Actualizado: 25 de junio de 2021

Esta semana el Congreso inició la última fase del proceso de selección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC), con una ronda de entrevistas a los 17 postulantes calificados hasta el momento. Este proceso que fue suspendido en noviembre de 2020, en el marco de la crisis política generada por la vacancia del presidente Martín Vizcarra, y se reactivó a finales de abril de este año, luego de las elecciones presidenciales en primera vuelta.

A lo largo de estos meses, se cuestionó el reglamento aprobado por la Comisión Especial Parlamentaria para calificar a los candidatos prioriza la puntuación curricular por encima de su solvencia moral; y los postulantes que quedaron rezagados denunciaron ante la prensa descalificaciones arbitrarias y formalismos excesivos al tramitar su documentación.

Estos y otros hechos motivaron que, en mayo, un grupo de juristas, entre ellos Walter Albán, Francisco Eguiguren, Luis Vargas Valdivia, pida la suspensión del proceso por "carecer de las mínimas garantías de transparencia, imparcialidad y meritocracia". En el mismo sentido, la organización civil Transparencia emitió un comunicado este miércoles donde señala que esta evaluación no garantiza estándares mínimos establecidos en la ley.

"Desde la aprobación de su reglamento hasta la actual etapa de entrevistas, el concurso no ha cumplido con dichos estándares, por lo que la elección de nuevos integrantes del indicado tribunal afectaría severamente la calidad de una institución clave para nuestra democracia. Esperamos que los congresistas electos puedan, en su oportunidad, conducir un concurso idóneo". 

ALERTA. Las entrevistas para seleccionar a los nuevos integrantes no buscan conocer las aptitudes jurídicas de los candidatos.

Foto: Andina.

De igual forma cuatro organizaciones que reúnen a catedráticos, expertos y alumnos de facultades de Derecho (Constitucionalismo Crítico, Perspectiva Constitucional, Es Momento y Derecho Crítico) alertaron de la improvisación y falta de planificación que se percibe en las preguntas que los congresistas hacen a los participantes. Y, además, señalaron la existencia de “intereses políticos coyunturales que contaminan el carácter técnico y meritocrático que debería tener el proceso de selección”.

El colectivo considera que el concurso debería suspenderse porque existe el riesgo de que la elección de los nuevos magistrados no se realice en base al mérito y que, por el contrario, se faciliten designaciones en función de “intereses políticos, sectoriales, religiosos o ajenos al escrutinio público”. Esto, en un contexto de polarización política y cambio de gobierno.

Existen tres demandas de inconstitucionalidad contra la creación de la actual cuarta legislatura".

"Existe una genuina preocupación por la utilización de los procesos judiciales, de parte de fuerzas políticas, en aras de cuestionar las decisiones de las autoridades electorales, especialmente el resultado de la elección presidencial. (...) La judicialización de pedidos de esta naturaleza, con débil fundamento constitucional y legal, convierte al Tribunal Constitucional en una pieza clave para el éxito de estas estrategias legales, al ser la última y definitiva instancia que resolverá estos reclamos".

La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, también se pronunció al respecto y consideró que este proceso de selección no debe realizarse de manera apresurada. “Creemos que en esta etapa final del Congreso se tienen que tomar las cosas con calma. Esperemos que se respeten todos los pasos de la elección [de magistrados]. En caso de que haya personas que cumplan con todos los requisitos, es potestad del Congreso hacer esta designación”, manifestó.

CARGOS CLAVES. El proceso de selección de los nuevos miembros del TC se reanudó en abril, tras las elecciones presidenciales, y en contra de la opinión de expertos.

Foto: Andina.

Existe, además, cuestionamientos a la actual cuarta legislatura  que fue creada de forma exprés por el Congreso, y que rige desde el 13 de junio. Los Colegios de Abogados de Ayacucho, Lambayeque y El Santa presentaron demandas de inconstitucionalidad contra la Resolución Legislativa N° 021 que añade este periodo parlamentario; y solicitaron que "por conexión o consecuencia" también se anulen "las diversas leyes de reforma constitucional" aprobadas mientras estuvo en vigencia.

