El capitán del Ejército en situación de retiro, José Robles Montoya, ha realizado toda una carrera pública en el Ministerio de Defensa (Mindef) desde que dejó la institución castrense. Su experiencia en dicha cartera y en el Ejército lo ha llevado a conocer la mayoría de las normas y procedimientos de actuación pública, las cuales analiza en esta entrevista para dar luces sobre los niveles de responsabilidad que los políticos tienen sobre la muerte de 49 personas por la represión a las últimas protestas.

Robles Montoya también habla sobre el actuar de las Fuerzas Armadas, las funciones del ministro de Defensa, la cadena de mando político y militar, y explica de manera clara las falencias detrás de la estrategia de control de las manifestaciones por parte del Gobierno de Dina Boluarte.

“El Estado tiene entre sus deberes generales, como lo dice la Constitución, proteger a su población de las amenazas que atenten su seguridad. ¿Quién la protege? Eso es una decisión política”, explica. Sin embargo, cuando hay fallas —remarca— las responsabilidades deben individualizarse.

¿Cuál es su lectura de las protestas registradas en el país en los últimos meses, que han dejado 49 civiles fallecidos directamente por la represión, además de siete militares y policías que murieron en el contexto de las manifestaciones?

En primer lugar, lamento la pérdida de casi 60 personas entre civiles, militares y policías. En relación a las protestas y la violencia que se generó después del 7 de diciembre [día en que Pedro Castillo dio un fallido golpe de Estado], analizar las causas nos tomaría tiempo.

Creo que somos una sociedad bastante violenta desde los años 70 del siglo pasado. Indudablemente, la gente que sale y protesta lo hace porque tiene una necesidad insatisfecha, un ofrecimiento que no se ha realizado o un abuso ejecutado. 

Es importante señalar que las Fuerzas Armadas están entrenadas para actuar contra un enemigo, mientras que la Policía está capacitada para detener a un  ciudadano que ha violado una norma. Sin embargo, hay zonas grises de tal magnitud que sobrepasan a la Policía y se emplea una mayor respuesta, y las Fuerzas Armadas tienen que intervenir. 

El Estado tiene entre sus deberes generales, como lo dice la Constitución, proteger a su población de las amenazas que atenten su seguridad. ¿Quién la protege? Eso es una decisión política. 

Los problemas políticos tienen que tener soluciones políticas".

¿Cuál es su percepción sobre la actuación de las Fuerzas Armadas en estos meses de convulsión social?

¿Quién decide la intervención de las Fuerzas Armadas? Esa decisión es política. Los problemas políticos tienen que tener soluciones políticas. La decisión política de intervenir, a partir del 7 de diciembre, le corresponde al jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Es decir, al presidente de la República, el primer ministro y el ministro de Defensa.

Las Fuerzas Armadas han actuado en función de una decisión política. Ellos no salen porque les da la gana salir. Ellos no salen de sus cuarteles mientras no haya una decisión política, y esa se establece en la Constitución.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomienda que las Fuerzas Armadas no participen en el control de las protestas ciudadanas. Sin embargo, en el Perú esto es frecuente. ¿A qué lo atribuye?

Yo creo que, desde hace 202 años, la clase política del país tiene la idea de que las Fuerzas Armadas van a solucionar todos los problemas, de que las Fuerzas Armadas son una institución tutelar de la patria. Nosotros, como Fuerzas Armadas, no somos tutores de nada.

Nosotros somos una institución, una de las más importantes del país. Quizá la más organizada. Quizá la que entiende más el país porque estamos a lo largo y ancho del territorio. Pero no somos tutores de nada ni de nadie.

La misión que tenemos, desde la primera Constitución de 1823, es preservar la seguridad y la integridad territorial. No somos bomberos de nada ni de nadie. La clase política cree que la solución de los problemas son los militares. Las Fuerzas Armadas no deben ser usadas para cualquier cosa. 

Las Fuerzas Armadas están entrenadas para actuar contra un enemigo".

