Alejandro Gaviria es un ingeniero, economista, tecnócrata y escritor colombiano. Ha sido candidato a la presidencia, subdirector de Planeación Nacional, rector de la Universidad de los Andes y director del Centro para los Objetivos de Desarrollo Sostenible para Latinoamérica y el Caribe hasta 2019. 

También fue ministro de Salud entre 2012 y 2018 y, hasta el pasado 27 de febrero, era el ministro de Educación de Gustavo Petro. El presidente no tomó bien algunas de sus críticas al proyecto de reforma a la salud y terminó apartándolo del cargo. OjoPúblico lo entrevistó para entender mejor por qué esta reforma, junto a la laboral y pensional, han generado un intenso debate en la sociedad colombiana.

Hace unos meses, cuando usted todavía hacía parte del gabinete, escribió que había un diagnóstico equivocado sobre las fallas del sistema de salud y que si la reforma partía de ahí, se podría hacer mucho daño. ¿Cree que está pasando lo mismo con la reforma pensional y la laboral?

Ha ocurrido un cambio muy rápido en la opinión pública. En el 2022 había una demanda muy fuerte de cambio, de transformación profunda, y ahora han empezado a ser importantes los temas de estabilidad, de preocupación por la seguridad. Lo que le dije al presidente Petro en la última conversación que tuvimos fue: si el Gobierno no se da cuenta de ese cambio, puede perder las clases medias, en particular las clases medias urbanas, cuyo sentimiento político parece estar cambiando. Creo que eso está ocurriendo en Colombia, también en Chile y probablemente en Perú. 

Sobre todo el tema de la inseguridad ciudadana es similar en los tres países: hay una preocupación enorme al respecto.  

Exactamente. Está el tema de seguridad, de incertidumbre, y está el de preocupación por la desaceleración de la economía, la coyuntura inflacionaria… Esos asuntos no estaban en los programas del presidente Petro y ahí es donde viene el tema del diagnóstico, porque esta secuencia de reformas –la de salud va de primera, la reforma laboral va de segunda, la pensional de tercera– no se adapta a problemas emergentes y no anticipados en la campaña.

"Si el Gobierno no se da cuenta de ese cambio, puede perder las clases medias".

¿No hay, entonces, una concordancia entre el clima de opinión actual y estas tres reformas que han propuesto de manera prioritaria?

Por lo menos hay cierta discrepancia o incapacidad de adaptar las prioridades de un plan de gobierno a las prioridades de la gente, las demandas sociales y los mismos ajustes relevantes que deben hacerse al contrato social. En el tema de pensiones hay una necesidad evidente. La cobertura en Colombia es muy bajita, del 30 %, y la protección a la vejez es un problema que ha sido ignorado por muchos años. Los avances de las últimas tres décadas al respecto han sido menores. Pero en salud los avances han sido notables. ¿Por qué se priorizó? Yo hice esa pregunta y nunca tuve una respuesta.

¿Eso tiene relación con el discurso gubernamental de que hay que cambiar el modelo económico y el papel del Estado?

Sí, tiene que ver. En la visión ideológica del presidente [Petro] las alianzas público-privadas –una innovación en Colombia, surgida con la Constitución del año 1991– no fueron exitosas. Lo que uno ve en estas reformas es una crítica al papel del sector privado en la provisión de servicios sociales y servicios públicos. Salud y pensiones son casos paradigmáticos, pero también se han planteado reformas a las leyes de servicios públicos. Quieren que el Estado maneje la seguridad social y los servicios públicos, pero no con base en un análisis claro, un diagnóstico preciso de las fallas de Estado y de mercado. Simplemente, se cree que el ánimo de lucro no es compatible con la provisión adecuada de ese tipo de servicios.  

Por ejemplo, en la reforma a la salud hay tres tipos de problemas: los primeros son de sostenibilidad, un déficit estructural; los segundos están asociados a la operación del sistema, sobre todo a la oportunidad y al acceso efectivo; y, tercero, están los problemas de las grandes diferencias regionales, pues la atención en salud funciona mejor en el centro que en la periferia del país. Son problemas con muchas causas: el envejecimiento de la población, la presión tecnológica –un medicamento contra el cáncer vale hoy tres veces más de lo que valía hace quince o veinte años–, las fallas de la descentralización en Colombia, la ausencia de especialistas en buena parte del país… Pero toda esa complejidad y entramado de causas se reduce a una sola en el diagnóstico: la presencia de los privados. Y hay sistemas de salud en Colombia públicos, como el de las Fuerzas Armadas y el de los maestros, que no tienen participación privada, y les va peor. Por eso he dicho que el gobierno pone el énfasis donde no es. Pero el Gobierno parece impermeable a este tipo de advertencias.