Las demandas aún no son aceptadas a trámite en el TC, y, aunque la elección de sus nuevos miembros no implica un cambio a la Constitución, la eventual nulidad de la cuarta legislatura pondrá en duda la validez de lo que se aprobó en dicho periodo. Al respecto, en entrevista con la PUCP, el abogado Luciano López indicó que hay jurisprudencia que obliga a revisar las decisiones adoptadas bajo una norma declarada inconstitucional.

"Pero ¿y si cambian de criterio porque ingresan otros magistrados? Por eso es clave la elección que se está llevando a cabo en estos momentos, porque es un Parlamento que evidentemente tiene una serie de intereses que no tienen que ver con la democracia, con el país y la institucionalidad, sino básicamente intereses de grupo y coyuntura", añadió.

Exjueces y excandidatos al Congreso

Son 17 los postulantes al TC. En esta lista sobresale Vicente Rodolfo Walde Jáuregui, exabogado del Arzobispado de Lima en el juicio por la administración de los bienes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), de 2010. Este postulante fue juez supremo y jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), y apareció en uno de los denominados CNM Audios de 2018, con el exmagistrado Cesar Hinostroza Pariachi, investigado como presunto cabecilla de la red Los Cuellos Blancos del Puerto. 

En la grabación, hecha cuando Walde Jáuregui ocupaba el cargo en la OCMA, le pide ayuda a Hinostroza para designar como relatora de la Corte Suprema a una empleada de dicha institución. Del diálogo se desprende que no era la primera vez que le pedía un apoyo de este tipo para la misma funcionaria.

El 3 de julio de 2020, la Junta Nacional de Justicia informó el inicio de una investigación disciplinaria preliminar en su contra, pero para entonces ya no ejercía cargo público, pues fue cesado por límite de edad en noviembre de 2019. Walde fue consultado por este tema durante su entrevista del lunes y, si bien aceptó que llamó a Hinostroza Pariachi, negó que buscara influir en algún nombramiento.

Otro de los aspirantes es Fernando Calle Hayen, quien fue miembro del Tribunal Constitucional entre 2007 y 2014, además de militante activo del Apra desde que fue candidato al Congreso por dicha agrupación política, en 2001. En 2016, tras retirarse del ente constitucional, postuló para ser Secretario General de la organización y, en años posteriores, escribió columnas sobre la necesidad de una reforma al interior del partido que dirigió Alan García.

Le sigue Luis Carrasco García, catedrático en la Universidad de Piura y excandidato al Congreso en las elecciones de 2020 por Unión por el Perú (UPP), partido liderado por Antauro Humala. También David Moisés Velasco Pérez Velasco, quien, al menos hasta 2020, ocupó el cargo de Decano de la Facultad de Derecho en la Universidad Peruana Las Américas, denegada por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) por no reunir los estándares de calidad. 

Velasco es militante de Acción Popular y postuló al Congreso en 2020, sin éxito. El vicerrector académico y de investigación de la misma casa de estudios, Aarón Oyarce Yuzzelli, también postula al cargo. Junto a ellos participa Esperanza Jobita Díaz Silva, otra excandidata al Parlamento en el 2016 por el partido Alianza para el Progreso (APP), de César Acuña. Además, Francisco Morales Saravia, quien en 2019 fue uno de los 11 seleccionados por la Comisión especial del Congreso para ocupar un puesto en el TC, pero cuyo proceso de elección no se concretó debido a la disolución del Parlamento. 

Los 17 postulantes alcanzaron el puntaje necesario en sus evaluaciones académicas y profesionales.

También se encuentran Jacinto Rodríguez Mendoza, exjuez titular de la Corte Suprema y miembro suplente de la Junta Nacional de Justicia; y María del Pilar Tello Leyva, expostulante a la Junta Nacional de Justicia, exjefa del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) y expresidenta del directorio de Editora Perú durante del segundo gobierno de Alan García.

