El 6 de diciembre, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) suspendió por seis meses a Patricia Benavides como fiscal de la nación, para impedir que se produzca una obstaculización mientras dure el proceso disciplinario que se le abrió a raíz de la investigación que la señala como líder de una presunta organización criminal. 

Horas antes, el fiscal provincial del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez, brindó una entrevista a OjoPúblico en la que analiza la crisis de la institución a partir de la llegada de Benavides al cargo de fiscal de la nación.

El fiscal provincial también se pronunció sobre las complicaciones en las investigaciones del equipo Lava Jato con la designación de la fiscal Marena Mendoza en reemplazo del suspendido Rafael Vela Barba. 

“Lo que se está evidenciando en la Fiscalía se parece más a lo que ocurría con Blanca Nélida Colán [durante el gobierno de Alberto Fujimori]”, sostuvo.

El señor Jaime Villanueva ha reconocido las conversaciones que mantenía con el agente especial en el Congreso por pedido de la fiscal de la nación, Patricia Benavides. Sobre la base de eso y de lo que se conoce a partir de la investigación fiscal a cargo del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, ¿usted considera que la institución está liderada por una presunta organización criminal?

Esa es la imputación desde donde parte la fiscalía del equipo que dirigía la fiscal Marita Barreto para poder conducir estos actos iniciales de investigación, que han tenido un respaldo judicial en el juez de investigación preparatoria de la Corte Nacional, quien es la persona que dispone la detención de Jaime Villanueva. Ahora sabemos, a partir de la información que se ha dado a conocer públicamente, que hay una situación de gravedad que ha conllevado a que la fiscal de la nación no solamente sea cuestionada a nivel de distintas instancias del Ministerio Público, a través de diversos pronunciamientos, sino que también se le inicie un proceso administrativo disciplinario a nivel de la Junta Nacional de Justicia.

¿Considera que estos hechos, que ha podido evidenciar la investigación de la fiscal Marita Barreto y todo su equipo, son parte de una práctica que se le puede atribuir a una organización criminal? 

Bueno, yo creo que la estructura definida por parte de la fiscalía de la doctora Marita Barreto, que ha tenido la participación de un agente especial, y hay que tener en cuenta que esta es una técnica especial que se utiliza para las investigaciones respecto a organizaciones criminales; les ha permitido obtener la información que era necesaria. Seguramente tendrán mayor evidencia. Pero vuelvo a señalar que todo esto ha sido validado por un juez al momento que dispone la detención del exasesor Jaime Villanueva. Entonces, sí se está llevando a cabo una investigación a nivel de lo que es una organización criminal y vemos que tienen los suficiente elementos para haber solicitado una medida grave como es la privación de la libertad contra uno de sus integrantes.

SUSPENSIÓN.La JNJ suspendió por seis meses a Patricia Benavides de su cargo de fiscal de la nación mientras dura su proceso administrativo disciplinario.

Foto: Andina

 

A parte de los hechos que ya han sido descritos o se han conocido a partir de la investigación, ¿qué otros hechos ha podido notar por parte de la titular de la fiscalía que usted sumaría a esta investigación? 

Bueno, se ha evidenciado una práctica de remover a aquellos fiscales que les son incómodos. Por ejemplo, la remoción de la fiscal Betzabé Revilla, que investigaba a su hermana [la jueza Emma Benavides], sin mayor justificación. Pero no solamente podemos hablar de ella, sino también la remoción del fiscal Frank Almanza en el desarrollo de pleno juzgamiento del caso Sánchez Paredes, que era un juicio oral de lavado de activos procedente del tráfico de drogas, y que culminó con la absolución de los acusados. Tenemos el caso de los Cuellos Blancos en el que recientemente se realizó la remoción de una de las fiscales provinciales [Magaly Quiroz] que estaba por concluir un caso de investigación y que tenía que emitir seguramente algún pronunciamiento acusatorio. 

