Durante las últimas semanas, el exfiscal supremo Victor Cubas Villanueva, con una larga trayectoria en el Ministerio Público y hasta hace poco secretario técnico de la Oficina de Implementación del Código Procesal Penal, ha cuestionado con severidad lo que él considera la desarticulación de los equipos fiscales “encargados de la investigación del emblemático caso de corrupción al interior del sistema de administración de justicia, denominado Los Cuellos Blancos del Puerto”. 

La investigación de Los Cuellos Blancos expuso –a través del acceso y difusión de audios legalmente intervenidos– los niveles de corrupción y tráficos de influencia en el sistema de justicia peruano. Además de la remoción de los fiscales en este caso, Patricia Benavides también separó a la fiscal que investigaba a su hermana por los supuestos sobornos que recibió para liberar a personas acusadas de narcotráfico.

A finales de julio, el exfiscal renunció a su cargo en el Ministerio Público debido a múltiples diferencias con estas decisiones de la nueva titular de la Fiscalía de la Nación. OjoPúblico conversó con él para conocer en profundidad el alcance de sus cuestionamientos. Durante la entrevista, Cubas Villanueva da nuevas luces a hechos en torno a vínculos y potenciales conflictos de interés con las dos investigaciones que enfrentan las dos hermanas de la máxima autoridad fiscal.

¿Podría describir los hechos que condujeron a su renuncia al Ministerio Público?

En los últimos años he trabajado en el área administrativa del ministerio público, tenía cargo de confianza y tengo perfecto conocimiento que cuando cambia la administración uno debe dejar [el cargo] o debe esperar pacientemente a que lo cambien, ya que la nueva gestión selecciona al conjunto de profesionales que van a conformar su equipo. 

En un momento determinado pido hablar con la nueva fiscal de la nación, antes de que asuma el cargo, para informarle sobre un problema respecto a la implementación de una unidad de flagrancia [sede que integra al Poder Judicial, Fiscalía, Ministerio de Justicia y la Policía para atender casos de delitos flagrantes] en La Libertad. Y me dijo que no había nada que hacer.

¿Qué ocurre luego?

Posteriormente recibo una llamada, por medio de la Secretaría General, donde me dicen que debo pedirle la renuncia a dos profesionales, uno economista y el otro abogado; y que debería proponer a dos abogados en esas plazas. Días después, yo hablo con la fiscal de la nación y le explico que estoy a cargo de la Oficina Técnica de Implementación del Código Procesal Penal. Le digo que las vacantes son para un abogado y un economista porque es un equipo interdisciplinario. Y ella me dice “pero, ¿qué hace la Oficina Técnica de Implementación del Código Procesal Penal?”, y le respondo, que establece las pautas para la puesta en vigencia del Código. A lo que ella responde: “¿Pero la reforma ya no terminó?”. 

A mí me sorprendió un poco y le dije “doctora la reforma no ha terminado”. Y le expliqué que la reforma, conforme a mandato legal, se ha implementado progresivamente por distritos fiscales, y los últimos son los de Lima Sur y Lima Este.

El Poder Ejecutivo tiene una actuación tan precaria y tan sospechosa que lo ilícito sería no investigarlo".

¿La fiscal no tenía conocimiento de ese sistema de implementación?

No, no tenía. Y a mí me sorprendió. Posteriormente, pasaron los días, la doctora me dijo que en su momento me comunicaría su decisión. Yo esperé y el despacho dispuso el cese de los servicios de las dos personas, una abogada y un economista, contra mi opinión. Luego tomé conocimiento de que se estaba presionando al doctor [Jesús] Fernández, fiscal supremo, para que pida la renuncia de la doctora Fanny Quispe. 

[La fiscal integraba el equipo que investigaba el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto, y había visto también los casos Comunicore, Narcoindultos, entre otros].

¿Cómo tuvo conocimiento usted de esas supuestas presiones? 

Por comentarios que me hizo personal de ese despacho con el que yo he trabajado. Por prudencia yo no he hablado con el doctor Fernández de estos problemas, pero sí sabía cuál era la situación y, luego, me enteré de su renuncia. Si bien es cierto, él renuncia invocando motivos personales, no es esa la razón fundamental.

