Luego de un día intenso de allanamientos en oficinas del Congreso, detenciones e intervenciones en viviendas del entorno presidencial, el mandatario Pedro Castillo Terrones enfrenta una nueva acusación a 15 meses de iniciado su gobierno. La fiscal de la nación presentó ante el Parlamento una denuncia constitucional por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y presunto cómplice de colusión. 

Esta denuncia –la primera en su tipo contra un mandatario en ejercicio– se suma a cinco investigaciones en marcha contra Castillo Terrones por presuntos delitos de corrupción, organización criminal, encubrimiento personal contra la administración de justicia, tráfico de influencias y una sexta adicional por el supuesto plagio de su tesis de maestría.

"Desde este momento, es responsabilidad exclusiva y excluyente del Congreso de la República decidir sobre el trámite de la denuncia constitucional en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción", dijo la fiscal de la nación, Patricia Benavides, tras presentar la denuncia ante el Parlamento.

Inmediatamente después del mensaje difundido por la fiscal Benavides, el Congreso informó que la denuncia constitucional ya había sido derivada a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por Lady Camones, de la bancada de Alianza para el Progreso.

En la noche, el presidente Castillo, dijo en una conferencia –en la que no permitieron la presencia de la prensa peruana y solo habilitaron un espacio para los reporteros extranjeros– que se ha iniciado “la ejecución de una nueva modalidad de golpe de Estado en el Perú, con libretos creados utilizando al Ministerio Público políticamente y hacer creer al país de que mi persona lidera una red criminal". 

Es responsabilidad exclusiva del Congreso decidir sobre el trámite de la denuncia constitucional.

En la misma línea argumental, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, intentó descalificar las investigaciones contra el presidente Castillo con el argumento de que la razón es que "es una persona del campo" y que detrás están los que impulsaron la narrativa del fraude sin evidencia. “Aparecieron esos colaboradores eficaces, pero nunca presentaron una prueba directa contra el presidente de la República”, dijo Torres.

Aníbal Torres también hizo referencia a que el articulo 117 de la Constitución establece que el presidente solo puede ser acusado en su periodo por delitos específicos como traición a la patria, impedir las elecciones o disolver el Congreso en casos no previstos. "La fiscal de la Nación está violando la Constitución", sostuvo.

Dos casos, un mismo objetivo

Las intervenciones contra el círculo más cercano del presidente y los seis congresistas de Acción Popular comenzaron a las 6 a.m. del 11 de octubre y se prolongaron durante más de 10 horas. Se tratan de dos casos: Asesores en la Sombra y Los Niños.  

Como parte del caso Asesores en la Sombra se realizaron allanamientos y se ordenó la detención preliminar por 10 días de seis de las 13 personas identificadas por el Equipo Especial como parte de esta presunta organización criminal. En esta diligencia, fueron detenidas las personas del círculo más íntimo del presidente: Abel Cabrera Fernández, Salatiel Marrufo Alcántara, Auner Vásquez Cabrera, Biberto Castillo León y Eder Vitón Burga.

El dueño de la casa del jirón Sarratea, Segundo Alejandro Sánchez Sánchez, también estaba comprendido en el pedido de detención preliminar. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, su paradero era desconocido.

Como parte de este caso, también se allanaron los inmuebles de Beder Camacho, David Pérez Curi, Segundo Alejandro Sánchez Sánchez, Gian Marco Castillo, Henry Shimabukuro Guevara, y Fray Vásquez Castillo, el sobrino prófugo del presidente Castillo Terrones.

Segundo Alejandro Sánchez, dueño de la casa de Sarratea, está prófugo.

Según la Fiscalía, esta presunta organización criminal se formó luego de la primera vuelta presidencial del 11 abril  de 2021, para financiar la campaña para la segunda vuelta electoral de Pedro Castillo. Posteriormente, buscó recuperar lo invertido a través de la injerencia en el nombramiento de funcionarios públicos y en el direccionamiento de contrataciones públicas.

En paralelo a dicho operativo, personal de la Fiscalía y de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) también llevó a cabo el allanamiento de las oficinas y viviendas de seis congresistas de Acción Popular en el marco de la investigación del caso conocido como Los Niños. 

En este caso, la hipótesis fiscal señala a un grupo de congresistas como parte de una organización criminal y de haber participado en el direccionamiento de obras públicas a cambio de obedecer órdenes del presidente Pedro Castillo.

Los congresistas de Acción Popular cuyas oficinas y residencias fueron allanadas durante la mañana fueron Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Jorge Flores Ancachi, Darwin Espinoza, Ilich López y Elvis Vergara.

Tras conocerse las diligencias de estos operativos, la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, que es presidida por el congresista Héctor Ventura (Fuerza Popular), solicitó a la Superintendencia Nacional de Migraciones que emita una alerta roja migratoria contra Segundo Alejandro Sánchez Sánchez y los seis congresistas de Acción Popular señalados como integrantes del grupo Los Niños.

El informe del equipo especial también recoge la declaración del colaborador eficaz CE-04-2022 en la que denuncia que el presidente Pedro Castillo ordenó a Beder Camacho desaparecer "todos los registros que lo puedan vincular con el empresario Samir Abudayeh Guerra".

Este supuesto pedido del mandatario se dio, de acuerdo con el colaborador, luego de que Camacho le advirtió a Castillo del posible allanamiento que realizaría la Fiscalía al Despacho Presidencial el 25 de diciembre del 2021.

