Actualización: 29 de agosto de 2022 - 8:20 p.m.

 

Elizabeth Añaños es arquitecta, urbanista y exviceministra de Vivienda y Urbanismo. Ha asumido diversos cargos en la administración pública en diferentes gobiernos y recientemente ha denunciado una serie de irregularidades que presenció durante su breve paso por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), durante el gobierno del presidente Pedro Castillo. Añaños era una funcionaria de la gestión anterior, que sobrevivió al cambio de gobierno en julio de 2021.

Entre otras denuncias, ha confirmado una reunión irregular ocurrida en agosto de 2021, en una vivienda privada, donde a pedido del entonces titular del MVCS, Geiner Alvarado (que ahora se desempeña como ministro de Transporte y Comunicaciones), expuso un paquete de proyectos públicos próximo a realizarse ante un grupo de personas ajenas al Ejecutivo, denominados por el entorno presidencial como “buró político”. 

Los miembros de ese “buró político” son tres personas cercanas al presidente Pedro Castillo: Segundo Alejandro Sánchez, el dueño de la famosa casa de Sarratea; el empresario Abel Cabrera; y José Nenil Medina, el alcalde de Anguía, que en este momento se encuentra con detención preliminar en el marco de una investigación fiscal por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos.

OjoPúblico conversó con Añaños para conocer su pasado como funcionaria en el Estado peruano, analizar la brecha de infraestructura y otros problemas estructurales de la administración pública, discutir qué vio en su paso por el gobierno del presidente Pedro Castillo y entender la implicancia de sus denuncias.

¿Podría empezar resumiendo su experiencia en el sector público?

Yo empecé en la Municipalidad de Lima, cuando se armó un equipo especial para realizar el Plan de Desarrollo Urbano Lima y Callao 2035. Luego de esa experiencia, que duró unos tres años, como yo había hecho proyectos de colegios en el sector privado con una ONG internacional, postulé a un trabajo en el Ministerio de Educación (Minedu) durante la gestión del ministro Jaime Saavedra, en el año 2015. Había un proyecto llamado Plan Selva, donde fui especialista asesora y desarrollamos sistemas alternativos de acceso a sistemas de agua, saneamiento, sistemas prefabricados modulares para zonas rurales. Luego de eso, en 2017, me nombraron directora general de una de las direcciones más complicadas del Minedu.

¿Que era?

La Unidad Gerencia de Mobiliario y Equipamiento del Minedu. En el Estado, a veces, los nombres no describen exactamente lo que hacen las direcciones, y en este caso esta gerencia veía, también, todas las emergencias de las escuelas a nivel nacional. En el Minedu sobreviví a casi tres ministros, Saavedra, Marilú Martens y renuncié ya con Idel Vexler.

Luego, cuando deja la presidencia [Pedro Pablo] Kuczynski y entra [Martín] Vizcarra, me llaman como directora del Programa Nacional de Infraestructura Educativa. Se trata de una de las mayores unidades ejecutoras del país, y ahí desarrollamos cosas interesantes: fue la primera unidad ejecutora que tuvo el ISO antisoborno, empezamos a armar el programa de las Escuelas Bicentenario, que ahorita se está ejecutando a través de un esquema gobierno a gobierno junto al Reino Unido. Ahí homologamos todos los sistemas de construcción con prefabricados, etc. Se avanzó bastante, pero igual es un monstruo porque la brecha es gigante. En el país el 70% de los colegios tiene que ser reemplazado, y es algo de lo que nunca se habla. 

Disculpe, ¿el 70% de los colegios públicos a nivel nacional tienen que ser reemplazados?

Así es. De acuerdo al censo de infraestructura que se hizo con el Banco Mundial, 50% tienen que ser reemplazados totalmente, y 20% adicional tiene que tener algún tipo de reemplazo por riesgo estructural. Ocurre que los colegios han sido hechos por autoconstrucción, o se necesitan reconstruir debido al cambio de la norma sismorresistente y, también, debido al paso del tiempo.

Entonces, es imposible que se acabe la brecha de infraestructura de la noche a la mañana. Solo el 30% de la infraestructura educativa del país está en condiciones aceptables. Por eso, es que cada cada marzo es difícil para el Minedu el buen inicio del año escolar, porque todos los colegios se están cayendo. Eso es algo que tiene que evidenciarse, porque no se dimensiona bien la magnitud del problema. Y no se puede salir a solucionarlo todo. Para avanzar hay que priorizar, y priorizar técnicamente.