En el caso del equipo especial Lava Jato vimos acoso y hostilidad, que se iba incrementando como consecuencia de que comenzamos a defender los fueros del equipo especial a raíz de la extradición del acusado Alejandro Toledo. Hubo una oposición firme por parte del fiscal Rafael Vela y mía, de que este era la consolidación del trabajo que se estaba realizando a nivel del equipo especial y que había tenido un respaldo del gobierno de los Estados Unidos, que había autorizado la extradición de Alejandro Toledo. A partir de que hacemos esa defensa pública es cuando comienzan estos actos de reactivación de procesos disciplinarios, visitas inopinadas, recorte de personal, situaciones que se van sumando, pues van debilitando el trabajo que se realiza a nivel de la Fiscalía y sobre todo al equipo especial. Hay varios fiscales que han sido cambiados y hemos solicitado que se reponga con otras personas, pero no se ha logrado hasta la fecha tener un número completo del personal que obra o trabaja en estas oficinas, por lo tanto sí ha habido una cierta afectación.

Quisiera volver al tema de la investigación contra la fiscal de la nación. Las cámaras de seguridad revelaron que la fiscal se reunió a altas horas de la noche con funcionarios y fiscales cercanos horas antes de la Operación Valkiria. Durante esa reunión se emitieron dos resoluciones dejando sin efecto a la fiscal Marita Barreto y a Jaime Villanueva. Patricia Benavides ha dicho ante la comisión de fiscalización que esa reunión era de trabajo. ¿Cuál es su apreciación de ese hecho?

No es regular. El despacho de la fiscalía de la nación no lleva a cabo investigaciones directamente, porque eso lo realizan otros grupos o equipos de trabajo, pero no necesariamente la fiscal de la nación va a realizar una actividad en horas de la madrugada. Eso hay que descartar y creo que no hay que engañar a la opinión pública. Lo que se ha visto a través de esas escenas, es lo que se vio hace algunos años cuando Pedro Chávarry ingresó un fin de semana a las instalaciones de la Fiscalía de la Nación con el objeto de alterar las evidencias de una oficina que había sido lacrada. En este caso las circunstancias se dan de madrugada y minutos después se ejecuta un operativo de allanamiento y detención en la sede del despacho de la Fiscalía de la Nación y la detención de Jaime Villanueva. Eso no tiene ningún viso de que sea una actuación usual del despacho de la fiscal de la nación. Usted puede ir cualquier día del año y no va a encontrar personal en horas de la madrugada ejerciendo alguna labor de índole propio que se lleven a acabo en ese despacho (...).

Lo que viene ocurriendo en el país ya no es propio de un estado de derecho"

La Fiscal de la Nación señaló ante el Congreso que considera que detrás de esta investigación existen personas, específicamente funcionarios que no quieren que se les investigue por temas de violación a derechos humanos. Obviamente hace referencia a la presidenta Dina Boluarte y al primer ministro Alberto Otárola, porque justamente luego de conocerse esta investigación ella presenta la denuncia constitucional contra ambos y otros ministros. ¿Cuál es su lectura de este argumento, entendiendo que esta investigación se había extendido varios meses más por falta de diligencias?

Yo creo que la actuación más miserable que puede tener la fiscal de la nación o un fiscal de la nación es instrumentalizar un caso tan sensible que ha involucrado la vida de varios peruanos en hechos lamentables, como fueron las protestas sociales últimas. Además, creo que días antes los medios informaron de la ampliación del plazo de investigación porque no se había recabado toda la información. (...) Esto evidenciaría que la fiscal de la nación lamentablemente no ha actuado de acuerdo a las exigencias y obligaciones que demanda su cargo y por el contrario emplea este caso bastante sensible para fines personales. Eso sería desdeñable, bastante cuestionable y no resistiría ningún medio de defensa, porque la institución se está deslegitimando de una manera bastante grave con esas actuaciones.

