia. "El proyecto de ley es una prórroga de las exoneraciones que se han venido efectuando sucesivamente y que no han presentado una afectación al erario nacional; por el contrario, han cumplido un fin promocional, de cumplimiento de fines altruistas, y de acuerdos internacionales”, indica el texto. De concretarse, esta sería la novena vez que se prorroga la norma.

LEGISLADOR. César Combina, congresista y vocero de Alianza para el Progreso, presentó proyecto de ley para extender el beneficio fiscal, alegando la crisis económica por la pandemia.

Foto: La República.

El segundo intento impulsado para mantener los privilegios fiscales es una acción judicial presentada por la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (Fipes), un gremio de la Confiep que representa a once universidades privadas con y sin fines de lucro, como reveló OjoPúblico a fines de 2019. El proceso, denominado Acción Popular, fue entablado contra el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Economía, y está pendiente de resolución en la Sala Contencioso Administrativo de la Corte Superior. 

Su objetivo es extender el beneficio del Crédito Tributario por Reinversión (CTR), una modalidad que les permite a las universidades con fines de lucro canjear hasta el 30% del pago del Impuesto a la Renta por inversiones con fines educativos. Según la Ley Universitaria, su fecha de caducidad era enero de 2018, pero la acción judicial bloqueó el vencimiento. La demanda cuestiona la vigencia del CTR, pero también que se imponga como condición que las universidades cuentan con acreditación institucional para acceder al beneficio. 

Si la pretensión judicial se confirma, este tipo de universidades solicitarían que se les apruebe los descuentos por las rentas generadas entre 2018 y 2019, una afectación que, según datos del Ministerio de Educación, bordea los S/246 millones cada año. Fuentes del sector advierten que esto no impediría que también se presenten declaraciones rectificatorias para los ejercicios 2015, 2016, 2017, años en que se empezó a regular este descuento.

Para el economista y exdirector del Banco Central de Reserva (BCR), Luis Arias Minaya, se debe evaluar si los beneficios fiscales han cumplido su objetivo de mejorar la calidad en la educación o sustituirlas por gastos directos. “Una posibilidad es cambiarlos por fondos concursables para mejorar la investigación y la innovación en las aulas, incluso la entrega de becas para los alumnos que lo requieran. Tenemos la experiencia de la sustitución de exoneraciones por transferencias directas, para construir fideicomisos de obras en la región San Martín”, añadió.

El investigador principal de Grade, Hugo Ñopo, explica que estos privilegios fueron concebidos como temporales, pero se han extendido amparados en intereses políticos y una legislación que permite el afán de lucro en el sistema educativo. “Luego de tantos años de vigencia de estas exoneraciones, las universidades ya deberían haber despegado e invertido en laboratorios e insumos de largo plazo, no se les puede seguir subsidiando”.

Una empresa que quiere rentabilidad, indica el investigador, no apuesta por profesiones que requieren una alta inversión, como física nuclear; u otras de menor demanda, como filosofía o física teórica. “No van a apostar en ellas porque les es más práctico insistir en carreras de menor equipamiento y que están ya saturadas en el mercado laboral, como administración, derecho, docencia. El negocio educativo es grande, genera cerca del 1% del Producto Bruto Interno (PBI)”, añadió.

Tres proyectos para eliminar beneficios fiscales

La Comisión de Constitución del Congreso de la República tiene pendientes otros tres proyectos de ley que, por el contrario, buscan anular esta exoneración y la inmunidad de la que gozan las universidades, institutos y colegios privados respecto al pago de los otros tributos: IGV, Impuesto Predial, Impuesto Vehicular y aranceles. Para ello intentan modificar el artículo 19 de la carta magna.

El Ministerio de Educación y la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) no están de acuerdo con esta propuesta porque temen que se recarguen los costos finales a los estudiantes. Sus representantes hicieron llegar los aportes al grupo de trabajo y pusieron como ejemplo la posibilidad de que se incremente el costo de los servicios con la aplicación del IGV. Ellos consideran que la fiscalización es una mejor respuesta a la prohibición.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tiene una opinión diferente. A través del Oficio 340-2020, con fecha 21 de julio, la entonces ministra de Economía, María Antonieta Alva, envió a la Comisión de Constitución un documento avalado por la Dirección General de Política de Ingresos Públicos, donde analizan los proyectos de ley y concluyen que “no se tienen observaciones al propósito de las modificaciones planteadas”.

SESIÓN. La Comisión de Constitución pidió las opiniones de los rectores de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y de la Universidad Ricardo Palma.

Captura: OjoPúblico

El MEF se mostró de acuerdo con quitarles la inmunidad tributaria a las universidades, institutos y colegios del sector privado, y consideró que una posible alza en el costo de los servicios depende más de la oferta educativa que de la anulación de estos beneficios. Sin embargo, propuso modificar algunos párrafos de la propuesta legislativa, a fin de que no sean refutados o tergiversados en su aplicación final. 

Concretarlo requerirá la modificación constitucional y un cambio en la Ley del Impuesto a la Renta. La comisión del Congreso, presidida por Omar Chehade, también recibió la opinión de algunas autoridades universitarias. Entre ellos, el rector de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Edward Roekaert Embrechts, integrante de Fipes, el gremio que mantiene la demanda contra el Estado. 

El rector afirmó que gravar la educación privada, con impuestos directos e indirectos, elevaría los costos de los servicios que ofrecen instituciones como la que dirige. “Nos preocupa cuando existen proyectos educativos que terminarán siendo más costosos para las familias (...) Solo con el tema del IGV el incremento en las tarifas y en las pensiones académicas de los alumnos subirían entre 15% y 18%, eso haría que la matricula caiga porque menos alumnos estarían en capacidad de pagar, y las universidades generarían menos excedentes”, consideró.