"La protección a la vejez es un problema que ha sido ignorado por muchos años".

¿Usted ha hablado de la ventaja del sistema de pilares en pensiones, en qué se diferencia su visión de la propuesta del Gobierno?

Creo que en el país hay un consenso, más o menos amplio, sobre el sistema de pilares, un sistema en el que el régimen de prima media y el de capitalización individual no compiten, sino que se complementan. La competencia actual no tiene mucho sentido. El desacuerdo fundamental es paramétrico. Es del nivel del pilar. El Gobierno propone tres salarios mínimos [como contribución al sistema público]. A mi juicio, esa cifra es alta; quizás tenga más sentido proponer dos salarios mínimos, o uno y medio. Mi opinión es que la reforma irá convergiendo hacia ese punto. 

En Colombia se cambió la ley para que los bancos pudieran ser dueños de los fondos privados de pensiones. ¿Qué tipo de riesgos presenta esta situación y de qué manera la reforma apunta o no a modificarla?

La reforma no toca este punto de los conglomerados financieros. Poco dice sobre la conveniencia o inconveniencia de las ventajas otorgadas por la posibilidad de integración a algunos bancos. En mi opinión, este hecho ha contribuido en Colombia a un sistema financiero muy oligopólico.  

En Chile y en Perú también se están tramitando reformas pensionales. Hay una crítica muy fuerte a los fondos de pensiones privados y a la forma como invierten el dinero de los aportantes. Hay gente que se ha tenido que retirar justo cuando esos fondos estaban dando una rentabilidad negativa y tuvieron que asumir las pérdidas. ¿Qué otras fallas tiene el modelo?

Los modelos de capitalización individual tienen dos problemas: bajas tasas de reemplazo y altas tasas de administración. O sea, la gente va a ganar treinta, cuarenta, cincuenta por ciento, a lo sumo, de sus últimos ingresos laborales. Los modelos de reparto, en los cuales una generación paga en parte por la generación siguiente, logran resolver el problema en el corto plazo, pero crean otro en el mediano plazo: ser insostenibles si las edades y el número de semanas cotizadas se mantienen como están. Toca cambiar un problema por otro. Uno tiene que decir: si yo me muevo a un sistema de reparto para conseguir unas tasas de reemplazo aceptables para la población, tarde o temprano deberé enfrentar el asunto de las edades. 

La demografía de la sociedad cambia y una generación donde hay muchos menos jóvenes trabajando y muchos más viejos a punto de recibir pensión, nos llevará a la quiebra de los sistemas de reparto si no se ajustan los parámetros. Los modelos de capitalización le permitieron a un país como Colombia no actualizar la demografía en treinta años, pero nos dejó en un escenario incierto. El problema de la baja cobertura no es un problema de uno u otro sistema, porque se presenta en los dos. Tiene que ver con el otro problema de los sistemas pensionales, sobre todo en Perú y en Colombia: la informalidad laboral. 

¿Por qué hay tanta informalidad laboral en estos países?

Tiene que ver con la estructura económica. Nuestros países tuvieron un proceso de modernización, cuando pasaron parte de la población del campo a las ciudades. Ese primer proceso estuvo basado en la industrialización. Pero después hubo otra transformación  estructural, ya más urbana, donde la industria, por muchas razones, incluida una globalización muy rápida, perdió fuerza y fueron los sectores de servicios y comercio, muy informales los que absorbieron a una parte de la población. En países como Colombia, los mayores costos laborales asociados a la seguridad social y las reformas de los noventa –no como el factor principal, sino secundario– también han influido en la informalidad. 

"El otro problema de los sistemas pensionales, sobre todo en Perú y en Colombia, es la informalidad laboral". 

¿Qué plantea la reforma laboral como solución?