¿Usted no ha hablado sobre esto con el doctor Fernández?

No, pero es evidente que a él lo estaban presionando para retirar a la doctora Quispe, que era fiscal adjunta suprema provisional. Muy competente, la conozco desde la época de las aulas universitarias en San Marcos.

¿Y, a su modo de ver, cuál era la razón detrás de ese pedido?

Razón de carácter técnico ninguna, era un capricho personal. Días antes se había emprendido una campaña en contra de esa fiscalía. Esta es una de las fiscalías que más producción estaba teniendo en la lucha contra la corrupción. Veía las investigaciones a altos funcionarios públicos y los procesos contra jueces supremos, fiscales supremos, miembros del anterior Consejo Nacional de la Magistratura, algún ministro, funcionarios de ese nivel. 

¿Lo que está usted diciendo, entonces, es que esa presión para retirar a la fiscal Fanny Quispe fue el primer paso para lo que, luego, se ha denominado el desmantelamiento del equipo que investigaba el caso Los Cuellos Blancos? 

Exactamente. Ante ello, yo veo que en realidad no va a ser factible poder desempeñarse, y planteo mi renuncia. Redacté la carta el 25 de julio y la presento el día martes 26 [el exfiscal Cubas muestra aquí el cargo firmado y con código de barras que da cuenta de que, en efecto, presentó su renuncia ese día]. 

Esto se mantuvo en absoluta reserva. Ese mismo día, yo tuve una reunión con fiscales de Huánuco. La reunión se llevó a cabo con normalidad, no mencioné mi renuncia. Al siguiente día, el miércoles 27, yo ya no fui al despacho. Tenía el documento escaneado y por la tarde le hice conocer a algunos amigos que había renunciado. 

Uno de ellos me llamó y me preguntó si podía compartir la carta. Ese mismo miércoles, a las cinco de la tarde más o menos, sale una resolución dando por concluidos mis servicios, pero no menciona la carta de renuncia. La resolución dice que “visto el informe 001 del 22 de julio del año 2022”, pero es imposible que en el mes número siete haya un informe 001.

 Cuando la fiscal Benavides sostiene que la suerte de su hermana no depende del Ministerio Público no dice la verdad".

¿Y ese informe existe? ¿Usted lo ha visto? ¿Alguien ha hecho referencia a su contenido?

Con posterioridad, he tomado conocimiento de que la congresista Ruth Luque solicitó un informe a la fiscal de la nación sobre las razones del apartamiento de la fiscal [Bersabeth] Revilla y del exfiscal Cubas. La respuesta que le dan es que los servicios de la fiscal Revilla han sido dados de baja porque tiene baja productividad. En el caso mío, exactamente, se le dijo que, de acuerdo al informe 001, la oficina es un caos, no funciona, no hay equipos constituidos de trabajo, etcétera.

[La fiscal Revilla tenía a su cargo la investigación penal contra Enma Benavides, hermana de la fiscal de la nación, por los supuestos sobornos que recibió para liberar a personas acusadas de narcotráfico].

En su carta de renuncia usted critica la salida de algunos fiscales, en particular aquellos relacionados con el caso Los Cuellos Blancos.

Cuando me enteré de la renuncia de la doctora Revilla mis sospechas de que lo que se busca es afectar las investigaciones por casos de corrupción se vieron confirmadas. La doctora Revilla tenía investigaciones no solo contra las dos hermanas de la fiscal de la nación [las juezas Enma y Ruth Benavides Vargas], sino también investigaciones contra altos funcionarios.

Por otro lado, la doctora Revilla había investigado al fiscal Miguel Vegas Vaccaro, encargado de una Fiscalía Suprema, y ahora la mandan como adjunta para ese mismo despacho. Además, ha quedado demostrado que ese eslogan de orden y celeridad de la fiscal de la nación no tiene asidero en la realidad porque uno de los fiscales que menos ha producido en el Ministerio Público es precisamente el señor Vegas Vaccaro, que ha sido inclusive sancionado por haber dejado prescribir muchos casos que habían sido elevados a su despacho. 