Informes periodísticos que se han publicado recientemente, entre ellos varios reportajes de OjoPúblico, han revelado que las muertes fueron por impacto de proyectiles de armas que portaban efectivos militares o policiales. ¿Considera que hubo un uso desproporcionado de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas?

Primero, cuestionar la entrega de la responsabilidad del orden interno a las Fuerzas Armadas, eso es un primer cuestionamiento que hay que analizar. Y hay que decir que eso es una decisión política. 

Ahora, también se debe analizar si esa decisión estuvo dentro de un marco legal adecuado y correspondiente. Luego de lo que pasó en Ayacucho, el ministro de Defensa de entonces dijo que la actuación militar se basaba en el hecho de que se estaba recuperando un Activo Crítico Nacional (ACN).

Los ACN son las infraestructuras, el sistema o la persona, cuya desaparición causa un problema de seguridad al país. Es indudable que los aeropuertos son ACN y, en especial, el de Ayacucho, por ser un ser un centro neurálgico de logística y abastecimiento; por allí entra todo lo que irá al Vraem.

Sin embargo, si se revisa la ley, el único aeropuerto establecido como ACN hasta la fecha es el Jorge Chávez. Entonces, cómo pueden aplicar un marco legal sobre el aeropuerto de Ayacucho, cuando este no estaba considerado como ACN. 

El aeropuerto de Ayacucho es un servicio público estratégico, esencial, y está dentro del Plan de Defensa Interior del Territorio (DIT) y eso se aplica con el Derecho Internacional Humanitario, ambos marcos legales son consecuencia lógica de un estado de emergencia.

Si dicen que aplican el estado de emergencia por el plan DIT, yo no digo nada. Pero si me dices que estás aplicando la norma ACN, entonces diría que están aplicando un marco normativo que no corresponde y se tendría una culpa política por no establecer el marco legal adecuado. Eso es importante, porque cuando empiecen los juicios por las muertes de los jóvenes, ahí tendrán problemas.

EXPERTO. José Robles Montoya tiene una amplia trayectoria en el sector del Ministerio de Defensa.

Foto: Archivo personal / José Robles

 

¿El ministro de Defensa tiene alguna responsabilidad sobre el uso desproporcionado de la fuerza durante las últimas protestas? 

Nosotros tenemos estándares internacionales de aplicación del uso de la fuerza. Creo que somos el único país en la región que tiene un Centro de Derecho Internacional Humanitario para las Fuerzas Armadas, donde se dictan cursos para oficiales, técnicos y suboficiales sobre el manejo de las normas de la guerra, sobre el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el Derecho Internacional sobre Derechos Humanos (DIDH). 

Estos cursos los hacemos con profesores del Comité Internacional de la Cruz Roja, no es que lo haga cualquiera. También enviamos gente a Italia a trabajar y estudiar en DIH. Nuestros estándares son altos. Y, a raíz de ello, tenemos el Decreto Legislativo 1095, que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas.

Si nos equivocamos al actuar por uso excesivo de la fuerza, existen los mecanismos administrativos y penales para sancionar debidamente a quien se ha equivocado. Desde el momento en el que se dice que las Fuerzas Armadas van a salir a hacer tal cosa, se deben asumir las responsabilidades. Mientras más alto es el nivel jerárquico, hay más responsabilidad.

¿Entonces el ministro de Defensa sí tendría responsabilidad sobre la actuación de las Fuerzas Armadas en las protestas? 

Yo creo que sí. Más allá de la persona que esté en el cargo. Por ejemplo, yo he sido viceministro en el Ministerio de Defensa por dos meses y medio en el 2022. En esa época hubo unos problemas en Manchay, y tuvimos una discusión fuerte con el ministro, porque él quería sacar a las Fuerzas Armadas, pero tanto el jefe del Comando Conjunto (CCFFAA) como yo, siendo viceministro, nos opusimos.