BRECHAS. Añaños indicó que el 50% de los colegios tienen que ser reemplazados totalmente y el 20% requiere algún tipo de reemplazo por riesgo estructural.

Foto: OjoPúblico / David Díaz.

 

¿A qué se refiere?

Hay un problema transversal a toda la gestión pública, un problema de corrupción, yo lo he visto en distintos ministerios y cualquier persona que haya trabajado en ministerios lo ha visto. Ocurre que, mientras no tengas una priorización, por ejemplo, el alcalde que tenga mayor cercanía a quien decide las obras, o el intermediario interesado en que salga una obra, va a usar todo [lo que esté] en sus manos porque no hay gestión ni recursos ni capacidad para cubrir el 100% de la brecha. Y eso pasa en hospitales, en educación, en pistas, veredas, en saneamiento. Por eso, es clave priorizar y hacer planes, y no planes abstractos, sino un planeamiento específico que diga “este año se interviene estos 20 colegios” o “estos 100 colegios son los más importantes”. Con eso, evitarías problemas de corrupción.

¿A qué tipo de corrupción se refiere?

Cuando estaba en Educación había siempre muchas denuncias relacionadas con las licitaciones por parte de las empresas. Por eso, era necesario simplificar el proceso y ponerle candados, como la norma ISO antisoborno. Yo me encontraba, además, en una unidad ejecutora donde el monto de ejecución era de 2.000 millones de soles, que es un presupuesto mayor al de varios ministerios.

Hay, también, presiones de los alcaldes, presiones de los congresistas, de empresas a través de congresistas. Lamentablemente, es algo que ha existido siempre. Sin embargo, nunca ha sido, en mi experiencia, tan direccionado desde el Ejecutivo ni tan burdo como lo sentí en esta ocasión en el Ministerio de Vivienda.

¿Cómo continúa su trayecto en el Ejecutivo hasta convertirse en viceministra de Vivienda en 2020?

Cuando ocurre el nuevo cambio de gobierno [en 2018], dejo Educación y, luego, al mes aproximadamente retorné, aunque esta vez al Ministerio de Economía, como asesora en el gabinete de la ministra María Antonieta Alva [durante el gobierno del presidente Vizcarra]. Ahí, por ejemplo, sacamos adelante el programa de Escuelas Bicentenario, que fue la continuidad del trabajo que habíamos dejado en el Programa Nacional de Infraestructura. 

Este gobierno no quiere contar con profesionales, sus requerimientos son otros".

Mencionaba hace un momento la profunda brecha que existe en infraestructura educativa. ¿Qué efecto ha tenido la pandemia en este aspecto?

Ha revelado más la brecha. No solo física, hay una brecha enorme también de accesibilidad, ya sea en telecomunicaciones o, incluso, agua. Las escuelas, al igual que las viviendas, reflejan la enorme desigualdad que existe en el país.

¿Cómo llega al Ministerio de Vivienda?

Bueno, nuevamente cae el gobierno y, cuando caen los gobiernos, todos los ministerios cambian. Ya cuando asume el presidente [Francisco] Sagasti, Solangel Fernández, que es una arquitecta y urbanista muy reconocida, se convierte en ministra de Vivienda y me invita a que la apoye en el gabinete.

Ahí lo interesante es que teníamos poco más de seis meses, se trataba de un gobierno de transición, así que la necesidad de priorización era aún mayor. Y, por ejemplo, conseguimos sacar una ley que estaba pendiente hace 10 años, la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. Se trata de una ley que cambia las reglas de juego del desarrollo urbano de la ciudad, de la planificación y de la vivienda. ONU-Hábitat saludó que el Perú, por fin, tenga una norma de este tipo, ya que los países de la región tienen estas normas hace 20 años. Colombia, por ejemplo, la tiene desde el 90.

¿Qué es lo que hace esa norma?

Ofrece instrumentos de gestión. No es una ley declarativa, sino que aporta instrumentos de gestión que guían el desarrollo urbano, instrumentos como las plusvalías que se utilizan en otros lugares para tener mayor inversión. Siempre nos quejamos, por ejemplo, de que se están construyendo muchos edificios, pero no hay mejora en los espacios públicos, no hay mejora en las redes.

