En menos de una semana se concretó el golpe más fuerte contra la reforma universitaria en Perú. El Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), órgano máximo que aprueba los licenciamientos y las sanciones para las universidades públicas y privadas del país, es ocupado ahora por un sector de las instituciones que deben ser precisamente supervisadas. 

Este era uno de los principales cambios de la Ley n° 31520, aprobada por insistencia por el Congreso en julio del 2022. Su ejecución, finalmente, se consumó este año luego de ser validada por el Tribunal Constitucional (TC) e implementada rápidamente por el Ministerio de Educación (Minedu) del actual gobierno en los últimos días.

El viernes 17, el nuevo Consejo Directivo de la Sunedu se instaló solo con cuatro de sus siete nuevos miembros debido a que aún no han sido designados los integrantes de las universidades privadas, del Concytec y del Sineace. La acelerada convocatoria la realizó Andrés Ramos Salas, nombrado por el ministro de Educación, Óscar Becerra, como el representante de su sector ante la Sunedu.

Los vínculos con la San Martín 

Andrés Ramos y el ministro Becerra han trabajado juntos antes en la Universidad San Martín de Porres (USMP). Este centro de estudios ha sido sancionado por Sunedu precisamente por usar fondos de la universidad en fines no académicos. Por eso, en julio de 2019, la Sunedu le impuso una multa de S/ 8’929.525. Sin embargo, como informó OjoPúblico en un reportaje anterior, la universidad que tiene como rector a José Chang decidió judicializar la sanción.

El representante del Minedu en el nuevo Sunedu, Andrés Ramos, está vinculado a la universidad San Martín.

El representante del Minedu en el nuevo Sunedu, Andrés Ramos, ha sido profesor y director del departamento académico de Ingeniería y Arquitectura de la USMP hasta la semana pasada. En su perfil de Linkedin ha consignado que trabajó hasta enero del 2023.

El actual ministro decidió designarlo a pesar de que la misma ley prohíbe nombrar a autoridades y directivos de universidades. “En caso de haberlo sido, deberán haber cesado en dicha actividad, al menos un año antes de asumir el cargo”, precisa la norma. Por este hecho, la congresista Susel Paredes ha presentado una denuncia ante la Contraloría y los Órganos de Control Interno del Minedu, el Ministerio de Justicia y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

A pesar de esto, Andrés Ramos dirigió la primera sesión del nuevo Consejo Directivo de la Sunedu acompañado de Miguel Ángel Vallejos Flores, designado por el Consejo Nacional de Decanos de Colegios Profesionales, así como de Manuel Enemecio Castillo Venegas y Manuel Israel Hernández García, los dos representantes de las universidades públicas elegidos por el grupo de rectores del gremio encabezado por Jeri Ramón, la rectora de la Universidad Nacional Mayor de de San Marcos, que desde un inicio se ha opuesto a la Sunedu.

ACTORES.El ministro de Educación, Óscar Becerra, junto con las rectoras de La Cantuta, Lida Asencios, y de San Marcos, Jeri Ramón. Las dos últimas respaldan la ley que debilita la autonomía de Sunedu.

Imagen: Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Visitas en el Minedu

Durante la gestión de estos nuevos miembros de la Sunedu –a los que sumarán otros tres– empezará el proceso de renovación de los licenciamientos de 40 universidades públicas y privadas, según los registros revisados por OjoPúblico. 

También se verán las solicitudes de autorización de universidades denegadas y de las que quieran abrir sus puertas, así como las sanciones a las casas de estudios por infracciones vinculadas al uso de recursos, condiciones básicas de calidad y otras obligaciones de la Ley Universitaria.

“Todo está en riesgo porque esta nueva forma de considerar el Consejo Directivo le resta autonomía a la Sunedu y, entonces, sus representantes van a velar por los intereses de los representados. Está en riesgo el nuevo licenciamiento, la supervisión y la sanción que esto trae consigo”, advirtió el exministro de Educación, Ricardo Cuenca.

