Solo en lo que va del presente período parlamentario 2021-2026, se han presentado tres proyectos de ley en el Congreso de la República para promover la salida del Perú de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, renunciando así al también llamado Pacto de San José de Costa Rica, suscrito por el país en 1978. En paralelo, al menos, otras dos iniciativas lo plantean de manera indirecta, como parte vinculante de su contenido.

La más reciente de estas propuestas es la Nº 05216/2022-CR, presentada a inicios de junio por el congresista Jorge Montoya Manrique, de Renovación Popular, que ha sido suscrita —de momento— por cinco parlamentarios de su bancada: María Jáuregui, José Cueto, Jorge Zeballos, Miguel Ciccia y Noelia Herrera. 

“El Estado peruano no requiere ser tutelado jurisdiccionalmente por un órgano extranjero, supranacional, que no está sujeto a ningún tipo de controles funcionales y de calidad, sin posibilidades impugnatorias y de contradicción”, indicó Montoya Manrique en la exposición de motivos.

Los otros dos proyectos que proponen directamente la salida del Pacto de San José son de autoría de los legisladores Ilich López, de Acción Popular, y Segundo Montalvo, de Perú Libre.

El primero de ellos aún está a la espera de debate en la Comisión de Relaciones Exteriores, mientras que el segundo fue mandado al archivo por este mismo grupo de trabajo. Ambos planteaban instaurar la pena de muerte en el país y, para ello, retirar al Perú de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Montoya Marique también ha manifestado su intención de que, a través del retiro del país del Pacto de San José de Costa Rica, el Perú pueda instaurar la pena de muerte como sanción en determinados delitos. “Definitivamente ese es uno de los objetivos”, señaló en sus redes sociales.

En el actual Congreso se han presentado tres proyectos para la salida de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

El proyecto fue analizado por su autor en el Foro Denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos, realizado el pasado 31 de mayo en la sala Raúl Porras Barrenechea del Congreso. 

VITRINA. El 31 de mayo, el despacho de Montoya Manrique organizó un foro en el que se discutió la salida de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Video: YouTube Jorge Carlos Montoya Manrique

 

En el evento, organizado por el despacho del congresista, también participaron Ántero Flores-Aráoz, presidente del Consejo de Ministros durante el régimen de Manuel Merino; Martha Chávez Cossío, excongresista fujimorista; Miguel Rodríguez Mackay, ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Pedro Castillo, y el abogado Lucas Ghersi Murillo, entre otros expositores. 

La propuesta legislativa del almirante en retiro ocurre luego de la presentación del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en mayo, que recomendó investigar las muertes y casos recientes en las protestas contra el gobierno que pueden constituir graves violaciones de los derechos humanos por parte de los agentes del Estado.

Aunque el proyecto explora un método para salir de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que es considerado inconstitucional por diversos expertos, el tema ha cobrado relevancia en la agenda de variadas agrupaciones políticas. Así lo evidencian los proyectos presentados en el actual Parlamento y las declaraciones públicas de congresistas y exfuncionarios. 

En este escenario, algunos constitucionalistas, como la exministra de Justicia Ana Neyra, no descartan que la misma prospere. “No veo tanto que se vaya a archivar, como en otras ocasiones. Siento que esta vez, lamentablemente, se ha abierto un espacio en el que parece ser más fácil de proceder. Y eso es lo que a muchos nos preocupa”, alertó.

Los actores detrás de las propuestas más recientes

 

Los cuestionamientos contra el Pacto de San José de Costa Rica —y lo que la adherencia conlleva— han logrado, una vez más, que corrientes con ideologías políticas distantes al interior del Parlamento confluyan entre sí, como ocurrió en su momento con el debilitamiento de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

La primera propuesta de este tipo en el actual Congreso fue presentada, en noviembre de 2022, por el congresista Segundo Montalvo Cubas, de Perú Libre.

El proyecto Nº 03494/2022-CR, que planteó la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos para restablecer la pena de muerte en el Perú, obtuvo el respaldo de parlamentarios de Podemos Perú y Acción Popular: los legisladores José Luna Gálvez, Enrique Wong, Jorge Flores, Silvia Monteza, Carlos Alva, Wilson Soto, entre otros. 

Pese a la pluralidad de congresistas suscritos, la iniciativa fue archivada por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso pues se identificó que, técnicamente, vulneraba atribuciones explícitas del Ejecutivo, refrendadas en el artículo 57 de la Constitución.

“El Poder Ejecutivo tiene competencia exclusiva sobre el manejo de las relaciones exteriores; por tanto, no es competencia del Congreso aprobar una norma que delimite o establezca la política exterior de la Nación en materia de derechos humanos”, se lee en el decreto de archivo del proyecto, con fecha 24 de enero de 2023. 