[Miguel Vegas Vaccaro fue sancionado en 2018 por demoras en sus dictámenes y el despacho de Revilla lo investigó por cargos de colusión y negociación incompatible. El 2 de julio, la fiscal de la nación le encargó a Vegas Vaccaro el despacho de la Fiscalía Suprema Especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos].

Usted ha criticado que ahora el coordinador general del caso Los Cuellos Blancos del Puerto sea el fiscal superior Jorge Luis Díaz Cabello, que a su modo de ver, no debería estar a cargo porque ha sido promovido de forma provisional.

Así es. El Ministerio Público es una organización jerárquicamente organizada, entonces el doctor Díaz Cabello, que es fiscal provincial, o sea de primer nivel, ha sido ascendido provisionalmente a fiscal superior, entonces no podría, por ejemplo, convocar al fiscal supremo para decirle cuál es la estrategia de investigación. No me refiero a que no tenga competencia profesional, no se trata de eso, se trata de jerarquía. Él no puede estar coordinando un equipo que está compuesto por fiscales supremos.

¿Y, a su modo de ver, esto sería un error o habría alguna intencionalidad? 

Creo que parte de una mala interpretación. Están aplicando erróneamente un dispositivo. Lo que se había tratado de hacer en la administración anterior es que el caso Cuellos Blancos funcione con un coordinador, y esa coordinación ha venido siendo ejercida por el doctor [Pablo] Sánchez. 

Que solicitó ser retirado de esa coordinación.

Sí. El doctor Sánchez dice que a él no lo han sacado, que él lo pidió, pero eso no le da derecho a la autoridad encargada de poner a un fiscal superior como coordinador. Si hay varios fiscales supremos, a uno de ellos le correspondía ejercer la coordinación.

CUESTIONAMIENTOS. El reconocido exfiscal supremo señala que no se trata solo de una hermana de la fiscal de la nación la que es investigada, sino de dos, Enma Benavides y Ruth Benavides.

Foto: OjoPúblico / Marco Garro

 

En efecto, el fiscal Sánchez, ante las suspicacias que generó su salida, ha respondido y ha señalado que es una decisión personal, que parte de su trabajo ya estaba realizado y que él cree que las investigaciones siguen su curso de una manera normal. ¿Usted está de acuerdo?

Yo respeto el criterio del doctor Sánchez. Hay una amistad de larga data y considero que él debe tener razones que justifican su apartamiento de las labores de coordinación, pero reitero, eso no da derecho a que se ponga como coordinador a un fiscal superior provisional que va a coordinar el trabajo de fiscales titulares del mismo nivel, pero por encima en el escalafón por su titularidad. Yo hablo de la importancia de que un subsistema esté dirigido por un fiscal titular, como ocurre, por ejemplo, en Lavado de Activos con el doctor [Rafael] Vela, o en Crimen Organizado, con el doctor Jorge Chávez Cotrina, también fiscal superior titular.

Ante los cuestionamientos sobre la investigación que se le sigue a su hermana Enma Benavides, la fiscal de la nación, Patricia Benavides, señaló que sería un juez quien determine la situación legal. Usted señaló en una entrevista que esto es incorrecto. ¿Podría explicar por qué?

Puede deberse al desconocimiento de la fiscal de la nación acerca del proceso penal actual. En el proceso interviene el juez de investigación preparatoria, que hace un trabajo de control jurisdiccional para evitar la vulneración de derechos fundamentales del investigado. Pero la investigación es propia del Ministerio Público, es una función exclusiva y excluyente del Ministerio Público, que decide qué investigar y decide la estrategia de investigación. Entonces, cuando la fiscal de la nación sostiene que la suerte de su hermana no depende del Ministerio Público no está diciendo la verdad. 

Ya que si, como se sospecha, se quisiera beneficiar a su hermana liberándola de la presunta responsabilidad que tendría, se buscaría un sobreseimiento, que no se la acuse y, para eso, se estaría cambiando a la autoridad encargada de la investigación.