Entonces, con estos instrumentos, podemos hacer que haya desarrollo inmobiliario, pero que también haya desarrollo en los espacios y servicios públicos de la ciudad. La ley establece mecanismos, como la creación de un operador público del suelo, que sería una empresa pública privada que permite hacer empresas públicas para generar vivienda de interés social. También cambia las normas de planificación urbana, aporta instrumentos de planificación que podrían prevenir los riesgos de construcción en zonas de deslizamientos, por ejemplo. 

El 70% de la construcción de vivienda en el Perú es informal, lo que significa que no ha tenido asistencia técnica".

Es decir, ¿el Estado no contaba, hasta entonces, con los instrumentos necesarios para dictar ese tipo de políticas?

Así es. En esos meses también sacamos adelante la Política Nacional de Vivienda, que no salía desde el 2015. Esa política te ofrece, por ejemplo, 33 estrategias para entender la informalidad del sector y ver qué hacer con ella. Mira, el 70% de la construcción de vivienda en el Perú es informal, lo que significa que no ha tenido asistencia técnica. Somos un país sismorresistente, así que esa falta de asistencia técnica se traduce en un riesgo enorme para las personas que habitan esas viviendas. Esos datos están ahí hace tiempo, y las políticas no los han contemplado.

¿Podemos poner en contexto ese dato? ¿Ese 70% se encuentra por encima de las cifras de los países de la región?

Estamos 20 puntos de informalidad por encima del promedio de la región. De hecho, el Ministerio de Medio Ambiente está haciendo una consultoría para sincerar las cifras de la situación de Lima Metropolitana, y los consultores estaban muy sorprendidos porque los niveles de informalidad de la ciudad son muy superiores a los de cualquier otra ciudad equivalente en la región y, obviamente, hay más zonas en riesgo. Lo cual, claro, se amplifica en el resto del país. 

La informalidad en la vivienda en nuestro país es brutal, y una parte del problema es que el Estado ha promocionado, de alguna manera, la ocupación informal. Las políticas implementadas como, por ejemplo, COFOPRI, han promovido el “invade nomás y luego te voy a titular”, pero no han ido acompañadas de una apropiada expansión de servicios públicos, con lo cual la brecha y la desigualdad se siguen ampliando. Tenemos estudios realizados en distintos países de la región que han demostrado el error de políticas similares. En Chile, por ejemplo, se sabe que los servicios cuestan hasta siete veces más en las zonas de la periferia de las grandes ciudades. 

Cuando se habla de informalidad en el Perú se suele abordar en abstracto, no se aterriza a los problemas concretos. Ante ese dato de 70% de informalidad en la construcción de viviendas, ¿en qué problemas concretos se traduce para la ciudadanía y para el Estado?

Para empezar, el riesgo sísmico. Se construye en zonas no recomendables y sin asistencia técnica de ningún tipo, lo cual en un país sismorresistente, como el nuestro, supone un riesgo muy alto. Pero también ocurre que muchas viviendas no cuentan con la ventilación adecuada, con lo cual los niños desarrollan enfermedades respiratorias, lo que a su vez impacta ya no solo en la salud sino también en su educación. Hay también cuestiones de género que se ven afectadas por el hacinamiento, que pone en peligro particularmente a las niñas. 

Por otro lado, cuando no se tiene opciones de vivienda, aparece el mercado informal y, con ello, los traficantes de terrenos. Y los traficantes de terreno, ante la incapacidad del Estado para proveer vivienda accesible, te venden un pedazo de tierra con la promesa de que el Estado en algún momento te va a formalizar y te va a poner agua y demás. Ahí el impacto es en los derechos de todos, porque se ocupa suelo de áreas protegidas, sitios arqueológicos que son patrimonio de la Nación, hay un impacto en el medio ambiente también. 

Sin embargo, hay que reconocer también que la informalidad, en nuestro país, es una realidad, y no se puede hablar de combatirla, sino encauzarla, de ver también su potencial, su fuerza, para corregir lo que hay que corregir, y aprovechar algunas cosas positivas que ese crecimiento informal ha traído consigo.

¿A qué se refiere?

Estoy haciendo un proyecto de investigación con la Universidad Católica y con el Colegio de Arquitectos en barrios de origen informal, y lo que vemos es que existen ya muchos recursos en esos barrios, son zonas donde se construye cada semana. Pasa que, como decía antes, se hace sin asistencia técnica. Entonces, hay una capacidad financiera que no está dentro del mercado formal y que está desaprovechada. 