Le dije que no era conveniente porque, cuando haya un problema, el jefe de la patrulla militar, sea de cualquiera de los tres institutos armados, va a responder cómo respondemos los militares: por instinto. Nos defendemos.

Felizmente, el ministro recapacitó. Sacar a las Fuerzas Armadas tiene sus consecuencias. Positivas o negativas, pero tiene sus consecuencias. En el caso de Ayacucho, la consecuencia fue negativa porque hubo un saldo de fallecidos, y eso está en las autopsias. Eso no se puede negar. También hay responsabilidades más abajo, indudablemente. 

¿Cuál es la cadena de mando y las responsabilidades políticas que se deben seguir cuando se declara el estado de emergencia y se envía a las Fuerzas Armadas a controlar el orden interno? 

El  primer nivel de decisión es político, es más estratégico: el presidente toma la decisión de ir a la guerra o firmar la paz. Esa decisión no la toma el comandante general de las Fuerzas Armadas. El primer nivel de responsabilidad es la parte política. Luego, viene la parte operativa, que está a cargo del CCFFAA, y la parte administrativa, logística y de capacitación lo tienen a su cargo las tres armas.

En una guerra no vas a ver jamás en la conducción al general del Ejército, porque esa no es su responsabilidad, pero sí del Comandante General de las Fuerzas Armadas. Así está establecido. Hacia abajo está la parte más operacional, más militar, que llega a los jefes de brigadas, de unidad y de patrullas. 

Yo imagino que las investigaciones tienen que llegar a esos niveles. No sé quiénes han sido los jefes de patrulla, por ejemplo en el caso específico de Ayacucho. Pero, para eso, se tiene que investigar. Si se ha cumplido con los mandatos superiores, entonces no hay problema operacional. 

El primer nivel de decisión [cuando se declara un estado de emergencia] es político".

El ministro de Defensa declaró que no tiene ninguna responsabilidad en los planes operativos y ha señalado que, en estos meses, ha sido la Policía la que los dirige. ¿Las Fuerzas Armadas, cada cuartel o patrulla, también diseñan o elaboran sus propios planes cuando son destacadas al control de una protesta?  

En todas las operaciones militares tiene que haber una planificación. Incluso hasta el mismo jefe de patrulla planifica quiénes van a participar. Cada nivel hace su planeamiento. Las Fuerzas Armadas responden a base de planificaciones. Los militares están preparados para responder al enemigo, no al ciudadano.

¿Quiénes aprueban estos planes operativos? ¿El Comando Conjunto de la Fuerza Armada?

Normalmente, sí [son aprobados por el CCFFAA]. ¿Cuándo te das cuenta de que un militar se ha desviado de los planes y ha hecho lo que ha querido? Cuando el superior a quien le das cuenta se queda callado. 

En el caso de la masacre de Accomarca [ocurrida en agosto de 1985], Alan García  destituyó al jefe del CCFFAA, al jefe de la Segunda Región Militar y al jefe de la Brigada. Políticamente actuó, eso significa que él no dio la orden de hacer esa locura [69 hombres, mujeres y niños fueron asesinados y, posteriormente, los cuerpos fueron quemados por una patrulla del Ejército al mando del subteniente Telmo Hurtado]. El caso quedó a nivel operativo.

Los políticos actuaron como debían actuar y sacaron a los mandos militares responsables. Este ejemplo es claro para saber hasta dónde llegaba la cadena de mando. En el caso de los muertos en la protesta de Ayacucho se debió haber actuado de manera más directa. 

No se ha notado una respuesta política concreta…

Salió el premier [Alberto Otárola] a decir que se iban a iniciar las investigaciones y esas investigaciones ya están a nivel de Fiscalía porque ya se han dado cuenta de que las balas que han matado corresponden a fusiles que utilizan solo en el Ejército.  

¿Los planes operativos de las Fuerzas Armadas también los aprueba el ministro de Defensa o solo queda a nivel del CCFFAA? 

