Las regiones del sur del Perú son las que más muertes lloran estos días ante la represión policial y militar registrada en las protestas de los últimos días. Es precisamente esta parte del país donde –según el análisis de las últimas encuestas– se ha intensificado el rechazo a los poderes del Estado: en noviembre la desaprobación del Congresó alcanzó el 87% y la del entonces presidente Pedro Castillo alcanzaba el 72%.

Un análisis comparativo de las últimas encuestas del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) visibiliza el desgaste de la confianza del sur con los nuevos gobernantes. Ya que, si bien el rechazo de esta población a las instituciones del Estado siempre superó la mitad de encuestados, al inicio este era menor al promedio nacional: en agosto del 2021 la desaprobación al Congreso en todo el país era del 61%, mientras que en la macrorregión sur era de 56%. 

En cambio, ahora, un año y medio después, con una constante turbulencia política que acabó en un estallido social, la cifra llega al 86%; es decir, casi 9 de cada 10 ciudadanos de estas regiones del país desaprueban al Congreso. Mientras que a nivel nacional el rechazo es del 81%.

Fuente: Instituto de Estudios Peruanos (IEP)

Incluso cerca del 60% de esta macrorregión avala el intento de disolución del Parlamento por parte del expresidente Pedro Castillo, marcando así una clara diferencia con Lima Metropolitana en el que este hecho solo fue avalado por el 34%, y en la media nacional no llega ni a la mitad (44%). 

Por su parte, la desaprobación a que Dina Boluarte haya asumido la presidencia de la República genera el rechazo del 84% de la población sureña, frente al 71% promedio. 

Asimismo, se les preguntó a los encuestados sobre la situación política futura de Boluarte. Se percibe el pesimismo en esta gestión, ya que la mitad (46%) de encuestados a nivel nacional considera que empeorará, y en el sur esta visión registró un 63%.

El analista político Mauricio Saravia destacó que se debe prestar atención a la marcada opinión en las regiones del sur y centro, zonas de mayores manifestaciones. Y es que, por ejemplo, el apoyo al adelanto de elecciones llega hasta el 91%, mientras que el promedio nacional es de 81%. 

“Hay una clara diferencia de opinión y hay que atenderlas. Eso genera un entrampamiento porque la presidenta Boluarte ha hecho anuncios que creo que surgen de Lima para el resto de regiones, pero ha dicho muy poco para el sur y centro, y eso preocupa un poco”, apuntó el especialista. 

Por su parte, el politólogo Fernando Tuesta Soldevilla señaló que el rechazo a Boluarte recae en sus primeras acciones a la llegada al mando, ya que en su primer mensaje dijo que se quedaba hasta el año 2026 y pasaron unos días para recién anunciar el adelanto de elecciones.

“Esos días que pasaron para que ella logre dar un paso atrás fueron vitales. A tal punto que al inicio la consigna no era contra ella, era contra el Parlamento. Pero luego de esos días con estos errores lo que ha habido es un rechazo a ella, que además pide su salida”, apuntó el también exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Esto también se ve replicado en otras instituciones públicas con fuerte desaprobación de los peruanos como el Poder Judicial con un índice del 66%, seguido del Tribunal Constitucional con el 62% y la Fiscalía de la Nación con el 61%. Y en las tres entidades también destaca la percepción negativa principalmente en la macrorregión sur, en la que se alcanza hasta el 75%.

Para el analista Paulo Vilca, exviceministro de Interculturalidad y director del Observatorio Regional del Grupo de Análisis Político 50+1, el foco de la protesta se da en el sur, una zona donde hay una demanda de cambiar las cosas, de buscar otro modelo o sistema que los saque de la actual situación, y también porque tradicionalmente es una región contestataria frente al centralismo. Además resaltó que es el territorio donde Pedro Castillo tuvo sus mayores niveles de aprobación, esto se refleja en que un 40% calificó como “bueno o muy bueno” su gestión, según la última encuesta de IEP. 

Cabe precisar que, en el balance mensual de Castillo Terrones, inició su mandato con un primer apoyo de la mitad de la población sureña y una desaprobación de apenas 32% en agosto 2021, mientras que en el sondeo de noviembre 2022 registró un rechazo del 52%. 

Las protestas se concentran en el sur 

Según datos de la Defensoría del Pueblo al que tuvo acceso OjoPúblico, en el periodo de gobierno de Pedro Castillo —con datos entre el 28 de julio del 2021 al 30 de noviembre 2022— hubo un total de 4.384 protestas, de las cuales 1.624 se gestaron en el sur del país, esto significa que cerca del 40% de las manifestaciones provienen de regiones como Cusco, Puno, Arequipa, Ayacucho, Apurímac, Tacna y Moquegua.  

Las protestas y manifestaciones en esta parte del país son frecuentes. Destacan, por ejemplo, las que impulsan las comunidades quechuas contra empresas extractivas y los bloqueos en el corredor minero del sur.

“[Estas protestas se dan] principalmente contra las actividades extractivas, pero en realidad hay por varios motivos. Tiene que ver también con algunos gremios y sindicatos, médicos, conflictos entre comunidades, sindicatos de construcción civil, diferentes demandas”, explicó Luis Alvarado, representante de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo.

