Tres meses después de haberse conocido la última investigación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, por las llamadas identificadas con personajes investigados por el caso Los Cuellos Blancos, ella ha respondido con una acción similar: la titular del Ministerio Público abrió investigación preliminar contra tres de los siete magistrados que conforman ese tribunal que la investiga. 

Los miembros de la JNJ a los que buscan implicar son Imelda Tumialán, Humberto de la Haza y María Zavala. La denuncia de Benavides Vargas argumenta que estos magistrados incurrieron en el delito de patrocinio ilegal, al presuntamente haber presionado al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, para emitir un pronunciamiento sobre la inhabilitación de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

Esta denuncia se presenta, cuando Benavides Vargas tiene al menos tres investigaciones abiertas, hasta la fecha, por la JNJ por irregularidades en sus funciones, que se siguen de manera reservada. Una de las más polémicas fue la que estuvo motivada por los cambios que hizo en el equipo especial Los Cuellos Blancos, las llamadas que registra un reporte con el empresario Antonio Camayo y la remoción de la fiscal Bersabeth Revilla, que investigaba a su hermana, Emma Benavides. 

Debido a ello, la reciente acción de la fiscal de la Nación genera preocupación respecto al equilibrio de poderes que debe mantenerse en un Estado de derecho, destacan especialistas entrevistados por OjoPúblico. 

Para el exprocurador Antonio Maldonado, esto refleja un progresivo deterioro de las instituciones del Estado, así como su debilitamiento y “sometimiento a una agenda política”, cuando lo que debería mantenerse es la independencia y el equilibrio de poderes. 

“La consecuencia de lo que está haciendo la fiscal de la Nación es muy grave, porque está dañando la institucionalidad del Ministerio Público, su imparcialidad y sus funciones legítimas por medio de someterse a maniobras que muestra el Congreso”, manifestó.

La denuncia de Benavides Vargas coincide con la que recientemente presentó en el mismo sentido la congresista de la República Patricia Chirinos (Avanza País), quien además, a lo largo de este año, ha presentado otras dos contra los miembros de la JNJ. Además, los legisladores Jorge Montoya (Renovación Popular) y Vivian Olivos (Fuerza Popular) también los han denunciado. 

ACUSADORA. La congresista Patricia Chirinos, de Avanza País, ha presentado tres denuncias constitucionales contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia. 

Foto: Andina

De acuerdo a los especialistas, esto evidenciaría una vez más la intención del Congreso por copar las instituciones del Estado, una actitud que viene mostrando desde el inicio del periodo 2021-2026 a través de la aprobación de diferentes normas que responden a sus intereses como, por ejemplo, la reforma de la Sunedu y la elección de autoridades.

Pero ahora sería la titular del Ministerio Público quien se encaminaría en la misma ruta. “La Fiscalía de la Nación parece actuar políticamente con relación a esta convergencia de intereses. Es preocupante”, señaló Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética. 

Las investigaciones contra Benavides

En marzo de este año, se conoció que la JNJ investigaba a Benavides por la reestructuración de fiscales que hizo a pocos días de haber asumido el cargo, en julio del 2022. 

Entre algunos de los cambios, Benavides Vargas cesó de sus funciones al fiscal Pablo Sánchez, coordinador del caso Los Cuellos Blancos, en el que se investiga a una de las más grandes redes criminales dentro del propio sistema de justicia peruano. Otro de los fiscales removidos fue Frank Almanza, quien lideraba la investigación contra la familia Sánchez Paredes. 

Pero uno de los cambios más polémicos fue el que realizó en la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos. Benavides Vargas dio por concluida la designación de la fiscal Bersabeth Revilla.

Esta decisión generó controversia porque la fiscal removida venía investigando a la jueza Emma Benavides, hermana de la fiscal de la Nación, por su presunta vinculación en un caso de narcotráfico. Esta disposición se dio pese a que durante la entrevista para el proceso de selección de fiscales, Benavides Vargas había negado cualquier injerencia a futuro en el proceso. 

"Hay una investigación que se viene llevando al colegiado, el cual integra mi hermana. Esa investigación la lleva a cabo una fiscalía suprema en la cual no tengo ninguna injerencia", indicó en aquella ocasión ante los miembros de la Junta Nacional de Justicia. 