Quedan a nivel de las Fuerzas Armadas, el ministro no firma los planes. El ministro firma directivas y políticas, no planes. 

¿Pero se le informa al ministro sobre los planes operativos que van a aplicar?

Claro, lo normal es que el jefe del CCFFAA le diga al ministro que van realizar cierto operativo. El ministro podría solicitar una explicación de ciertos puntos. No hay obligación de informar al detalle. El ministro no se va a poner a leer los planes, pero sí se le dice que hay planes para tales eventos porque el ministro es el responsable político.  

El Decreto Legislativo 1134 señala que una de las funciones del ministro de Defensa es “supervisar la participación de las Fuerzas Armadas en el control del orden interno y en el apoyo a la Policía Nacional e instituciones públicas que lo requieran, en los casos que disponga el Presidente de la República". ¿Supervisar la participación de las FF.AA. no implica también conocer los planes operativos? 

El ministro es el responsable del sector, es responsable de la eficiencia de sus órganos ejecutores, es decir de que las Fuerzas Armadas cumplan sus roles estratégicos. Si ello implica que, para apoyar en el orden interno, tengan que elaborar planes operativos, obviamente el ministro tiene que hacer una reunión para que el jefe del CCFFAA le explique de qué se trata, sino cómo el ministro toma la decisión política del empleo de la fuerza.

La primera tarea del ministro es enterarse de todo lo que pasa en su sector".

¿Bajo alguna circunstancia el ministro de Defensa podría señalar al jefe del CCFFAA que mejor no le informe sobre los planes operativos con la intención de evitar responsabilidad futura?

Sí podría darse el caso. Sin embargo, el desconocimiento no te exonera de la culpa ni de la responsabilidad. Ese es un principio del derecho. 

¿Cómo debe materializarse esta función del ministro de Defensa, la de supervisar el actuar de las FF.AA., en el control del orden interno? 

El CCFFAA tiene la misión de supervisar las operaciones y acciones, y un ministro puede supervisar en el campo, o a través del jefe del CCFFAA, solicitando información. 

¿Usted podría señalar, sobre la base de su experiencia, que en las últimas protestas sí se le habría llegado a informar al ministro de los planes operativos?

Yo sí. Ojo que, si tú eres ministro, no puedes esperar que tu subordinado te explique las cosas. Por eso, tienes que tener idea de lo que implica el cargo y, por eso, se dice que el primer acto de corrupción es aceptar un puesto del que no tienes idea qué hacer. 

La primera tarea del ministro es enterarse de todo lo que pasa en su sector. En el Ejército tenemos un aforismo: el jefe es responsable de todo lo que pasa y deja de suceder en su institución, porque por omisión de funciones también te cae. El desconocimiento del derecho no te libera de la pena o responsabilidad. El ministro se puede hacer el loco, pero es parte de su función conocer todo lo que pasa en su sector.  

INVESTIGADOR. José Robles también ha sido investigador de los derechos humanos en las Fuerzas Armadas. 

Foto: Archivo personal / José Robles

 

¿Considera que la responsabilidad política por las muertes en las protestas también alcanza a la Presidencia de la República y al presidente del Consejo de Ministros? 

La presidenta de la República y el premier tienen que estar detrás de las investigaciones. No creo que exista algo que revele que la presidenta de la República haya dispuesto a las Fuerzas Armadas meterle bala al primero que se le cruce en la calle. Eso sería una orden ilegal. Los mandatos se cumplen, siempre y cuando sean legales. 

¿El ministro de Defensa también debe dar informes a la presidenta y al premier sobre los planes operativos?

Tiene que dar los informes. Es la misma situación [que sigue el CCFFAA] a un nivel mayor, nada más. La omisión no implica falta de responsabilidad. Si ha habido muertos, yo imagino que la presidenta o el premier le habrán preguntado a Chávez Cresta [ministro de Defensa], qué pasó. 

¿Esa información se da solo de manera verbal o también mediante un documento físico?