Finalmente, destacan Carlos Hakansson Nieto, exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Piura, José Carlos Montero y Miguel Torres Méndez, catedráticos de Derecho en la PUCP; Helder Domínguez Haro, director en el Centro de Investigaciones Judiciales del Poder Judicial; y Freddy Hernández Rengifo, secretario general en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, de Lambayeque; entre otros.

Intereses y discursos antiderechos

La comisión especial del Congreso encargada de evaluar a los candidatos al TC está presidida por el congresista Rolando Ruiz Pinedo, de Acción Popular, e integrada por ocho legisladores de diferentes bancadas: José Vega (Unión por el Perú), Tania Rodas (Alianza para el Progreso), Diethell Columbus (Fuerza Popular), César Gonzáles (Descentralización Democrática), José Luna (Podemos Perú), Jim Mamani (Nueva Constitución), Jorge Pérez (Somos Perú) y María Retamozo (Frepap).

Ellos deben entrevistar por un tiempo máximo de 20 minutos a cada postulante, a fin de confirmar si reúne el perfil necesario para ocupar el puesto. De acuerdo al procedimiento, al término de su intervención, los congresistas le asignan un puntaje que se suma a las evaluaciones académicas y de experiencia ya cotejadas.

Sin embargo, las preguntas que realizaron los días lunes y martes carecían de argumentación jurídica. Estaban relacionadas a intereses particulares, algunas con sesgo religioso; mientras otras buscaban sentar posición sobre sus propios proyectos de ley o, incluso, obtener explicaciones sobre el mecanismo de la cuestión de confianza y la vacancia presidencial.

JOSÉ LUNA. El congresista de Podemos Perú aprovechó las jornadas de selección para preguntar por la viabilidad de su propuesta de devolución de fondos pensionables.

Foto: Andina.

Por ejemplo, el congresista José Luna Morales, hijo del parlamentario electo e investigado como presunto líder de una organización criminal, José Luna Gálvez, aprovechó para preguntarle al candidato Carlos Hakansson cuál es su posición sobre la demanda de inconstitucional que aprobó el actual TC en contra de la Ley 31083. Una norma que él impulsó para devolver los aportes a los pensionistas de la ONP, pero que fue rechazada por ser inconstitucional.

De igual forma, el legislador Jorge Pérez Flores, de Somos Perú, le preguntó a Carlos Hakansson si estaba a favor del aborto; al candidato José Francisco Gálvez Montero le pidió su opinión sobre la familia y el divorcio; y al postulante Fernando Calle Hayen le requirió su punto de vista sobre la eutanasia. 

Hakansson respondió que no concebía “a un constitucionalista que esté a favor del aborto” porque cree “en el derecho fundamental a la vida”; Gálvez describió el rol de la familia como pilar de la sociedad; y Calle, además de admitir que considera hacer efectiva la pena de muerte, dijo que la fe debe ser sopesada al hablar de eutanasia. “Una persona tiene derecho de acortar el sufrimiento y la posibilidad de vivir como un ser humano, pero también tiene derecho a tener fe y esperanza”, añadió.

Los congresistas hicieron preguntas sobre el aborto, la eutanasia, el matrimonio igualitario y el feminismo".

Algo similar hizo la parlamentaria María Retamozo, del Frepap, partido mesiánico y con bases evangélicas. Ella consultó al candidato Óscar Díaz Gonzales por su postura ante el matrimonio civil igualitario y, si bien el postulante empezó reconociendo que todas las personas tienen derecho a “expresarse y representarse ante la sociedad como ellos sienten y anhelan ser reconocidos”, añadió que este derecho tiene límites, y estos son fijados por creencias religiosas y la opinión de cierto sector de la sociedad.

“El desarrollo de esos derechos, que no son pacíficos, especialmente en Perú, debe ser progresivo. Un desarrollo que no desatienda el raigambre cultural religioso de nuestro país. No por hacer un reconocimiento de ciertos derechos para un grupo respetable, por cierto, se va a crear un conflicto con el resto de la sociedad. En consecuencia, yo creo que el reconocimiento del matrimonio igualitario, en esta época en el Perú, todavía no corresponde”.