DESCARTADA. La propuesta de retiro de la convención presentada por Segundo Montalvo (Perú Libre) fue archivada por la Comisión de Relaciones Exteriores.

Foto: Congreso de la República

 

El segundo planteamiento  —que todavía está pendiente de discusión— provino de Acción Popular, aunque con un corte más declarativo.

El congresista Ilich López, implicado en el caso Los Niños, propuso en su iniciativa Nº 04014/2022-CR que se fije como “necesidad pública e interés nacional que se prohíba que el Estado peruano mantenga a violadores, asesinos y funcionarios corruptos, a través de la salida de la Convención Americana de Derechos Humanos”.

La iniciativa fue respaldada por otros seis colegas de bancada y aún se encuentra en la Comisión de Relaciones Exteriores, que preside la congresista María del Carmen Alva (Acción Popular), a la espera de ser debatida.

Al menos otros dos proyectos incluían en su contenido la necesidad de desvincular al Perú de la convención".

“El tratado internacional obliga y somete al Estado a poder dictaminar respecto a problemáticas internas por las que podría estar atravesando el país, prohibiendo de esta manera, por ejemplo, la condenación de la pena de muerte para los delitos no estipulados dentro de la legislación nacional”, opinó López en su propuesta.

Además de estos proyectos, los mismos congresistas de Acción Popular suscribieron otros dos (Nº 03004/2022-CR y Nº 02014/2021-CR) para instaurar la pena de muerte en el país. Estas iniciativas incluían en su contenido la necesidad de desvincular al Perú de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

PENDIENTE DE DISCUSIÓN. El proyecto de ley presentado por el congresista Ilich López (Acción Popular) se encuentra en la Comisión de Relaciones Exteriores.

Foto: Congreso de la República.

 

A estas se suma la reciente iniciativa presentada por Montoya Manrique, que se encuentra a la espera de ser puesta a debate tanto en la Comisión de Constitución, como en la de Relaciones Exteriores. OjoPúblico conoció que este último grupo de trabajo ya ha iniciado acciones para su discusión solicitando, a través de un oficio, las opiniones respectivas a la Cancillería y al Ministerio de Justicia.

El proyecto del parlamentario materializa una inquietud que ya había manifestado su bancada a la administración de la presidenta Dina Boluarte en abril, durante un encuentro sostenido con el entonces ministro de Justicia, José Tello.

En el reciente Foro Denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos, la propuesta fue elogiada por los ya mencionados Ántero Flores-Aráoz, Martha Chávez Cossío, Miguel Rodríguez Mackay, y Lucas Ghersi Murillo.

Lo mismo ocurrió con los otros expositores del encuentro: el abogado Luis Pacheco, quien ha sido defensor de algunos miembros de La Resistencia; la abogada Carmela de Orbegoso Russell, quien fue candidata de Fuerza Popular al Tribunal Constitucional (TC), y César Bazán, decano del Colegio de Abogados de Lima.

No me queda claro si el Ejecutivo haría efectiva su potestad de dirigir la política exterior en este caso", dijo Ana Neyra. 

En paralelo, algunos parlamentarios como Rosangella Barbarán (Fuerza Popular) y Alejandro Cavero (Avanza País) también se han mostrado de acuerdo con el planteo. "Me parece positivo, de todas maneras, iniciar un debate. Porque sí creo que hubo pronunciamientos de la CIDH en su último informe que han estado indebidamente politizados”, declaró hace unos días Cavero a Canal N.

Estas agendas comunes a pesar de las distancias partidarias abren la posibilidad de que el proyecto de Montoya Manrique prospere, más allá de su viabilidad constitucional. 

“Van a intentar ver si tienen los votos en el Congreso para la posibilidad de que se apruebe. Y no me queda claro si el Ejecutivo realmente haría efectiva su potestad de dirigir la política exterior en este caso porque, ahora, está siendo bastante reticente a aceptar recomendaciones exteriores de organismos de derechos humanos”, advirtió la exministra Ana Neyra.

 

Venezuela y Trinidad y Tobago: los países que se retiraron de la convención

 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos es el tratado más importante del sistema interamericano de derechos humanos, y este está conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

“Estos tratados lo que hacen es reforzar la protección de los derechos humanos para que los ciudadanos bajo la jurisdicción de un Estado parte se sientan protegidos de que, en caso el mismo Estado vulnerase sus derechos, tienen siempre la posibilidad de acudir a instancias internacionales”, explicó Josefina Miró Quesada.

Debido a que países como Estados Unidos y Canadá no forman parte de este tratado, diferentes congresistas han planteado la salida de nuestro país bajo ese argumento. El mismo proyecto de Montoya Manrique cita esta premisa dentro de su exposición de motivos. 