La reforma laboral es un caso extraño, porque nadie sabe cuál es el problema que pretende resolver. Habla de la dignidad de los trabajadores. Aquellos que han dicho que parece un pliego sindical, tienen algo de razón. Eso no significa que en algunos sectores, por ejemplo, en el de las plataformas [aplicaciones de reparto de domicilios como Rappi] o en el de servicios y comercio urbanos, no se necesite un mayor respeto a los derechos laborales. Eso es cierto, pero la reforma se queda en ese punto y evade el problema principal de la economía colombiana: la escasa generación de empleos formales –hay apenas diez millones–. Esa urgencia no está ni siquiera en el diagnóstico. 

Cuando el Gobierno menciona esa urgencia, no lo hace en el ámbito de la reforma laboral, sino en el ámbito de ciertas políticas económicas. Cuando el presidente dice, por ejemplo, que va a subir los aranceles para generar empleo formal, no tiene en cuenta que la reforma laboral evade esa preocupación. Y vuelve después la mirada ideológica y los debates dogmáticos. Cuando el presidente dice, por ejemplo, que no existe un mercado laboral, o sea, que no hay ninguna conexión entre salarios y generación de empleo, que el salario no es un precio de un mercado. Es una discusión ideológica interesante para una universidad, que si Keynes lo dijo, que si no lo dijo, pero es una discusión casi ociosa para el diseño de políticas públicas. 

El Gobierno dice que está gobernando para los marginados y excluidos de siempre, “los nadies y las nadies” en la periferia. Son personas sin centros de salud cercanos, sin contratos formales, sin acceso al sistema de pensiones. ¿Estas tres reformas apuntan a mejorarle la vida a esos sectores, sobre todo en la Colombia rural?  

Primero, un poco de psicología presidencial: el presidente tiene un interés genuino por las personas marginadas, las que están por fuera de la economía formal, y conoce muy bien ese modelo centro-periferia que se debe corregir. También creo que hace una lectura política de la situación, porque los votos de la periferia le permitieron ganar las elecciones y no lo digo como una crítica sino al contrario. Él tiene un compromiso y es importante, porque la credibilidad en la democracia está en juego. El Gobierno, en general, y él, en particular, tiene que responder a esas expectativas.

Ahora, surgen dos problemas: primero, que las reformas a la seguridad social no responden a esas necesidades. Para eso se requieren otras políticas públicas, sobre todo la construcción de historias de desarrollo con enfoque territorial. El Plan Nacional de Desarrollo sí lo tiene, pero ahí es donde viene cierta discrepancia entre lo que dice el Plan y las reformas que, me parece, obedecen a una estrategia distinta. Es como si hubiera dos planes de desarrollo: el propio Plan en el cual las diferencias regionales están en el núcleo o en el centro, y las reformas, que obedecen a otra lógica, a esa visión ideológica. El presidente parece estar obsesionado con el desmonte de las reformas liberales de los años noventa. 

El Gobierno llama desde el balcón a la gente, a sus bases, y les pide que salgan a respaldar las reformas en las calles contra unos sectores que se oponen a ellas. ¿Cómo interpreta este llamado del presidente y la manera como enmarca a los sectores críticos, que no están de acuerdo con las reformas? ¿Está de acuerdo con que debe haber mayor discusión y negociación, porque el presidente no puede gobernar solo para quienes votaron por él?

Esta estrategia del balcón y de conectarse con la gente es, en el fondo, una estrategia política. El presidente es pragmático y ha tratado de asegurarse cierta gobernabilidad en el Congreso. En sus cálculos, sabe o cree o estima o supone que esa conexión emotiva con la gente es fundamental para garantizar cierta gobernabilidad. También creo que le obsesiona no defraudar a sus bases. Y de ahí surge el propósito –no soy el primero que lo ha dicho– de ser dos líderes distintos a la vez: el agitador y el negociador, el que mantiene la comunicación con las bases y habla desde el balcón, y el que también sale de Palacio y negocia con la clase política, utilizando las tácticas que criticó toda su vida. Sus aliados del partido Liberal y Conservador son políticos tradicionales, en la peor acepción del término.

Están los partidos, pero hay una oposición por fuera de los partidos y de esa negociación con el Congreso. Es una oposición de los gremios, de los empresarios, los académicos… Es la sociedad civil la que está diciendo “así no”.