Los cuatro integrantes no han demorado en acceder a sus cargos. El mismo viernes 17, enviaron una carta notarial a la Secretaría General de la Sunedu comunicando el cese de funciones del anterior Consejo Directivo. Y un día después, el sábado 18, pasadas las ocho de la mañana, acudieron a la sede del Minedu, de San Borja. El objetivo, según el acta notarial, era elegir al nuevo superintendente.

DISOLUCIÓN. El viernes 17, los cuatro nuevos integrantes del Consejo Directivo enviaron una carta notarial para cesar de sus funciones a los anteriores miembros.

Foto: OjoPúblico

En el registro de visitas del Minedu de esa fecha figura el ingreso de Miguel Valladares, Manuel Hernández y Manuel Castillo, así como el de la notaria Ana María Vidal Hermoza y de José David Cunza Delgado. Todos aparecen como personas naturales y señalaron que visitaban al funcionario Luis Urmeneta Delgado, jefe de la Oficina General de Comunicaciones. 

Consultado sobre esta visita, Luis Urmeneta respondió a OjoPúblico que no ha sostenido ninguna reunión con los mencionados. "Yo soy Minedu, no soy Sunedu. De ninguna manera podemos intervenir, hacer notas de prensa, nada", señaló el sábado.

Hasta el cierre de esta edición, no se ha oficializado la designación de un nuevo superintendente. La ley que ahora aplican ordena la publicación de una resolución ministerial; es decir, la última palabra la tiene el Ejecutivo.

“Nosotros vamos a hacer la transferencia del cargo con mucho orden y transparencia. Siempre hemos pensado que tenemos que acatar la ley. Esperamos la resolución del ministerio donde esté adscrita la Sunedu, probablemente la PCM, para ponernos de acuerdo con el nuevo superintendente. El Consejo Directivo se reúne a convocatoria del superintendente”, señaló Oswaldo Zegarra, actual titular de Sunedu a OjoPúblico.

Con relación a los tres miembros restantes del Consejo Directivo, fuentes de Concytec esperan que mañana miércoles se designe a su representante. Sineace, en tanto, ha suspendido su proceso de elección tras el pedido del titular del Minedu, Óscar Becerra; mientras que la Pontificia Universidad Católica del Perú -la más antigua de las privadas- ha fijado como fecha de elección el próximo 10 de marzo.

Los temas que deberá ver el nuevo Consejo Directivo

Este nuevo Consejo Directivo, cuyo mandato se extiende hasta febrero del 2026, será el encargado de recibir las solicitudes de renovación de autorizaciones de 40 de las 94 universidades licenciadas.

Este proceso apunta a verificar si las casas de estudio han mejorado sus condiciones básicas de calidad y se determinará si cumplen con cuatro exigencias más elevadas vinculadas a gestión y soporte institucional, docencia, enseñanza y aprendizaje, así como a investigación y a su relación con la comunidad.

“Todo está en riesgo porque esta nueva forma de considerar el Consejo Directivo le resta autonomía a la Sunedu", dice Ricardo Cuenca.

OjoPúblico accedió al cronograma que aprobó la Sunedu, luego de haber extendido, en el 2021, por dos años la vigencia del licenciamiento de todas las universidades por la situación de la pandemia del Covid-19. 

De acuerdo a lo programado, en octubre del 2023 vence el plazo para que la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) presente su propuesta. Será la primera y única este año. 

En el 2024, otras siete casas de estudio deberán hacer dicho trámite, entre las que destacan la Universidad de Lima y la Ricardo Palma. 

Un grupo mayor (32) tendrá que enviar su solicitud entre el 2025 e inicios de febrero del 2026, como fecha máxima. Ahí figuran las universidades San Martín de Porres y la San Ignacio de Loyola. Estas instituciones mantienen vínculos con figuras políticas, como el exjefe del gabinete y exministro de Educación del gobierno aprista, José Antonio Chang y el exvicepresidente y militante de Acción Popular, Raúl Diez Canseco.