CONGRESISTAS. De izquierda a derecha: congresistas Jim Mamani Barriga, María Cristina Retamozo y Jorge Luis Pérez Flores.

Foto: Andina.

Otra postulante al TC que brindó una respuesta cuestionable, esta vez sobre el feminicidio en el país, fue Esperanza Jobita Díaz Silva, la excandidata al Congreso por Alianza para el Progreso (APP). El vicepresidente del grupo de trabajo, José Vega Antonio, le preguntó qué opinaba del tema y qué propuestas tiene para frenar estos crímenes.

Ella trató de explicar, de manera enrevesada, la necesidad de impulsar una política de salud mental desde el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Educación, pero terminó indicando que esta debería ser dirigida a las mujeres. “Acá se debe evitar, prevenir, disminuir el número. Aplicar las políticas de salud mental a las mujeres, con autoestima, que se valgan por sí mismas. Aunque es discutible porque un día me dijeron que el feminicidio era una forma de discriminación al hombre, porque también hay hombres maltratados”, dijo.

Del mismo modo, la candidata María del Pilar Tello, quien fue presidenta del directorio de Editora Perú, desinformó respecto al concepto de feminismo. "El feminismo surge de un enfoque patológico de la sociedad, de quienes creen que pueden ser dueños de las vida de sus parejas, o de la mujer, porque no han recibido talvez la atención psicológica, psiquiátrica o la mejor educación en valores, o vienen de familias disfuncionales. En un país como el nuestro, estos elementos tienen una influencia terrible en la familia", señaló.

La ONG Flora Tristán alertó que las intervenciones de los candidatos exponen un desconocimiento de los derechos humanos de las mujeres".

Al respecto, la ONG Flora Tristán emitió un comunicado donde alerta que las preguntas y respuestas de los postulantes al Tribunal Constitucional expresan un desconocimiento de la normativa vigente sobre derechos humanos de las mujeres "y el impacto de la violencia de género que tiene en el feminicidio su forma más extrema y cruel".

Los congresistas también hicieron preguntas sobre el rol del periodismo y los medios de comunicación. El parlamentario César Gonzáles Tuanama, de la agrupación política Descentralización Democrática, por ejemplo, le preguntó al postulante David Velasco qué opinaba sobre “el temor que tienen los jueces para emitir sentencias efectivas contra periodistas de Lima”.

Al respecto, el también excandidato al Congreso por Acción Popular señaló que sí le parecía factible dictar prisión efectiva en estos casos. “En mi opinión sí resulta acertado contemplar la pena privativa de la libertad para el delito de difamación porque es el único mecanismo que desincentiva a quienes se presentan en los medios, como los líderes de opinión, para atentar contra la honra de los ciudadanos. (...) también puede haber medios que lucran manchando honras y en esos casos la pena privativa de la libertad queda como único recurso”, añadió.

El viernes 25 de junio la Comisión Especial del Congreso encargada de esta selección hizo público los puntajes otorgados a cada candidato en las entrevistas. El resultado, sumado a la valoración acumulada que les otorgaron en las categorías formación académica, experiencia profesional e investigación jurídica, ubica en los primeros lugares a Fernando Calle y Aarón Oyarce Yuzzelli, seguidos de Carlos Hakansson y Freddy Hernández.

Respecto a su desempeño en la fase de entrevistas, Francisco Morales y María del Pilar Tello, quien respondió sobre el feminismo, obtuvieron la más alta votación. La comisión especial deberá presentar un informe a la presidencia del Congreso el 30 de junio, con el consolidado de estos puntajes y sustentando el voto otorgado a cada postulante. Los que aprueben esta etapa deberán ser ratificados por el Pleno del Congreso con un respaldo igual o mayor de 87 votos.

El objetivo de esta selección es reemplazar a tres de los seis magistrados que tienen su mandato vencido desde junio del 2019: Marianella Ledesma, actual presidenta, Ernesto Blume, Manuel Mirada, Eloy Espinosa-Saldaña, Carlos Ramos y José Luis Sardón. El único con cargo ajustado a la fecha es Augusto Ferrero Costa.