Otra cosa que ha dicho la fiscal de la nación es que los chats presentados por el agente especial en la investigación corresponden a conversaciones políticas y que, en última instancia, las conversaciones políticas no son delito. ¿Cuál es su opinión?

Yo percibo que hay una estructura o configuración de un discurso que no solamente se repite en ella, sino en otros actores en algunos medios televisivos y escritos con algunos abogados que siempre están defendiendo causas de personas que están vinculadas a temas de corrupción, lavado activos y crímenes organizados. (...) No puede sostenerse en un cargo alguien que está cuestionando la propia labor de la institución, que está realizando la investigación del delito. Es decir, la titular de la institución que investiga el delito está cuestionando a sus propios investigadores, eso no soporta o no resiste la permanencia en el cargo. (...) Por lo tanto, tratar de descontextualizar las conversaciones o de justificarlas creo que son mecanismos de defensa que está realizando la persona que probablemente siente que está comprometida en la investigación. No es sostenible que quien jefatura una institución que investigue el delito esté cuestionando a la propia investigación y a los propios investigadores.

LÍDER. Patricia Benavides ha sido señalada por liderar una presunta organización criminal en la investigación del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder.

Foto: Ministerio Público

 

Sobre los asesores Jaime Villanueva, Abel Hurtado Espinoza y Miguel Girao Isidro, ¿qué información tiene usted a partir de su experiencia en la institución sobre ellos?

A Abel Hurtado no lo conocía, es la primera vez que escucho su nombre. A Jaime Villanueva y Miguel Girao sí conozco quiénes son, pero no en estas actuaciones o en estas conductas. Jaime Villanueva ha sido gerente de la Escuela del Ministerio Público durante la gestión de Pablo Sánchez y Miguel Girao también era gerente de la Escuela del Ministerio Público. Y hace muchos años, cuando llego a la ciudad de Lima tuve la oportunidad de trabajar en la Fiscalía Anticorrupción con Miguel Girao en la calidad de asistente, le estoy hablando de hace muchos años, creo que era 2012 o 2013. Pero las actuaciones que lindan con los hechos delictivos que se están investigando obviamente no lo van a hacer a vista y paciencia de todos en la institución, porque sino sería apacible de haber sido denunciados con anterioridad. Lo que estamos viendo es que se ha tejido toda una red que involucra a gente en el Congreso de la República y las investigaciones revelarán quiénes eran parte de esa red en el Ministerio Público y seguramente en otras instituciones.

El señor Jaime Villanueva ha estado varios años en la Escuela del Ministerio Público, desde la época de la gestión del doctor Pablo Sánchez. 

Incluso antes, desde la gestión de la doctora Adelaida Bolívar.

La Escuela del Ministerio Público realiza cursos, talleres, pasantías y otros eventos para fortalecer el aspecto académico de los fiscales. Han salido en los últimos días denuncias en relación a favorecimiento de Jaime Villanueva a fiscales, entre ellos a la fiscal de la nación, durante este período. ¿Tenía conocimiento de esta práctica?

No tenía conocimiento, pero sí ha habido varias denuncias, no solamente en la gestión del propio Jaime Villanueva, en donde se denunciaba que había un cierto privilegio que podía darse a nivel de la jefatura o las gerencias de la Escuela del Ministerio Público, para esto de los cursos, capacitaciones o pasantías. Eso es algo que siempre se ha comunicado a nivel de rumores. No sé si ya se habrá conducido algún tipo de investigación por malos manejos, sobre eso sí yo no le puedo dar ese alcance, pero entendemos que hay un órgano de control institucional que es responsable de ver el manejo adecuado de la caja o los recursos que ha utilizado la Escuela del Ministerio Público.