Es fundamental que el Estado entienda la realidad del país, no se limite a copiar políticas de otros países, sino que conozca y comprenda la realidad local para aprovechar las oportunidades que existen. Y, en nuestro país, la informalidad es parte de la realidad, con lo cual nuestras políticas deberían estar orientadas a intentar corregir aquello que no está funcionando bien y aprovechar aquellas potencialidades que no están siendo aprovechadas, en lugar de dar la espalda y pensar que somos Suiza.

Yo renuncié ni bien entró el ministro [Geiner Alvarado]. Presenté mi carta de renuncia el 30 de julio".

Llega 28 de julio de 2021, nuevo cambio de gobierno, ¿qué ocurre con usted en el Ministerio de Vivienda?

En ese momento, la opción era renunciar antes, porque una sabía un poco lo que venía. De hecho, los que trabajamos en el Minedu y conocíamos un poco la visión del presidente Castillo, podíamos prever lo que venía. Además, cuando era directora ejecutiva del programa nacional, yo había tenido algunas reuniones con Vladimir Cerrón y no estaba muy de acuerdo con algunas líneas de cómo Cerrón y Perú Libre creían que el Estado debía operar.

¿Tendría algún ejemplo concreto de qué es lo que le producía ese rechazo?

Primero, en la huelga de docentes que lideró Pedro Castillo yo estuve presente en algunas reuniones y él no era nunca claro. Castillo primero te decía que sí y luego te decía que no, y eso era una constante**. Eso sumado al manejo político que tuvo la huelga, la manera en que se usó a los docentes y a los niños que estaban perdiendo clases. 

El otro tema es que en una reunión con Vladimir Cerrón, cuando era gobernador de Junín, él estaba en contra del modelo de asociaciones público privadas. Había un proyecto de una asociación pública privada para hacer un colegio de alto rendimiento en Junín, como parte de un paquete de varios proyectos en distintas regiones. Cerrón no quiso, dijo que lo saquen de ahí porque estaban privatizando la educación. Al final, el colegio no se hizo en Junín, mientras que el resto de proyectos sí siguieron adelante en las otras regiones.

Y ante esas alertas, ¿por qué continuó en el ministerio?

Antes de que nos pidieran el cargo a disposición, yo renuncié ni bien entró el ministro. Presenté mi carta de renuncia el 30 de julio. Pero, como contaba antes, habíamos aprobado dos instrumentos bien importantes para el desarrollo urbano y para la ciudad, y mi equipo y yo queríamos darle al ministro entrante la información necesaria respecto a eso y los temas pendientes de la cartera. En mi carta de renuncia, yo señalo todo esto, le indico que está pendiente la implementación de la Política Nacional de Vivienda, cuáles son los temas prioritarios, etc. 

Esto porque quizás no tenía oportunidad de verlo antes de marcharme del ministerio. Y justo [el mismo 30 de julio de 2021] ocurre el sismo de Piura. Llamó la atención que, en ese momento, el ministro no contactó a nadie en el ministerio. Nosotros igual seguimos trabajando para atender lo que había que atender. Finalmente, llegó el momento en que teníamos que reunirnos. Ahí le dije que había presentado mi carta de renuncia y el ministro me dijo que me quedara, me pidió que le dé tranquilidad a los funcionarios, que había hablado con la ministra saliente, que sabía que era un buen equipo, y quería continuar con los avances.

IRREGULARIDADES. "[Geiner Alvarado] me dio a entender que le estaban imponiendo personas [en la cartera de Vivienda]”, dijo Elizabeth Añaños.

Foto: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

 

¿Cuál fue su respuesta ante eso?

Yo le dije que, entonces, era importante mantener el equipo, que entendía que siempre hay cambios en la gestión, pero que habíamos formado un buen equipo, y que si iban a haber cambios en el ministerio debía buscarse buenos profesionales. Y ahí me sorprendió porque me dijo que él no conocía al presidente, que no se habían reunido aún y que más bien quería el apoyo de nosotros. Luego, cuando renuncié el 15 de setiembre, que fue la tercera vez que renuncié, me dijo que la situación era la misma, que las decisiones no dependían de él.

¿Perdón?

