Los dirigentes de los dos partidos que se enfrentaron en la segunda vuelta de las elecciones del Bicentenario, Keiko Fujimori Higuchi de Fuerza Popular y Vladimir Cerrón Rojas de Perú Libre, tienen algo en común: ambos están bajo investigación de las Fiscalías de Lavado de Dinero, coordinada por Rafael Vela Barba. Fujimori enfrenta una nueva indagación a su campaña presidencial, a cargo del fiscal José Pérez Gómez (en paralelo a la ya avanzada por el Caso Lava Jato), mientras que el fiscal Richard Rojas Gómez sigue la ruta del dinero de la presunta organización criminal liderada por Cerrón.

A pesar de la distancia política entre Fuerza Popular y Perú Libre, los dirigentes de ambos partidos han tenido una respuesta similar frente al inicio de las diligencias por el Ministerio Público. En julio, Fujimori Higuchi calificó la nueva indagación en su contra como “un nuevo show para tapar” el caso Dinámicos del Centro, una presunta organización criminal que involucra a altos dirigentes de Perú Libre, y en marzo dijo que estaba siendo perseguida. Igualmente, el 28 de agosto último, Cerrón calificó la investigación fiscal como “persecución política” organizada por aquellos que “controlan los poderes estatales”.

"[Todos] dicen judicialización de la política”, dijo una fuente cercana a pesquisa contra Cerrón y Fujimori.

El 5 de julio, Pérez Gómez dispuso abrir una segunda investigación contra la lideresa de Fuerza Popular y dicho partido político, alegando que la “actividad criminal de la organización [criminal] no ha cesado en la campaña electoral del 2021”. Como se recuerda, el Equipo Especial Lava Jato pidió 30 años de prisión para Fujimori por crimen organizado, lavado, obstrucción a la justicia y falsa declaración administrativa, luego de determinar que la excandidata recibió dinero ilícito en forma de aportes de campaña en 2011 y 2016.

El fiscal Rojas Gómez, por su parte, inició diligencias preliminares el 30 de junio e indicó como hipótesis que Cerrón Rojas es el cabecilla de una organización criminal enquistada en el Gobierno Regional de Junín. Este despacho fiscal presume que el grupo delictivo lavó el dinero ilícito obtenido del tráfico de licencias de conducir en la Dirección Regional de Transportes de dicha región. Este último caso corresponde a la indagación denominada Los Dinámicos del Centro, que inició la Fiscalía Anticorrupción de Junín en 2019.

Aunque los plazos establecidos para ambas investigaciones son diferentes ─36 meses para el caso de Fujimori Higuchi y ocho meses para las pesquisas sobre Cerrón Rojas─ los fiscales Pérez y Rojas ya han iniciado sus primeras diligencias. El primero ha citado a empresarios del sector de juegos de azar y tragamonedas que financiaron la estrategia legal de Fuerza Popular en segunda vuelta; mientras que el segundo lideró el allanamiento a los locales de Perú Libre y de su principal líder, en Lima y Junín.

El expediente Fujimori

El nuevo expediente fiscal contra Fujimori Higuchi, al que tuvo acceso OjoPúblico, indica que el despacho de Pérez Gómez indagará tres presuntos hechos ilícitos. El primero está relacionado a las llamadas irregulares del exasesor presidencial Vladimiro Montesinos al excomando Chavín de Huántar y antiguo operador político de los hijos de Alberto Fujimori, Pedro Rejas Tataje. De las diversas grabaciones que se han difundido al respecto, el fiscal solo considerará aquellas referentes al financiamiento de la campaña presidencial.

“Ayer han recibido un montón [de] plata, pero se la han tirado en cojudeces [...] Miki Torres [en referencia al excongresista fujimorista Miguel Ángel Torres] ha estado pidiendo un millón, un millón a varias personas y nadie ha estado pagando, a ninguno de los abogados”, dijo el político Guillermo Sendón, presunto operador de Montesinos, en uno de los audios que el Ministerio Público ha incluido en sus indagaciones, sobre el presunto lavado de dinero en esta campaña presidencial de Fuerza Popular.

SEGUNDA PESQUISA. Fiscal José Pérez inició una nueva investigación por lavado de dinero, en una campaña presidencial, contra Keiko Fujimori.

Documento: Ministerio Público

El segundo hecho está vinculado a una grabación que fue entregada a la Fiscalía por Raúl Noblecilla Olaeche, abogado de Vladimir Cerrón e integrante del denominado grupo legal Abogados por la Democracia. En el audio se escucha una conversación entre el presidente de la Asociación de Empresas Inmobiliarias (ASEI), Juan Carlos Tassara, y el publicista Renzo Labarthe, de la agencia Fusión. Ambos conversan sobre un presunto aporte económico desde el gremio inmobiliario para una campaña de marketing a favor del fujimorismo. 