Hay fiscales que están defendiendo la institución y fiscales que la están entregando a intereses indebidos"

Usted participa en una pasantía del año 2017 que se realiza en Estados Unidos y que tiene como nombre “II pasantía internacional de las fiscalías especializadas de delito de lavado activos y pérdida de dominio y participación del señor representantes del Ministerio Público”. Por resolución en El Peruano hemos visto que acuden 20 fiscales, de los cuales 19 son fiscales especializados en lavado de activos y de pérdida de dominio, pero hubo una fiscal no especializada y justamente es la doctora Patricia Benavides. ¿Recuerda esta pasantía y sabe quién autoriza la participación de la fiscal de la nación?

Yo no fui porque estaba iniciando las investigaciones en el caso Cócteles y creo que declina también el doctor Rafael Vela. 

Lo que llama la atención es que acude la doctora Patricia Benavides. ¿Quién decidía qué fiscales iban a las pasantías internacionales?

Mucho va a depender de la decisión que adopte quien está en la jefatura de la Escuela del Ministerio Público. Usted lo ha señalado bien, esto ya es un criterio discrecional. Seguramente aparece mi nombre y aparece el nombre del fiscal Rafael Vela, pero ambos declinamos. 

De todas formas ustedes eran parte de un equipo especializado en lavado de activos y coincide con el tema de la pasantía, la única que no era fiscal especializada en ese tema era Patricia Benavides. ¿Cree que algo tuvo que ver Jaime Villanueva?

Mire, yo voy a hablar algún aspecto, pero eso tendría usted que corroborarlo, pero sí había una estrecha amistad entre Jaime Villanueva y la fiscal Patricia Benavides, que no es reciente, sino es de hace algunos años. Ahora, no sabía que la doctora Patricia Benavides había viajado en ese grupo. Sí sabía que era una pasantía, dirigida a fiscales de lavado de activos, por lo menos esa era la especialidad en la cual me encontraba. (...) ¿Cuál ha sido la participación o la intervención de la doctora Benavides en ese grupo que solamente estaba dirigido a la fiscalías del lavado de activos? No le podría hacer referencia.

ESTRUCTURA. El equipo que lideró Marita Barreto reveló una presunta organización criminal integrada por Patricia Benavides y sus asesores en la Fiscalía de la Nación.

Foto: Operación Valkiria

 

En OjoPúblico publicamos que Patricia Benavides, en el ejercicio del cargo de fiscal de la nación, promovió dos veces a la esposa de su asesor Miguel Girao Isidro, evidenciando un caso de conflicto de intereses, pues se corroboró el vínculo entre ambos y que incluso se habían casado en julio de este año. No obstante, su abogado señaló que un matrimonio religioso no genera responsabilidades civiles. ¿Qué opina usted sobre este argumento?

Creo que no fue la mejor respuesta, sobre todo en la coyuntura en la que estamos. Yo creo que debió guardar algunas formalidades respecto a posibles conflictos de interés, es decir, cómo es que una determinada fiscal o un determinado fiscal tiene estas promociones o estos traslados siendo cónyuge o conviviente con un funcionario tan cercano a quien toma las decisiones en la institución. Yo creo que se debió guardar siempre una cierta formalidad, pero bueno, ya la situación está evidenciada. Estamos viendo que no se ha manejado la institución de acuerdo a los mejores patrones o cánones legales y ya ni le digo ni siquiera éticos, entonces es un cuestionamiento válido que puede formular la prensa y creo que va a tener una respuesta cuando se comiencen a hacer las correcciones. 

La fiscal de la nación le ha dado un poder inusual a la fiscal Marena Mendoza, algo que no se ha visto antes en un fiscal. Ella tiene ahora a su cargo las fiscalías de derechos humanos y lavado de activos. ¿Qué opina al respecto?

Bueno, en la época de Blanca Nélida Colán se veía eso usual.  

Estamos hablando de la época del gobierno de Fujimori.

Bueno, desde entonces no volvía a darse una circunstancia como la que se está viviendo actualmente.

¿Cree que este caso tiene algún símil con la época de Blanca Nélida Colán?