Si esto fuera producto del desconocimiento de parte de la fiscal Benavides, ¿no es preocupante que la titular del Ministerio Público tenga estas lagunas respecto a la función jurisdiccional? 

Evidentemente, pero podría, dándole el beneficio de la duda, haber tenido una confusión porque en el sistema anterior, que era regulado por el Código de 1940, el juez sí era la autoridad que dirigía la investigación. De repente la doctora sigue teniendo ese esquema, pero si ello ocurre es preocupante que una autoridad que está dirigiendo inclusive la política criminal del país tenga este desconocimiento. Y, en el otro extremo, si no es desconocimiento habría un ánimo de no decir la verdad.

 La JNJ ha sido muy ligera al hacer un nombramiento que podía preverse iba a dar lugar a un serio conflicto de intereses".

Usted señaló en otras declaraciones que el órgano encargado de nombrar a la fiscal Benavides no había obrado bien porque, ante la pregunta de si habría algún tipo de conflicto de interés respecto a la situación de su hermana, ella dijo que no y a usted esa respuesta no le pareció suficiente. 

No me pareció suficiente, y la realidad nos muestra lo contrario porque no solamente ha ocurrido lo que le preguntaban como una posibilidad. Ella contestó correctamente y dijo que no lo haría, pero es lo primero que ha hecho. Pero la Junta se quedó corta porque no es una hermana investigada, sino dos hermanas, Enma Benavides y Ruth Benavides, investigadas por hechos que tienen que ver con casos de corrupción. 

La Junta ha sido muy benevolente en esta situación y no ha querido ahondar, no ha querido proyectarse a lo que podría ocurrir. Ahora tenemos otro escenario porque, además de las investigaciones que estaba realizando la doctora Revilla, hay un patrimonio de una de ellas, según informaciones periodísticas, no explicado y existe la necesidad de investigar al respecto. ¿Y a quién le corresponde investigar los casos de presunto enriquecimiento ilícito? Única y exclusivamente a la fiscal de la nación. La Junta, creo, ha sido muy ligera al hacer un nombramiento que podía preverse iba a a dar lugar a un serio conflicto de intereses.

¿Podría ahondar al respecto?

La Junta Nacional de Justicia es producto de una reforma constitucional promovida luego de la difusión de audios que pusieron en evidencia un problema grave de corrupción al interior del sistema de administración de justicia en el año 2018. La Junta Nacional de Justicia surge como un nuevo organismo que reemplaza al Consejo Nacional de la Magistratura. Se pretendía solucionar los problemas en que había caído el Consejo de la Magistratura, pero la experiencia nos demuestra que no se ha alcanzado el objetivo perseguido.

¿En qué sentido? ¿Cuáles son las evidencias de ello? 

La Junta no ha actuado con la diligencia que demandaba la situación crítica del sistema de administración de justicia. Empezando por la primera de sus competencias, la selección y nombramiento de magistrados, ese proceso ha ido muy lento. Ya van dos años y meses de funcionamiento desde su instalación y a la fecha solo se ha nombrado a seis magistrados supremos en el Poder Judicial, se ha nombrado en el Ministerio Público a dos fiscales supremos, ya juramentados, y a una fiscal suprema, la doctora Delia Espinoza, que aún no toma juramento y no puede ejercer el cargo. 

Y ha designado como Autoridad Nacional de Control a un abogado, Juan Antonio Fernández Jerí, que según las denuncias públicas tiene serios cuestionamientos por casos de corrupción. Y, si bien es cierto que existe una resolución que archiva la investigación al respecto, esa resolución fue emitida por un fiscal cuestionado y ya destituido, el doctor Víctor Raúl Rodríguez Montesa.

Hay una recuperación de posiciones de los sectores corruptos para poner a personas que van a ser funcionales a sus objetivos".

¿A su modo de ver, a qué responde esa designación?

En mi opinión, esa designación responde a una recuperación de posiciones de los sectores corruptos y a poner a personas que van a ser funcionales a esos objetivos de corrupción. La Junta Nacional de Justicia tenía como objetivo central dotar al sistema de administración de justicia de magistrados idóneos, probos, que estén más allá de toda sospecha, y en el caso de la Autoridad Nacional de Control esto evidentemente no se ha cumplido. Pese a los cuestionamientos que han habido, la Junta, después de un largo silencio, ha ratificado el nombramiento y le tomó juramento el 6 de septiembre. 