Sí, me dijo, como ya me había dicho antes, en distintas oportunidades, que él no tomaba las decisiones. Eso, por supuesto, me había parecido raro desde el inicio porque el ministro es quien define las líneas del sector, y el ministro Alvarado no definía nada. En algunas conversaciones él me dio a entender que le estaban imponiendo personas que él sabía que no cumplían con los perfiles para ciertos cargos. 

Tanto así que en un momento me dijo, directamente, “si no funcionan, los sacamos a la semana”. Pero así no funciona el Estado, no se puede jugar con el futuro de millones de peruanos que están esperando vivienda, que tienen necesidades reales, probando y ensayando con esa irresponsabilidad. El lema que tenían era “nosotros aprendemos rápido, nosotros también podemos aprender”.

¿Quién decía eso, quién verbalizaba ese lema?

El ministro Alvarado.

¿Cómo definiría o caracterizaría los casi dos meses que estuvo en el Ministerio de Vivienda de este gobierno?

Todo hacía agua. Nosotros éramos un buen equipo e intentábamos ponerle temas en agenda al ministro, explicar los temas urgentes, pero él y su equipo de asesores no tenían ninguna capacidad de respuesta y solo estaban interesados en los proyectos. Un gabinete de asesores en un ministerio ve todos los temas transversales, desde políticas a coordinación con organismos internacionales, son diferentes áreas de expertise que enriquecen la función del ministro, pero en este caso el gabinete de asesores se convirtió en una especie de call center para los alcaldes, donde se veía únicamente el estatus de los proyectos. Con el ministro Alvarado el ministerio se convirtió en una suerte de ente tramitador de proyectos de inversión.

[En el ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento] todo hacía agua”.

Y eso no es lo habitual…

No. Volviendo a lo que te decía antes, la brecha es grande, entonces en todo ministerio vas a tener que dedicar buena parte del esfuerzo a atender a los alcaldes, a darles la ruta, brindar asistencia técnica a los municipios, pero en este caso eso se convirtió en todo, no se hacía nada más. Un ministerio determina las políticas nacionales, diseña estrategias, por supuesto trata de solucionar y atender a los gobiernos locales, pero no es una mesa de parte de pedidos ni un intermediario.

¿Y así funcionaba con este gobierno?

Sí, eso fue lo primero y más llamativo. Lo segundo fue el maltrato a los funcionarios. Ya en la primera reunión que tuvimos con el jefe de gabinete Salatiel Marrufo nos preguntó a todos dónde habíamos nacido. 

¿Perdón?

Nos preguntó dónde habíamos nacido y se sorprendió porque todos habíamos nacido fuera de Lima. En su visión, la gente de Lima, así en general, no entiende al país. Entonces, cuando todos dijimos dónde habíamos nacido y todos éramos de fuera de Lima, se sorprendió y nos dijo “¿en qué universidad han estudiado, en Lima seguro?”. Ahí ya te das cuenta de que hay un tema con el perfil profesional, este gobierno no quiere contar con profesionales, sus requerimientos son otros. Y se maltrata a profesionales, personas con experiencia, por razones tan absurdas como dónde han nacido o estudiado.

¿Qué otras muestras de ese maltrato pudo ver o vivir?

El gabinete de asesores no estaba compuesto por personas con experiencia ni conocimientos en el sector, estaban desperdiciando puestos claves colocando a personas que no contaban con las aptitudes para esos cargos. Eso es mala gestión, es una mala gestión de recursos públicos y es un maltrato a los funcionarios de carrera que sí se especializan en esos temas. 

Por otro lado, como sabes, lastimosamente una mujer con un cargo alto en nuestro Estado debe lidiar con problemas de acoso o maltrato. Yo, personalmente, he debido lidiar con situaciones de acoso en distintas ocasiones durante mi paso por el Estado, pero nunca me había ocurrido en el día a día en un ministerio.

¿Y en esta ocasión se sintió acosada?

Sí, tanto con el ministro de Vivienda como con el jefe de asesores hubo situaciones donde me sentí muy incómoda. El señor Marrufo en diversas ocasiones tuvo comentarios inadecuados hacia mí. Por ejemplo, cuando sustenté el requerimiento que se tradujo en los 500 millones de soles ante el Ministerio de Economía, Marrufo me dijo “me quiero casar contigo”. En otra reunión donde me encontraba con el ministro y con el jefe de asesores, luego de que dejara la sala otro viceministro, el señor Marrufo le dijo al ministro “Geiner, ¿tú sabes que le he propuesto matrimonio?”. Y el ministro, en lugar de cortar esa situación, me dijo “en el futuro me gustaría estar con alguien como tú”. Yo trataba de cambiar la conversación, hacerme la loca.

