La empresarias mineras Yoni y Maruja Baca Casas, hijas de Gregoria 'Goya' Casas, considerada en su momento una de las mayores productoras de oro ilegal en el Amazonas, participaron en la primera reunión del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, con representantes de los mineros informales y autoridades regionales de Madre de Dios. La primera de ellas se sentó en la mesa de diálogo junto a dirigentes de diversas asociaciones de productores. 

Yoni Baca se presentó como “una pequeña empresaria minera del distrito de Huapetuhe”. Sin embargo, sus padres Cecilio Baca y Gregoria Casas, a quien se le conoce como 'La baronesa del oro', son dueños de uno de los grupos extractores de este metal más importantes de la región. Esta familia es propietaria de grifos, hoteles y tiendas de maquinaria pesada en la zona. Desde el 2012, la Fiscalía investiga a sus miembros por presunto lavado dinero procedente de la extracción de oro ilegal.

PROPUESTA. Horas después de la reunión con el jefe de Estado, la empresaria Maruja Baca presentó equipos de procesamiento de oro que no usan mercurio. / Facebook de Eduardo Salhuana.

Horas después, Maruja Casas realizó un acto público para presentar un equipo de procesamiento de oro sin mercurio, que, según dijo, será utilizado por unos 800 mineros de Huepetuhe. Casas estuvo acompañada por su madre, Gregoria Casas, y su actual asesor, el exviceministro de Justicia Eduardo Salhuana, quien en su momento fue asesor del gobernador de Madre de Dios, Luis Otzuka, y ahora asesora también a la Federación Minera de Madre de Dios (Fedemin) en la propuesta de derogatoria de los decretos que regulan la actividad minera. 

En el acto, realizado en la Universidad Amazónica, también estuvieron presentes los congresistas de Peruanos por el Kambio, Sergio Dávila y Pedro Olaechea. 

GOYA. 'La baronesa del oro', Gregoria Casas, estuvo en la actividad pública de maquinarias limpias para la minería junto al gobernador de Madre de Dios, Luis Otsuka (de camisa blanca al fondo). / Manuel Calloquispe.

La reunión del presidente Kuczynski con gobernadores amazónicos y dirigentes mineros estaba destinada a iniciar un diálogo en busca de soluciones a la minería ilegal. 

“No proponemos ni violencia ni nada forzoso. En un país debe haber disciplina y lo que queremos es buscar un consenso alrededor del cual se pueda trabajar porque hay muchos actores en esto”, señaló Kuczynski en la reunión realizada esta mañana con los gobernadores que integran el Consejo Interregional Amazónico.

Entre las autoridades convocadas estuvo el gobernador de Madre de Dios, Luis Otsuka, quien insistió en que, si el Gobierno no deroga los decretos legislativos 1100 y 1101 - que regulan la minería ilegal-, será inviable la formalización de la actividad extractiva de oro en su región.

La posición del presidente de la Federación Minera (Fedemin), Tomás Díaz Alcántara, es similar. El dirigente alcanzó hoy al mandatario la propuesta de los mineros que busca la modificación de los decretos sobre prohibición del uso de dragas. “Queremos que se incluya las dragas pequeñas. Nosotros no estamos diciendo que vengan las dragas grandes”, indicó. 

PUENTES. Los congresistas Sergio Dávila y Pedro Olaechea, de Peruanos por el Cambio, estuvieron en la presentación de los equipos de Maruja Baca. / Facebook de Eduardo Salhuana.

Por la mañana, el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, declaró que se estudiarán ajustes a las normas de regulación de la minería: "Estamos en un proceso de identificación de las posibles modificaciones e interacción con los involucrados". "No traemos soluciones ni problemas, hemos venido a escuchar para ver cómo solucionamos estos temas”, indicó. 

En la mesa de diálogo, el presidente estuvo acompañado por los ministros de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, y de Ambiente, Elsa Galarza. También estuvieron presentes los titulares de Salud, Patricia García; Vivienda, Edmer Trujillo; Inclusión Social y Desarrollo, Cayetana Aljovín; y Agricultura, José Manuel Hernández.

En Madre de Dios, el proceso de formalización minera fracasó durante el anterior régimen debido, entre varios factores, a que el propio gobierno regional no facilitó las condiciones para impulsarlo y usó los recursos destinados a actividades ajenas a esta tarea, según un informe de la Contraloría General de la República.