Hay circunstancias que nos llevan a entender que la institución se está afectando a niveles que, ojalá, puedan ser rescatados oportunamente. Usted ha visto que la defensa de la fiscal de la nación es un investigado en el caso Lava Jato, con lo cual está dando entender de que la frase que dijo el fiscal Vela es cierta con respecto a que [Patricia Benavides] es rehén de la política, como consecuencia de haber buscado salvar de las decisiones fiscales a su hermana y luego otras decisiones que la han conducido finalmente a este escenario.

ABANDONO. El fiscal José Domingo Pérez revela que la fiscal Marena Mendoza (al centro) no se ha comunicado con el equipo especial Lava Jato hasta le fecha. 

Foto: Andina

 

¿La fiscal Marena Mendoza Sánchez ya ha tomado control sobre el equipo especial Lava Jato?

No sabemos su ubicación, recientemente nos han comunicado que está de licencia. No sabemos qué acciones ha tomado, no se ha entrevistado con nosotros, tampoco hemos tenido alguna reunión. Hay un vacío absoluto de poder. No se pueden llevar a cabo actos mínimos de coordinación.

¿Perjudica el hecho de que no asuma la coordinación?

El proceso de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht se llevaba con una participación muy activa del fiscal Rafael Vela como coordinador y la presencia de los funcionarios de la empresa Odebrecht. Para los distintos procesos y juzgamientos es necesario e imprescindible que se pueda presentar [el coordinador], pero la relación o la comunicación a nivel de coordinación con los funcionarios de esta empresa y con la defensa de esta empresa, lamentablemente se ha congelado, se ha suspendido, porque no hay un mecanismo de comunicación al no estar el coordinador o coordinadora encargada.

¿El coordinador es el responsable de mantener ese contacto?

Por lo menos con las autoridades de la cooperación judicial internacional lo realizaba el fiscal Rafael Vela y también con sus pares allá en Brasil. Actualmente, se habían realizado algunas reuniones para poder restablecer nuevamente el mecanismo, para que los funcionarios de la empresa brasileña pudieran continuar declarando. Se llevaron a cabo algunas reuniones antes de la suspensión del fiscal Rafael Vela, pero cuando lo han suspendido, ya no tengo ni idea de la situación de la comunicación. Y no le hago mención a otros procesos de colaboración eficaz, que seguramente pueden estar llevando a nivel de otros despachos y que solicitaron el concurso o el apoyo de la coordinación para llevar a cabo cualquier nivel de reunión, entrevista o coordinación para la ejecución del acuerdo de colaboración.

 Desde [el gobierno de Fujimori] no volvía a darse una circunstancia como la que se está viviendo actualmente [en la Fiscalía]"

¿Cuál es su lectura de que el señor Jorge Del Castillo haya sido elegido por Patricia Benavides como su abogado, siendo un investigado dentro del caso Lava Jato?

No voy a cuestionar que un investigado pueda ejercer su profesión, pero creo que el problema no está en él sino en quien lo elige. (...) Patricia Benavides prácticamente le está dando una cachetada a todos los fiscales que están investigando en este caso. ¿Con qué garantía tenemos los fiscales de investigar a estas personas que condecoran a la fiscal de la nación o que son sus abogados?

Hace algunos meses se produjo la condecoración por parte del señor Rafael López Aliaga a Patricia Benavides. Luego se produjo la suspensión al doctor Rafael Vela y ahora hemos visto a la fiscal de la nación con un investigado por el Equipo Especial como abogado. ¿Cree que el desbaratamiento del Equipo Lava Jato era otro objetivo de la presunta organización criminal liderada por Patricia Benavides?