Yo también considero que es la sociedad civil, pero para el Gobierno no son representantes de la sociedad civil, sino de las élites tradicionales o de los intereses económicos. Es un error no darse cuenta de que hay una oposición genuina, profunda, que en el caso de la salud, por ejemplo, incluye a la gran mayoría de los médicos, sobre todo los médicos especialistas, y muchas, por no decir todas, las asociaciones de pacientes. Pero el Gobierno interpreta que son los gremios, los poderes paralizantes, los defensores del status quo. Esa visión  desconoce muchos elementos espontáneos de esa oposición y terminará haciéndole daño al Gobierno. ¿Por qué ha caído la imagen del presidente? Porque no se ha dado cuenta, por ejemplo, de que la reforma a la salud no le gusta a la gente.  

"La reforma laboral es un caso extraño, porque nadie sabe cuál es el problema que pretende resolver". 

En un video en el TikTok usted habla de la legitimidad de las reformas. ¿Las tres actualmente en curso carecen de legitimidad? 

Mi experiencia como funcionario con la aprobación de leyes es que las leyes pueden cambiar algunos de los incentivos generales, pero para que verdaderamente cambien la realidad es necesario que se perciban como legítimas, que exista un cambio cultural y se generen capacidades. Si mañana aprueban la reforma a la salud, pero no genera capacidades, por ejemplo en las Secretarías de Salud Departamentales, no se podrán articular las redes de prestación de servicios de alta complejidad. Si no se cambia la cultura de los médicos especialistas, y ellos no toman la decisión consciente de ampliar los cupos, de hacer presencia en otras partes del país, tampoco pasará mucho. 

En esta reforma muchas voces de la sociedad civil no han sido escuchadas. Y el trámite ha sido accidentado: se presenta un proyecto, hay una enmienda, esa enmienda se corrige a puerta cerrada. Hoy no sabemos cuál es el texto aprobado en la Cámara de Representantes. Entonces, todo el mundo comienza a ver una imposición caprichosa. Fue la expresión que utilicé en el video de TikTok y por eso la advertencia: así se apruebe, la reforma no va a ser un factor de cambio. Yo creo –quizás ingenuamente, todos tenemos nuestro pedacito idealista– en la democracia deliberativa. Las buenas reformas son producto de una conversación, de la búsqueda de consensos. Eso toma tiempo, y como el Gobierno da por hecho que la coalición en el Congreso naufragará y que la ventana de oportunidad para las reformas es mínima, se impacienta y entonces comete errores tácticos. La verdad es que no nos imaginábamos que el gabinete se iba a romper, ni que la coalición se agrietaría, ni nada de lo que ocurrió. O sea, la impaciencia terminó siendo contraproducente. 

Esa impaciencia también la sienten otros sectores. Algunos empresarios han estado advirtiendo, incluso amenazando, que si pasa la reforma laboral, por ejemplo, van a quebrar o no podrán generar tantos puestos de trabajo. Hasta han hablado de despedir a una gran cantidad de empleados antes de que la ley entre en vigencia. ¿Cómo analiza el papel de los gremios y la empresa privada en esta coyuntura?

Yo he insistido en que la sociedad, en general, sea consciente de los avances y progresos parciales que han tenido nuestros países, porque no es negándolos sino apreciándolos como el cambio se fortalece. Cuando fui ministro de Salud invitaba a los empresarios a defender lo que se había logrado, a luchar contra la “fracasomanía”. Era muy difícil, no les importaba. Yo noto que ahora están más dispuestos a defender lo que se ha hecho, a estar más unidos, a tener una voz.

¿Quizás porque no les había tocado hacerlo con gobiernos anteriores? Los que amenazaban a los gremios y a la sociedad civil o la ponían en jaque eran los actores armados... 

Sí, como los actores armados atacaban las instituciones, eso los tocaba de manera indirecta. Pero ahora han sentido una amenaza, por ejemplo con las alianzas público-privadas. Han tratado de mostrar que son buenas. Ahora, yo creo que para que esta posición del empresariado sea eficaz, tiene que ir acompañada de autocrítica, de reconocer que nos hemos concentrado en el centro, en las ciudades, y que hay fallas y grietas en el modelo de desarrollo colombiano.   

Ese modelo de crecimiento, aunque ha sido rápido en Perú y Colombia, también ha dejado mucha desigualdad. Estamos en un contexto de postpandemia que trajo una cantidad de dificultades adicionales....