Pero, a consideración de las especialistas, el Perú debería seguir un camino propio, acorde a sus necesidades, ya que la comparación es pretenciosa. “EE.UU. tiene otros espacios en los que controla los temas de derechos humanos”, acotó Neyra.

“Más allá de los argumentos que involucren la decisión de países como EE.UU. y Canadá para no ser parte de la Convención Americana, el Perú es Estado parte, como lo son la mayoría de países en la región latinoamericana y eso debe bastar para hacer cumplir los compromisos”, añadió Miró Quesada.

Por otro lado, si bien 25 países suscribieron inicialmente el tratado, no todos se mantienen hasta ahora. Trinidad y Tobago y Venezuela notificaron su retiro en 1998 y 2012, respectivamente. Lo hicieron, tal como lo estipula la convención, a través de una denuncia. 

El caso más reciente —el de Venezuela— fue impulsado por el fallecido expresidente Hugo Chávez. En su documento de denuncia, si bien acusa a la convención de violar el Pacto de San José, también expresa uno de los tantos argumentos pronunciados por el congresista Montoya Manrique. 

Trinidad y Tobago y Venezuela notificaron su retiro en 1998 y 2012, respectivamente".

“[La Convención ha adoptado] una línea de acción injerencista en los asuntos de nuestro gobierno, vulnerando y desconociendo principios básicos y esenciales como lo son el principio del respeto a la soberanía de los Estados”, se lee en uno de sus párrafos.

Para el especialista Farid Kahhat, lo que ambos proyectos tienen en común “es que hay una vocación autoritaria que busca evitar que presuntas o reales violaciones de los derechos humanos sean investigadas de manera independiente”.

FORO. La excongresista Martha Chávez y los abogados Carmela de Orbegoso Russell y Lucas Ghersi fueron expositores en el conversatorio organizado por Montoya.

Foto: Congreso de la República.

 

Perú también intentó retirarse parcialmente de este tratado en 1999. En el contexto del conflicto armado interno y las violaciones a los derechos humanos que la Corte IDH reconoció en la década del 90, el expresidente Alberto Fujimori tomó la decisión de retirar al país de esta instancia interamericana tras los fallos en contra del Estado peruano. 

Es así que, a través de un oficio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitó retirarse con efecto inmediato “del reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos". Pero este organismo lo rechazó por su inadmisibilidad, según su reglamento.

“La Corte considera que es inadmisible el pretendido retiro por el Perú de la declaración de reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte con efectos inmediatos, así como cualesquiera consecuencias que se busque derivar de dicho retiro, entre ellas, la devolución de la demanda, que resulta irrelevante”, se lee en la sentencia del caso Ivcher Bronstein Vs. Perú.

La viabilidad del proyecto desde el Congreso

 

De ser aprobada la propuesta de Montoya Manrique, la presidenta tendrá 30 días para presentar al Parlamento el instrumento de denuncia contra la Convención Americana de Derechos Humanos. Y, en caso que la mandataria desestime plantear la denuncia, deberá emitir un informe “sobre las razones que le asisten para considerar que es inoportuna e inconveniente”.

“Este proyecto de ley obliga a la presidenta a responder sí o no lo va a hacer y permite abrir un canal para poder presionar y conseguir el objetivo propuesto”, reconoció el congresista durante el foro realizado en el Congreso.

En este contexto, OjoPúblico consultó con expertos constitucionalistas sobre el camino que debe seguir una decisión de esta naturaleza. La mayoría de los especialistas consideran que la propuesta es inconstitucional, debido a que no es competencia del Parlamento promover el retiro del Estado peruano del Pacto de San José de Costa Rica.

“En el marco de nuestra Constitución del 93, todo lo que tenga que ver con la política exterior es competencia exclusiva y excluyente del Poder Ejecutivo. Entonces, sería una interferencia que se apruebe una ley de esta naturaleza”, dijo Víctor García Toma, ministro de Justicia durante el gobierno de Alán García y actual integrante de la Comisión Consultiva encargada de brindar asesoría especializada en materia constitucional a la Presidencia de la República. 

¿Qué pasaría si el Legislativo insiste en debatir el proyecto? Para Josefina Miró Quesada, abogada e investigadora en Derechos Humanos, el Congreso no podría tomar esa atribución. De continuar con el procedimiento, el Ejecutivo debería observarlo. 

“Es un absurdo, es inviable jurídicamente, el Congreso no puede obligar a la Presidencia a efectuar una función que no le compete. No se le puede decir a la presidenta cómo tiene que gobernar. Esa es una vulneración abierta a la separación de poderes. Es inaudito e inconstitucional”, declaró.

