En los '90, el gobierno de Alberto Fujimori creó cuatro beneficios tributarios aplicables a la educación privada. Dos de ellos han permitido a las universidades con y sin fines de lucro ahorrar más de S/ 1.469 millones en la última década, según la base de datos elaborada por Ojo-Publico.com sobre exoneraciones fiscales. En la siguiente entrevista, Hugo Ñopo, investigador del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) y exmiembro de la división de educación del Banco Interamericano del Desarrollo (BID), explica la falta de transparencia en la aplicación de estos beneficios y el real problema detrás de la educación peruana: el afán de lucro.

¿Cuáles son los argumentos que justifican la creación de beneficios tributarios para las universidades privadas?

El punto de partida es que la educación es un bien público. Los beneficios que trae la educación, primero, son individuales, pero además son colectivos. Que en este país existan ingenieros beneficia a cada uno de estos ingenieros, pero también a la sociedad, porque los ingenieros generan un bien público. Entonces, este puede ser un argumento para afirmar que se necesita de alguna manera subsidiar el sector educación.

¿En otros países se subsidia la educación?

La manera de subsidiar al sector educativo no es tanto con beneficios tributarios, sino subsidiando la demanda. Es decir, dando becas estatales para que vayan a estudiar. Financiar directamente la demanda es una manera mucho más clara y transparente. Aquí, por medio de los impuestos, se hace más borrosa la imagen, no tenemos mucha claridad de cuánto es lo que reciben las universidades por beneficios tributarios. Dado que por el momento el gobierno no va a revisar la estructura tributaria de este sector, no vendría mal tener un poco más de acceso a la información, más transparencia. La gente tiene que estar al tanto de qué tamaño son estas exoneraciones.

FINES DE LUCRO. Universidades como Alas Peruanas se acogieron al decreto legislativo 882, promulgado por el gobierno de Alberto Fujimori, que permitió crear universidades privadas con fines de lucro. / UAP

Con la nueva Ley Universitaria, la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu) tiene un papel importante en la fiscalización y transparencia de estos beneficios. 

Nosotros queremos un ente rector como Sunedu para que fije estándares, se encargue de velar por ellos, acredite. Pero, también para que difunda esta información y los ciudadanos sepamos mejor cuánto es que se les paga a estas universidades del dinero que sale de nuestros bolsillos. Nosotros pagamos impuestos a la Sunat, y es ese dinero el que va después a las cuentas de las universidades.

También es difícil definir qué es un bien educativo. Por ejemplo, la Universidad César Vallejo reinvierte sus ganancias en becas que tienen además un fin proselitista.

Es importante saber cómo se manejan las becas, a quienes se les dan, cuán meritocráticos o clientelistas son los criterios de asignación de becas. Como ciudadanos no tenemos forma de implementar una veeduría, y como Estado no tenemos los mecanismos para controlar que se asignen bien. De eso también se debería encargar la Sunedu.

¿De qué otra manera el Estado puede financiar la educación?

Los grandes propulsores del mercado creen que la forma más transparente es financiar la educación con dinero que salga de los bolsillos de los estudiantes o de los padres de familia. Sin embargo, creer que un mecanismos de precios va a ser lo mejor para le educación es bien iluso, porque genera muchísima segregación y desigualdad. Por eso se necesita financiar de otras maneras.

Si las leyes del mercado fallan en los servicios educativos, ¿cómo se justifica la creación de universidades privadas con fines de lucro?

Existe una rama dentro de la economía que analiza las fallas del mercado y diseña mecanismos para resolverlas de manera puntual, para hacer que los mercados funcionen mejor. Justamente, este año acaban de ganar el premio Nobel de Economía dos personas dedicadas a eso: Oliver Hart y Bengt Holmström.

Mira lo que dijo Oliver Hart en Chile, donde esta discusión es super fuerte. Él cree que uno de los problemas centrales de los mercados educativos, como los que tenemos en Chile y Perú, es que los proveedores de servicios educativos tengan fines de lucro.

Es difícil pensar que una universidad con fines de lucro pueda dar la mejor calidad de educación posible. Un dólar extra podría ir a un laboratorio, a un auditorio, a comprar un libro, inversiones que contribuya a la calidad educativa, y no necesariamente a la línea de utilidades dentro del balance.

Es difícil pensar que una universidad con fines de lucro pueda dar la mejor calidad de educación posible.

Pero a fines de los años '90 el Estado decidió privatizar la educación universitaria…

Era la moda del momento. Creíamos que teníamos un Estado fallido, incapaz de proveer. [Se creía que] únicamente los privados iban a resolver la provisión de todo tipo de bienes y servicios. Eso creíamos 20 años atrás. Ya nos hemos dado cuenta que eso tiene algo de asidero, pero no es tampoco una verdad infalible. No es absolutamente cierto que en todo tipo de mercados, de provisión de servicios y bienes, los privados lo van a hacer mejor que los públicos.

Por ejemplo, vemos que los privados no son tan buenos en proveernos [servicios de] pensiones o telefonía. Con la misma moneda te puedo decir que no necesariamente los privados son mejores proveedores de servicios educativos. Esto se ve en la escuela primaria. En Lima Metropolitana, desde el año 2013, el desempeño de la escuela pública es superior al desempeño de la escuela privada. Es importante que comencemos a repensar ese mantra que dice que todo lo privado es mejor.

TRAMPA.  Luis Cervantes Liñán, rector de la Universidad Garcilazo de la Vega (entidad sin fines de lucro), compó un Mercedes Benz para uso personal, avalado por una resolución del Consejo Universitario que incluyó el vehículo como un bien de uso educativo. / Andina

¿Lo mismo ocurre con las universidades privadas sin fines de lucro?

Oliver Hart, premio Nobel de Economía, está llegando a este tipo de conclusiones: el problema no es tanto lo público versus lo privado, sino el fin de lucro.

Sin embargo, aquí se critica a la Ley Universitaria alegando que atenta contra la autonomía de las universidades.

Copar la autonomía, limitar la innovación… no hay solución perfecta. Van a haber ganadores y perdedores. En la situación actual, hay muchos jovenes perdiendo. Sus esperanzas, sus anhelos, sus sueños se van a truncar. De repente no se dan cuenta hoy de la situación, pero al recibir una educación de tan mala calidad, en el futuro van a tener serios problemas. Hoy tenemos que pensar en ellos.

PORTADA. Hugo Ñopo, investigador del Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade) y exmiembro de la división de educación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). / Captura de pantalla.