¿En esa línea iría también, en su opinión, el nombramiento de la fiscal de la nación?

El nombramiento de la doctora Benavides es, igualmente, un acto muy criticable porque la Junta tenía perfecto conocimiento de que la candidata no solo tenía hermanas que estaban involucradas en presuntos serios actos de corrupción, sino que tenía información de que la ahora señora fiscal de la nación aparece en diferentes momentos en conversaciones telefónicas con Antonio Camayo, el empresario ligado a distintos actos de corrupción y que aparece en los audios conversando con el juez supremo César Hinostroza. Tanto la señora fiscal de la nación como su hermana han tenido comunicaciones con esa persona. 

¿Cuándo tuvieron lugar esas comunicaciones?

En el año 2018, antes de que se revelen los audios relacionados con la corrupción del caso Los Cuellos Blancos.

[Los audios de Los Cuellos Blancos se hicieron públicos en julio del 2018, cuando inicialmente IDL-Reporteros los difundió, y posteriormente La República, OjoPúblico y otros medios]

¿Cómo ha tenido usted conocimiento de esas conversaciones?

A través de un parte que ha sido remitido por la fiscal provincial de entonces a la Fiscalía Suprema. Y no se ha hecho una investigación al respecto, y también en este campo le correspondía a la Junta, ya que la Ley Orgánica establece en una disposición transitoria que la Junta Nacional de Justicia debería investigar los nombramientos y ratificaciones hechas por el defenestrado Consejo Nacional de la Magistratura. Esta labor no la ha cumplido. Y no se está hablando de unos cuantos casos, son 800 nombramientos y ratificaciones hechas por el Consejo que, se supone, tienen por lo menos irregularidades que merecen ser investigadas. La Junta estaba facultada para declarar la nulidad de dichos nombramientos o ratificaciones, y no lo ha hecho.

Estas conversaciones a las que hace referencia no se han hecho públicas, ¿cómo toma usted conocimiento de ellas?

A través de un parte que eleva la Policía a la Fiscalía Suprema. Pero, por la cuestión de competencia entre ellos, esto sigue un tránsito y en algún momento se detiene el trámite regular, y no se ha hecho investigación alguna.

Los investigados siempre han reaccionado, sean ciudadanos o sean funcionarios públicos, en contra del órgano de investigación".

¿Cuál es el tenor de esas conversaciones, lo sabe usted?

No, simplemente el parte da cuenta de su existencia. Habría que hacer una diligencia de escucha telefónica para saber cuál es el contenido de las conversaciones. El parte da cuenta de conversaciones de un gran número de magistrados, jueces y fiscales también miembros del Consejo de la Magistratura con personas allegadas e investigadas por el caso Cuellos Blancos. 

¿Un fiscal podría acceder a ellas? 

Indudablemente. Entonces, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) no ha cumplido los mandatos constitucionales que fueron establecidos con la reforma constitucional y que están plasmados en la Ley Orgánica. Y es que la JNJ en realidad tiene un mal de origen.

¿Cómo así?

El problema es cómo se nombra a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, y así se estableció que debería conformarse una comisión especial integrada por los titulares de diferentes organismos: el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la nación, el presidente del Tribunal Constitucional, el defensor del pueblo, el contralor general de la república y dos profesionales representantes de las universidades, uno de las universidades públicas y otro de las universidades privadas.

OBSERVACIONES. "Saludo las investigaciones que se vienen realizando contra el presidente, pero exijo esa misma energía frente a otros casos", dice Cubas.

Foto: OjoPúblico / Marco Garro

 

Uno pensaría que estamos hablando de las personas idóneas para esa posición. 

Teóricamente serían las personas más idóneas para hacer el concurso y la selección, pero en la práctica no ha sido así. Por ejemplo, el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, tenía serios cuestionamientos por su cercanía con casos de corrupción de Fujimori y Montesinos. 