Una postura similar tiene el excanciller del gobiermo de Alberto Fujimori, Francisco Tudela. Sosiene que “es inédito” que la propuesta esté siendo motivada desde el Parlamento, porque “la Constitución establece que el presidente dirige la política exterior, entonces el procedimiento normal es que el Ejecutivo denuncie el tratado y envíe ese oficio al Congreso para que lo apruebe”. 

Tudela recalcó que, debido a que nunca antes ha ocurrido una situación similar, de prosperar, implicaría un amplio debate constitucional, que probablemente pasaría a ser evaluado por la comisión consultiva de abogados constitucionalista que creó recientemente la presidenta Dina Boluarte.

Hay una vocación autoritaria para evitar que presuntas violaciones de DD.HH. sean investigadas de manera independiente", dijo Kahhat.

Hasta el sábado 10 de junio, según pudo conocer OjoPúblico, el tema todavía no había sido puesto en la agenda de este grupo de asesores.

En contraposición, al ser consultado sobre el tema, el constitucionalista Luciano López explicó que, a su interpretación, el Congreso es quien podría tomar la iniciativa en vista de que fue la Asamblea Constituyente de 1979 la que decidió adherir al Estado peruano al Pacto de San José de Costa Rica.

“Este es un tratado ratificado por una decisión de la Asamblea Constituyente que, a la luz de la Constitución del 93, tiene rango constitucional. El Congreso lo podría hacer, pero siguiendo el mismo procedimiento con el cual nos adscribimos, de reforma constitucional”, agregó.

 

¿Qué implica el retiro del Pacto de San José?

 

Según los especialistas consultados, para proceder con el retiro de la Convención Americana de Derechos Humanos, el Poder Ejecutivo debe elaborar un instrumento de denuncia. Posteriormente, ese oficio debe ser aprobado en el Congreso a nivel de una reforma constitucional.

“Los tratados de derechos humanos son tratados que tienen rango constitucional. Entonces, su abandono requiere una votación calificada, como toda reforma constitucional y esos son dos tercios de congresistas”, explicó el excanciller Francisco Tudela. 

De alcanzar los 87 votos requeridos en dos legislaturas y aprobarse el documento de denuncia, el Estado peruano debe notificar a la Convención sobre su decisión y, un año después, entraría en vigencia la salida.

“[A partir de ahí] los actos del Estado peruano dejarían de ser judicializables ante la Corte IDH. Pero eso no quiere decir que la CIDH no pueda seguir monitoreando los casos de violaciones de derechos humanos que puedan ocurrir después. La Corte IDH, incluso, podría aún pronunciarse sobre casos ocurridos durante el periodo en el que el tratado estuvo vigente”, explicó Josefina Miró Quesada.

García Toma, por su parte, incidió en que la suscripción de este convenio ha sido beneficiosa para el Perú. “Ha permitido robustecer el sistema democrático y acercar los mecanismos de defensa de los derechos fundamentales”, dijo.

El 58% de los peruanos está en contra del retiro de Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos".

Aunque el extribuno del TC comparte algunas de las críticas a la CIDH considera que sería una “torpeza” salir de esta instancia. “Si quisiéramos ser más propositivos, deberíamos tratar de preocuparnos porque en el seno de la Organización de Estados Americanos se puedan consensuar mejoras en el mecanismo de selección y nombramiento [de comisionados y magistrados]”, apuntó.

Lo cierto es que, a nivel de opinión ciudadana, la propuesta de Montoya Manrique no es compartida por la mayoría de peruanos. Así lo revela la última encuesta de Datum, la cual señala que el 58% está en contra del retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Durante su entrevista con la comisión del Congreso encargada de elegir al nuevo defensor del pueblo, el actual titular de la institución, Josué Gutiérrez Cóndor, no fue categórico sobre su postura respecto a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Aún así, la entidad ha rechazado la propuesta de Montoya Manrique.

“Si bien el Estado peruano dispone de un sistema de justicia independiente y autónomo, esto no excluye la posibilidad de situaciones en las que las personas no encuentren una protección o reparación adecuada ante la vulneración de sus derechos, incluyendo los derechos a un debido proceso y a las garantías judiciales”, se lee en su comunicado.

En conversación con OjoPúblico el adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo, aseguró que harán un seguimiento exhaustivo de esta iniciativa. “Debe ser rechazada en la medida que el Perú no puede dejar sin protección justamente a sus ciudadanos y ciudadanas frente a cualquier abuso de poder que pueda ocurrir al interior del país”, remarcó. 

Este medio intentó comunicarse en reiteradas oportunidades con el congresista Montoya Manrique, así como con los titulares de las comisiones de Constitución y de Relaciones Exteriores. Pero, hasta el cierre de este informe, no obtuvo respuesta.