Revisión a las denegadas

Otra de las responsabilidades que tendrán estos miembros del Consejo Directivo de la Sunedu será la revisión, como última instancia, de las nuevas solicitudes de licenciamiento de universidades denegadas que pretendan volver a conseguir su autorización. 

Entre estas instituciones figuran aquellas donde han estudiado al menos 20 parlamentarios, como Esdras Medina (Somos Perú), Álex Paredes, Edgar Tello (Bloque Magisterial), Wilson Quispe (Perú Libre) y Luis Cordero (Fuerza Popular), quienes promovieron la Ley n° 31520, también conocida como la contrarreforma universitaria.  

A diferencia del primer proceso, el nuevo modelo al que podrán someterse tiene mayores exigencias. Universidades públicas como la San Luis Gonzaga de Ica (UNICA) y la Pedro Ruiz Gallo, de Lambayeque, se han presentado a esta evaluación.

Por parte de las privadas, la Universidad Alas Peruanas también lo hizo, pero no logró superarlo; mientras que la Inca Garcilaso de la Vega ha adelantado que tiene previsto acogerse a este procedimiento.

El nuevo Consejo Directivo deberá revisar las solicitudes de licenciamiento de universidades denegadas.

Sin embargo, también hay casos como la universidad asociativa José Carlos Mariátegui, de Moquegua, que, en noviembre pasado, señaló que esperaría a ver quiénes serán los nuevos integrantes de la Sunedu para definir si intentaba por segunda vez obtener su licenciamiento. 

Esta institución forma parte de la Asociación de Universidades sin Fines de Lucro (AUF Perú) –integrada por siete que fueron denegadas–, la cual también ha respaldado otra iniciativa del Congreso que propone un “plazo de emergencia” de dos años para que puedan superar las deficiencias halladas en el primer proceso.

Para el exministro de Educación, Ricardo Cuenca, un sector de universidades denegadas optaron por no presentarse los años anteriores a una nueva evaluación porque sabían que no superarían las altas exigencias del licenciamiento. 

Por eso, sostiene, buscaron debilitar la reforma a fin de modificar los indicadores de calidad y facilitar el proceso. “Sin duda (se podría bajar la valla). Y el tiempo nos va a dar la razón cuando, en unos meses, este nuevo Consejo Directivo con la potestad que le da su reglamento modifique estas condiciones básicas, bajo los falsos argumentos que hemos escuchado sobre los estudiantes o que la Sunedu ha sido muy inflexible”, dijo.

Las sanciones judicializadas

También estará en manos de la reconfigurada Sunedu la imposición de sanciones. Entre el 2017 y 2021, al menos tres universidades privadas vinculadas con los nuevos miembros del Consejo Directivo o con grupos políticos presentes en el Congreso recibieron multas que suman más de 20 millones de soles y que aún no han sido canceladas. 

La Universidad San Martín de Porres, donde hasta hace unos días trabajó el nuevo integrante del Consejo Directivo, Andrés Ramos, recibió en julio del 2019 ocho multas que sumaban S/ 8’614.928, por usar sus activos para realizar operaciones con siete de sus empresas y con un fondo de inversión sin destinarlo a fines educativos, según los registros de la Sunedu.

Por este caso, además, se dispuso entre las medidas correctivas que se inicie un proceso de vacancia contra el rector José Antonio Chang.

Luego, debido a que incumplió con estas medidas, la superintendencia la volvió a multar con S/ 860.640. Sin embargo, la universidad decidió llevar el tema al Poder Judicial. Chang Escobedo solo dejó su cargo temporalmente: salió a mediados del 2020 y retornó en julio del 2021. Hoy sigue como rector.

La Universidad San Martín tiene ocho multas por más de S/ 8’614.000 pero ha decidido judicializarlas.