Bueno, creo que eso lo va a tener que determinar las investigaciones. Sin embargo, está claro que se ha afectado gravemente al equipo especial Lava Jato con la suspensión del fiscal Rafael Vela de una manera poco regular y también están los vínculos de la fiscal con los investigados. La suspensión del fiscal Rafael Vela se da como parte de un caso de hace muchos años, en donde el doctor Vela hace uso de su derecho a la crítica judicial, siendo coordinador de un equipo especial. Ese caso que estuvo en la Autoridad Nacional de Control muchos años, sin mayor trámite es activado y firmado por un fiscal que un día estaba en una oficina y al día siguiente estaba firmando la suspensión del fiscal más importante de los casos más emblemáticos del país. Esto obviamente pasó por conocimiento y autorización de la fiscal de la nación (...). 

SUSPENDIDO. El fiscal Rafael Vela fue suspendido por ocho meses por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público.

Foto: Andina

 

¿Estamos en una etapa más crítica de lo que sucedió con el fiscal Pedro Chávarry?

Sí, definitivamente, yo creo que sin lugar a dudas es una situación que ha sobrepasado lo que hemos visto con el fiscal sentenciado, Pedro Chávarry. Lo que se está evidenciando no tiene comparación con ninguno de los fiscales de la época democrática última del país, más se tiende a aparecer a lo que ocurría con Blanca Nélida Colán. Se tendrá que descubrir en la investigación quiénes son los otros fiscales que están comprometidos con la cúpula de la fiscalía de la nación. Acuérdese usted que en la época de Blanca Nélida Colán habían fiscales que iban a la fábrica o a la salita del SIN o recibían instrucciones del asesor Vladimiro Montesinos. Entonces, yo creo que eso será materia de las indagaciones que haga el equipo de la doctora Marita Barreto si es que ella es restituida.

Se dice que hay una pugna de poderes en el Ministerio Público y que el equipo Lava Jato es parte de un grupo que busca el poder de la institución. ¿Qué piensa al respecto?

Quieren crear ese discurso falso de que en la Fiscalía hay una pugna de poderes. Eso es absolutamente absurdo. Aquí lo que hay es un grupo de personas que ha entregado la institución a intereses criminales, porque es lo que parte de la imputación de la fiscal Marita Barreto. Además, se está viendo que la fiscal de la nación ha entregado su cargo a los intereses políticos. La participación de su abogado es una clara muestra o una manifestación de ello. Por otro lado, lo que hay son sectores de la fiscalía que son los que están firmando los distintos pronunciamientos que demandamos el respeto a la institución, que demandamos la garantía de la independencia y autonomía de nuestra labor. Lo que hay son fiscales que están defendiendo la institución y fiscales que la están entregando a intereses indebidos.

¿Cómo toma la decisión del juez Víctor Zúñiga de aprobar el inicio del juicio oral contra Keiko Fujimori y otros por el caso Cócteles?

Era una decisión que estábamos esperando ya hace un par de meses, porque la etapa intermedia concluyó hace cinco meses o un poquito más. Lo que vamos a esperar ahora es que se señale fecha y hora para que Keiko Fujimori se siente en el banquillo de los acusados, espero que esto sea en el primer trimestre del siguiente año. Nosotros queremos que el juicio oral sea presencial, para que la prensa pueda informar a la ciudadanía de lo que ocurre en ese juzgamiento tan importante. Espero demostrar con las pruebas que se ha admitido la culpabilidad de Keiko Fujimori y de los demás acusados para que sean condenados. Espero demostrar con las pruebas la responsabilidad del partido Fuerza Popular para que sea disuelto y liquidado a través de la sentencia condenatoria al final de juzgamiento. Estas son expectativas legítimas.

[El auto del TC que libera a Alberto Fujimori] es un claro desacato a la resolución de supervisión de la Corte IDH"

¿Podría resumir brevemente el caso Cócteles, por el que han pedido 30 años de prisión contra Keiko Fujimori?

