"La percepción que tenemos en el sector privado es que buena parte de la violencia [en las protestas] fue gestada por los rezagos de Sendero Luminoso". Así respondió el presidente del CADE Ejecutivos 2023, Juan Fernando Correa, al ser consultado en Sálvense quien pueda sobre las 49 muertes ocurridas por la represión en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y el silencio, de parte del sector empresarial, sobre lo ocurrido en una reciente entrevista. 

Esta respuesta ha recordado el mensaje a la Nación que dio la presidenta Dina Boluarte, cuando las manifestaciones sociales llegaban a uno de sus puntos más álgidos, en enero de este año, en el que cuestionó: "¿Estamos acaso volviendo a los años de la violencia terrorista?".

En aquella ocasión, además, los informes de las Fuerzas Armadas dejaron entrever que la agitación social estaba motivada por grupos terroristas. Tras ello, las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunciaron cuestionando el ‘terruqueo’.

"Nos preocupa que el empleo del término ‘terruqueo’ y estas acciones de estigmatización y a veces hasta criminalización de personas ejerciendo sus derechos civiles y políticos se vuelvan un patrón sistemático", indicaba un informe de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

A pesar de ello, y en un contexto de marcada polarización y de debilitamiento de principios e instituciones democráticas, el también gerente general del grupo Falabella no dudó en referirse a los rezagos de Sendero Luminoso como impulsores de las manifestaciones y de las acciones realizadas durante estas protestas, como la toma de aeropuertos.

“¿Realmente hubo asesinatos mandados por la presidenta o fue una respuesta violenta del policía o del militar que en un acto de defensa propia o susto disparó?”, cuestionó Juan Fernando Correa.

Su respuesta se torna más controversial al considerar que el próximo CADE Ejecutivos 2023 se realizará, luego de más de diez años, en Cusco, una de las regiones del sur del país donde se intensificaron las protestas y donde se registraron seis muertos: dos personas a causa de la represión por parte de las fuerzas del orden y cuatro por el bloqueo de vías o accidentes de tránsito.

El rol del empresariado

Esta no es la primera vez que, desde el empresariado, se emiten opiniones polémicas sobre un sector de la población o sobre contextos de crisis en el país; e incluso se trata de influir en medio de las punzantes campañas electorales en donde se disputa la dirección del país.

En el más reciente proceso electoral del 2021, por ejemplo, aparecieron por las principales avenidas de la capital paneles publicitarios que, sin hacer referencia a un candidato en específico, se hacía un llamado directo a votar “contra el comunismo”. Ello sucedió en la segunda vuelta electoral, en la que Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Pedro Castillo (Perú Libre) se disputaban la Presidencia de la República.

Estos paneles aparecieron en puntos de alto tránsito de personas de distritos de Lima y en regiones como Cusco, Cajamarca y Arequipa. Finalmente, fue la empresa Punto Visual quien se adjudicó la autoría de los anuncios. 

Patricia Zárate, investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), considera que la postura que tomó cierto sector del empresariado nacional después de las elecciones, significó un quiebre en un contexto de marcada polarización política y social.

“Hubo un silencio y más bien un apoyo de un buen grupo de empresarios y de los medios nacionales frente a la figura del fraude. Eso me parece grave. Creo que debería hacerse un mea culpa. No todos, pero buena parte del empresariado no reconoció los resultados de las elecciones, que por todos lados se dijo que fueron limpias. Ahí hubo un quiebre importante”, indica. 

Sin embargo, no es la primera vez que el sector privado se involucra de esta manera en una contienda electoral. Ya en el 2011, cuando Keiko Fujimori y Ollanta Humala (Gana Perú) se disputaban la Presidencia de la República, se había difundido en televisión nacional spots publicitarios con mensajes como: “El Perú tiene dos opciones: o vamos hacia adelante o vamos hacia atrás”.

La postura de cierto sector del empresariado después de las elecciones del 2021, significó un quiebre"

Años después se confirmó que esta campaña de medios salió de un fondo promovido por la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas —Confiep—, a favor de la promoción de “la economía de mercado”, que comprendió las elecciones generales, en la que la constructora brasileña Odebrecht habría aportado USD 200.000.

Otro ejemplo se remonta a cuando se puso en debate la aplicación de la consulta previa, en el 2013. El empresario Roque Benavides, quien entonces tenía el cargo de gerente general de la minera Buenaventura, expresó un polémico comentario sobre los pueblos indígenas.

“Pero, ¿consulta previa a quién? ¿A qué tipo de comunidades? ¿A la gente no contactada? ¿Comunidades campesinas e indígenas? El Perú es muy diverso. En la sierra del Perú no existen comunidades indígenas. Lo que existen son comunidades campesinas”, cuestionó el conocido empresario.

Otro ejemplo claro de la divergencia entre la opinión mayoritaria de la población y el sector empresarial se refleja en la XIX Encuesta de Gerentes Generales realizada por Ipsos para Semana Económica, publicada en julio pasado.

Mientras que la desaprobación de la presidenta Dina Boluarte superaba el 80% de la ciudadanía, en el empresariado había más bien un 71% de aprobación a su gestión, frente al 1% al que apenas alcanzaba su antecesor Pedro Castillo.

Para el politólogo José Incio los empresarios han tenido, desde hace varios años, una mirada lejana sobre lo que sucede en el país, pero lo que sucede recientemente polariza aún más el contexto que vivimos.

“Siempre han estado en una burbuja, pero incluso lo que están haciendo ahora va contra sus intereses. No es racional. Están jugando en un corto plazo con respecto al Gobierno”, advierte. 