Fuente: Defensoría de Pueblo

Para Carmen Ilizarbe, antropóloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y autora del libro La democracia y la calle, el sur andino comparte una serie de características que va más allá de la ideología con las que se le estigmatiza. Explicó que desde que iniciaron las actividades extractivistas, esta macrorregión es fuertemente afectada. 

En esa línea, precisó que hay una sensación de un Estado que quitó o redujo a mínimos toda la legislación para desproteger el ambiente, que ha trabajado para facilitarle las cosas a las empresas sin importa violar los derechos de los ciudadanos que viven en estas zonas, de no garantizar incluso la ganancia a los que ellos tienen derecho, porque muchos protestan solo para que se cumplan los contratos hechos con las mineras. 

“Hay muchos de los pobladores que no son antimineros, simplemente quieren que se cumplan los contratos, pero no se hace, el Estado no lo garantiza. Por el contrario, el Estado les va quitando derechos. Esos son los problemas de fondo para la gente, más allá de los presidentes de turno, eso se siente más en regiones”, apuntó la también politóloga. 

Por su parte, Vilca precisó que justamente Apurímac, Cusco, Puno, —el sur andino en general— es la región del país con mayores índices de pobreza, donde se han presentado los niveles de conflictividad más altos en los últimos años. “Es el lugar con mayor presencia de población indígena, que como sabemos son los sectores más postergados y excluidos del país. Es a su vez el lugar donde, al menos en elecciones nacionales, la expresión política ha estado más vinculada a grupos y partidos de izquierda”, manifestó.

Mapa de incidencia de pobreza monetaria 2021. Fuente: INEI

Represión con precedentes

Tanto Ilizarbe como Alvarado coinciden en que un precedente similar a la represión actual en las regiones protestantes es el denominado Baguazo durante el segundo gobierno de Alan García en el año 2009, por el número de personas fallecidas —dejó un saldo de 33 muertes— y por la intensidad del enfrentamiento. 

Aunque, Ilizarbe diferencia en que, después de lo ocurrido en Bagua, el hecho concentró muchísimo apoyo que se volvió nacional y que terminó siendo lo que inclinó la balanza en favor de la derogatoria de los artículos promulgados por García, que eran violatorios de la Constitución. 

“Los indígenas reclamaban con justo derecho, pero ese argumento no le había convencido a nadie. Y es la masacre, la brutalidad de la respuesta estatal, lo que genera a posteriori las solidaridades, que viene por el tema de los derechos humanos, pero no por la agenda de estos”, apuntó la especialista.  

En tanto, Alvarado recordó que también hubo otras protestas ligadas a la defensa de la propiedad índigena en contra de un decreto publicado por el Congreso que trajo consigo muertes. Sin embargo, enfatiza que las protestas actuales tiene otro carácter de interés nacional, ya que se está cuestionando a las instituciones de la democracia. 

"Ahora es un conflicto en varias regiones a la vez y con muchos hechos de violencia, donde está en juego el avance de la democracia"

“Estamos hablando ahora de un conflicto en varias regiones a la vez y con muchos hechos de violencia, donde está en juego el avance de la democracia y el desarrollo del país. Porque hay una grave afectación de pérdidas humanas, pero también otros costos económicos-sociales e institucionales que todavía no los hemos dimensionado”, informó. 

El funcionario precisó que hay un antecedente de declaratoria de emergencia nacional a causa de protestas. Esto fue en el año 2003 —en el gobierno de Alejandro Toledo— en la que también el gobierno declaró como ilegal la huelga magisterial ante la movilización de miles de docentes en todo el país que reclamaban un aumento salarial. 

La antropóloga Ilizarbe enfatizó también que los que levantan las protestas de ahora (sur) son justamente los que viven protestando, e incluso bajo declaratorias de emergencia constantes, como Cotabambas por la mina Las Bambas. Son zonas que sus reclamos siempre dejan muertos, personas enjuiciadas, torturadas, pero con una dimensión mucho menor manejada a nivel local “porque ese tipo de protestas en el Perú no generan mayores solidaridades”. 

Protestas continuarán el 2023

Tras la reciente aprobación del Pleno del Congreso —en primera votación— del proyecto de adelanto de elecciones generales para el 2024 con reformas previas, algunos gremios en regiones como Apurímac han mostrado su rechazo al Parlamento y continúan en protestas en las que piden que los comicios se realicen el próximo año y justicia para los muertos. También representantes del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho recorrieron la Plaza Mayor de Huamanga con cajones sobre los hombros en memoria a los 10 fallecidos en la región.

“Lamentablemente las protestas sí se van a reavivar. La forma en que opera la movilización popular no es la que las instituciones quisieran, tienen sus propias temporalidades y lógicas; el hecho que se desmovilicen en algún momento no significa que luego no se puedan movilizar”, indicó Ilizarbe. 

Cabe precisar, que el 71% de encuestados por IEP a nivel nacional respondió que tienen intención de participar en protestas si es a favor del adelanto de elecciones.

La investigadora cree que el 2023 será un año sin estabilidad con constantes protestas contra el Congreso y el Ejecutivo: “Yo creo que se va a parecer mucho a la movilización que se dio en el año 2000 contra la reelección de Fujimori. Las actuaciones del Congreso y el Ejecutivo en la lógica de quitar derechos no va a poder legitimarse como un gobierno democrático”, apuntó.