Por su parte, el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, de quien a la fecha se tiene certeza fue elegido con los votos mayoritarios de Fuerza Popular y su comportamiento en el tribunal fue a favor de esta organización, y concluyó su mandato luego de que dispuso la libertad de Alberto Fujimori, condenado por graves actos de corrupción, aunque esto no se llegó a a concretar debido a un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También existían cuestionamientos respecto al defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, y el contralor general, Nelson Shack.

Saludo las investigaciones que se vienen realizando con relación al presidente, pero exijo que esa misma energía se tenga frente a otros casos".

Volviendo al caso de la fiscal de la nación, Patricia Benavides ha denunciado que hay una campaña, desde el gobierno, para desprestigiarla por las investigaciones que enfrenta el presidente Castillo. ¿Qué respondería usted ante esto? 

Yo, en realidad, no creo que haya una campaña de desprestigio. Los investigados siempre han reaccionado, sean ciudadanos o sean funcionarios públicos, en contra del órgano de investigación. Quienes hemos hecho investigaciones hemos estado sujetos a críticas, a denuncias infundadas, a amenazas, a través de todos los medios. Eso le ha ocurrido a todo el mundo. El doctor Chávez Cotrina no está exento de que lo critiquen por investigar a personas involucradas en casos de crimen organizado, igual que el doctor Vela en los casos de lavado de activos.

Entonces, el hecho de que se critique es una reacción hasta cierto punto normal de los investigados y no necesariamente tendría que obedecer a una campaña de desprestigio. El hecho de que haya amenazas exactamente igual. Los fiscales son amenazados constantemente, y eso lo hemos visto en los últimos años, por ejemplo, contra Domingo Pérez.

Pero sí existen elementos para saber que hay un interés desde el Ejecutivo por desprestigiar a la fiscal. Por ejemplo, un periodista de Hildebrandt en sus trece, denunció que fue contactado por un subsecretario de Palacio que quería sembrarle una información sobre la fiscal Benavides que no resultó cierta.

Hay, evidentemente, una reacción de los investigados. Pero también hay una acción del Ministerio Público que sigue con la mirada puesta solamente en las acciones del presidente de la república, su familia y los miembros del Ejecutivo. Y no hay la misma acción respecto a otros funcionarios públicos que pertenecen a otros poderes, otros órganos del Estado. 

¿Cuál es su opinión profesional, basada en su experiencia como fiscal, sobre las investigaciones que viene realizando la Fiscalía de la Nación respecto a los casos específicos relacionados con el presidente Pedro Castillo?

Yo ya en mi carta de renuncia digo que saludo las investigaciones que se vienen realizando con relación al presidente de la república, pero exijo que esa misma energía se tenga frente a otros casos, pido que el Ministerio Público haga gala de su autonomía y su independencia frente al poder en general, y que los trate a todos con la misma medida.

¿A su modo de ver habría, entonces, una focalización extrema y un celo particular respecto a las acciones del Ejecutivo, en desmedro de otras investigaciones pendientes tanto pasadas como presentes? 

Exactamente. Yo tengo la sospecha de que la coyuntura en que se encuentra al país actualmente le ha permitido a los sectores políticos, corruptos sobre todo, establecer una estrategia, en la que está involucrada la Fiscalía. Que la Fiscalía se enfoque hacia el presidente de la república, cuyos actos son muy sospechosos y merecen ser investigados, pero poniendo un énfasis y dejando de lado lo otro.

¿La Fiscalía estaría obrando con unas anteojeras interesadas?

Indudablemente. Y a eso se debe lo que viene ocurriendo actualmente: la Fiscalía solo tiene su foco de atención en las acciones de los miembros del Poder Ejecutivo y no en otros casos. El fiscal de la nación es un funcionario con mucho poder y, en su política de corrupción cero, ha debido solicitar al Congreso que reconsidere, por ejemplo, las decisiones de no investigar al señor Merino, la de no investigar al exprocurador general de la república, de archivar los casos contra el fiscal de la nación y contra un fiscal supremo. Y no lo ha hecho. Entonces, la política desplegada por la Fiscalía está focalizada en acciones del Poder Ejecutivo. 