El caso Cócteles es la recepción de dinero ilícito para la campaña electoral no solamente del año 2011 sino también para la campaña del 2016. No solamente dinero ilícito de la empresa Odebrecht, sino también hablamos de otra fuente como Dionisio Romero, representante del Banco de Crédito, el señor Rasmus, entre otros. Se trata de la recepción de dinero que tenía una fuente ilícita que se recibía en grandes cantidades, hablamos de millones de soles. Luego se fraccionaba o se pitufiaba para que a través de aportantes falsos puedan ingresar al sistema financiero y una vez ingresado al sistema financiero como falsos aportantes se presentaba ante la autoridad del proceso electoral como aportes de campaña. 

¿Considera que ha logrado conseguir todas las pruebas suficientes que demuestren la culpabilidad de los acusados?

Tenemos certeza fiscal. La Corte Suprema señaló que cuando el caso pasa a juicio oral, hay una certeza de la fiscalía de la declaratoria y la culpabilidad. Lo que tengo que lograr en el juicio oral es la certeza judicial. Más allá de la duda razonable, tenemos que demostrar y probar la culpabilidad de estas personas, pero a nivel de la fiscalía tengo la certeza, por eso es toda esta maquinaria de querer removerme del cargo de fiscal del caso.

Se les ha cuestionado por los acuerdos de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht, ¿qué tanto ha servido ese acuerdo para este caso?

El acuerdo de colaboración de la empresa Odebrecht se encuentra inserto en la sentencia de la colaboración eficaz homologada. La sentencia que recoge el acuerdo de colaboración se encuentra presentada como medio de prueba en todos los procesos que están pasando, justamente con el objeto de demostrar la procedencia ilícita del dinero, para los procesos que están referidos a aportes de campaña y los procesos de corrupción, para demostrar las ilicitudes en las concertaciones de distintos procesos de licitación. (...) Sí ha sido bastante importante, porque nos ayuda a probar que el dinero en el caso de los aportes de campaña provenía de actividades ilícitas.

¿Cuántos empresarios han reconocido haber entregado dinero a Fuerza Popular?

En este momento yo le podría decir el caso de Dionisio Romero, el caso de esta empresa Rasmus. Estamos hablando de un número de funcionarios, porque no solamente está la persona que le entrega físicamente a la acusada, sino todas las personas que participan en el circuito del retiro del dinero de las entidades financieras y el traslado a la persona que le entrega a Keiko Fujimori. Más o menos estaríamos hablando de un número menor de 10 personas, sin hablar de los brasileños, que son funcionarios de la empresa Odebrecht, que también han colaborado.

El Tribunal Constitucional ha ordenado la libertad del señor Alberto Fujimori. ¿Qué opina al respecto?

Es un claro desacato a la resolución de supervisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cuando estamos hablando de un desacato, desobediencia, pues va a haber factores y consecuencias que van a afectar a nuestro país. Yo creo que todo estudiante de derecho sabe que hay un respeto a las decisiones judiciales, en cualquiera de sus niveles, más aún los abogados, pero lo que viene ocurriendo ya no es propio de un estado de derecho.

¿Tiene esperanza de que su institución salga de esta crisis?

La esperanza es lo último que se pierde, pero creo que va a ser bastante difícil que la institución se recupere. Creo que lo que está haciendo Patricia Benavides es una estocada. Muchos analistas ya han señalado que después del gobierno de la dictadura de los 90 fue muy difícil recuperar la institucionalidad en varias instituciones del Sistema de Administración de Justicia. ¿Cómo limpiar las instituciones que tienen que ver temas judiciales después de muchos años de corrupción, prebenda, tráfico y prevaricato? ¿Cómo se limpia la institución después de Patricia Benavides? ¿Cómo se identifica quiénes han estado coludidos con este grupo y que vendían impunidad a cambio de decisiones políticas? Eso es bastante difícil, pero bueno, mientras haya medios que puedan informar, creo que estaremos siempre prestos a dar una opinión y sin que esto sea entendido como una afectación a la función que ejercemos, porque el código de ética del Ministerio Público establece que tenemos el derecho y la obligación de defender la institución y por lo tanto es un deber informar cuando la institución está en riesgo.