Tras su decisión, la fiscal de la Nación alegó que realizó el cambio por la "baja producción" de Revilla en el cargo que desempeñaba. Su hermana, la jueza Emma Benavides, también se pronunció en una entrevista, para deslindar de cualquier acto irregular: “Estamos en una etapa preparatoria y los fiscales no van a tener ni una sola decisión en el caso, la decisión la va a tomar el juez”, comentó.

La fiscal Bersabeth Revilla es una magistrada con más de 40 años de servicio. En el 2003, había asumido como fiscal suprema provisional y estaba a cargo de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos. En 2019, fue quien solicitó la suspensión del exfiscal de la Nación Pedro Chávarry por “conductas obstruccionistas” cuando era titular del Ministerio Público. Además, investigó al exprocurador del caso Odebrecht, Jorge Ramírez. 

FISCAL.. La doctora Bersabeth Revilla Corrales suma una experiencia de 40 años. Su despacho investigaba a la jueza Emma Benavides, hermana de la fiscal de la Nación. 

Foto: Andina

Tras conocer que fue cambiada de despacho por decisión de Benavides Vargas, la fiscal Revilla renunció al Ministerio Público.

Además de este caso, la JNJ también investiga a Benavides Vargas por la condecoración que recibió de parte del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, el 8 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día de la Mujer. La fiscal recibió la Medalla de Lima durante la ceremonia.

El acto irregular se habría cometido debido a que el burgomaestre de Lima tiene una investigación en curso en el Ministerio Público por lavado de activos. La Ley de la Carrera Fiscal prohíbe a los fiscales —o a sus parientes cercanos— recibir "donaciones, obsequios, atenciones, agasajos o sucesión testamentaria" de parte de litigantes o sus abogados. 

La tercera de las investigaciones que sigue la JNJ es por las tesis no encontradas de la fiscal de la Nación. Según las indagaciones, hasta la fecha no se han hallado los registros de los títulos académicos de maestría y doctorado que habría obtenido de la Universidad Alas Peruanas. 

Al respecto, dicha institución académica emitió un comunicado informando que no contaban con los trabajos académicos en su repositorio debido a que fueron sustentados en el 2008 y 2009, cuando no existía la obligatoriedad de mantenerlas en el archivo. 

Un camino ya trazado

La denuncia de la fiscal de la Nación contra la miembros de la JNJ no es la primera. En lo que va de este período parlamentario, Patricia Chirinos, Jorge Montoya y Vivian Olivos también han denunciado a los magistrados.

Chirinos suma tres denuncias presentadas contra los magistrados. Incluso, en esta última semana, hizo llegar dos documentos diferentes a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para investigar a los miembros de la JNJ, sobre los que se ha pronunciado en contra en diferentes ocasiones. 

En mayo, presentó la primera denuncia contra todos los integrantes de este organismo por presuntos delitos de patrocinio ilegal y aprovechamiento indebido del cargo, tras el pronunciamiento de la JNJ en el que pidió al Congreso “mayor reflexión” sobre la acusación constitucional contra la fiscal suprema Zoraida Ávalos.

Este mes, presentó la segunda denuncia, enmarcada en el mismo sentido de la que ahora es impulsada por la fiscal de la Nación: la supuesta presión a la Corte Suprema para emitir un pronunciamiento sobre la fiscal suprema Zoraida Ávalos. Este caso surgió a raíz de un trascendido en los medios de comunicación Willax TV y Expreso. La congresista alega la comisión de los presuntos delitos de patrocinio ilegal, abuso de autoridad, tráfico de influencias y aprovechamiento indebido del cargo.

La segunda denuncia de la congresista Patricia Chirinos contra la JNJ surgió de un trascendido en Willax y Expreso".

La tercera denuncia fue divulgada por la misma parlamentaria a través de sus redes sociales el último 13 de julio. "La JNJ debe presentar ante el Pleno del Congreso un informe anual de su gestión (...) Sin embargo, desde su creación en el 2018 (...) solo han presentado un informe", escribió. 

Por su parte, el congresista Jorge Montoya presentó en mayo una denuncia constitucional contra todos los integrantes de la JNJ. El motivo recaía en la permanencia en funciones de la magistrada Inés Tello pese a superar el límite de edad que se acostumbra, de 75 años. 

Previo a ello, en abril, la legisladora Vivian Olivos también denunció constitucionalmente a los magistrados por las investigaciones seguidas contra la fiscal de la Nación Patricia Benavides Vargas. Según sustentó en su oficio, los miembros de la JNJ habrían incurrido en “abuso de autoridad”, pese a que la norma los faculta a investigar a fiscales. 