El señor Marrufo en diversas ocasiones tuvo comentarios inadecuados hacia mí".

¿Alguna vez denunció estos hechos al interior del ministerio?

No, yo ya no quería saber nada del ministerio y, además, ya sabes lo que pasa cuando una mujer denuncia. Lo consulté con algunos amigos, algunos me decían que lo haga, otros que no. No fueron los únicos comentarios, había otros. Por ejemplo, en repetidas ocasiones Marrufo me decía “me gusta como vistes”. Yo me sentía muy incómoda y le pedía a otros directores que, por favor, subieran conmigo a reuniones para evitar estar a solas con el jefe de asesores*.

¿En su paso por el ministerio, además de estas situaciones que ha descrito, pudo percibir algún indicio de corrupción, de que se estaban defendiendo intereses particulares?

No de forma concreta. No, en ese momento. Por supuesto, una tiene ciertas sospechas, hay cierta intuición, hay cosas que no parecen regulares, que generan incomodidad, pero el escudo del ministro y demás era “nosotros atendemos a los gobiernos locales porque somos un gobierno del pueblo”. Pero, como decía antes, un ministerio no es un gestor de proyectos. Dicho eso, en otro momento, el señor Marrufo me preguntó, y yo me sentí muy incómoda, “¿cuáles son las empresas de Sagasti?”. Como si dentro de los ministerios todos estuviésemos amarrados en una red de corrupción. 

¿Se refería a empresas que, a su modo de ver, habrían sido favorecidas durante el gobierno del presidente Sagasti?

Así era en su cabeza. Yo respondí que el ministerio no funciona así.

¿Y ante esa respuesta qué le decía él?

Insistía un poco y, luego, hacía otras preguntas. Era como si estuviera tanteando todo el tiempo, tratando de sacar información que no tenía sentido. Había estas situaciones que eran complicadas e incómodas, y yo pensaba que no, no podía ser todo tan burdo y directo. Que era tan burdo que no podía ser verdad. Pero luego, cuando salí, con el paso de los meses, me di cuenta. Sobre todo, cuando aparecieron esos otros nombres de la famosa reunión en la que participé, y que yo no conocía en ese momento.

La famosa reunión con el llamado “buró político”.

Exacto.

El gabinete de asesores [del Ministerio de Vivienda] se convirtió en una especie de call center para los alcaldes”.

Esa reunión tuvo lugar luego de una reunión con el presidente Castillo, ¿cierto?

Sí, teníamos este paquete de proyectos que había sido trabajado desde antes, y yo y mi equipo se lo propusimos al ministro. Entonces, a raíz de esto hicimos una presentación para el ministro y el presidente.

¿Qué personas participaron de esa presentación?

Estaban el jefe de gabinete de asesores del ministerio, Salatiel Marrufo; el [entonces] ministro de Vivienda, Geiner Alvarado; la jefa de presupuesto, Jackeline Castañeda; y el presidente del fondo Mi Vivienda, Pedro Sevilla. 

¿Y qué ocurrió?

Antes de acudir a hacer la presentación ante el presidente, el jefe de gabinete dijo que debíamos ensayar con el personal de limpieza del ministerio porque, dijo él, “si ellos entienden, el presidente va a entender”. Fue una situación muy desagradable y una falta de respeto a ese personal de soporte que trabaja en el ministerio. Ensayamos tres veces y, en realidad, quien parecía no entender era el jefe de gabinete, quien además pedía realizar cambios como en lugar de “vivienda” decir “casa”, cosas así.

¿Qué es lo que buscaba el señor Marrufo?

Dio a entender que el presidente no entendía mucho y había que hacer una presentación muy sencilla. Al decir eso, claro, lo que estaba haciendo era degradar tanto al personal de soporte del ministerio como al presidente. Ensayamos unas tres veces y Marrufo preguntó si habían entendido. Cuando finalmente le dijeron que sí, se quedó satisfecho.

¿Y qué ocurrió luego, cuando van a Palacio?