Pero, en cierta forma, esta es una de las críticas habituales al Ministerio Público: que suele obrar o responder quizás de una manera excesiva a la presión mediática. ¿Podría decirse que la fiscal Benavides está obrando de esa manera, enfocada en el pez más gordo ahora mismo?

La respuesta sería sí y no al mismo tiempo. Porque evidentemente el Poder Ejecutivo tiene una actuación tan precaria y tan sospechosa que lo ilícito sería no investigarlo. Pero los otros casos también tienen presión mediática. Hay denuncias serias en contra de altos funcionarios del Ministerio Público, el Poder Judicial, el Congreso, y esos casos están allí. Está faltando una política general anticorrupción, los actos de corrupción no solamente provienen de la acción del Ejecutivo.

Hay otros fiscales que no comparten su preocupación y críticas, como es el caso del exfiscal de la nación Pablo Sánchez, que minimiza los cuestionamientos sobre los cambios en la investigación del caso Cuellos Blancos. O incluso el fiscal Vela, del equipo especial Lava Jato. 

Es cierto que el doctor Sánchez ha hecho un pronunciamiento en el sentido de que él no ha sido retirado de la coordinación de Cuellos Blancos, sino que él lo ha pedido. Eso puede ser cierto, de hecho considero que lo es. Imagino que el doctor Sánchez no quiere tener mayores responsabilidades que las propias de su despacho. Porque el trabajo de ser coordinador en un caso como el de Cuellos Blancos es una labor muy extensa, pero eso no quiere decir necesariamente que sea un respaldo a la fiscal de la nación. 

¿Y en el caso del fiscal Vela?

Yo he escuchado sus declaraciones y, lógicamente, discrepa con la opinión que yo tengo. Cada uno es dueño de sus opiniones. Yo conozco al doctor Rafael Vela, nos guardamos recíproca consideración y ojalá que él no se equivoque. El doctor Vela dice que tiene confianza, que la señora fiscal de la nación le ha brindado todo su respaldo, y ojalá que así sea por el bien del país y por el bien institucional.

Pero lo que yo sí tengo que observar es que él manifiesta, en defensa de las acciones de la fiscal de la nación, que esa es su atribución, y que una nueva administración tiene derecho a hacer cambios. Eso es cierto, pero entonces por qué hubo tanto problema cuando se pretendió cambiarlo a él y al doctor Domingo Pérez.

Si era una atribución del fiscal de la nación, el doctor Gonzalo Chávarri tenía la facultad de cambiarlos. Eso es contradictorio. Yo creo que cuando se hacen declaraciones, hay que tener un poco más de coherencia entre lo que se hace y lo que se dice. De nuevo, yo espero que él no esté equivocado, que el equivocado sea yo. Eso sería una demostración de que se respeta la autonomía en el Ministerio Público, y eso es bueno para el país. 

Ante todos estos cuestionamientos que usted ha planteado, ¿qué cree usted que debería ocurrir?

Yo creo que, por un lado, la Junta tiene que poner la mayor diligencia para evitar incurrir en estos actos que, por falta de transparencia, dan lugar a muchos cuestionamientos. Yo conozco al presidente actual de la Junta Nacional de Justicia, el señor Henry Ávila. Hemos coincidido en algunos trabajos en el ámbito de violación a los derechos humanos y creo que la expectativa era que la Junta tenga un funcionamiento cualitativamente muy superior a lo que hizo el Consejo Nacional de la Magistratura. 

Se teme, ante cuestionamientos como los que usted viene planteando, que una perturbación en el liderazgo del Ministerio Público ponga en peligro las importantes investigaciones que se vienen realizando contra el Ejecutivo. ¿Qué opina al respecto?

Cuando la autoridad no actúa con objetividad contamina el desarrollo de una investigación. Si la autoridad principal de la institución está mirando solo a un ángulo y deja descuidados los otros, la ciudadanía también tiene derecho a pensar que está obrando parcializadamente con unos en perjuicio de otros. Eso no debe ocurrir. A mi entender, lo que se viene observando en los últimos meses es precisamente que hay falta de objetividad.