Debiera ser lo segundo. Yo haría un informe y lo entregaría por el canal correspondiente. Las palabras se las lleva el viento y no todas las personas honran su palabra. Obviamente, la documentación acarrea responsabilidades y las responsabilidades acarrean cárcel. 

Tras las 10 muertes en Ayacucho, ¿considera que la presidenta de la República le habría pedido información al ministro de Defensa sobre la actuación del Ejército? 

Yo imagino que la presidenta le debe haber preguntado qué pasó y el ministro de Defensa, con el jefe del CCFFAA, le debe haber explicado lo sucedido. Qué disposiciones tomó la  presidenta después, no lo sé. No creo que se haya hecho la loca, debió haber preguntado, de todas maneras. Sería un colmo que no haya preguntado.

¿Qué implica que el presidente de la República sea el jefe supremo de las Fuerzas Armadas? ¿Tiene alguna importancia para la investigación que se le sigue a Dina Boluarte?

Bastante. La presidenta es jefe supremo desde el primer día que asume el cargo, no desde la ceremonia de reconocimiento, que es un show. 

La importancia tiene que ver con la cadena de mando. Si la presidenta le dice al ministro de Defensa y al jefe de CCFFAA que vayan a Puno a meter bala, incluso lo hace por escrito, yo sí le haría caso. Aunque le enviaría los puntos por los cuales no estaría de acuerdo. Ahora, igual cumpliría porque si no estaría incurriendo en desacato. Pero eso no va a pasar. 

¿Por qué lo condenaron a Fujimori? Porque él no hizo absolutamente nada. Él, siendo el jefe supremo de las Fuerzas Armadas tuvo que haber dispuesto una investigación real sobre la existencia o no del grupo Colina.

El hecho de ser presidente o ministro no te da derecho a hacer lo que se te da la gana".

¿Cómo evalúa la respuesta del Gobierno desde que se presentaron las primeras muertes durante las protestas en Apurímac y, ya luego, en Ayacucho, Puno y otras regiones?

Yo creo que a la presidenta le explotó en la cara esta situación, creo que las reacciones debieron ser más rápidas, incluso también en los temas de las lluvias del norte. Poco a poco, se fue acomodando al sillón presidencial y, últimamente, ha estado tomando medidas más coherentes y necesarias.

Me parece interesante que cada dos meses brinde un balance. Más allá de que sea un show, es bueno que se haga una rendición de cuentas. 

Las protestas también le explotaron en la cara. No tenía idea de las consecuencias. El Gobierno no pensó en la reacción tan violenta de la gente y demoró en tomar las medidas más adecuadas.

Hay que mencionar que los escenarios y la información del Servicio de Inteligencia no fueron del todo eficientes. Tomar decisiones a ese nivel, sin el adecuado asesoramiento de escenarios y de prospectiva que le debe brindar la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), es vital porque, de lo contrario, se está tomando decisiones con los ojos cerrados. La respuesta operativa sí fue violenta. 

El hecho de ser presidente o ministro no te da derecho a hacer lo que se te da la gana. Todo lo contrario, al estar en esos cargos debería volverse el mejor cumplidor de las normas. 

¿Considera que en las FF.AA. existe una adecuada formación en derechos humanos? ¿Qué pasó luego de los años de reestructuración en este sector y tras la condena de varios jefes militares por violaciones de DD.HH.? 

Tenemos institutos de formación en derechos humanos reconocidos a nivel latinoamericano, tenemos personal técnico, oficiales capacitados en todos los estándares y protocolos correspondientes. Indudablemente, la práctica tiene que ser continua. No hay día que uno deje de aprender. Siempre hay fallas, pero eso tiene que ser corregido. 

La culpa debe individualizarse. A veces, lo que uno entiende como espíritu de cuerpo lo que hace es corporativizar la culpa, la responsabilidad, y cuando generalizan se comienza a culpar a toda la institución. Las culpas se tienen que individualizar. El que mandó a matar tiene que pagar.