De ahí nace mi preocupación central. Yo creo que tanto en Perú como en Colombia quizás el mayor problema de los gobiernos es la inacción. Se deben hacer muchas cosas para resolver las dificultades postpandemia, los problemas estructurales de desarrollo desigual, si uno quiere generar sociedades más incluyentes. Lo que podría pasar es que, por causa de la inacción, esta deriva o esta inercia de una economía que más o menos se sostiene a pesar de todo, termine agotándose. 

Durante la campaña, yo hice un video de cómo iba a ser el gobierno de Gustavo Petro en el primer año. Al final decía: me da más miedo la inacción que la acción. No es tanto lo que se haga, sino lo que se deje de hacer, el aplazamiento de reformas sean impostergables. Y eso tiene que ver mucho con el tema, que ha sido como el eje de nuestra conversación: las reformas que se priorizaron no parecen ser las reformas prioritarias en este momento. 

"En esta reforma muchas voces de la sociedad civil no han sido escuchadas. Y el trámite ha sido accidentado".

Si estas reformas pasan tal como se conocen hasta el momento, ¿cuál es el daño que podrían causar?

Mi gran temor con la reforma a la salud es que se genere una crisis de atención. O sea, que el acceso para las clases medias y medias bajas en las ciudades donde funciona –con problemas, pero funciona– se interrumpa y Colombia termine en un sistema como el brasileño. Allá el 30 % de la población paga póliza privada y el otro va a un sistema público  congestionado. Es decir, un sistema segregado. Es paradójico que un gobierno de izquierda termine promoviendo un sistema segregado. Yo como ministro de Educación quería un sistema más unificado, donde la universidad pública y privada pudieran trabajar en conjunto. Pero no; se quieren separar lo público y lo privado. En ese esquema, lo privado queda para la gente con privilegios y lo público, que se quiere fortalecer, para todos los demás.

Si uno quiere fortalecer lo público –que es un objetivo loable del Gobierno– tiene que plantear una transición. Pero no es acabando con la alianza público-privada, sin construir alternativas, como se resuelven los problemas. Y ahí es donde puede generarse un vacío. Mi gran preocupación es que en ese vacío se genere una gran polarización y una competencia de relatos políticos. El Gobierno diciendo: “Mis reformas fracasaron porque me las sabotearon” y el otro lado diciendo: “Usted acabó con todo”. En esa cacofonía, la gente no podrá entender las diferencia entre políticas que construyen y las que no. Es el peligro del populismo. 

¿No ve usted una retroalimentación cuando del otro lado afirman que lo que se viene es el desastre y que Colombia puede convertirse en Venezuela? Aunque también he escuchado a algunos economistas pronosticar que nuestro futuro es el de la Argentina populista donde se rompió el balance macroeconómico.

Es una profecía exagerada. Colombia tiene una densidad tecnocrática difícil de acabar en cuatro años. Me gusta esta visión de las instituciones, o de las reglas de juego, que es “amarrarse las manos en épocas de cordura para no destruir cuando llegue la locura”. Colombia se ha amarrado las manos de muchas maneras con un Banco Central independiente, con un Comité de Regla Fiscal, con normas aquí y allá, con la preponderancia del Ejecutivo sobre el Legislativo en los presupuestos, y con la conciencia –incluso está en la Constitución– de que la estabilidad fiscal es un bien público. 

El Gobierno tiene un temor a la inestabilidad y ha dado algunos pasos correctos que, me parece, no han sido tenidos en cuenta por el sector privado. Por ejemplo, cuando aumentó los precios a la gasolina, cosa que no hizo el presidente Duque. Cuando, incluso, el ministro de Hacienda dice que el equilibrio fiscal es importante hasta el punto de no llevar al Congreso la adición presupuestal que iba a incorporar los ingresos adicionales de la última reforma tributaria. O sea, Colombia tiene una tradición de estabilidad más fuerte de lo que esos sectores aprecian. 

Y que hablaría también de que así como la sociedad civil está demostrando una fortaleza en la coyuntura actual, las instituciones también son fuertes. Ya para terminar: ¿son más sólidas las instituciones colombianas que las peruanas? 

Son más sólidas que en el Perú, creo. La gente que mira desde afuera con un poco más de objetividad y visión de mediano plazo lo sabe. Si uno habla con inversionistas de afuera o con los embajadores y diplomáticos en Colombia, ellos piensan más en esa estabilidad institucional que en el Twitter del presidente.