Según el testimonio, Camacho solicitó a los edecanes de Palacio de Gobierno que le entreguen los cuadernos de ocurrencias y también que cambien los equipos celulares.

Posteriormente, el 26 de diciembre de 2021, según el mismo testimonio, Camacho quemó los cuatro cuadernos de ocurrencias y arrojó al mar cuatro equipos celulares con el objetivo de ocultar y desaparecer pruebas en el marco de la investigación por el caso Petroperú contra el presidente.

Parte importante de la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la nación se sostiene en información proporcionada por cuatro colaboradores eficaces: CE-01-2022, CE-02-5D-2FPEDCF-2022, CE-03-2022-EFICCOP y CE-04-2022-EFICCOP

La denuncia también cuenta con otros elementos de convicción, como las declaraciones testimoniales de Hugo Espino y Karelim López, informes de la Contraloría, documentación de contratos públicos, correos electrónicos y memorandos internos de Petroperú, reportes de visitas de entidades públicas y reportes de llamadas obtenidos por el Congreso de la República, entre otros.

De modo similar, el informe del equipo especial de la Policía que fundamentó el pedido para solicitar detenciones preliminares y órdenes de allanamiento contra el entorno del presidente Castillo utiliza la información de dos colaboradores eficaces: CE-03-2022-EFICCOP y CE-04-2022-EFICCOP.

Este informe, además, incluye declaraciones testimoniales de otras personas, como la exviceministra de Vivienda y Urbanismo, Elizabeth Añaños. También revisaron la información de otras carpetas fiscales, de la página de Transparencia del Despacho Presidencial y de los informes técnicos de la ONPE, por citar algunos ejemplos.

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Financiamiento en campaña

De acuerdo con el Equipo Especial, el grupo de Asesores en la Sombra ejecutó sus actividades en cinco etapas diferenciadas. La primera fase involucró el financiamiento de la campaña electoral de segunda vuelta de Pedro Castillo Terrones, entonces candidato por Perú Libre. 

Según la investigación del Equipo Especial, un colaborador eficaz sostuvo que Castillo Terrones recibió aportes de campaña que no habrían sido declarados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Mencionan que el alcalde distrital de Anguía, José Nenil Medina Guerrero –en prisión preventiva por 30 meses– habría aportado a la campaña de Castillo Terrones más de un millón de soles. 

En tanto, el empresario Segundo Alejandro Sánchez Sánchez –dueño de la casa Sarratea, en Breña, y quien se encuentra prófugo– habría aportado más de medio millón de soles. Según el mismo colaborador eficaz, Abel Cabrera Fernández aportó más de medio millón de soles.

Un colaborador eficaz señala también que Castillo no declaró aportes de campaña ante la ONPE.

De acuerdo con el informe técnico de la ONPE sobre el segundo reporte financiero de Perú Libre en el marco de las elecciones generales de 2021, esta organización política declaró que Segundo Alejandro Sánchez Sánchez aportó solo S/31.800 para la campaña de Castillo Terrones; en tanto, Abel Cabrera aportó S/23.000.

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Consultado por OjoPúblico sobre cómo podría ser el proceso a seguir de la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la nación, Patricia Benavides, César Azabache sostiene que lo primero que debe suceder es que desde el Congreso de la República se admita o no a trámite la misma. 

Si se admite esta denuncia, una posibilidad –indica-–es que el Congreso opte por el mismo camino que el Ministerio Público: investigar al presidente Castillo, pero no acusarlo, pues el artículo 117 de la Constitución imposibilita hacer esto último.

Azabache señala que el Congreso de la República también puede aprovechar este periodo de investigación para discutir dos reformas pendientes. Primero, la modificación de su reglamento para autorizar a la Fiscalía de la Nación que los casos que tiene pasen a una fase de investigación preparatoria. “En paralelo, debería empezar a discutir la necesidad de derogar el artículo 117 de la Constitución y remover los obstáculos que en estos momentos impiden acusar a un presidente en ejercicio”, sostiene.

Otra hecho que recoge la investigación del Equipo Especial de la Policía es la declaración del colaborador eficaz con código CE-04-2022-EFICCOP, que denunció que el mandatario Pedro Castillo buscó asilo para su exsecretario general Bruno Pacheco y también para sus sobrinos Gian Marco Castillo y Fray Vásquez, hoy prófugo.

Este colaborador eficaz sostuvo que Castilló habló por teléfono con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para coordinar el asilo y este le manifestó su respaldo y que luego el embajador de Venezuela le dio a Beder Camacho, exsubsecretario general de Palacio de Gobierno, los requisitos que debían presentar para que admitiera el asilo de los involucrados.

Horas más tarde, en conferencia de prensa, el presidente Castillo negó esta versión. "No lo he hecho y no lo haré", declaró.

Estos hechos, como señala el politólogo Iván Lanegra, pueden impactar en los siguientes escenarios políticos. “Los precedentes son claves para la institucionalidad pues abren cajas de Pandora. Aplaudir hoy una medida por sus efectos inmediatos y llamar tibios a quienes piden mesura, es seguido por lamentos cuando luego los rivales usan igual medida”, escribió.

Actualmente, el Congreso de la República tiene una desaprobación del 78%, mientras que la del presidente Pedro Castillo Terrones es de 67%, según una encuesta de setiembre Ipsos.