“Ellos [Fuerza Popular] también necesitan efectivo; entonces, vamos a hacer una chancha [...] para que puedan repartir plata a sus personeros”, se escucha decir a Tassara en el audio, que fue difundido en redes sociales. En junio, OjoPúblico intercambió correos con Labarthe, quien dijo que la conversación ocurrió el 23 de abril y que “el audio ha sido recortado”. El publicista agregó que él ni su empresa han aportado “a ninguna campaña”. Tassara, por su parte, le dijo al medio Convoca que el audio fue editado y el aporte no se llegó a realizar. 

El tercer hecho que indaga la Fiscalía es el financiamiento por S/1,2 millones para los cientos de recursos legales que presentó Fuerza Popular ante los Jurados Electorales Especiales y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Dicho monto fue aportado por empresarios, como los dueños de los tragamonedas Mythic y Emporium, Iván Katekaru Gushiken y Rubén Awa Matsukawa. El fiscal Pérez citó a declarar a ambos, aunque no asistieron, y ha requerido información oficial a las personas jurídicas detrás de los locales de juegos de azar.

CAMPAÑA. Keiko Fujimori y el excongresista Miguel Ángel Torres fueron los personajes que impulsaron la estrategia legal del supuesto fraude electoral.

Foto: OjoPúblico / Óscar Rosario.

Además de los tragamonedas, OjoPúblico conoció que Awa Matsukawa también es fundador de Endo Médica Inversiones, una empresa dedicada a la venta de prótesis que ha facturado S/52 millones con el Estado, desde 2014, de acuerdo al portal oficial de proveedores, y que accedió a un préstamo de Reactiva Perú por S/2,1 millones. Según los Registros Públicos, en esta empresa participan dos socios de Awa que están vinculados al tragamonedas Emporium: Rafael Arashiro Oshiro y Miguel Angel Gima Shimabukuro.

La base de datos del Estado peruano detalla que el principal contratista de Endo Medica es el Seguro Social de Salud (Essalud), con contratos por S/43 millones en ocho años. Solo el 2020, en plena pandemia de la Covid-19, la compañía de Awa Matsukawa registró ventas por S/8 millones a dicha entidad. La empresa importa sus bienes ortopédicos, sobre todo, desde los EE.UU. ─bienes por cerca de USD22 millones desde el 2012 hasta la fecha─ a través de las subsidiarias de la multinacional Zimmer Biomet.

La semana pasada, el fiscal Pérez Gómez también dispuso citar a 42 abogados, que integran 13 estudios de la capital, para que declaren sobre sus aportes a Fuerza Popular. OjoPúblico reveló que, de acuerdo al reporte de la campaña fujimorista, dichos abogados revisaron actas electorales ─luego impugnadas para restar votos a Perú Libre ante el JNE─ y brindaron asesoría legal externa. Como los servicios fueron voluntarios, se registraron como aportes por más de S/68 mil, ante las autoridades electorales.

El delito fuente de Cerrón

La investigación por lavado de dinero que involucra a Vladimir Cerrón inició cinco días antes de que empezaran las diligencias contra Fujimori. El 30 de junio, el fiscal Rojas Gómez abrió diligencias preliminares contra los que resulten responsables, aunque precisó en su hipótesis de trabajo que el fundador de Perú Libre y el actual gobernador de Junín, Fernando Orihuela Rojas, son "los supuestos principales cabecillas de la organización criminal", de acuerdo al documento fiscal revisado por OjoPúblico para esta publicación.

En cada investigación por lavado de activos, los fiscales requieren delimitar un delito fuente del dinero ilícito. Los documentos emitidos por el fiscal Rojas Gómez detallan dos hechos: el primero está relacionado a las pesquisas seguidas por la fiscal anticorrupción Bonnie Bautista en Junín. Este último despacho está tras los pasos de Los Dinámicos del Centro, una presunta organización criminal dedicada al tráfico de licencias de conducir en la Dirección Regional de Transporte de Junín, de acuerdo a los documentos de dicho caso. 

Los Dinámicos del Centro están conformados por 38 integrantes, entre ellos altos miembros del partido de Gobierno: el secretario de Organización Nacional, Arturo Cárdenas Tovar, y dos fundadores de Perú Libre, José Bendezú y Marina Vásquez. “Funcionarios [del Gobierno Regional] de Junín y dirigentes de Perú Libre coordinaban entre noviembre de 2002 y enero de este año, el apoyo para la última campaña electoral del partido político”, agrega el fiscal Rojas Gómez en su disposición de apertura de indagaciones.