Los técnicos no entramos a la reunión con el presidente, ingresó el ministro. Luego salió y dijo que se la había mostrado al presidente y le parecía bien, y ahí le indicó a Salatiel Marrufo que fuéramos a reunirnos con el “buró político”, ese fue el término exacto que utilizó. Así que fuimos a esa reunión con quienes nosotros creíamos que eran asesores del ministerio. Dentro del desorden que había en el ministerio, pensábamos que, quizá, todavía no se habían terminado de acomodar los asesores. Y, claro, se trataba de una indicación del ministro.

Cuando fuimos a esa reunión creíamos que eran asesores del ministerio".

¿No le saltaron las alarmas ahí?

Era una situación muy rara, sin duda. Cuando llegamos a la dirección, luego de ir primero a una dirección equivocada, nos dimos cuenta de que era una casa. Eran ya casi las 9 de la noche. Y no sabía quiénes eran estas personas. Ingresamos y cuando se encontraban los tres, el último en llegar fue Abel Cabrera, [Segundo] Alejandro Sánchez se presenta y dice que eran amigos del presidente, que eran “paisanos” y que estaban para “apoyar al profesor”. Expuse rápidamente la presentación, preguntaron si podían entrar más proyectos, yo dije que eran los proyectos que tenían ya la asistencia técnica culminada. Preguntaron algunos otros temas, yo aproveché para mostrarles la política y la ley, pero esto no les interesó y, poco después, la reunión acabó y nos marchamos.

¿Qué creía usted, en ese momento, que había ocurrido?

Me pareció todo muy raro. De hecho, al día siguiente tenía un viaje a San Martín y lo cancelé porque todo había sido muy extraño, aunque no tenía nada concreto, ni siquiera sabía quiénes eran estas personas. Recién después supe el nombre de José Nenil Medina y de Abel Cabrera. 

¿Y qué ocurre después?

Poco después de que sustentamos la necesidad de recursos ante el Ministerio de Economía y se aprobaron los 500 millones y también los bonos de vivienda, Marrufo me manda un mensaje con un excel con los proyectos marcados con prioridades. Yo ya le había dicho que había criterios técnicos y es el ministro quien firma eso. Dentro de la priorización uno de los criterios es pobreza, se prioriza zonas necesitadas que no hayan recibido proyectos antes. Y Cajamarca es, en todos los sectores, la región que tiene los indicadores más críticos. Es decir, esos proyectos iban a salir sí o sí. 

¿Cuál es el problema con esto? Esto es algo que até después, el problema es que esas personas, Sánchez, Medina y Cabrera no eran funcionarios, no eran asesores, ni siquiera era un equipo técnico del presidente, sino que eran contratistas, un financista de campaña y un alcalde. Y esa información era privilegiada, no puede estar en manos de personas que no son funcionarios, ni siquiera en manos de un alcalde, menos de uno que sabe que tiene un proyecto que está incluido en el paquete aprobado por el ministerio. Eso se llama uso de información privilegiada, y al poseer esa información pues tienen tiempo para realizar cualquier gestión irregular. Ese es el punto clave. 

¿Cuál es su situación actual, en una entrevista reciente señalaba que estaba dispuesta a colaborar con la justicia? 

Fiscalía ya me ha citado. Entregaré toda la información que tenga, incluidos los chats que corroboran todo lo que estoy comentando.

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*La exviceministra Añaños mostró a OjoPúblico una conversación de WhatsApp entre ella y el entonces jefe de asesores del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo, en donde él confirma que le había propuesto matrimonio. Un funcionario del ministerio, al que Añaños comentó la situación en su momento, también confirmó a este medio que ello había ocurrido. Cuando OjoPúblico se comunicó con el exjefe de asesores Marrufo para solicitar sus descargos sobre el tema, respondió con un sticker de WhatsApp donde un perro se lleva las patas a la cabeza y grita en señal de desesperación. Cuando se le insistió y preguntó si tenía algún comentario al respecto o debíamos tomar el sticker como su respuesta, no volvió a responder.

**Nota de redacción: Luego de la publicación de la entrevista, la exviceministra se comunicó con el periodista Diego Salazar y aclaró su declaración sobre su presencia en reuniones durante la huelga magisterial con Pedro Castillo. Señaló que no participó de ellas sino que había escuchado esos comentarios de otras personas del Ministerio de Educación, sin precisar quiénes eran dichas personas.