La Telesup, relacionada con el actual congresista de Podemos Perú y presidente de la Comisión de Presupuesto José Luna Gálvez, fue sancionada en marzo del 2019 con S/ 2’350.939 por brindar el servicio educativo en tres establecimientos sin autorización; y en julio del 2020 con S/ 6’872.000 por no informar sobre su plazo de cese de actividades tras su denegatoria, de acuerdo a las resoluciones del CD 041-2019 y 095-2020. Su proceso también ha llegado al Poder Judicial.

REUNIÓN.El 23 de diciembre, la presidenta Boluarte y el premier Otárola recibió a representantes de Sunedu, rectores y congresistas que respaldan la Ley Universitaria.

Imagen: Presidencia

A la Universidad César Vallejo, fundada por el gobernador regional de La Libertad César Acuña, quien también es líder de Alianza para el Progreso, se le abrió dos expedientes por usar dos vehículos alquilados para fines no universitarios y ofrecer el servicio en una filial no autorizada. Las multas superaron los cuatro millones de soles y fueron pagadas. 

Otra universidad también vinculada a Acuña Peralta es la Señor de Sipán, de Lambayeque, la cual registra sanciones por uso indebido de bienes con multas que ascienden a los dos millones de soles. No figuran como canceladas y una de ellas ha sido judicializada.

Según el reglamento de sanciones y funciones de la Sunedu, el Consejo Directivo es el órgano resolutivo competente para determinar la existencia o no de responsabilidad por la comisión de infracciones. 

“Las multas que se han impuesto en el transcurso de la función de este Consejo Directivo tienen que seguir su curso; es decir, tienen que cumplirse. Si no ocurre eso, pasan a medidas coactivas para cumplirse, salvo que el nuevo consejo diga: Bueno, borrón y cuenta nueva. Eso yo no lo puedo predecir. Pero las multas y sanciones siguen su curso”, señaló el superintendente Oswaldo Zegarra.

Ricardo Cuenca, también investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), no descarta cambios, incluso, en esos procesos sancionadores ante el debilitamiento de la autonomía de la Sunedu. “Creo que son capaces de cualquier cosa. Si han sido capaces de llegar hasta este punto de manera tan poco dialogante, poco democrática, nada me haría pensar lo contrario. Siempre es posible inventar un atajo judicial para condonar deudas que tienen por sanciones o anularlas porque han hecho un nuevo proceso”, agrega.

Sin reglamento, pese a compromiso

El 23 de diciembre del 2022, la presidenta Dina Boluarte y el jefe del gabinete ministerial, Alberto Otárola, se comprometieron a hacer una “amplia convocatoria” y escuchar a todos los sectores para reglamentar la Ley n° 31520, validada por el TC. El ministro de Educación, Óscar Becerra, también garantizó la autonomía de la Sunedu y la participación de diferentes actores para lograr un reglamento consensuado.

Dos meses después el panorama ha cambiado. Según Otárola, se ha implementado un equipo para trabajar medidas legales con el Minedu. “Desde mi punto de vista, puede existir aspectos que requieren reglamentación”, afirmó el viernes 17 en RPP. En esa entrevista aseguró que el gobierno de Boluarte apostaba por la calidad y que saliendo de la emisora radial se reuniría con el ministro de Educación. Ese mismo día; sin embargo, se desmanteló el Consejo Directivo y se instaló uno nuevo.

Becerra, por su parte, dice que ya no se necesita un reglamento para toda la ley y que el nuevo Consejo Directivo deberá investigar “por qué no se ha dado licencia a algunas universidades”, pero sí a otras sin local. “Sunedu era la caja chica de un partido político vía consultorías”, sostiene. Sus argumentos ahora se asemejan a los brindados por los congresistas y rectores que promovieron la contrarreforma universitaria. La presidenta Dina Boluarte sigue en silencio.