IRREGULAR. Los fiscales no pueden recibir donaciones, obsequios u otros de litigantes o sus abogados, y el alcalde de Lima es investigado por lavado de activos.

Foto: Andina

Para el exprocurador Antonio Maldonado, la denuncia ahora presentada por la titular del Ministerio Público se alinea a estos intereses carentes de fundamento y responden a una narrativa de “corrientes conspirativas” que hasta la fecha no han resultado veraces. 

“El Ministerio Público queda instrumentalizado, reducido y su función queda tergiversada y distorsionada al papel de un actor político, cuando lo que debería hacer, como titular de la acción penal pública, es mantener su imparcialidad en tiempos de convulsión política”, aseveró.

Desequilibrio de poderes

Los especialistas entrevistados alertaron sobre la actuación de la fiscal de la Nación, debido a que pone en riesgo el equilibrio de poderes y, con ello, acrecienta el debilitamiento de la democracia.

El exprocurador Luis Vargas Valdivia manifestó que, si bien la denuncia está dentro del marco constitucional, carece de mayor sustento, y lo que tienes es una intención “de la mala fe”.

“El patrocinio ilegal se da dentro de un procedimiento o contrato. Si esto existiera, sería abuso de autoridad, pero esto es fácilmente de investigar (…) A mí me parece que la denuncia es absolutamente inverosímil”, aseveró.

Además, señaló que teniendo en consideración que la JNJ ya ha emitido un pronunciamiento en el que rechaza los actos que ahora la fiscal de la Nación imputa a tres de sus magistrados, la denuncia amerita que sea archivada en el corto plazo.

No solo es el Congreso, es una serie de actores que ahora han encontrado la posibilidad de lograr sus fines".

“Ninguno de los miembros del Pleno de la JNJ ha sostenido conversación con el presidente del Poder Judicial o ha ejercido presión para promover una posición favorable a la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos”, se lee en el comunicado del órgano judicial. 

Para Samuel Rotta, de Proética, si bien en los últimos meses, el Congreso a través de sus acciones ha mostrado un posible intento de “captura de entidades públicas”, actualmente ese objetivo está recibiendo respaldo de otros poderes del Estado.

“Decir que hay solo un actor, que es solo el Congreso, sería un error. Es una serie de intereses de actores que han encontrado en este momento la posibilidad de llevar adelante sus fines”, expresó. 

En el mismo sentido, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) emitió un pronunciamiento esta semana para advertir sobre la crisis institucional que atraviesa el Perú en contra del Estado de derecho.

Como parte de sus recomendaciones, instaron al país a “garantizar la autonomía e independencia de todos los poderes del Estado Peruano, en particular de los organismos del poder electoral y la administración de justicia”.

¿Por qué la JNJ está en la mira?

El exprocurador Antonio Maldonado comenta que este intento por tomar y controlar las instituciones del Estado es parte de una estrategia mayor de los congresistas para mantener su poder. Una muestra de ello es, entre otras, la propuesta de reforma constitucional para poder sancionar a los jefes del sistema electoral y, eventualmente, retirarlos del cargo. 

“Hay una estrategia articulada en varios frentes dirigidos a bloquear cualquier intento de no permanencia en el poder, por medio, entre otras cosas, de capturar todo lo que puedan, empezando con la Junta Nacional de Justicia, el Jurado Nacional de Elecciones. Y ahora a eso se está prestando el Ministerio Público”, señaló.

Dina Boluarte viene siendo paradójicamente más débil que Pedro Castillo frente al Congreso".

Es por eso que, desde su análisis, la actitud de Patricia Benavides Vergas compromete la imparcialidad de la Fiscalía de la Nación. “Es irresponsable en un momento de alta ausencia de diálogo nacional y de alta polarización política”, acotó.

En el mismo sentido, el director de Proética comentó que esta crisis se acrecentó tras la salida del expresidente Pedro Castillo del poder. “La presidenta Dina Boluarte viene siendo paradójicamente más débil que Castillo en su relación frente al Congreso”, consideró. De esta manera, el Legislativo, con sus alianzas implícitas, goza de un poder más amplio para concretar sus objetivos. 

“El hecho de que uno tenga un poder ilimitado por los votos, eso es muy peligroso para una democracia. Un sistema republicano se sostiene en la posibilidad de que un poder pueda controlar a otro”, enfatizó Samuel Rotta.