Lo que están haciendo [los empresarios] va contra sus intereses. No es racional. Están jugando en un corto plazo"

Los empresarios —explica Incio— tienen un rol “bastante miope” con respecto al actual Gobierno y a las acciones que han realizado, así como al riesgo que atraviesa el Estado de derecho con propuestas que atentan contra la separación de poderes. 

“Lo que están haciendo, al polarizar más [la situación], es que la incertidumbre aumente más y que el inversionista extranjero dude más en venir al país”, acota. 

En tanto, el economista Álvaro Henzler, presidente de Transparencia, comenta que recientemente ha surgido una tendencia por incentivar a que los empresarios tengan un rol activista y “no solamente en defensa de las condiciones económicas” del país.

“En los últimos años, en las crisis políticas, se les está pidiendo al empresariado que vaya más allá para abogar y levantar la voz, cuando la institucionalidad del país no está funcionando”, afirma. 

Para Henzler, el empresariado es diverso y estima una clasificación de tres grupos: los que aún mantienen posturas tradicionales y se enfocan solo en sus negocios. Los activistas, que han emitido pronunciamientos sobre algunas problemáticas específicas. Y, finalmente, un sector que incluye a ambos grupos y que “empiezan a levantar su voz correctamente en relación a temas institucionales y políticos”.

“Ya no debería estar en discusión que la economía y la democracia no pueden ir por cuerdas separadas y, por ende, los empresarios, que a la misma vez son ciudadanos del país, tienen una capacidad importante de levantar su voz e influir no necesariamente cuando la economía no funciona, sino [también] cuando las instituciones no funcionan”, indica. 

Por su parte, Patricia Zárate recuerda que el sector empresarial tiene responsabilidad como élite económica; no obstante, son todos los ciudadanos los que deben involucrarse desde sus diferentes tribunas, porque “todos somos parte del país”.

La pertinencia de los pronunciamientos

Tras más de diez años de realizarse entre Lima y Paracas, y dos años de manera virtual por la pandemia, la Conferencia Anual de Ejecutivos tendrá lugar esta vez en la provincia de Urubamba, Cusco, el 14, 15 y 16 de noviembre. En la misma entrevista que brindó a Sálvese quien pueda, Juan Fernando Correa señaló que el objetivo es impulsar las inversiones en esta región e impulsar la economía, considerando los negocios que quedaron paralizados durante las protestas.

El foro empresarial contará con 30 expositores y, según Correa, uno de los temas que se promoverán es la importancia de la contribución del sector privado para una salida a la crisis en la que se encuentra el país.

Para Álvaro Henzler, es importante que los empresarios participen y tomen posturas, porque “el binomio de institución y economía nos va a llevar a una sociedad mejor”. Según acotó, en la medida que las instituciones sean más democráticas, sólidas e inclusivas, se generará en el país un mejor ámbito para “el clima de inversiones”. 

No obstante, el presidente de Transparencia resalta que esta contribución debe ser pertinente y considerando la compleja realidad que vive el país, y teniendo en cuenta la alta polarización que atravesamos por la crisis política. 

"Hay heridas abiertas en el sur [del país] que no se han cerrado. Como líderes civiles, empresariales, sindicales, tenemos que entender la gravedad del asunto y tener la empatía suficiente para enfrentar este tema con las verdades que se cuenten, para no abrir más las heridas, sino cerrarlas a partir del reconocimiento de lo que pasó", señala. 

PROTESTA. En Cusco se registraron seis personas fallecidas en el contexto de las manifestaciones contra Boluarte y el Congreso a inicios de 2023.

Imagen: Andina

En un sentido similar, José Incio considera que el empresario tuvo “una mala lectura de la situación”. En OjoPúblico intentamos comunicarnos con el empresario Juan Fernando Correa a través del área de prensa de CADE Ejecutivos; sin embargo, al cierre de este informe, no obtuvimos respuesta.

“Si estás yendo a Cusco, que ha sido epicentro de las protestas y donde familias han perdido a sus familiares, no se puede decir algo tan provocador como eso. Es un liderazgo bien torpe el que tenemos en el sector empresarial y creo que eso le va a pasar factura después”, expresa. 

Hay heridas abiertas en el sur [del país] que no se han cerrado"

En tanto, Patricia Zárate remarca que, “así como siempre se pide diferenciar que no todo el sur es violento, sino algunos, lo cual es cierto, creo que el empresariado también tiene una diversidad”. Según indicó, “al menos algunos sectores” sí tienen una preocupación sobre la crisis de institucionalidad.

Lo cierto es que así como el presidente del CADE Ejecutivos se pronunció recientemente, también lo hicieron algunos otros personajes del sector empresarial, junto con artistas y reconocidos profesionales, a través de un video en el que se expresaron en defensa de la democracia, tras la decisión del Congreso de investigar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. 

La expresidenta del Instituto Peruano de Acción Empresarial, Elena Conterno, señala en el clip: “Se trata de una situación en la que no hay falta grave conocida, no hay un pronunciamiento claro y se está buscando remover a todos los miembros de golpe. Mi bandera es no permitir que estos atropellos ocurran en mi país”.

Así también, la abogada Leonie Roca, presidenta de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), recalca: “Mi bandera es una democracia con poderes balanceados, donde ni el Congreso ni el Poder Ejecutivo quieran tomar el control de todo”.

La investigadora del Instituto de Estudios Peruanos, Patricia Zárate, reconoce que el actual Gobierno tiene “rasgos autoritarios” y remarcó que es importante que el empresariado apunte la mirada a un sistema donde exista separación de poderes y, por ende, exista seguridad jurídica.

“A veces, no se reconoce que la falta de división de poderes puede jugar, quizás, a favor de algunos, por ejemplo, de aquellos que tienen alguna relación con políticos, pero no siempre va a ser así. La política cambia”, advierte Zárate.