HIPÓTESIS. La línea de investigación del fiscal Richard Rojas presume que Vladimir Cerrón es uno de los cabecillas de una organización criminal.

Documento: Ministerio Público

El segundo origen del presunto dinero ilícito está relacionado, según la disposición fiscal que fue revisada por nuestro medio, a contratos irregulares con la Dirección de Salud de Junín. El documento cita un reporte de la Policía, que alerta sobre “una organización criminal integrada por familiares de funcionarios [...] mediante la constitución de diversas empresas [...] se trata de familiares y allegados a su gobernador, Fernando Orihuela”. Este último asumió el cargo en agosto de 2019, luego de la suspensión de Cerrón Rojas por su condena por corrupción.

El viernes 6 de agosto, en base a las escuchas de la Policía a Los Dinámicos del Centro, el fiscal Rojas Gómez incluyó a Cerrón Rojas y Orihuela Rojas de manera oficial como investigados. Dicha disposición, que fue informada por el diario El Comercio, también incluyó al premier Guido Bellido Ugarte, así como al vocero de Perú Libre en el Congreso y hermano del exgobernador, Waldemar Cerrón, y a Cárdenas Tovar. Así como en el caso de Fujimori y Fuerza Popular, el fiscal incluyó a Perú Libre como persona jurídica bajo investigación.

La indagación continuó el 28 de agosto, cuando la Fiscalía de Lavado de Dinero ejecutó una orden de allanamiento de tres inmuebles en Lima y cuatro en Junín, que incluyó locales de Perú Libre y propiedades de Cerrón Rojas en su región. Frente al operativo, el exgobernador acusó una persecución política. “[Vladimir Cerrón] ha sido sorprendido, no pensaba que lo iban a allanar ni tampoco que iban a entrar a su casa en Junín”, dijo una fuente cercana a la investigación fiscal por lavado de dinero. 

De acuerdo a esta misma fuente, uno de los aspectos que llamó la atención de los fiscales durante el allanamiento fue encontrar un automóvil negro Honda Accord, que en su interior guardaba la licencia de conducir de Cerrón Rojas. Dicho vehículo, sin embargo, aparece a nombre de la madre del exgobernador, Bertha Rojas López (73). “Es típico no poner todos los bienes a nombre de una persona”, agregó la fuente. OjoPúblico confirmó que esta última compró dicho vehículo por cerca de USD34 mil en 2015, a la tienda de autos Fastlane.

ALLANAMIENTO. Los locales de Perú Libre en Lima y Junín, así como los inmuebles de Vladimir Cerrón, fueron intervenidos por la Fiscalía.

Foto: OjoPúblico / Yoselin Alfaro

De hecho, Rojas López, entre 2010 y 2019, ha comprado bienes por más de USD197 mil. La primera compra fue en 2010, cuando adquirió un automóvil Honda Civic por más de USD24 mil en la tienda Japan Autos de Lima. Dos años después, cuando Vladimir Cerrón ya ejercía de gobernador regional, Rojas López adquirió un terreno en Huancayo de su hijo Fritz Cerrón Rojas por S/30 mil (alrededor de USD11 mil, según el tipo de cambio de la época). En 2015, la madre del exgobernador adquirió el automóvil Honda Accord antes mencionado.

En diciembre del 2018, cuando ya se sabía que Cerrón Rojas iba a volver al gobierno regional, su madre compró un departamento en el centro de Lima ─incluido depósito y estacionamiento─ por S/425 mil (alrededor de USD127 mil, de acuerdo al tipo de cambio). El inmueble está ubicado, específicamente, en la urbanización Santa Beatriz y fue comprado a la constructora Paz Centenario. Bertha Rojas López tiene estudios en literatura en la Universidad Nacional del Centro; y registra postgrados en Cuba, Rusia y Bolivia.

“[El caso de Cerrón] no es muy diferente a los políticos tradicionales: se defienden igual, todos dicen judicialización de la política”, dijo la fuente cercana a la investigación a Cerrón como a Fujimori. A este caso se suman otros procesos en su contra: el despacho de la fiscal Bautista ha pedido dos años de cárcel por la ejecución irregular de S/2,8 millones durante su gestión en Junín; mientras que un segundo fiscal anticorrupción de dicha región indaga un presunto resguardo policial a favor de Cerrón. La Procuraduría ha alertado que el Gobierno Regional de Junín benefició con contratos al policía Wilfredo Zárate, que resguardaba al líder de Perú Libre, y a su familia.

En los próximos meses, la Fiscalía de Lavado de Dinero ─que desde el 2018 inició una serie de procesos a funcionarios de alto perfil como los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, así como exgobernadores como Jorge Acurio en Cusco y Reynaldo Hilbck de Piura─ deberá decidir si formaliza un proceso en su contra.