Ante estos cuestionamientos, ¿piensa que la fiscal de la nación debería apartarse del cargo?

Bueno, la señora fiscal de la nación no tiene una, sino dos hermanas con serios cuestionamientos en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales. Se trata de cargos que no son poca cosa: un caso de presunto favorecimiento a narcotraficantes, y otro caso por presuntos actos irregulares en nombramientos. Yo creo que, para velar por la transparencia, debería dar un paso al costado y dejar que los órganos realicen su función sin ninguna interferencia, con normalidad y que, al final, se determine la verdad. 

¿Y, si eso llegara a pasar, qué ocurriría con las investigaciones contra el presidente? 

Continuarían. Ya está determinado que se puede investigar a un presidente en funciones. Además, con la misma lógica que se han venido haciendo los cambios al interior del Ministerio Público, si se cambia a un fiscal que está dirigiendo un despacho no pasa nada, las investigaciones continúan. Las investigaciones al presidente de la república están avanzadas porque hay un equipo de fiscales dedicados a esos casos y, me imagino, que en su momento la Fiscalía de la Nación seguramente hará la denuncia constitucional, con lo que termina su función en relación a las investigaciones del presidente.

 

Notas de redacción: 

1. Durante la investigación para esta entrevista OjoPúblico accedió al oficio 496-2020 DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPAPTEC que confirma las declaraciones de Cubas sobre las conversaciones telefónicas de la fiscal Patricia Benavides. El documento está dirigido a la fiscal provincial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra el Crimen Organizado del Callao y firmado por el mayor PNP Evaristo Flores Cruz, en ese entonces jefe del DEPAPTEC-DIVIAC. Dicho oficio realiza un “análisis de disco remitido con Levantamientos del Secreto de las Comunicaciones” de una serie de personas vinculadas con la presunta organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

El informe trae un extenso listado de comunicaciones telefónicas que incluye, entre muchas otras, ocho llamadas entre el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol Edwin Oviedo, investigado por este caso, y Enma Benavides, jueza superior de Lima y hermana de la fiscal Patricia Benavides, ocurridas entre mediados de abril y principios de junio de 2018; así como siete llamadas entre la fiscal Patricia Benavides y el también investigado Edwin Antonio Camayo Valverde, que tuvieron lugar entre finales de mayo y finales de junio de 2018. El informe confirma la existencia de las llamadas, pero no aporta detalles sobre el contenido de las mismas.

2. OjoPúblico se comunicó con Hamilton Ponce, gerente central de la Oficina Imagen Institucional del Ministerio Público, para solicitar el testimonio y réplica de la fiscal de la nación Patricia Benavides. Lastimosamente, se nos indicó que la fiscal no podría atendernos, pero el gerente de Imagen Institucional Ponce nos hizo llegar una respuesta institucional de la Fiscalía: “Dentro de la documentación oficial del Ministerio Público, correspondiente al caso denominado Los Cuellos Blancos del Puerto, no existe tal registro de llamadas telefónicas. Desde que se ha iniciado la investigación contra el presidente de la República del Perú, la titular de la Fiscalía de la Nación ha recibido diversos ataques personales y a su familia. Durante las últimas semanas se ha intentado vincular a la Fiscal de la Nación con actores políticos e investigados, lo cual solo responde a una estrategia de desinformación con ánimos de obstaculizar la investigación que se sigue contra el presidente de la República, su entorno familiar y otros altos funcionarios".

Ante esta respuesta, OjoPúblico preguntó si, pese a haberle proporcionado el código del informe con los sellos oficiales que confirman su existencia y los nombres de las personas en la PNP y la Fiscalía que accedieron a él, debíamos entender que la doctora Benavides negaba la existencia de esas llamadas telefónicas así como conocer al señor Camayo. Preguntamos también cómo podía la ahora fiscal de la nación saber que “no existe tal registro de llamadas telefónicas” en “la documentación oficial del Ministerio Público”, si ella no es ni ha sido responsable en ningún momento del caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”. No se recibió respuesta a esas repreguntas.